GOBIERNOS DÉBILES O CAUDILLISTAS SUELEN IMPONER MIEDOS, CENSURAS Y AUTOCENSURAS A MEDIOS Y PERIODISTAS 



DIVERSAS FORMAS DE PRESIONAR A LA PRENSA 



Rodrigo Santillán Peralbo

Algunos gobiernos ya sea por su propia debilidad o por su poder caudillista tienden a crear barreras de contención a las opiniones e informaciones que, de alguna manera, consideran lesivas a sus aspiraciones, imagen pública y políticas puestas en escena. Pueden aparentar y presentar acciones de fuerza con potencia destructora, pero en el fondo de sus gobiernos, temen que lo que digan los periodistas desdibujen sus ambiciones de poder, de su uso y abuso, mucho más si la prensa difunde sus errores, corruptelas, contradicciones, violaciones de derechos humanos, y peor si desmienten sus cuasi sagradas e infalibles expresiones.

Ese tipo de gobiernos suele imponer diversas formas de control al ejercicio del periodismo que, de tanto creerse dueño del derecho a la libertad de expresión del pensamiento, eventualmente o casi siempre, se excede en la práctica del control de la libertad. Por otro lado, las empresas de comunicación social, a menudo sueles abusar de la libertad de información y expresión, en ocasiones, hasta degenerarla en formas de libertinaje; sin embargo, es cierto, sin caer en lo absoluto, que no hay otra manera de ejercer el periodismo que con libertad, pero con responsabilidad social, anteponiendo el derecho de los demás o del otro, al propio derecho e interés del periodista.

Para ejercer el periodismo es indispensable ser libre para pensar y expresar lo que se piensa, para buscar información en dónde sea y cómo sea, sin pedirle permiso a nadie y difundirla por cualquier medio más allá de las fronteras como afirma la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, para que el pueblo ejerza con libertad su irrenunciable derecho a la información, y ser libre para practicar la libertad en el periodismo, sin más limites que los que impone la ética y el respeto a la libertad y los derechos de los demás. No son leyes punitivas las que pueden imponer la deontología profesional ni en el periodismo, ni a ninguna otra profesión.

Naturalmente que al poder político concentrador del poder y al poder económico concentrador de la riqueza de los pueblos, les disgusta profundamente la libertad de los periodistas para buscar informaciones, y para expresar opiniones por lo que buscan, por todos los medios posibles, imponer límites a esos derechos y coartar libertades que comienzan con amenazas, insultos y vejámenes para luego imponer códigos de conducta y leyes que amenazan a los periodistas y su libre ejercicio de la profesión.

Las amenazas pasan a juicios que se ventilan ante jueces y tribuales tanto si violan las leyes como si no se dejan intimidar por censuras y autocensuras.

La censura es la coacción que ejerce el poder del Estado a través de censores oficiales o autoridades o grupos influentes del poder del Estado para prohibir e impedir la difusión de noticias u opiniones inconvenientes para el bloque en el poder. Los modernos torquemadas se creen con el poder suficiente para llamar la atención o castigar a los supuestos infractores de los códigos oficiales y, si de ellos dependiese, a los periodistas “herejes” los quemarían vivos en las plazas públicas.

En la práctica, los regímenes de fuerza y no de derecho, establecen variados niveles de censura para atentar contra personas naturales y jurídicas ya sea mediante advertencias, amenazas de juicios y cárcel o multas que decreta la “autoridad”. El objetivo principal de la censura es “limitar la libertad de expresión, en especial, con aquellos que se pretenda atacar contra un orden establecido, hay diferentes niveles de censura, en donde se hace más notorio es en aquellos lugares en los cuales el gobierno se asemeja a una dictadura, por eso, todo lo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo y las distintas formas que adoptará el arte, será el objeto de atención de aquellos organismos que en estos países tengan asignada la tarea de contralor.

