REFLEXIONES SOBRE LIBERTAD DE PALABRA Y DERECHO DE INFORMACIÓN 



LIBERTAD Y DERECHO 



REFLEXIONES SOBRE LIBERTAD DE PALABRA Y DERECHO DE INFORMACIÓN
(FOTO: MEDIOS DE COMUNICACION)

Por Jorge Núñez Sánchez

Para la Revista Digital SIEMPRE, con amistad.


El lanzamiento del libro de Ramiro Mantilla titulado “Alerta… Quinto Poder” me ha movido a escribir estas palabras, cosa que he hecho con el mayor agrado, tanto porque se trata de un autor al que admiro como intelectual y respeto como amigo, cuanto porque lo que él lanza esta noche es un libro inteligente y motivador, que invita a debatir las ideas que propone, que son ideas del mayor interés para el Ecuador de hoy y para el mundo contemporáneo.
Con su trabajo, Ramiro nos invita a reflexionar en voz alta sobre algunos temas trascendentes, tales como la comunicación social y sus formas actuales, las responsabilidades del comunicador y, lo que es más importante, el papel que debe asumir la ciudadanía ante este llamado “Quinto poder”.
Por mi parte, comienzo por afirmar que, en cualquier sociedad humana, el que tiene el control de las palabras tiene el control del poder. Y eso se ha vuelto todavía más evidente en esta Era de la Información, cuando las palabras, convertidas en información y procesadas mediáticamente, se han convertido en la mercancía más valiosa, el elemento diferencial entre el atraso y el progreso, el factor decisivo para ganar la batalla de la competitividad, trátese de personas, empresas o países. Por lo mismo, debe llamarnos a preocupación la creciente limitación que ha ido surgiendo en nuestras sociedades para el ejercicio de la palabra libre, para la expresión incondicionada de las ideas, para el acceso de los ciudadanos a la posibilidad de difundir sin trabas sus pensamientos, propuestas o frustraciones.
En la sociedad ateniense, inventora de la democracia, el ejercicio de ésta radicaba precisamente en que cada persona pudiese hacer uso público de la palabra, en las reuniones del ágora o de la plaza del mercado, y de este modo participara activamente en el debate de los grandes asuntos de la ciudad o de la nación. Según Herodoto, la democracia consiste precisamente en el derecho de cada cual a hacerse oír en público ("isegoría"). Y Eurípides nos recuerda que "la igualdad más bella" se identifica con el derecho de cada cual a defender en público sus intereses y opiniones, en la seguridad de que los mejores argumentos terminarán imponiéndose.
Las democracias contemporáneas han trastocado el ejercicio de la palabra. Como ha puntualizado el sociólogo español Ignacio Sotelo, "nuestras democracias representativas modernas se levantan sobre sociedades en las que predominan redes bien estructuradas de intereses, (por lo cual) la palabra pública es privilegio de los pocos que de alguna forma tienen acceso a los medios de comunicación. Son éstos los que administran –según criterios tanto más restrictivos, cuanto mayor sea la difusión del medio– el reparto de la palabra. Un cierto pluralismo de los medios favorece todavía alguna diversidad, aunque las ideas que constituyen el marco más amplio de convivencia se mantengan ya bajo un control férreo. Por mucho que los medios se esfuercen en disimular el poder que ejercen en la configuración de la opinión pública, el hecho es que el monopolio más agresivo y temible que se dibuja en el horizonte es el de la palabra."
Y es que el poder social de la palabra es tal que, durante siglos, el poder hizo todos los esfuerzos posibles por controlarla. En ese marco, la Iglesia ejerció su monopolio y la Inquisición persiguió con saña a todo el que levantara un discurso opuesto o alternativo. Precisamente por eso la Ilustración, primero, y el liberalismo, después, reivindicaron como uno de los derechos fundamentales del hombre la libre expresión del pensamiento, fuese de viva voz o por escrito.
Hoy ese monopolio de la palabra pareciera en plan de restablecerse, aunque de modo mucho más sutil, camuflando entre un mar de fuentes de información, datos anodinos y propagandas atrayentes la presencia de poderosos intereses económicos y políticos, que usan y rellenan los espacios de opinión a su gusto y sabor, modelando de este modo un discurso destinado al consumo masivo. Así, a la par que la comunicación se vincula con la tecnología más avanzada, muchas veces retrocede políticamente a modelos anteriores a la democracia, como la oligarquía o el despotismo ilustrado, o a modelos opuestos a ella, como la dictadura. Lo cierto es que en los últimos años se ha ido uniformando peligrosamente el discurso de los medios masivos y dejando de lado las opiniones alternativas, opositoras o disidentes.
Hay más. Ese discurso oficial u oficioso de los medios se complementa con la presencia reiterada de unos pocos y escogidos representantes de la llamada opinión pública. Y el resultado de esto es que, en todos los niveles y ámbitos, nos hemos acostumbrado a que sean unas pocas las voces que pueden manifestarse públicamente y que supuestamente hablan en nombre de la mayoría silenciosa, es decir, de todos nosotros. Una investigación realizada a fines de 1999 por órganos técnicos independientes, reveló que en Ecuador los medios de comunicación privilegian la opinión de cuarenta personas sobre las de todos los demás ciudadanos. Esos cuarenta privilegiados son los únicos que opinan a petición de la prensa, son los únicos entrevistados de la televisión y de las cadenas radiales más importantes. Dicho de otro modo: ellos no sólo "hacen" la opinión pública y orientan a los demás con sus ideas; en la práctica, por la reiteración de su presencia, ellos han suplantado a los demás ciudadanos en el ejercicio de opinar desde la sociedad civil, y de este modo, gracias a una distorsión de la democracia, esas cuarenta personas "son" la opinión pública.
Claro está, esos cuarenta representantes, factores o dueños de la opinión pública no han sido escogidos al azar por los medios de comunicación. Por el contrario, han sido previamente seleccionados por ellos, o por sus administradores, porque representan a los grupos de poder (que financian a los medios), porque han mostrado una adecuada fidelidad al orden imperante, porque se identifican con las políticas generales de los propios medios, o, en el mejor de los casos, porque se hallan dentro del ámbito de "disenso tolerable" que admite el sistema. En este marco, resulta plenamente explicable que los entrevistados frecuentes de los medios de comunicación ecuatorianos sean los presidentes de las cámaras de producción, los voceros de los partidos con representación legislativa, ciertos abogados o economistas vinculados al gran capital y determinados sociólogos o politólogos "light".
La ventaja de la democracia griega sobre la nuestra radica precisamente en que cada persona podía exponer libremente sus argumentos en la asamblea ciudadana. Claro está, entonces como ahora hubo exclusiones: para ser ciudadano se requería ser varón, mayor de 18 años, libre y nativo del país. Pero quien cumpliera con los requisitos de ciudadanía tenía como derecho esencial el acceso público a la palabra.
Me temo que no tenemos plena conciencia de hasta qué punto el ejercicio de la libre opinión ha ido desapareciendo de nuestra vida pública. Como dice Sotelo, "si entendiéramos la democracia a la manera griega, es decir, como la oportunidad real de cada ciudadano de decir en público lo que piensa, difícilmente podríamos calificar de democracias a los sistemas políticos de nuestro entorno." Pero esta misma realidad poco edificante nos compromete a varias operaciones intelectuales, de profundo contenido político. La primera es definir con precisión a la llamada democracia representativa, en la que la forma ha sustituido en general a la esencia democrática y en la que el monopolio de la palabra por unos pocos ha eclipsado a ese gran aporte histórico de la democracia griega, cual fuera la palabra libre al alcance de todos.
Una vez definido con precisión nuestro actual sistema político, la segunda tarea debe ser la de rediseñar, reorientar y si es necesario reconstruir un sistema democrático abierto y participativo, sin monopolios ni exclusiones, y sin voceros privilegiados.
La preocupación por el futuro está hoy en la conciencia de todos los ciudadanos del mundo. Nadie quiere que el futuro sea parecido a este terrible y a veces trágico presente, en el que parecen haber hecho eclosión simultánea la naturaleza herida por nuestros abusos y la sociedad misma, que se agita en una intermitente explosión de violencia. Y alguien ha dicho, con gran lucidez, que no podemos predecir el futuro, pero sí prepararlo.
Hablando en la Escuela de Periodismo de la UAM-EL PAÍS, en Madrid, el 9 de febrero de 2001, un gran periodista de nuestro tiempo, José Saramago, dijo que no cree que haya que reinventar el periodismo, pero que era partidario de reinventar al periodista. 'El problema del periodista es que vive en un mundo de apariencia', dijo. Y alertó sobre la responsabilidad de los medios, 'infinitamente más grande de la que los propios medios creen tener' y regañó a los periódicos por no profundizar en las cuestiones que realmente interesan a la gente y por dedicar demasiado espacio a 'la superficie, a la pequeña espuma que fluctúa en la superficie'.

