HACIA EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI 



¿EL GOBIERNO ES BUENO O MALO? 



Enrique Ayala Mora
Opción Socialista • Edición especial

El gobierno actual ha dividido al país. Una cantidad de personas son sus incondicionales, dicen que todo lo que hace es positivo y sostienen que el Presidente debería quedarse hasta que termine la “revolución”. Otras ven las cosas de manera diferente. Piensan, aunque a veces no lo dicen, que el correísmo es una dictadura disfrazada detrás de una Constitución, que persigue a las organizaciones sociales y a la prensa, que ha promovido la corrupción, que se parece cada vez más a la antigua “partidocracia” que dice haber vencido, que ofreció hacer una revolución y ha terminado haciendo lo contrario.

Esta discusión puede ir de largo porque hay muchos argumentos en ambos sentidos. En efecto, en más de seis años, el gobierno ha hecho numerosas obras, algunas de ellas fundamentales para el país. Y, de otro lado, ha cometido también
atropellos. No faltará quien diga que una “revolución” afecta a los intereses de los poderosos y por ello este gobierno tiene enemigos. Pero otros replicarán que el correísmo tiene mucho respaldo entre los poderosos y que sus principales víctimas son, más bien, los indígenas y trabajadores, los maestros y los estudiantes, en general los dirigentes sociales, algunos de los cuales fueron firmes partidarios suyos al principio.

Hay personas que piensan que, de todas maneras, un gobierno siempre hace obras y también comete errores. Por ello, lo mejor que se puede hacer, para saber si éste es bueno o malo, es hacer una lista de lo positivo y otra de lo negativo y luego ver cual pesa más. Pero, aunque a alguien le parezca que esto es objetivo, en realidad es imposible, porque las dos listas pueden extenderse hasta el infinito.

¿Cómo se organiza una lista en que están la construcción de los grandes proyectos hidroeléctricos y la reparación de una pequeña escuela rural? ¿Cómo se incluye desde el “Caso Yasuní”, hasta los abusos del presidente de una junta parroquial que dice contar con el “apoyo del gobierno”?

Por otra parte, no todas las obras tienen el mismo peso y no pueden compararse. ¿Cómo se compara, por ejemplo, el haber construido el magnífico edificio del colegio María Angélica Idrobo, con el hecho de haber mandado a la cárcel ocho años a una profesora acusada de haber incitado a los alumnos para que salgan a una manifestación? ¿Cuál de los dos hechos es más importante? ¿El uno justifica al otro? ¿La obra educativa se mide por las construcciones, o también cuenta la vigencia de derechos y principios?

Como se ve, ese no es el camino, Pero no intentar hacer un “balance” de lo bueno y lo malo del gobierno a base de contar sus obras o sus acciones negativas de una en una, no funciona. Pero no solo porque es prácticamente imposible, sino sobre todo porque eso no permite conocer la naturaleza de un gobierno, su objetivo central, el eje de sus decisiones. De ese modo no es posible llegar a saber para quién gobierna, es decir, a quién sirve realmente.

En estos cortos párrafos no vamos, por tanto, a intentar un balance del actual régimen. Vamos a hacer algo mucho más concreto: establecer su carácter. Vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿Cuál es la naturaleza del gobierno
de Rafael Correa y el Movimiento PAIS? ¿Debe el movimiento social apoyar su proyecto actual? ¿Estamos caminando por una “revolución”, al “socialismo del siglo XXI”?

AL PRINCIPIO

En 1979, con el régimen constitucional, no llegó al país la “democracia”, como algunos piensan. La democracia es mucho más que la existencia de una Constitución. Es, ante todo, vigencia de derechos y garantías, respeto a las instituciones y, especialmente, justicia social.

La verdad es que, a pocos años de inaugurado el régimen constitucional, en los años ochenta, la situación económica, a que nos había llevado la deuda externa y el aprovechamiento de la riqueza nacional por unos cuantos privilegiados, llevó a una larga crisis que sucesivos gobiernos enfrentaron aplicando “políticas de ajuste económico”, dictadas por las teorías neoliberales de gran poder mundial, instalado en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En algunos casos, como el del régimen de Febres Cordero, los golpes económicos estuvieron acompañados de actos de represión y de crímenes de Estado, todavía no del todo conocidos, menos sancionados. Pero, al menos, se logró desde el movimiento social parar la suscripción del TLC con Estados Unidos, que amenazaba la economía y la soberanía del país.