Los medios de comunicación, históricamente, han mantenido relaciones disfuncionales con el poder político, de aquí que muchos medios sean censurados esto provoca que los gobernantes sean cada vez más autoritarios y que cada vez creen mayores legislaciones para impedir que se publique tal o cual cosa.

Los gobernantes acuden a la censura o ejercen presiones para que se produzca la autocensura cuando ven que sus errores y delitos, expuestos ante la opinión pública, terminarán por atentar contra su mantenimiento en el poder. Muchos medios aceptaron ser silenciados por miedo a perder sus patrimonios y se convirtieron en cómplices del poder político, para mantener sus beneficios. Ambas actitudes, las del poder político y del poder económico, van en contra del bien común.

La censura se ejerce en los ámbitos privados, en las relaciones personales, incluso en el ámbito de una pareja. La cosa no queda ahí la autocensura forma parte del mecanismo de la psique de los individuos. El inconsciente es la parte de ese aparato psíquico que hace de almacén de todo lo que se ha encerrado porque ha sido autoprohibido para ser dicho. Cuantas más auto represiones haya aceptado un individuo en su vida más compleja será esa instancia que vive en su sí sin ser concienciada.

La autocensura ocurre cuando quienes trabajan en los medios de comunicación condicionan su labor cualificada como informadores o comunicadores por miedo a las repercusiones negativas que sobre ellos pueda tener su trabajo: temor a perder fuentes informativas, amistades o privilegios, a perder posibilidades de ascenso o incluso el propio puesto de trabajo

Esa autocensura viene inducida por la cultura dominante o por si no queda clara por la política dominante. Desde centros de poder se marcan directrices claras de hasta donde llevar la libertad de expresión y de palabra. Desde la transgresión que especula una sociedad con mejores valores y mejores tratos humanos la lucha por la libertad, aun con las posiciones más revolucionarias y evolucionadas, no está exenta de sutiles autocensuras para conservar alianzas o para minimizar conflictos.

Cuando una persona no puede opinar lo que realmente siente en la mesa a la que está invitado o no puede enviar sus opiniones a alguien porque eso puede dañar la relación que tiene con otra persona a la que quiere puede interiorizar el deseo del censurador en autocensura”.

Por censura se entiende la acción que ejercen funcionarios u organizaciones creadas por los gobiernos para suprimir informaciones y opiniones en los medios de comunicación. La autocensura es la limitación que los propios periodistas se imponen o que imponen los medios de comunicación en sus ediciones para evitar conflictos, confrontaciones o enfrentamientos con el poder. Siempre habrá necesidad de contar con los actores y grupos de presión económica, política, social e incluso cultural para tratar de entender los problema de la censura y autocensura, porque podría ser un sector empresarial o una marca que entregue publicidad a un medio de comunicación, para que ese medio se vea impedido de escribir o hablar “mal” del anunciante y sus productos, entonces será que el que paga la publicidad, el que imponga modos de censura y autocensura y que inclusive ordene u obligue cambios de horarios de cierta programación no periodística o, inclusive, decida los contenidos de noticias y opiniones

Si esto ocurre con los dueños del poder económico, ¿qué se puede esperar de los que se creen dueños del poder político? Los periodistas, jamás, bajo ninguna circunstancia o problema económico o político deben renunciar a su libertad. Quien tenga miedo de ser libre y miedo a decir y expresar lo que conoce o lo que piensa, debe ser libre para tener el valor de renunciar a ejercer el periodismo que siempre ha sido y será una profesión de alto riesgo.

Las académicas mexicanas Carmina Elvira Elvira y Gloria E. Arzate Cárdenas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sostienen: “Antes de que la libertad de expresión surgiera como un derecho del gobernado no era sino un medio de control político sujeto al capricho de las autoridades quienes, para asegurar dicho control instituyeron la Censura, claro ejemplo lo apreciamos en su momento en materia religiosa.

