LA DOBLE MORAL DE ESTADOS UNIDOS EN SU GUERRA PERDIDA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 



POCOS RESULTADOS DE UNA LARGA GUERRA 



Han pasado algo más de 42 años desde que Estados Unidos declaró la guerra contra el narcotráfico internacional con la puesta en práctica de una política de doble moral: agredir con la DEA, CIA y Pentágono a naciones consideradas bajo su influencia, atacar las estructuras operativas de los carteles de la droga con pocos resultado efectivos, pero con el desate de la violencia criminal por asegurarse el control del narcotráfico y mirar para otro lado Estados Unidos adentro que es el mercado mundial de consumo de todo tipo de drogas. Doble estándar para no detener el crecimiento de sus propios distribuidores y consumidores, pero interminables agresiones a países productores o llamados de tránsito para someterlos a neocolonialismos y procesos de dominación.

Estados Unidos ha usado la guerra contra el narcotráfico internacional con la intencionalidad de alcanzar sus objetivos geopolíticos. El periodista James Cockcroft ha publicado un nuevo libro llamado ominosamente “Mexico’s Next Revolution”. Entre sus reflexiones se explica que si bien la guerra contra el narco ha traído interminables fracasos, también ha generado éxitos: “Se han enriquecido los bancos a través de arreglos secretos para lavar dinero, mientras reciclan enormes cantidades de dinero sucio en muchos sectores legítimos de la economía. También mantiene inmensas ganancias en el mercado internacional de drogas para los países que exportan y sus gobiernos, una buena parte de lo cual es reciclado en los mercados internacionales de armas para el beneficio de los fabricantes. Estados Unidos vende más armas que todos los países que producen armas juntos. Es el arsenal de la muerte del mundo”.

Otros de los puntos a notar de la guerra contra el narcotráfico es que se teje una red militar en América Latina: “La guerra contra las drogas patrocinada por Washington y sus aliados no tiene mucho que ver con la seguridad nacional o acabar con el tráfico de drogas y todo que ver con generar ganancias. Involucra fraguar alianzas estratégicas contra los gobiernos de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. La alianza clave para Estados Unidos es la cadena de gobiernos neoliberales en la costa Pacífico: Chile, Perú, Colombia, todo Centroamérica, excepto Nicaragua (donde obviamente Washington está fomentando un Estado fallido) y, claro, México”.

Tanto es el cinismo de la doble moral imperial que con Washington y Colorado,
con Illinois y Nueva York serían 22 los Estados de la Unión Americana en los que se ha legalizado el consumo y comercio de la marihuana y cannabis, a veces disfrazados de uso terapéutico de la cannabis
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“Pero mientras internamente se pavimenta el camino hacia la despenalización, Estados Unidos continúa exigiendo que afuera de sus fronteras se apliquen con rigor todas las estrategias prohibicionistas y se persiga a las mafias criminales, sin importar el saldo rojo de la escalada criminal.
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La farsa es cada vez más evidente. El narcotráfico no se ha detenido, crece el consumo interno y al final del día el resultado no se traduce en disminución de la presencia de los cárteles o de su control territorial, sino en mero reacomodo en los corredores de la droga, reconfiguraciones internas, escisiones y nuevas alianzas.

Las drogas siguen llegando a Estados Unidos y la oferta ni siquiera se ha encarecido.

Lo único que importa en el interior de Estados Unidos es que el pánico ante las muertes vinculadas al tráfico de drogas se quede fuera de sus fronteras. Esa ha sido la intención: invisibilizar en su territorio cualquier riesgo de manifestaciones violentas para que todos puedan consumir sin remordimiento las drogas que se distribuyen fácilmente, igual que consumieron recientemente el relato de las peripecias del hoy presidente Barack Obama, a su paso por la Escuela de Punahou, en Hawai, etapa en la cual conformó un grupo de amistades denominado “The Choom Gang”, conocido por su afición a la cannabis.

Aunque ha sido evidente el fracaso, todavía los funcionarios de las agencias y corporaciones que justifican su existencia y el gasto de millonarios presupuestos precisamente por la guerra contra las drogas, insisten en lo mismo: más asesores en inteligencia, más artillería, helicópteros, patrullas, tanquetas y centros de mando, sostenía en su análisis la periodista Ema Shart

Refiriéndose al caso mexicano, la analista afirma que en medio de toda la vorágine de criminalidad, justo al centro de la porosa frontera sur estadounidense, tanto para las drogas que entran como para el dinero y las armas que salen, quedó Ciudad Juárez, como emblemática comunidad que tributó la sangre de más de 11 mil hombres, mujeres, adolescentes y niños caídos durante la coyuntura crítica.

