CASO CLÉVER JIMENEZ: UNA NUEVA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 



FUERON DECLARADOS CULPABLES DE HABER INJURIADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 



OPCIÓN SOCIALISTA
El viernes 21 de marzo, la jueza nacional Lucy Blacio emitió las boletas de carcelamiento para Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa, quienes fueron declarados culpables de haber injuriado al presidente Correa en la denuncia que hicieron en la Fiscalía para exigir que se establezcan responsabilidades del Presidente y algunos ministros de Estado en los hechos ocurridos el 30 de Septiembre de 2010, la cual fue declarada “maliciosa y temeraria” por la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Los sentenciados deberán cumplir 18 meses en prisión, pagar una indemnización de 140 mil dólares y pedir disculpas públicas a Rafael Correa.

Este caso, nuevamente, pone en entredicho la independencia de la justicia ecuatoriana ante los intereses gubernamentales y nos lleva a preguntarnos si en verdad existe, como nos quieren hacer creer las autoridades de justicia, el debido proceso judicial en casos que tienen trasfondo político.

En primer lugar, el juicio puesto a Jiménez es totalmente ilegal, ya que él, en calidad de asambleísta, tiene inmunidad parlamentaria, la cual en ningún momento fue retirada por la Asamblea Nacional; luego, resulta insólito que la CNJ declare “maliciosa y temeraria” a la denuncia realizada por Jiménez, Villavicencio y Figueroa sin ni siquiera investigar. Es absurdo que, en Ecuador, los denunciantes sean perseguidos y criminalizados sin que, antes, la Fiscalía y las autoridades correspondientes determinen la veracidad de los hechos y se los obvie completamente, imponiendo ciegamente la versión oficial gubernamental.

Es innegable que en la denuncia hecha por Jiménez existen errores políticos y jurídicos graves como el usar la figura de delitos de lesa humanidad para ciertas acciones supuestamente cometidas por el presidente Correa. Sin embargo, es preciso aclarar que esta acusación es una de varias otras que sí están debidamente fundamentadas y son gravísimas, por lo que deben ser investigadas y, si es del caso, sancionadas con todo el rigor de la ley. Además, que, y en esto se fundamenta la Comisión de Derechos Humanos para dictar medidas cautelares a favor de los acusados, es absolutamente desproporcionado juzgar con cárcel y con un monto tan alto de indemnización por la utilización de ciertas expresiones en este tipo de denuncias y, en general, cuando se trata de juicios por injurias a altos funcionarios del Estado, porque esto atenta a la libertad de expresión.

En efecto, es sumamente grave que periodistas, investigadores y personas que tienen la valentía de denunciar ya sean actos de corrupción, o, en este caso, actos irresponsables de altas autoridades que afectaron a todo el Ecuador, corran el riesgo de ir a prisión. No puede ser posible que en un país, que en teoría es democrático y respetuoso de los derechos humanos, los mismos asambleístas, cuyo deber es el fiscalizar e investigar al gobierno de turno, sean amedrentados y privados de cumplir su labor con el pueblo que los eligió en las urnas.

Por todo ello, son importante las acciones de solidaridad que se han realizado para con Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio desde el Movimiento Pachakutik y de otros sectores; pero, sobre todo, la unidad de las organizaciones de izquierda y de Derechos Humanos es fundamental.

Hoy son ellos, mañana cualquiera de nosotros quienes nos dedicamos a buscar la verdad y la justicia ante todo, muchas veces incómodas para los poderes fácticos.