La libertad de expresión se ha convertido en un bien social y jurídico de la democracia occidental. Sin embargo ante la subsistencia de la relación de algunos medios de comunicación con el gobierno por la contratación creciente de publicidad oficial, existen algunos, que se han construido frente al poder y tienen posicionamientos distintos por lo que es discutible el ejercicio pleno de la libertad de expresión; la relación de dependencia los obliga de manera tácita a consolidar mediante el manejo de noticias gubernamentales, el poder mismo, y se les puede obligar al silencio, es decir, la prohibición de externar opiniones, lo que propiciará el servilismo y la incapacidad de experimentar el progreso que requiere toda sociedad humana.

Otro aspecto de capital importancia relacionada con la censura es la Autocensura, considerada como el resultado de una iniciativa personal fundada en el temor y la represión. Se entiende también como una acción precautoria por parte de los medios para evitar reacciones legales o meta legales por un gobierno autoritario.

La libertad de expresión deberá ser factor imprescindible de la cultura, concebida como un derecho público subjetivo en los auténticos regímenes democráticos, siendo considerada como amenaza contra el mantenimiento coactivo de ciertos Estados.

Durante siglos los grupos sociales menos fuertes, fueron pensados, interpretados y expresados, pese a su papel importante en la vida social a través de las voces de él o los poderosos. Por mucho tiempo la libertad de expresión fue una garantía fáctica sin normatividad, sujeta a los caprichos y voluntad de los gobernantes. De los primeros antecedentes de los que podemos mencionar se destaca la carta de Rhode- Island 1663 y la carta de Pensilvania 1701. Esta libertad fundamental considerada como limite a la esfera de competencia del poder público en un ordenamiento legal de Estados Unidos y Francia. La primera situación, se refiere a la Declaración de los Derechos del pueblo de Virginia que indicaba dentro de otras cosas en el art. 12 “La libertad de prensa es una de los grandes baluartes de la libertad y nunca puede ser restringido por gobiernos despóticos”, disposición que no fue incluida en la constitución estadounidense de 1787, sino hasta la primera enmienda de 1791, la que disponía que el congreso no aprobaría ninguna ley que restringiera la libertad de palabra.

La libertad de expresión del pensamiento se internacionaliza en la Declaración Universal de los Derechos del hombre expedida por la Organización de las Naciones Unidas (art. 19. 1948). Se ha concebido mundialmente que las libertades de expresión e información han pasado de ser una concesión graciosa del gobernante y una reivindicación natural, a una garantía jurídica de los gobernados sancionada por las constituciones, consideradas estas como leyes fundamentales, en donde subyace la conservación del orden social.

Actualmente estas libertades se entrelazan con la noción integradora del derecho a la información, en cuyo significado se compendian los distintos derechos y libertades que dan sentido a la acción informativa. Es importante subrayar que de 193 países el 93% reconocen como garantía constitucional a la libertad de expresión.

Situados todavía en el rubro de antecedentes cabe mencionar que en el ámbito internacional, como lo expresa Juan José Ríos Estavillo, el concepto derecho a la información se ha mantenido en discusión desde hace varios siglos.

José Cabrera Parra por su parte afirma que un primer antecedente claro, al respecto, se dio en los años sesenta en la encíclica Pacem in Terris, dictada por el Papa Juan XXIII. En dicha encíclica la iglesia católica indicaba “Todo hombre tiene derecho a una información objetiva”. Ríos Estavillo afirma que 1976 fue el año de la información.

Es bueno aclarar que a lo largo de la historia del periodismo, ha existido y existirá la censura y la autocensura, específicamente cuando hablamos de poder político y económico.´


Y es que los medios de comunicación históricamente no han mantenido una buena relación con el poder político. Nuestros gobernantes sean autoritarios, demócratas o dictadores, siempre se cuidan de los medios, porque muchas veces lo que se hace público a través de la prensa termina por involucrarlos.

Los gobernantes o personas con mucho poder acuden a la censura o ejercen presiones para que se produzca la autocensura cuando ven que sus errores y delitos, expuestos ante la opinión pública, terminarán por atentar contra su mantenimiento en el poder.