La catástrofe de Ciudad Juárez reflejada en el colapso de sus estructuras sociales y económicas es sólo un botón de muestra desde lo local, respecto a la insostenible política global estadounidense que hoy se está desmoronando.

Finalmente el consenso en Washington y los principales centros de poder en el mundo coinciden en que al menos en cuanto a la droga mayormente consumida, la marihuana, la mejor forma de resolver los problemas que acarrea su distribución, su consumo y las adicciones que genera, es su despenalización y regulación”.

México, Colombia, Perú, Ecuador y en Oriente Medio Afganistán viven un drama particular y doloroso generado por la guerra que Estados Unidos mantiene contra el narcotráfico internacional. Esa guerra devino en violencia criminal interna en cada país productor de drogas o de tránsito. Se intensificó el micronarcotráfico que produjo un acelerado incremento de adicciones, particularmente, entre los jóvenes. En el caso mexicano, la analista Shart señala que nadie desconoce que en México crecieron el consumo y las adicciones al tiempo en que Estados Unidos subía sus muros pero también cuando los traslados se empezaron a pagar con mercancía en lugar de dinero en efectivo. De ser un país exportador de droga o puente de ingreso al norte, México se convirtió en un país de consumidores.

Fronteras como Ciudad Juárez sufrieron la transformación de sus barrios cuando los “puchadores” extendieron sus territorios y convirtieron en carne de cañón para los cárteles a jóvenes que por sus adicciones pudieron reclutar para todo tipo de actividades delictivas

Se crearon verdaderos ejércitos de delincuentes que se convirtieron en asaltantes, extorsionadores o secuestradores y que hoy representan un factor de desestabilización social por el alcance de sus operaciones y el impacto de su actividad en el seno de sus familias y sus colonias.

Además, la guerra contra el narcotráfico no ha contribuido a combatir la corrupción política y policial, al contrario, pareciera que la ha alimentado y en nada ha favorecido a construir un verdadero Estado de Derecho, ni a consolidar las bases de confianza y credibilidad que la sociedad reclama.

Cada vez es más evidente que detrás de la guerra global de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional se esconde el verdadero propósito geopolítico yanqui. La invasión menos silenciosa y menos comprometedora hacia América Latina y hacia otras partes del mundo. Como si evitara la bulla y la protesta, el imperio avanza silenciosamente en sus caminos de conquista y neocolonización a través de esa farsa global: La nueva estrategia no utiliza ejércitos de aire, mar y tierra para invadir a Estados y pueblos libres, independientes y soberanos, ahora ha privatizado la guerra con el uso de mercenarios que integran las compañías militares privadas, como Blackwater (Xe Services) o Dyn Corp. entre otras, que se llevan millones de dólares obtenidos del mismo tráfico internacional de todo tipo de drogas ilícitas.

En estos tiempos, es evidente sin atenuantes, que Estados Unidos ha perdido la guerra global contra el narcotráfico, entonces ¿por qué se continúa en el absurdo de intervenir en países productores y de tránsito?, ¿para qué seguir con la guerra contra el narcotráfico, si a todas luces se revela absurda? Por cada jefe narco que cae, surgen otros y en la disputa por el liderazgo, con la violencia desatada se cometen toda clase de crímenes inclusive contra personas ajenas al ilícito negocio del que sin duda, Estados Unidos obtiene ganancias económicas y políticas. Gran parte de las ganancias económicas se llevan los contratistas militares estadounidenses que prestan servicios de asesoría, entrenamiento y trafican con armas tanto para los carteles de los narcotraficantes como para las policías que los combaten. En ambos bandos, la presencia todopoderosa de Estados Unidos es incontrastable.

Pero para que el negocio sea redondo, el plan parece involucrar como meta final la precipitación de México como un Estado fallido, lo cual permitiría la movilización del aparato militar estadounidense en México y la apropiación de los recursos naturales –tanto como por un pacto de ayuda como por una medida de seguridad nacional y de protección de su frontera. ¿Suena muy lejano? ¿Otra teoría de la conspiración?

