¿REFORMA O ENMIENDA CONSTITUCIONAL? 



LA CONSTITUCIÓN ES LA VOLUNTAD SOBERANA DEL PUEBLO 



José Luis Luna Gaibor
Jurisconsulto constitucionalista

La Constitución de un país, no solamente que es la voluntad soberana del pueblo que integra ese país o esa nación, es fundamentalmente el lev motiv para la organización jurídica y legal de sus asociados.
La soberanía de un pueblo radica en la potestad de tomar sus propias decisiones sin someterse a nadie bien como otro pueblo, bien como otra nación o Estado.
Cuando el ser humano se asocia merced a los vínculos que de diferente orden le identifica con sus semejantes, es evidente que requiere de un cuerpo normativo que rija esa sociedad; y, para ello es que ella misma de forma directa o por medio de sus representantes elabora y extiende una norma constitucional que refleja el cuerpo social y la forma como éste se ha de comportar en su desarrollo, de tal forma que extendida –por el pueblo- la norma rectora de la conducta humana de forma inmediata, el mismo pueblo se somete a ella pasando a depender de forma absoluta de tal cuerpo legal.
Es evidente que el desarrollo de todas y cada una de las instituciones generadas por la Carta Suprema, le corresponderá extender al legislador, quien se encargará a nombre de su representado, el pueblo soberano, extender y promulgar todas las leyes que regidas por la institucionalidad que representa la Constitución, ha de determinar la singular conducta o comportamiento de la sociedad en cada una de las actividades del ser humano, es decir, la normativa particular, la ley.
Determinado el ánimo o espíritu de la Constitución, corresponde conocer qué es, y/ qué alcances tiene la reforma, y para ello acudiremos al diccionario, el que conceptúa a la reforma como todo aquello que se propone, proyecta o ejecuta como una innovación o mejora. // Dar nueva forma. // Reparar, restaurar. // Suprimir lo perjudicial.
Por su parte, enmienda significa, la satisfacción de un daño. // Propuesta de variante de un informe o proyecto. // La corrección de los defectos de una cosa. // Resarcir o reformar.
El Art. 442 de la Constitución que nos rige, dice que “la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa {… } del Presidente de la República. O a solicitud de la ciudadanía …”.
La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional {….} El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a un referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.”
El Art. 441 de la Constitución de Montecristi, dice: “La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma constitucional, se realizará:” 1. Por referéndum solicitado por el Presidente de la República o por la ciudadanía; 2. Por iniciativa de al menos de la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, en dos debates, el segundo tendrá lugar en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.
Finalmente, el Art. 443 de la Constitución dispone que será la Corte Constitucional la calificará cuál de los procedimientos, corresponde en cada caso.
Pues bien, tenemos que si bien existen dos escenarios posibles, que tienen el mismo origen, la iniciativa presidencial. El uno apunta a que sea el Soberano que expidió la Constitución el que por medio de un referéndum la reforme. Y el otro, que si bien es cierto contiene reformas a la Constitución, se lo aprueba únicamente por el legislativo, es decir, por la Asamblea Nacional.
En consecuencia, mientras que la Reforma Constitucional que, debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, ella para su vigencia ha de ser sometida a un referéndum, La Enmienda Constitucional, no requiere del referéndum que exige la Reforma.
Empero lo señalado, de manera objetiva y al tenor literal de la Carta Suprema, bajo su mismo tenor literal, tenemos que en ambos casos, -no se admite restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución-.
Por consiguiente corresponde examinar si la propuesta presidencial se encuentra incursa o no en las dos prohibiciones expresas que manda la Carta Suprema.
Es evidente que tanto la parte considerativa como el texto mismo del proyecto de enmienda que tramita la Asamblea Nacional y que ha sido remitida a la Corte Constitucional, contempla restricción a los derechos y garantías consagradas por la Ley de Leyes aprobada por el Soberano en Octubre de 2008.
Será que la Corte Constitucional en una manifestación de rectitud jurídica y de ser la garante de la Constitución y, por ende de la voluntad del Soberano, se pronuncia en el sentido de que no es procedente ni la Reforma Constitucional, ni la Enmienda Constitucional, como está propuesto, sino que se conforme una nueva Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución?
La respuesta es obvia por la dependencia umbilical que la Corte tiene del Ejecutivo.
REFORMA CONSTITUCIONAL CONTRA EL DERECHO LABORAL
Por Asesoría Jurídica de la UGTE/Redacción Opción
Dentro del ámbito jurídico-político es necesarioaclarar los mecanismos que permiten al poder legislativo formular enmiendas constitucionales y los argumentos que sustentan la afirmación de que la propuesta del régimen en realidad se trata de un paquete de reformas a la carta fundamental del Estado, y no de simples enmiendas.
El Art. 441 de la Constitución de la República manifiesta que: “La Enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución,….”
