LA NUEVA REFORMA CONSTITUCIONAL: ¿A DÓNDE APUNTA? 



EL PROCESO CONSTITUYENTE FUE PILAR EN LA CAMPAÑA DE CORREA 



Salvador Aguirre
OPCIÓN SOCIALISTA

EL PROCESO CONSTITUYENTE

El 81.72% de ecuatorianos aprobamos la Consulta Popular para convocar e instalar una Asamblea Constituyente con plenos poderes que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución.

La Asamblea constituyó el pilar fundamental de la campaña de Rafael Correa. A la par, era una de las consignas más importantes de las izquierdas que resistieron el embate del neoliberalismo. En efecto, luego de la Constitución (1998) que consagró el modelo económico que coadyuvó a la crisis económica de fines del siglo XX, era indispensable un nuevo marco normativo que revierta la debacle económica y el desprestigio político de las instituciones del Estado.

El 63.93% de ecuatorianos aprobamos la Nueva Constitución. La más importante innovación del neoconstitucionalismo radicó en la concepción del Estado constitucional de derechos y justicia; es decir, la mayor función de nuestro Estado consiste en la garantía de los derechos. Según el jurista Ramiro Ávila, los derechos que son creaciones y reivindicaciones históricas, anteriores y superiores al Estado someten y limitan a todos los poderes.

Sin embargo, en medio de ese entusiasmo, intencionalmente, el Gobierno de Rafael Correa, a nombre de la despartidización del Estado, construyó una arquitectura institucional concentradora del poder.

LA PRIMERA REFORMA

El presidente Correa “sensible” ante la “inseguridad ciudadana” convocó a la primera
Consulta Popular tras el proceso constituyente. En términos generales, pidió que confiemos en él” permitiéndole “meter las manos en la Justicia”. A más de ello, la Consulta consistió en la restricción de las garantías constitucionales, las tipificaciones de nuevos delitos y la prohibición de algunas conductas sociales; y, la regulación a las instituciones financieras y los medios de comunicación. A tres años de la Consulta evidenciamos la mejora de la infraestructura de la Justicia a cuestionables montos; pero, lo que es más grave, sentencias, providencias y autos judiciales a la orden de Rafael Correa.

LA NUEVA REFORMA

Tras los resultados electorales del pasado 23 de febrero en que Alianza Pais redujo su apoyo de 45.82% a 30.05%, el oficialismo evidenció que su proyecto sin caudillo no tiene futuro. Ante esto, su Bloque Legislativo presentó 17 modificaciones a la Constitución.

Hay modificaciones escuetas o sin mayor importancia: la reducción de la edad para ser
candidato a la Presidencia de la República de 35 a 30 años; el cambio de la estructura de
la Defensoría del Pueblo; la modificación de la nomenclatura de “fondos provisionales” a “fondos previsionales”; y, la garantía de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional (PN) a pesar de la existencia de los institutos de Seguridad Social de las FFAA y la PN.

Y, también, hay peligrosas reformas:

LÍMITES A LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN:

En la relación Estado-seres humanos existe una evidente desigualdad. Por esta razón,
son necesarias garantías mínimas para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos.
Empero, la reforma propone “sancionar” el “abuso” de las garantías constitucionales.

RESTRICCIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS
Y DE PARTICIPACIÓN:

Tres sujetos pueden tener la iniciativa para convocar a Consulta Popular: el Presidente de la República, los gobiernos autónomos descentralizados (GADs) y la ciudadanía. Puede ser entendible que la consulta popular convocada por los GADs tiene que ser sobre temas relativos a sus competencias; no obstante, la reforma busca limitar los temas en los que la ciudadanía puede solicitar el pronunciamiento popular.

LAS FFAA COMO APOYO EN LA SEGURIDAD
INTEGRAL DEL ESTADO:

La Fuerza Pública está conformada por la FFAA y la PN. Ambas instituciones tienen roles diferentes; por tanto, visiones de seguridad disímiles. Las FFAA están a cargo de la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La PN está a cargo de la protección interna y el mantenimiento del orden público. La reforma instauraría un Estado de Excepción de hecho. La militarización de la sociedad, que en el pasado conocimos como doctrina de la seguridad nacional, fortifica un Estado vigilante y represor.

LÍMITES A LOS ÓRGANOS DE CONTROL:

Ante los graves problemas en la administración pública, la Asamblea (1945) creó la Contraloría General del Estado (CGE) como órgano de control. Con el trascurso del
tiempo, es necesario robustecerla y aumentar los organismos técnicos de control.

La Constitución otorgó dos grandes misiones de control a la CGE sobre la utilización de los recursos estatales; y, sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales. Con la reforma, la Contraloría perdería su segunda gran función.

RETROCESO EN LOS DERECHOS LABORALES:

Aún en contra de los instrumentos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, el Ecuador tiene dos regímenes laborales: los obreros y los servidores públicos. Con la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público, los Servidores Públicos perdieron derechos como la sindicalización, la huelga y la contratación colectiva. Con la
reforma, los obreros del sector público que aún mantienen estos derechos adoptarían la
naturaleza de Servidores Públicos.

PÉRDIDA DE COMPETENCIAS DE LOS GADs

Mientras que el Estado central tiene competencias exclusivas en las políticas de educación, salud, seguridad social y vivienda, la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física y los equipamientos corresponden a los GADs. Con la reforma, tendrán que solicitar autorización del Ejecutivo.

EL CAMBIO DE LA NATURALEZA DE LA
COMUNICACIÓN:

Desde la Declaración Universal de los DDHH, los instrumentos internacionales y la Constitución reconocen y garantizan el derecho a la comunicación. A partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, esta pasó a ser un servicio público.

Esta concepción de la comunicación no es nueva. El franquismo y el fascismo así la concibieron. Empero, ello no parece preocupar a los personeros del Gobierno de la revolución ciudadana que han afirmado que “ellos también hicieron grandes carreteras y
transformaciones”.

EL TELÓN:

Así como la Consulta Popular de 2011 tenía como fondo “meter las manos en la Justicia”, la Reforma Constitucional tiene como telón: la reelección presidencial indefinida. En el Ecuador, como afirma el historiador socialista Enrique Ayala Mora, sólo los dictadores crónicos que intentaron perpetuarse en el poder buscaron la reelección presidencial indefinida. Juan José Flores mediante su “Carta de Esclavitud” y
Gabriel García Moreno a través de su “Carta Negra”. No obstante, ninguno finalizó su
tercer mandato. La Revolución Marcista puso fin a la mala administración de Flores; y, los opositores a la tiranía de García Moreno lo asesinaron días antes a la posesión de su
nuevo mandato.