El periodista James Cockcroft sostiene que existe un plan para que México se convierta en un Estado fallido y Estados Unidos inicie una progresiva invasión, tal como ha sucedido en Afganistán, al menos como ha ocurrido en Colombia, donde Estados Unidos tiene varias bases militares operando. Cockcroft además, junto con el periodista e investigador Gilberto López y Rivas, destacaron que en el Plan México 2030 elaborado en el gobierno de Felipe Calderón consta el proyecto de ceder el control del país a Estados Unidos.

La guerra contra el narco, dice Cockcroft, sirve para “justificar a Estados Unidos enviar a su personal y participar en las operaciones de inteligencia para así incrementar el control de la población de ambos países”. Y agrega que los mexicanos, en el estupor del duopolio televisivo “no saben que la guerra es una excusa para militarizar la nación”.

Una prueba de esto es la Oficina Binacional de Inteligencia con sede en la Ciudad de México, la cual no ha recibido mucha publicidad pero tiene agentes de la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), dependientes del Departamento de la Defensa, el Pentágono. Asimismo hay delegados de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que responden al Departamento de Justicia.

A más de México, América Central es otra víctima de la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional. Según afirmaba el Secretario General de la ONU, debido al narcotráfico, los niveles de violencia en América Central son 4.000 veces más altos que el promedio mundial. Testimonio de esa elevada criminalidad son los centenares de víctimas ocurridas en Honduras y Guatemala, principalmente.

El periodista Miguel Ángel Granados Chapa escribía: “En el 2008 se firmó la Iniciativa Mérida, plan conjunto de cooperación para combatir las drogas. Este plan que superficialmente suponía que Estados Unidos aceptaba que ellos contribuían al problema del narco con su inmensa demanda de drogas y por eso ofrecían 15 mil millones de dólares, tiene su gato encerrado, o mejor dicho su caballo de Troya encerrado. Desde el 2008, Blackwater, que ahora se llama Xe Services, ya que tuvo que hacer un lavado de imagen después de que se reveló que había matado civiles iraquíes”.

Es que Estados Unidos privatiza sus guerras de agresión para matar a inocentes por mano ajena.

“En 2007 el Departamento de Defensa de Estados Unidos (también conocido como el Pentágono) invitó a cinco empresas contratistas —nombre que se les da a las PMC por brindar sus servicios por contrato— a trabajar con el CNTPO (Counter Narco Terrorism Program Office), la oficina del Ejército estadunidense que opera dentro del Plan Mérida. De acuerdo con una nota del Times Army publicada en el ISR Journal por Paul Richfield, estas cinco empresas se dividirían un presupuesto de 15 mil millones de dólares a pagarse en cinco años. Entre este grupo selecto se confirmó en aquel entonces la participación de dos: ARINC, “un proveedor de sistemas de comunicación aéreos” (aviones y helicópteros entre otros) y la PMC Blackwater USA (actualmente Xe Services), denominada por su dueño, Erik Prince, la quinta columna del Ejército estadunidense.

Sion duda, el narcotráfico es un gran negocio. De la mano del Pentágono y a través del Plan Mérida se encuentra en operaciones en México uno de los ejércitos privados más poderosos del mundo, Blackwater, empresa que cambió su nombre a Xe Services luego de verse involucrada en un tiroteo en Irak donde fallecieron 16 civiles. Y aunque junto con otras empresas del ramo se hacen llamar Peace Operation Companies (Empresas para Operaciones de Paz), lo cierto es que organizaciones internacionales como la Cruz Roja y la ONU consideran mercenarias a las Compañías Militares Privadas (PMC por sus siglas en inglés)”.

Quizás lo más oscuro de esto es que en el caso de que se llegue a dar “un estado fallido” o una revolución que atente contra la seguridad de Estados Unidos, el ejército de Blackwater ya está listo para entrar y operar, en cierta forma ya está dentro del país.

En el 2010 el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis Blair, declaró que la violencia en México y en Centroamérica era el resultado de la ingobernabilidad y de “estados fallidos”. Obama ha advertido que la lucha contra el extremismo violento y el terrorismo incluye enemigos difusos, regiones inestables y estados fallidos.

Por el momento, dice Cockcroft, “El gobierno mexicano no es un estado fallido porque cumple todas las tareas asignadas por el imperio. Toda la propaganda de Washington está a favor de la militarización de México para proteger los intereses de las corporaciones trasnacionales y de la banca extranjera”.