Como periodistas caer en la autocensura sería una traición a la naturaleza de nuestra labor, porque si las noticias e ideas que se pasan por alto en los medios de comunicación, están sometidas al poder político y económico la prensa seguirá convirtiéndose en una entidad de comunicaciones de los mismos y se rebajará para siempre la dignidad de la profesión periodística.

Ante la censura irresponsable y la censura pública, al periodista de hoy le corresponde entregar lo mejor de su vida para que la libertad de prensa sea expresión de auténtica democracia, le corresponde a su vez trabajar con la energía de la verdad y el valor de la ética periodística, evitando caer en la autocensura por ser una traición a nuestra labor periodística…”

En el Ecuador, a pesar de las disposiciones constitucionales, la arbitrariedad es práctica cotidiana, particularmente la ejercida desde el Poder y es evidente el abuso de autoridades sobre los administrados. De esta manera el problema de los derechos humanos y libertades públicas se convierte en uno de los elementos más sensibles, delicados y vulnerables que afectan a los pueblos. El abuso de autoridades, la intolerancia y el desprecio a los valores esenciales de la persona humana, violentan la convivencia social y a menudo son causa de graves conflictos individuales y sociales.

Las normas constitucionales referidas al ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento, a través de los medios de comunicación social son altamente positivas, pero ahora existe el peso de las amenazas que presuponen la posibilidad cierta de la iniciación de juicios civiles y penales, por calumnias e injurias. La injuria es calumniosa en el momento en que se efectúe la falsa imputación de un delito; y no calumniosa cuando existen expresiones verbales o escritas en descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona o mediante cualquier otra acción ejecutada con el mismo objeto. La injuria calumniosa o no calumniosa es penada con sanción económica o reclusión; o ambas a la vez, para comunicadores sociales que incurran en supuestos delitos que signifiquen abusos en el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento o por violación a la honra, buena reputación e intimidad personal y familiar a que tiene derecho una persona.

El honor de las personas es sagrado tanto como su buena reputación y su intimidad personal y familiar. Ningún comunicador, bajo ninguna circunstancia debería atentar a esos derechos esenciales. Ante todo y sobretodo está el derecho a la honra, al buen nombre, es decir a la reputación. Sin embargo existen abusos que cometen los comunicadores sociales y periodistas en contra de los derechos individuales de la persona y el irrespeto cotidianamente practicado, bordea los límites de la ética.

Otro de los graves problemas del ordenamiento jurídico del país es la pretendida calificación de las opiniones vertidas a través de los medios de comunicación social. Para calificar la opinión de los comunicadores se requerirían parámetros especiales ya que toda opinión presupone la existencia de juicios de valor, de crítica y análisis; y estos elementos, propios de la personalidad, son altamente subjetivos y por ende muy discutibles. Así como no existe plena objetividad en la opinión, en la expresión de juicios de valor; tampoco existe plena objetividad en el criterio del juez que eventualmente conoce de quejas y demandas en contra de los comunicadores. De esta realidad surge la imperiosa necesidad de someter a los comunicadores a fuero especial de Corte, mismo que ya existía en legislaciones anteriores a las normas vigentes.

La libertad de expresión del pensamiento no puede ni debe ser coartada bajo amenazas o prevenciones de ley, pero ciertamente debe existir un límite y el ideal sería el que se imponga el propio comunicador mediante clara conceptualización y toma de definiciones de la ética y de su responsabilidad social, a través de la toma de conciencia de que el derecho a informar y opinar se acaba en el preciso instante en el que comienza el derecho de los pueblos a estar informados plenamente y con verdad.

El derecho del comunicador termina, cuando empieza el derecho de la persona, sujeto de información y opinión. Asimismo; la libertad de expresar opiniones y pensamientos sólo debe ser limitada por las exigencias de la responsabilidad social, porque más allá de la libertad individual del comunicador está la libertad del conjunto social, de toda la colectividad y de todos los estratos socio-económicos de la población nacional e incluso internacional.