Este inciso se complementa con sus numerales 1 y 2, que determinan que una reforma o enmienda (que no altere la estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías) debe ser incluida mediante referéndum solicitado por el Presidente (a) de la República, o por la ciudadanía, con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas empadronadas en el registro electoral. Y además dice que es la Asamblea Legislativa la que también tiene la iniciativa de reforma, siempre que haya sido presentada por la tercera parte de sus miembros y sea calificada por la Corte Constitucional. Cambiar la estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, o establecer restricciones a los derechos y garantías, solo es admisible con una nueva Asamblea Constituyente, que dé origen a una nueva Constitución. Se trataría de echar abajo, por esa vía, el Estado de derechos, y la serie de garantías mundialmente reconocidas como progresistas de la actual Constitución.
Toda enmienda o reforma es innovación, de progreso o mejora de algo, y lo planteado por la Asamblea Legislativa y el gobierno nacional en materia laboral degenera la estructura fundamental de la Carta Magna y,a la vez, con lleva restricciones de derechos y garantías, situación sola que hace que el paquete propuesto por el gobierno no proceda.
En esta regresiva y obsoleta enmienda se plantea eliminar derechos laborales en el sector público, pues según la bancada oficialista la igualdad debe darse según el Derecho Administrativo, como mecanismo plano ante la ley, sin importarle la labor ni la posición económica y social de los trabajadores. Considera que todos los servidores públicos deben estar en la misma categoría y nivel: el gerente de la empresa pública con el que hace servicios generales; los directivos administrativos medios con los que realizan mantenimiento de parques y jardines; los profesionales con los ayudantes de vialidad, entre otros ejemplos que podemos señalar. Estas decisiones tienen como propósito resguardar los privilegios de unos pocos funcionarios públicos, a la vez que permiten contratar a dedo, discrecionalmente, a los allegados al régimen para mantener su estatus clientelar y eludir los derechos laborales.
Esta enmienda encubre relaciones laborales y vician la norma constitucional, el principio de Intangibilidad, que está inseparablemente relacionado con el principio de progresividad que existe en el derecho social y humano. El derecho laboral no puede ser afectado por la autoridad estatal, pues lo único que esta debe hacer es mejorarlo y ampliarlo, situación que no es posible solo a través de enmiendas. Lo que pretenden es mutilar el derecho de los trabajadores, al igual que el derecho a la irrenunciabilidad.
Entre otros temas, se plantea modificar los artículos 229 y 326 de la Constitución, suprimiendo el siguiente contenido: “Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo”, es decir que quedarían fuera del régimen laboral y, consecuentemente, de las protecciones del derecho laboral.
Esto significa que se marginaría de este derecho al 80% de los trabajadores actualmente sindicalizados, con lo cual se busca debilitar al conjunto del movimiento sindical, favoreciendo así a los dueños del capital: los grandes empresarios.
LIBRE SINDICALIZACIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES
El paquete de reformas del oficialismo desconoce los acuerdos internacionales del trabajo, tanto el Convenio 87 sobre la libertad sindical, como la protección del derecho de sindicalización. En su Art. 3, numeral 2, el mencionado Convenio dice: “Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”, así como el Art. 8 numeral 2, se refiere a que: “La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio.
Desconoce el Convenio 98, sobre derecho de sindicalización y de negociación colectiva, que en su Art. 1,numeral 1, norma lo siguiente: “Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabarla libertad sindical en relación con su empleo”. Además se suma la violación a los derechos humanos, cuando se desconoce lo relativo a la totalidad del Art. 23 de la Declaración Universal, a la vez que el Estado desconoce la igualdad de todas las personas para que disfruten de ellos, una barbarie jurídica del siglo XXI, que permite el maltrato constitucional.
A esto se suma el proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales que, entre otras cosas, coloca a los trabajadores como “subordinados” del capital, es decir, legalizando la condición de esclavos modernos del capitalismo.
Respecto de la Transitoria Única, se establece una supuesta salvedad respecto de los actuales obreros del sector público, que mantendrán los derechos garantizados en el Código del Trabajo, mas no señala en qué ámbitos, dado que deja de ser garantía constitucional.
La propuesta planteada tiene como objetivos la sustracción, el despojo al trabajador de todos los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico laboral ecuatoriano: seguridad social, derechos relativos a la estabilidad, restricción de vacaciones, jornada laboral, derechos colectivos laborales, entre otros; utiliza el derecho administrativo discrecionalmente, al igual que el derecho civil, como fraude, para lesionar la norma, los principios y garantías constitucionales, manteniendo un doble discurso solapado y falso, que atenta contra la dignidad de los trabajadores, del ser humano, de las comunidades, pueblos y nacionalidades ecuatorianas.