La guerra contra el narcotráfico devino en una tragedia para Colombia, Perú, Bolivia en América del Sur, países en los que se ha criminalizado las luchas sociales y en donde se trama la imposición de gobiernos autoritarios violadores de derechos humanos y libertades fundamentales que luego servirían de pretexto para una intervención militar directa de Estados Unidos, para “rescatar la democracia y la vigencia de los derechos humanos y libertades”, como históricamente ha ocurrido.
El periodista Alejandro L. Perdomo Aguilera recientemente sostuvo que América Latina entre el narco y la dominación, se encuentra ante una nueva encrucijada imperial, tejida esta vez por los senderos del tráfico de droga ilícitas (TDI) y otros delitos conexos, que conmueven a la región, con el incremento de la violencia, la inseguridad y los efectos para la gobernabilidad y el Estado de derecho, que producen las guerras desatadas por el gobierno estadounidense, en su cruzada antidroga.
Se calcula que el tráfico ilícito de drogas a nivel internacional genera dividendos que superan los 320.000 millones de dólares anuales. En la actualidad los EE.UU., por encima de otros actores globales, entre los que se destacan la Unión Europea (UE) y Rusia, es el principal mercado de drogas y el primer productor de armas, suministrador por excelencia a los principales carteles de la droga.
El panorama latinoamericano, presenta escenarios convulsos, a causa de un negocio que afloró en la década de los 80 de la pasada centuria y que, hasta el presente, no ha hecho más que reproducirse hacia otros Estados del continente, ampliando sus vínculos extra-regionales, que consolidan la economía de las drogas, como una empresa muy lucrativa, para la criminalidad conexa a este delito.
Esta situación, acrecienta su impacto para la paz y la seguridad internacionales, con una peligrosa vinculación, desde el Derecho Internacional, con otros delitos como el terrorismo y los efectuados en el ciberespacio. Estas vinculaciones, alentadas por las potencias occidentales y su influencia sobre los medios de comunicación y redes sociales en Internet, consolidan el aparato político-diplomático que hace consenso sobre el paradigma de la seguridad humana. Sus efectos permiten justificar ante la opinión pública mundial, las penetraciones imperiales en la región, bajo la justificación de la guerra contra el "narcotráfico" o, como actualmente se le llama, contra el narcoterrorismo.
Los derroteros del crimen transnacional, recrudecen los problemas socioeconómicos y políticos que padece Latinoamérica, con un gran impacto sobre los procesos electorales, los proyectos de gobierno y la proyección exterior de los líderes de la región.
Bajo esas circunstancias, el Consejo Sudamericano de Defensa, resulta una opción para el enfrentamiento, al menos de forma más autónoma, contra flagelo de las drogas. Esta Institución, creada como respuesta de la región, bajo la impronta del ex presidente brasileño Lula Da Silva, en el marco de la UNASUR, resulta un intento por dar respuesta, a los problemas más urgentes que atentan contra la paz y a seguridad latinoamericana, que tuvo una expresión en los recientes acuerdos de Brasil y Bolivia para operaciones conjuntas en la lucha contra el TDI con el objetivo de proveer de una mayor seguridad a sus fronteras.
Realmente la respuesta era necesaria, pues del Comando Sur, la IV Flota y las últimamente silenciadas 7 bases militares en Colombia, se desprende el refortalecimiento militar de la geoestrategia de dominación estadounidense, adjunta con un paquete de cooperación en materia de asesoría jurídica, policial y de otros órdenes institucionales, que marcan el continuo interés por su patio trasero.
Entretanto, la administración Obama mantiene, como lo hiciera la de W. Busch hijo, la combinación del enfoque geopolítico y geoeconómico con un marcado unilateralismo. La militarización de la guerra contra las drogas, ha devenido en la receta ideal para alentar desarrollo de la carrera armamentista, tan necesaria para ese país. A ello se suman las Empresas Militares de Seguridad Privada y de otros servicios, conocidos contratistas-mercenarios, que extrapolan sus operaciones del Medio Oriente y Asia Central en Latinoamérica.
Esta situación ha tenido una generalización en la práctica político-diplomática de Obama, ya no sólo con los traslados de funcionarios políticos, diplomáticos a Nuestra América, sino también de las Operaciones. Recientemente fue dado a conocer por el New York Times, la noticia de que los 5 Comandos nombrados como Equipo de Apoyo y Asesoramiento de Despliegue Extranjero (FAST), que fueron destinados hace seis años al combate del opio en Afganistán, habían sido trasladados hacia el Hemisferio Occidental, operando en países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con su posible extensión hacia otros Estados de la región. Estas acciones reflejan la vigencia de un proyecto iniciado por W. Busch, denotando las continuidades y cambios que se manifiestan en la geoestrategia de dominación de los Estados Unidos para Nuestra América.