La lucha por la libertad de expresión del pensamiento es tan antigua como el hombre organizado en sociedades. De hecho, parte de la libertad del hombre es sacrificada por su derecho a vivir en sociedad, lo que implica que superior a la libertad individual es el bien común; generalmente normado desde las leyes supremas que regulan las actividades del Estado y ordenan las interacciones humanas, al tiempo que regulan las relaciones entre el hombre y el grupo, entre los grupos y la sociedad. De no existir normas, el hombre estaría "en una guerra de todos contra todos" conforme con los argumentos de Thomas Hobbes, contenidos en su obra Leviatán, aparecida en 1651. Entonces, la función del Estado, regido por una Carta Suprema, se propondría asegurar el orden, garantizar la existencia de la sociedad, alcanzar el bienestar común, garantizar la seguridad de las personas y la seguridad de expresar sus opiniones sin censura, sin temor a ser castigado por ellas; pero la libertad no es en modo alguno una concesión del Estado, sino una conquista de los pueblos.

El ejercicio de la libertad sólo debe estar supeditado por el ejercicio y el derecho de libertad de la sociedad. Nadie debería atribuirse el papel de celador de la libertad y peor aún de formas de censura que son en esencia, la negación de la libertad de expresión del pensamiento y de las opiniones en él contenidas. Ya Friedrich Engels, en carta dirigida a Friedrich Graber en 1839, afirmaba: "La censura no me impedirá que escriba libremente; que supriman tanto como deseen lo que he escrito, no me convertiré en el infanticida de mis propios pensamientos. Siempre son desagradables estos tachones del censor; pero son honorables también; el autor que llega a la edad de 30 años o que escribe tres libros sin tildones del censor no vale nada. Son los guerreros cubiertos de cicatrices los que son mejores. En un libro hay que reconocer que viene de una batalla con el censor". La propuesta es interesante; pero ¿quién puede erigirse en censor del pensamiento de otro? Juvenal, el poeta latino ya lo dijo: "¿Quién podrá guardarnos de nuestros guardianes?".

Lo ideal sería que cada periodista-comunicador social sustente sus opiniones en verdades, en las normas de la ética, en su derecho a la libertad con límites que el propio comunicador se imponga, es decir que se autocensure sólo considerando el bien común y los límites de la moral pública.

El comunicador y periodista debe considerar que los intereses del Estado no siempre coinciden con los intereses de los administrados y peor aún los intereses del gobierno y sus delegados con los del pueblo. La comunicación social justificaría su existencia si sus objetivos y metas coinciden con los objetivos, metas e intereses de la colectividad, de los pueblos y de los actores sociales menos favorecidos, con la masa de explotados, marginados, expoliados y oprimidos, con los condenados de la tierra, como diría Franz Fanón.

La lucha por la libertad de prensa es una necesidad social. Ya en Inglaterra, en 1649, el Partido Leveller al defender su proyecto de Ley presentado al Parlamento afirmó: "Si un gobierno desea actuar con justicia y de acuerdo con los principios constitucionales entonces será necesario que se escuche a todas las voces y opiniones. Pero esto es posible solamente si se concede libertad a la prensa..." Es decir, la sociedad y el Estado, tácitamente han delegado a la prensa el papel de intermediador, para que los pueblos hagan escuchar sus voces y opiniones al Estado y sus gobernantes.

Por su parte, el artículo 11 de "Los derechos del Hombre y del Ciudadano" de Francia, proclama: "La libre comunicación de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todos los ciudadanos pueden; por lo tanto, hablar, escribir e imprimir con libertad". La I Enmienda de la Constitución de Estados Unidos afirma: "El Congreso no promulgará ninguna ley referente al establecimiento de ninguna religión, ni prohibirá el libre ejercicio de la misma; no limitará la libertad de palabra, ni de prensa; ni el derecho de la gente a reunirse pacíficamente para pedir del gobierno la rectificación de agravios". Sin embargo; en Estados Unidos se ha prohibido la circulación de libros y periódicos, la difusión del marxismo por ejemplo, amparado en la Ley de Seguridad Nacional.