Masivas “privatizaciones” de los bienes públicos, alta inflación, reducción de los ingresos de las grandes mayorías, desempleo y migraciones masivas al exterior fueron la realidad de esos tiempos de empobrecimiento y angustia. La sociedad
ecuatoriana resistió, pero, en pocos años, el neoliberalismo se había apoderado del país.

La lucha y la resistencia de los trabajadores logró detener algunas medidas, mas no la avalancha de la derecha. En los años noventa, los indígenas tuvieron un papel destacado en la movilización social y consiguieron frenar algunas medidas,
pero no el empobrecimiento general. La situación llegó al extremo en los años 1999 y 2000 cuando el gobierno de Mahuad, que ganó el poder financiado por un grupo de banqueros, declaró un “feriado bancario”, en medio del que los dueños de los bancos que se habían aprovechado de los depósitos del público para hacerse préstamos tramposos a ellos mismos, a sus empresas y allegados, terminaron estafándoles y obligando al Estado a que pague sus deudas con plata pública. Miles de familias pobres y de clase media fueron perjudicadas. La economía se hundió y la “solución” que puso el gobierno de Mahuad fue la dolarización, que llevó a la miseria a millones de ecuatorianos.

Ante el fracaso del neoliberalismo, en el país fue surgiendo la conciencia de que se debía encontrar otra salida para la crisis y, en medio del descontento popular, el arbitraje militar echó abajo al gobierno de Mahuad, como lo había hecho tres años antes con el de Bucaram. Lucio Gutiérrez ganó las elecciones como una expresión de rechazo a la vieja política y al neoliberalismo , pero su gobierno fue una frustración más y también cayó del poder completar su período.

Entonces se presentó la alternativa de “Alianza Pais” con la candidatura de Rafael Correa, un joven académico que criticaba a la vieja clase política y ofrecía implantar un socialismo renovado, el “socialismo del siglo XXI”.

Como candidato, Correa había irrumpido en la política poco antes de la campaña electoral como ministro de finanzas, luego de haber sido profesor universitario. Con un discurso contestatario contra la “partidocracia” y el neoliberalismo, logró el apoyo de sectores medios inconformes y de militantes de izquierda que habían abandonado sus partidos. También logró el auspicio temprano del Partido Socialista y varias organizaciones populares afines como la FENOCIN; pero no consiguió apoyo de fuerzas como Pachacutik, el MPD y otras que no creyeron que tenía posibilidades de triunfo. Sin embargo, la propuesta radical anti-sistema le dio un enorme respaldo popular.

Rafael Correa no triunfó por casualidad o simpatía personal. Tenía condiciones para impactar en el electorado y encontró la coyuntura oportuna. Fue beneficiario de un acumulado histórico de años de lucha de la izquierda y las organizaciones sociales contra los regímenes neoliberales. Aunque no lo reconozca, para su triunfo fue vital haber dado continuidad a posturas de izquierda anti-capitalistas y anti-imperialistas y haber recibido el apoyo socialista. Su propuesta de campaña, cuyo eslogan fue la “revolución ciudadana”, era: desmantelar el poder de los partidos con la disolución del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que emitiría una nueva Carta Política. Los cambios ofrecidos eran: renovar la forma de nominación y funciones de los tribunales constitucional
y electoral; defender la soberanía nacional recobrando el control sobre los recursos naturales y la base de Manta; privilegiar la inversión pública y la ampliación de los subsidios. La reivindicación del sentido patriótico era fundamental.

Luego del triunfo, en poco tiempo, el gobierno había logrado cerrar el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente, aprobada en Montecristi en 2008. Con una mayoría de gobierno, la Constituyente realizó una aprobación de apuro, por grandes bloques del articulado, con un debate pobre, atropellado, virtualmente inexistente.

Ésta generó, como nunca antes, expectativas sobre la participación ciudadana en la redacción de la nueva Carta Política. Pero no se cumplieron. Más allá de demostraciones masivas y desorganizadas de partidarios del gobierno, más bien limitó la posibilidad de que hubiera discrepancias.

Hubo mucha movilización de gente afín al gobierno, pero muy escaso debate. Tal
como fue hecha, la Constitución terminó siendo un texto enorme, farragoso y contradictorio; con artículos declarativos, definiciones inapropiadas, errores y ambigüedades. Muchas de sus disposiciones se introdujeron por motivaciones coyunturales. En realidad, desde el punto de vista de los sectores de izquierda que luchan por el socialismo, se perdió la oportunidad de contar con una Constitución clara, corta, concisa que pudiera ser base de un proyecto progresista
de largo plazo.