Del fracasado pero aún con vida Plan Colombia, la fenecida Iniciativa Regional Andina IRA, la extensión del Plan Colombia en Plan México, luego retitulado como Iniciativa Mérida, se puede reconocer una geoestrategia de dominación que se va perfilando y consolidando, a través de la justificación político-diplomática del flagelo de las drogas, para incrementar su penetración en la región, decididos a no perder su equilibro hegemónico.
Desde esa perspectiva, Estados Unidos ha recrudecido la guerra antidroga, con la autorizaron de la utilización de aviones no tripulados (Drones), para su utilización en la persecución de narcotraficantes e inmigrantes, en aras de aumentar la seguridad en la Frontera de EE.UU. con México. Ello refuta la errónea estrategia antidroga que persigue Estados Unidos, la cual reinvierte en el pilar militar, dejando a un lado el importante control del consumo en su país y el impulso a programas de asistencia social, que contrarresten en algo las marcadas diferencias sociales, que arrecian la falta de empleos y la crisis en la economía, lo que incentiva a los sectores más marginados de la sociedad a insertarse en la actividad ilícita de las drogas tanto en América Latina como en los EE.UU.
La tragedia de América Latina es consecuencia de la fallida guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico internacional, pero esa tragedia se extiende a otros países y el mudo entero. Por ejemplo, el periodista Hedelberto López Blanch, en Rebelión preguntaba: ¿Sabía usted que la producción de opio en Afganistán ha ascendido en una enorme espiral ascendente desde que los talibanes fueron expulsados del gobierno en 2001 por la invasión estadounidense.
Los cultivos y producción del estupefaciente se han convertido en la principal fuente de divisas del régimen impuesto por Estados Unidos después de la ocupación del país.
Datos de Organizaciones No Gubernamentales afirman que esa nación obtiene del negocio de la droga, el 25 % de su Producto Interno Bruto, mientras la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, señaló en un informe que en 1999 el talibán había ilegalizado su cultivo y dos años más tarde la planta estaba prácticamente erradicada.
Si antes la producción estaba cernida a determinadas zonas, ahora alcanza a casi todo el país y el abastecimiento llega a cubrir al 85 % del mercado europeo y el 35 % del estadounidense.
Millones de afganos pobres sobreviven de la siembra de la planta pero reciben míseros dividendos por esa actividad, mientras los llamados Señores de la Guerra (que controlan tribus y zonas estratégicas del país) así como integrantes del gobierno central, tienen dinero y capacidad para realizar la producción del opio a gran escala.
En muchas ocasiones se ha denunciado que numerosos miembros de las fuerzas de ocupación y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana, forman parte del lucrativo negocio pues se necesitan transportes y grandes contactos para atravesar fronteras y poner la droga a disposición de los consumidores en las naciones occidentales. (Se ha denunciado que aviones de la OTAN luego de cumplir misiones de guerra en Afganistán sirven de transporte de opio y heroína hacia Europa)
Christina Orguz, ex representante en Afganistán de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) significó que hasta hace tres años, la mayor parte de la droga con que se traficaba en el país asiático era opio, pero hoy cerca del 90 % se convierte en morfina y heroína antes de venderlo al exterior.
El refinado se realiza en cientos de laboratorios artesanales que han surgido por todo el territorio y enfatizó que si se sobrevuelan las zonas de producción se ven muchas columnas de humo en las alturas, que son los laboratorios.
Resulta difícil creer que Estados Unidos, con decenas de miles de soldados que ocupan el país por tierra, aire y mar, no conozca en dónde se procesan y las rutas por donde se exportan esas drogas.
El opio proviene de una planta llamada amapola cuya flor al eclosionar produce una leche que se colecta y se vende. Después se debe realizar un tratamiento químico para el que se necesita disponer de laboratorios para procesar el líquido y convertirlo en heroína o morfina.