Pero fundamentalmente es el conocimiento el que esclarece el valor y el uso de la libertad y sin duda la concienciación de los ciudadanos sobre los problemas de la sociedad y del país; más aún, el conocimiento de las libertades y derechos permite e impulsa la práctica de los mismos; a la vez que impide los abusos del poder por parte del gobierno y los diferentes niveles de autoridad del Estado. En ese sentido James Madison, uno de los fundadores de Estados Unidos, advirtió: "El conocimiento siempre gobernará la ignorancia. Y un pueblo que se propone ser su propio gobernante tiene que armarse con el poder que le confiere el conocimiento. Un gobierno popular sin la información ni el medio de adquirirla no es sino el prólogo a un farsa, o de una tragedia, o tal vez las dos". La cuestión es: El Estado incapaz de proporcionar los medios para adquirir el conocimiento no puede garantizar el ejercicio de los derechos ni de la libertad de expresión del pensamiento por los medios de comunicación social. Es el Estado quien debe preocuparse por la difusión del conocimiento y apoyar decididamente la creación y desarrollo de medios alternativos y populares de comunicación social que no estén sujetos a las imposiciones económicas, sociales y políticas de los gobiernos de turno; ni amparados y protegidos por el poder económico transnacional, la ideología oficial dominante y la cultura oficial elitaria.

Desde la concepción marxista de la libertad, Lenin, en 1917, en su "Proyecto de ley sobre la libertad de prensa " sostuvo: " La burguesía percibió la libertad de prensa como la de los ricos de publicar periódicos, la usurpación de la libertad de la prensa por los capitalistas prácticamente en todos los países, ha producido la corrupción de la prensa..."

Conforme al sistema imperante, la libertad de prensa es para uso exclusivo de las burguesías y mejor aún para usufructo privado de los propietarios de las empresas de comunicación social que, como siempre, pertenecen a los mismos grupos usufructuarios del poder económico y social, pero también existe la creciente posibilidad de controlar el poder mediático ´para satisfacer los interese del caudillo, del mandatario de turno o del bloque en el poder.

La concepción de Lenin antes expuesta no es exclusiva de la izquierda marxista; pues el publicista conservador alemán, Paúl Sethe, vio el problema de la libertad de prensa de manera similar a la definida por Lenin: "Como la producción de periódicos y revistas requiere cada vez más capital, el grupo de personas en capacidad de publicar los órganos de prensa se está reduciendo constantemente. La libertad de prensa es la libertad de 200 adinerados de difundir sus opiniones. Siempre contratarán periodistas que compartan esas opiniones. ¿Pero qué de aquéllos que por casualidad piensan de otra manera, acaso no tienen el derecho a expresar sus opiniones?". En el caso ecuatoriano, la Constitución les confiere ese derecho a todo el pueblo y lógicamente a los periodistas; pero la realidad económica obstruye ese derecho. Bien se podría afirmar que sólo los ricos y poderosos tienen el derecho a expresar sus opiniones a través de la prensa y que los pobres sólo están en los medios de comunicación cuando son víctimas del sistema, sujetos de pasiones y elementos útiles para llenar las páginas de la crónica roja o los espacios de radio y televisión destinados a captar audiencias, por medio del amarillismo informativo. Pero se ha observado que el poder político también manipula a los pueblos para denigrar a periodistas y medios de comunicación a través del desatinado uso y abuso del aparataje de la propaganda oficial.