Las limitaciones de la Constitución aprobada en Montecristi son inocultables. No obstante, la nueva Carta Política contiene también importantes avances y disposiciones de corte progresista que hay que destacar. La Constitución robusteció el papel del Estado, sobre todo en la economía y, en general, amplió el ámbito de lo público. Ésta fue una medida necesaria frente al predominio neoliberal que había desmantelado, en el Ecuador como en el resto de América Latina y del mundo, instituciones estatales de importancia, para promover la concentración de riqueza en pocas manos y el empobrecimiento de la mayoría. La Constitución, además, extendió las garantías y derechos ciudadanos, creando instituciones de protección.

Desgraciadamente, la aplicación de la parte orgánica de la Constitución, en estos años, ha sido un desastre peor del previsto. En la práctica, más allá de las ampulosas declaraciones, se han reducido derechos fundamentales. El “Consejo de Participación Ciudadana”, órgano del “Cuarto poder”, que no representa a nadie, ha hecho nominaciones que son, en la práctica, un mecanismo para eliminar la representación política y designar, para las más altas funciones, a personas adictas al gobierno. También se han eliminado los procedimientos de debate legislativo, con el “voto en bloque”, ya usado en la Constituyente, que atropella una tradición democrática que hasta la derecha ha respetado.

“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”

Una vez en el poder, el presidente Correa y algunos de sus colaboradores plantearon de nuevo el enunciado de campaña, en el sentido de que se proponían instaurar un “socialismo del siglo XXI”. Esta propuesta, según el propio Correa,
no está del todo definida. Pero, en vez de irse aclarando, cada vez resulta más confusa y contradictoria. Desde luego es positivo que Correa hable de un “pensamiento propio”. Esta idea, sin embargo, no es ni mucho menos original

Por años, el Partido Socialista ha propuesto un pensamiento ecuatoriano y latinoamericano; aún más, lo ha generado como ninguna otra fuerza política en nuestra historia. Desde su primer manifiesto, se planteó este eje central y fue un elemento definitorio en su constitución inicial. El carácter nacional y original del Partido Socialista ha sido reiteradamente planteado por más de ochenta años. A lo largo de su extensa trayectoria, el Partido Socialista no asumió posturas dogmáticas y desarrolló una amplia crítica de las desviaciones que se daban en las tendencias de izquierda en el país y el mundo. Fue la primera organización de izquierda que asumió críticamente la crisis internacional del socialismo, a fines de los años ochenta e inicios de los noventa. Y también la primera que se planteó
una radical renovación muy temprano en los noventa. Luego de un activo debate, apenas se inició el nuevo siglo, el año 2003, renovó sus propuestas con el documento: “Socialismo para el Ecuador del siglo XXI”. No ha sido pues Rafael
Correa quien ha planteado por primera vez un socialismo de raíz nacional, con pensamiento propio.

La verdad es, empero, que tanto en las afirmaciones, como en la práctica, cada vez hay menos socialismo en el actual gobierno. En los últimos años, y en especial en las campañas electorales, ya no ha sido una tesis el “socialismo”; al parecer, hay conciencia de que el gobierno va a otra parte.

En su administración Rafael Correa ha llevado adelante varias acciones de gobierno que han resultado altamente polémicas y algunas de ellas meritorias, pero en el gobierno cada vez hay menos gente progresista y más antiguos colaboradores de la derecha, del “febresborjismo” o disidentes del populismo. El resultado es que hay varias incoherencias entre los niveles de la administración y también entre dependencias, a veces causadas por diferencias profundas de concepción y de ideología.

En esta administración, se ha elevado la participación del Estado en las rentas petroleras, enfrentando a las poderosas compañías extranjeras; se han incrementado los bonos de apoyo a la pobreza y los créditos para los pequeños
productores; se han reducido tarifas eléctricas. Se han establecido un diario y una televisora estatales. Esto se ha dado en medio de una fuerte confrontación verbal con las fuerzas que representan a la oligarquía tradicional. En algunos casos, ese enfrentamiento ha ido más allá de las palabras, cuando se limitó las elevadas ganancias de la banca, aunque no se tomaron medidas más radicales.