Según datos conservadores, la ocupación les ha costado a los contribuyentes norteamericanos alrededor de 1,25 millones de dólares, mientras miles de sus hombres y de la OTAN han muerto o resultaron heridos en los constantes combates y atentados.
La contraparte, es decir, el pueblo afgano con sus 30 millones de habitantes, ha sufrido en estos 12 años una completa debacle. Más de 100 000 civiles han muerto por las fuerzas de la OTAN, cerca de 750 000 han abandonado el país, 10 millones están desocupados, el 85 % son analfabetos.
A lo anterior se suma la casi total carencia de agua potable y alcantarillado; 55 % de los niños están desnutridos; diariamente mueren 600 infantes por enfermedades evitables. Baste un solo ejemplo: el 80 % de la población de Kabul, la capital, vive en asentamientos no planificados en condiciones infrahumanas.
Ya no se habla de la promesa de los ocupantes de llevar adelante la reconstrucción del país, aunque han desaparecido miles de millones de dólares que estaban destinados a esos fines.
Para 2014, Estados Unidos prevé dejar 9.000 soldados en suelo afgano y una contribución menor de algunos de sus aliados, pese a que en los últimos tiempos se ha recrudecido la violencia y los rebeldes han estado mucho más activos.
Pese a esa amarga situación, los altos militares del Pentágono y las transnacionales de armamentos, no quieren abandonar el país, pues antes de regresar a casa quieren que las enormes pérdidas en Afganistán se vean justificadas.
Además, en el subsuelo de la nación asiática ya se han descubierto grandes yacimientos de cobre, oro, zinc, plata, aluminio, azufre, molibdeno, lazurita, hierro, cobalto, wolframio, mármol, uranio, y tierras raras como niobio y torio, lo cual significa un gran pastel para repartirse en años futuros.
Entre las intenciones que tenía la administración de George W. Bush para invadir Afganistán se encontraba la del control geopolítico de la zona, con miras a romper la influencia de Rusia, impedir la reunificación euroasiática bajo Moscú, y también contrarrestar el accionar económico, político y cultural de China e Irán en la región.
Hoy la situación es diferente a lo previsto. El gobierno impuesto en Kabul es débil, sin poder controlar la inmensa inseguridad existente pese a las tropas extranjeras en su suelo; el país está destruido y empobrecido y las familias han seguido dos caminos: enfrentarse a los ocupantes o tratar de sobrevivir con el negocio del opio.
Cuando se conoce que 14 millones de sus 30 millones de habitantes están involucrados directa o indirectamente en el cultivo y procesamiento de la amapola, se comprende el por qué se afirma que Afganistán se ha convertido en un estado productor de heroína debido a la ocupación estadounidense.
Datos fehacientes señalan que desde la invasión de Estados Unidos, la producción de droga aumento 40 veces. Mientras que Afganistán produjo sólo 185 toneladas de opio al año bajo el régimen talibán, según las estadísticas de las Naciones Unidas, desde la invasión liderada por Estados Unidos, la producción de drogas ha aumentado a 3.400 toneladas anuales.
Los funcionarios afganos y occidentales culpan a Washington y a la OTAN por el cambio, afirmando que los aliados han "pasado por alto" el problema de las drogas desde la invasión del país hace 9 años. Estos datos e informes dan la razón al lingüista y politólogo estadounidense Noam Chomsky cuando afirma que “la llamada guerra contra las drogas no está fracasando, sino que sus consecuencias son intencionales", es decir siempre a favor de Estados Unidos.
En un estudio realizado por Domingo Peña Nina, Claridania Rodríguez B. y Rosa Lozada se sostiene que “el negocio del narcotráfico tiene tal dimensión, mueve tal cantidad de miles de millones de dólares, involucra a tal cantidad de Estados, está infiltrado de tal manera en las altas esferas de poder de naciones ricas y pobres, abarca un mercado mundial de tal magnitud y finalmente, envenena a tal cantidad de seres humanos, que desafía el corazón del sistema de una manera contundente, pone en tela de juicio los valores de la sociedad moderna y refleja los elementos más hondos de una crisis y un desmoronamiento, capaz de conducir a millones de personas a la autodestrucción ante la evidencia de un mundo que muchas veces parece no valer la pena de ser vivido.