En el actual sistema, ni los periodistas ejercen el derecho a la libertad de expresión del pensamiento, ni son libres para expresar sus opiniones personales respecto de los diversos problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afectan o inciden en el desarrollo del país. Se hace indispensable la inscripción de la "cláusula de conciencia" no sólo en el ordenamiento jurídico del país; sino en la praxis para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y opinión para los periodistas y comunicadores de conformidad con el Art. 20 de la Constitución

El texto constitucional vigente en el Ecuador dispone categóricamente en el Art. 66 numeral 6 “el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. ¿Quién se atreve a ejercitar este derecho sin miedo a los insultos, amenazas y sanciones; dichos y solicitadas por el Presidente y su gobierno? También el texto constitucional afirma en el numeral 7 del Art. 66 “ el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin prueba o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario”. Este derecho constitucional lo ejerce ampliamente y con abuso el sector oficial, en tanto que el pueblo, otra vez resultó un convidado de piedra. Estas norma como muchas contenidas en la Constitución no deja de ser bastante retórica aunque colmada de buenas intenciones. En la Constitución existen normas, derechos consagrados, disposiciones con el carácter de obligatorio; que son simples enunciados reiterada y consuetudinariamente incumplidos o impracticables porque faltan leyes secundarias; tanto que la Asamblea Nacional debería preocuparse de la elaboración y expedición de ese tipo de leyes; antes que convocados por los intereses económicos y políticos del bloque en el poder, dedicarse a reformas constitucionales. Basta ejemplificar que el derecho a la libertad de expresión del pensamiento es una utopía; y es un engaño la obligatoriedad que tienen los medios de comunicación para proceder a rectificar las informaciones, opiniones, aseveraciones que afecten al honor e integridad de las personas, en forma gratuita.

Es práctica común que los medios de comunicación publiquen informaciones que son verdaderos atentados al honor personal e institucional; más aún, en la cobertura de cometimiento de hechos delictuosos, los periodistas, a través de los medios de comunicación social condenan a supuestos implicados y de por sí y ante sí; deciden que son culpables, sin permitirles el mínimo derecho a la defensa y haciendo caso omiso de la célebre doctrina jurídica que considera inocente a toda persona en tanto no se demuestre lo contrario. Ocurría que más era una regla que una excepción aquello que ni siquiera previo pago se podía expresar opiniones y pensamientos, si éstos no están de acuerdo con el pensamiento oficial de las empresas de comunicación social; peor que los medios de comunicación realicen rectificaciones en forma gratuita. Al parecer, sólo el poder político tiene la fuerza necesaria para obligar a las empresas de comunicación social a que proceden a rectificar errores de facto o conceptuales o que permitan utilizar espacios para exponer opiniones con plena libertad, tal como se propone en el texto constitucional.

En la práctica, la libertad de prensa, de expresión del pensamiento, la libertad de opinión, no existen en el Ecuador; pero en cambio existe y muy respetada por cierto, la libertad de empresa, a menudo confundida con libertad de prensa, de acuerdo a las circunstancias e intereses de los propietarios de los medios de comunicación social.

En suma, lo aseverado por Lenin y el publicista conservador alemán Sethe es una realidad irrefutable en nuestro Ecuador de principios de los nuevos siglo y milenio, como si ellos vivieran en este absurdo paraíso democrático, occidental y cristiano. Aquí solo los ricos y poderosos, los sectores dominantes, las élites en el poder usan y abusan de los derechos constitucionales siempre y cuando esos derecho no afecten a sus intereses y privilegios.

Insistimos que el derecho al honor y a la buena reputación es sagrado. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o calumniosas hechas a través de cualquier medio de comunicación social. La rectificación debe hacerse en el mismo medio, en el mismo tiempo y espacio, en los que se realizaren las aseveraciones o imputaciones falsas, de conformidad con el Art, 66 de la Constitución. Por otra parte, todos los ecuatorianos tenemos derecho a la libertad de opinión y expresión del pensamiento. Mas esta norma constitucional se la irrespeta o simplemente no se la observa; pues, no todos los ecuatorianos tienen acceso a los medios de comunicación social ni para expresar sus opiniones, ni para ejercer el derecho a la información.

Este defecto de la circulación de noticias se debe no al mandato constitucional, sino a las fallas estructurales del Estado y por ende a los vicios estructurales de los medios de comunicación social que, irremediablemente, al ser considerados " propiedad privada ", actúan como tales y en defensa de las inversiones que se efectúan para instalar la infraestructura, antes que en defensa de los intereses de la población.