Pese a todo ello, los cambios se han limitado a la esfera del Estado, sin que se descubriera el propósito de emprender en una transformación social que, como no puede ser de otra manera, tendría fuertes resistencias en el poder económico
y requeriría, al mismo tiempo, un respaldo muy activo del movimiento social y de otros sectores organizados del país. Se debe observar, desde luego, que quizá no ha sido posible enfrentar reformas conflictivas con una sucesión de campañas electorales por delante, pero de todas maneras, hay que constatar la realidad como lo hace Víctor Granda:

Todas estas medidas democráticas, parcialmente redistributivas, no implican, sin embargo el cambio de estructuras y peor del modelo económico y social al que todos aspiramos y por el que han luchado, desde hace décadas, los sectores sociales organizados, la izquierda revolucionaria y muchos hombres y mujeres que incluso han entregado su vida por la transformación real del Ecuador. No
se advierte todavía en el actual régimen medidas de fondo en áreas claves que afecten el poder real de los grupos económicos que han gobernado tradicionalmente al país.
(Operación Explosión, p. 253)
OYUNTURA
Han pasado los años y esas medidas siguen ausentes, con la evidencia de que ya no se tomarán. La política agraria del gobierno no se ha orientado ni de lejos a una reforma radical. Al contrario, ha mantenido el status quo con una débil postura productivista. Tampoco se ha planteado una reforma urbana que enfrente la acumulación de propiedad y el uso privatizado de los servicios públicos. Las políticas sobre recursos naturales son ambiguas y en algunos casos no se ponen en práctica. Hay poco control sobre la contratación pública realizada a base
de declaratorias de “emergencia”.

EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI

Durante la segunda administración de Correa, desde 2008, tuvo ante si dos alternativas: por un lado, profundizar su línea de transformaciones y acercarse de esa manera a su ideal socialista, o consolidarse como administrador de un estado, cuya estructura y la de la sociedad no van a cambiar. Resulta muy importante tomar en cuenta esta reflexión de Víctor Granda:

¿Los cambios y transformaciones que requiere el Ecuador de hoy pueden ser ejecutados solo con la acción extraordinaria de dirigentes y líderes respaldados fundamentalmente con un mayoritario pero difuso respaldo electoral coyuntural y con solo efectos mediáticos? Nos parece que no es suficiente; sin duda la legitimidad electoral puede constituir un punto de partida, de arranque o de aceleración de los cambios, pero éstos no serán sostenibles si no se desarrolla la conciencia y la organización social y política del pueblo, que finalmente es el actor de las transformaciones que se han dado en la historia.

Si los dirigentes no toman conciencia de esa realidad, estamos caminando hacia una decepción colectiva, a una involución histórica o a una claudicación frente a los dominadores de siempre. (Manuel Agustín Aguirre y el socialismo de hoy, p.39-40)

Durante el periodo pasado de Correa y en lo que va de este tercero, las definiciones son claras. No hay cambios estructurales. Se ha optado, ya de manera inocultable, por un proyecto de modernización del capitalismo. Y para ello, por desgracia, uno de los elementos favoritos es la criminalización de la protesta social, la consigna de debilitar a las organizaciones sindicales y populares, tratando de ahogarlas en un mar electoral y clientelista. Una “revolución ciudadana”, es quizá buena como eslogan publicitario, pero no es una propuesta de transformación consistente. Un cambio social y político, aunque fuera limitado, solo será posible si el “socialismo del siglo XXI” se asienta en la participación -no el uso clientelar- de las organizaciones sociales. Esto, empero, no sucede. Hay que tomar en cuenta, además, otros serios problemas que han surgido.

Es preocupante el crecimiento del Estado y el costo que ello implica. En una coyuntura de inédita elevación de los precios del petróleo, el fisco recibió enormes cantidades de ingresos públicos. El gobierno, en vez de canalizarlos al
pago de deuda pública o a apuntalar la acumulación de los grandes grupos económicos, como han planteado los ideólogos del neoliberalismo, los ha usado para inversiones públicas, para incrementar bonos y subsidios, para crear nuevas
dependencias burocráticas y nuevos cargos.

Luego de los recortes y privatizaciones neoliberales estaba bien una ampliación del espacio público, pero el crecimiento que se registra es a todas luces excesivo. Traerá como resultado un inmenso incremento de los gastos fijos del presupuesto del Estado, sobre todo cuando las rentas petroleras pueden disminuir con un decrecimiento sensible de los fondos que pueden ser destinados a la inversión.

El peso del conflicto colombiano y sus consecuencias representan un serio problema para el país. Todo ello sin que Colombia y Estados Unidos, los promotores del “Plan Colombia”, entreguen ningún apoyo al Ecuador. Otro tema muy grave es el alza del costo de vida. Este es un hecho que tiene una raíz o al menos una causa coadyuvante internacional, pero las grandes alzas de precios
se producen sin que el gobierno pueda controlarlas, en una economía dolarizada.