El narcotráfico se ha destacado en las últimas décadas como la actividad delictiva generadora de un mayor número de crímenes y con un volumen de negocio más elevado. Muchos traficantes individuales y organizaciones ilegales que se dedican a él han conseguido acumular ingentes cantidades de dinero y medios materiales, lo cual les ha otorgado una posición de fuerza que les permite no sólo escapar a la actividad represiva de los Estados, sino incluso constituirse en centros de poder paralelos. El fenómeno, impulsado por el aumento generalizado del consumo y la revalorización del producto desde su origen hasta su recepción por el consumidor final (en ocasiones su valor se multiplica hasta por 100.000), comenzó a ser contemplado con preocupación por los gobiernos tras la Segunda Guerra Mundial. Ello motivó que en la, entonces, recién nacida Organización de las Naciones Unidas (ONU) se iniciara el estudio de las medidas de índole legislativa, política y policial que podían ser adoptadas.
En efecto, las dimensiones colosales del negocio de la droga son refrendadas por cifras como los más de 50 millones de consumidores existentes de heroína, cocaína y drogas sintéticas (entre un 3% y un 4% de la población mundial), así como los 400.000 millones de dólares estadounidenses en beneficios que genera anualmente esa industria, cantidad que supera la obtenida por el sector turístico internacional en su conjunto. También se trata de una actividad de la cual dependen decenas de miles de personas, ya sea en los procesos productivos, en el transporte y distribución o en el blanqueo de los beneficios. La dificultad de controlar y atajar las redes internacionales del narcotráfico se ve acrecentada por la globalización económica, alguno de cuyos procesos inherentes, como la universalización de las comunicaciones, las facilidades de transporte, la desregularización bancaria o la conclusión de acuerdos de libre comercio, han beneficiado el crecimiento y expansión de unas asociaciones ilícitas cuya capacidad organizativa es, en ocasiones, comparable a la de las grandes corporaciones multinacionales.
Los procesos a los que se ha aludido en el epígrafe anterior se agudizaron tras la caída de los regímenes comunistas y el final de la Guerra Fría, preludio de una libertad económica que influyó decisivamente en la mundialización de la producción, distribución y consumo de drogas. En nuestros días, la droga está presente en todos los continentes y áreas geográficas del planeta, lo cual no impide que puedan distinguirse una serie de centros principales de producción y rutas de distribución, así como lugares en los que se registra una mayor demanda y consumo. En concreto, destacan dos zonas como núcleos en los cuales se inicia el proceso del narcotráfico: el sur de Asia, en el caso del opio y sus derivados, y el noroeste de América del Sur, en cuanto a la producción de cocaína. Tampoco puede obviarse el auge que está experimentando en algunos países de Europa (Países Bajos, Polonia, Estados postsoviéticos, etc.) la producción de drogas sintéticas como el éxtasis y similares.
El narcotráfico internacional se ha convertido por sí mismo en un gobierno malvado y poderoso. Representa en la actualidad un poderío financiero, político y militar mayor que el de algunas naciones de las Américas.
El tráfico y el consumo de drogas, y sus resultantes de corrupción y violencia, son las mayores amenazas a nuestra seguridad, como región y como naciones individuales. Estas amenazas no reconocen fronteras, dentro de nuestro hemisferio, en su ataque inexorable y devastador a nuestras familias, nuestras comunidades, las instituciones democráticas de nuestras repúblicas soberanas y nuestros propios medios de vida.
De todo ese fabuloso e ilícito negocio, Estados Unidos obtiene las mayores y monumentales ganancias no sólo económicas sino y ante todo utilidades geopolíticas para alcanzar sus objetivos de neodominación imperial.
Esa política nefasta de la Casa Blanca le ha llevado a desinformar al mundo entero sobre los logros alcanzados en su guerra contra el narcotráfico que, en realidad, es una guerrea perdida. Esa política debe ser denunciada en todos los foros internacionales desde la ONU hasta las citas regionales y cumbres diversas para demostrar que las responsabilidades de los fracasos de la guerra antidrogas no son de los gobiernos nacionales, sino exclusivamente, de Estados Unidos.

Es tanta la desvergüenza de Washington que se permitió utilizar los problemas de Ucrania creados por el imperio y la Unión Europea con la OTAN, para luego “sancionar” a Rusia y cancelar la cooperación que mantenía en la lucha contra el narcotráfico internacional.

A nuestra América Latina y en particular a México, Colombia y Perú debería corresponder concretar la idea planteada por el Director de la Agencia Antinarcóticos de Rusia V. Ivanonv de declarar a los centros de producción de drogas en América Latina y Afganistán, una prioridad de la comunidad mundial, en la lucha contra el narcotráfico internacional.


COMITÉ INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA PARA AMÉRICA LATINA
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