Así mismo, es necesario destacar que si por un lado, la Constitución garantiza el derecho a la información y a la libertad de prensa, por otro está vigente la denominada Ley Orgánica de la Comunicación, que ha sido demandada por su inconstitucionalidad constante en algunos de sus artículos y disposiciones, que crean temores entre periodistas y medios de comunicación social, algunos de los cuales han sido enjuiciados por el Gobierno y otros desprestigiados o injuriados en sabatinas y cadenas de radio y televisión organizados por la Secom con evidente abuso del poder. . . Por otra parte, con el pretexto de seguridad nacional y para controlar los procesos "subversivos ", que pretenden opcionalmente la liberación de nuestro país, se han cometido ya, una serie de desafueros contra persona y organizaciones populares, casi siempre con el silencio cómplice de los medios de comunicación o con su tácita aprobación.

Como ya se manifestó, de hecho, a pesar de una amplia concepción sobre la libertad de prensa, el comunicador a menudo es censurado o se autocensura en sus opiniones y en la expresión del pensamiento.

Por lo tanto, los medios de comunicación social y los comunicadores ecuatorianos no son realmente libres de expresar públicamente lo que piensan sobre determinados problemas nacionales. En peores condiciones está el resto de la población, con excepción de los grupos de presión y de poder económico-social, político-cultural.

En la práctica no existe el libre flujo de la información y menos aún el libre intercambio de ideas, pensamientos, opiniones. Grave defecto de la comunicación social que tiene que ser superado con la decidida participación de los periodistas y comunicadores y de sus organizaciones gremiales y la sociedad civil; siempre que se trabaje con seriedad y decisión en los procesos de democratización de los sistemas de comunicación social.

Innumerables problemas y trabas impiden que en el Ecuador exista el ejercicio pleno de la libertad de prensa y de libre circulación de la información. Se los identifica fácilmente en las redacciones de los periódicos, de las radiodifusoras y de los canales de televisión. Cada empresa periodística impone a los periodistas su política de comunicación y en cada una de ellas existen asuntos sobre los que se puede y debe tratar y sobre los que no se debe ni se puede tratar y sobre los que no se debe ni se puede hablar. Así mismo, existen censura y autocensura, limitaciones en la formación profesional y ética, monopolios de la información, obstrucción burocrática, medidas represivas del Estado, trabas económicas, imposiciones ideológico-políticas; restricciones en las conceptualizaciones de información, noticia, entrevista, reportaje, crónica, testimonio, crítica, comentario, editorial que, ciertamente, impiden la práctica efectiva de la libertad de prensa y libre intercambio de informaciones.

"En la práctica, la libertad de comunicación entraña la libertad de las personas y de los grupos en la búsqueda, la circulación y difusión de noticias y la libertad de acceso a todos los medios de comunicación social. La libertad de comunicación que, en su ejercicio, no tuviera en cuenta, las exigencias objetivas del derecho a la información apuntaría más a la satisfacción del informador que al bien público", señala el documento "Comunión y Progreso", sobre los medios de comunicación social, ordenada por el Concilio Vaticano II.

Esta observación efectuada por el Vaticano reafirma el criterio por el cual se compagina la libertad de prensa con el derecho de los pueblos a la libre información, justo y real es el enunciado; pero la práctica es utópica en países como el nuestro que no ha podido superar la injusticia social y todas las trabas que de ella se derivan, como el alto índice de analfabetismo, la falta de servicios de salud, educación, vivienda, energía eléctrica, agua potable, por ejemplo. Una sociedad injusta con un régimen constitucional injusto, con gastos dispendiosos y superfinos, con grupos altamente privilegiados y con una organización piramidal de clases sociales bien definidas, tendrá que acusar graves defectos en la circulación de la información. Es necesario observar la realidad y denunciarla retiradamente si es preciso.