Otro tema muy grave es el alza del costo de vida. Este es un hecho que tiene una raíz o al menos una causa coadyuvante internacional, pero las grandes alzas de precios se producen sin que el gobierno pueda controlarlas, en una economía dolarizada.

Las situaciones creadas por un crecimiento muy poco controlado de la contratación pública, y las irregularidades consiguientes, han hecho mella en la credibilidad del gobierno. El caso más grave es, quizá, el que el hermano mayor
del Presidente hubiera realizado contratos por alrededor de ochenta millones de dólares con el Estado, a través de empresas domiciliadas en paraísos fiscales, lo cual le permite argumentar que, formalmente, no tiene relación económica con el gobierno. En una realidad en que la fiscalización no existe, la impunidad puede
crecer.

Por lo demás, el ambiente de autoritarismo y limitación de los derechos de libre expresión son un problema general y constante. No se trata de una pelea del gobierno con la gran prensa que defiende sus intereses, sino de algo mucho más
grave que debe considerarse como una cuestión nacional. La represión de las manifestaciones populares, la protesta de la gente común, también son cosa de todos los días. Eso limita la democracia y la vida del pueblo.

Por lo demás, está claro que la lucha por el socialismo es una tarea mucho más ambiciosa que el combate contra el neoliberalismo y la “partidocracia”. El socialismo no es fruto de reformas, sino de un radical esfuerzo por instaurar un sistema social distinto y superior al capitalismo. Cambiar las instituciones políticas no es suficiente, ya que está claro que la partidocracia no es solo un conjunto de rótulos, sino también de prácticas. Y son esas las que hay que suprimir y evitar que se repitan. Para ello, hay que ir hacia un sistema de representación asentado en la organización social y no mantener, o aún refinar, manejos de clientela, típicos de la “partidocracia” y el “febresborjismo”. Es preocupante que el gobierno pretenda hacer la “revolución ciudadana” con figuras de los antiguos partidos de estado, que han manejado sus pactos políticos y sus redes burocráticas.

Como ya las centrales sindicales lo advirtieron, las medidas anunciadas para el nuevo Código Laboral ponen en peligro conquistas que se han mantenido por décadas y apuntan a reducir los derechos de los trabajadores. Todo apunta a un proyecto de “modernización” de las relaciones obrero-patronales en que se pongan las condiciones para la consolidación de un proyecto capitalista, antes que un avance hacia el socialismo.

En muchos aspectos, sobre todo en la educación y en el “cambio de la matriz productiva”, se descubre no la voluntad de una ruptura con el gran capital y la instauración de grandes transformaciones progresistas, sino un esfuerzo de modernización reflejo de la estructura social y económica, para adecuar al país a las realidades del capitalismo en este nuevo siglo. Y, dígase lo que se diga, eso es todo lo contrario del socialismo que se supone inspiró en su origen a este gobierno.

El futuro del país, en el contexto latinoamericano, ofrece grandes expectativas y perplejidades. Frente a ello, una posibilidad es ver una transición del pasado neoliberal a un futuro en que el socialismo sea el referente de un cambio radical. Otra es que vayamos a una nueva frustración, hablando de cambio, pero preparando a nuestros países para que funcionen dentro del sistema del capitalismo mundial. Todo nos indica que ya nos estamos moviendo en esta segunda dirección.

Nadie puede pedir imposibles. Los procesos necesitan tiempo. Es verdad. Pero lo que sí se puede esperar es que el gobierno vaya, aunque fuera paso a paso, por un camino de profundización de su anunciada vocación progresista y no al revés. Por desgracia, si se trata de establecer el carácter de este gobierno, la cosa está clara: Tiene un proyecto de modernización para apuntalar el sistema; no para cambiarlo radicalmente.

Y para ello, sin duda hace obras, no pocas de ellas importantes. Pero no se trata de cuantas obras haga, sino de a dónde vamos con Alianza Pais. Y lo más grave es que se lo hace criminalizando la protesta social y combatiendo a las organizaciones sociales.

La verdad es que no vamos al socialismo, ni a la justicia social. Por lo que hace el gobierno, podemos ver con claridad que lo que se trata es de remendar el sistema de injusticia y desigualdad que el pueblo ha combatido siempre. El régimen del “socialismo del siglo XXI” está dedicado a preparar el capitalismo del siglo XXI.