 En resumen de todo lo dicho, creo que es llegada la hora de un debate cabal sobre el poder, para desenmarañar la interesada y torcida discusión que han planteado los grandes medios privados sobre el asunto.
Según los medios y sus plumíferos, ellos representan a la ciudadanía frente a los abusos del poder político. Se ven a sí mismos como la encarnación del bien y la libertad y señalan al poder político como la fuente del mal y la opresión.
El poder político, en una democracia, es la encarnación de la voluntad soberana del pueblo. Puede ser criticado en sus errores, pero merece el respeto de todos y en especial de quienes dicen ser voceros de la opinión pública. ¿Representan a esa opinión quienes sistemáticamente buscan desprestigiar a un gobierno electo y reelecto por las mayorías? ¿O en realidad son voceros de esos mínimos grupos de poder, de carácter familiar y oligárquico, que ejercen como dueños de los medios de comunicación?
Esto nos lleva a inquirir qué es el poder, dónde radica y quiénes lo ejercen. El politólogo italiano Norberto Bobbio reconocía la existencia de varios poderes, puesto que sostenía que el poder podía ser económico, ideológico o político, según proviniera “de la riqueza, del saber y de la fuerza”.
Siguiendo esa idea de Bobbio, hay un poder innegable de los ricos, que se asienta en su propiedad sobre los medios de producción (tierra, industria, comercio), lo cual les permite controlar recursos importantes, pero sobre todo controlar y dominar grandes masas de gentes sometidas a su poder (agricultores, obreros, técnicos, funcionarios, vendedores).
También hay un poder ideológico, que se asienta en el control de los recursos del conocimiento (educación, investigación científica, comunicación, distracción) y permite controlar directamente a un buen número de gentes que trabajan en el área (profesores, investigadores, periodistas, locutores, presentadores, camarógrafos, iluministas, músicos, artistas) pero, sobre todo, influenciar ideológicamente en grandes masas de población, orientándolas, controlándolas o manipulándolas.
A medio camino entre el poder de la riqueza y el poder ideológico, están los medios de comunicación, que tienen de industria y comercio, por un lado, y de generación ideológica por otro, lo que les da un excepcional poder de control sobre la población.
Y está, finalmente, el poder político que surge de la democracia (“demos” = pueblo y “kratos” = poder). Este poder radica en el uso de la fuerza, que es tanto “fuerza legal”, que emana de la ley, como “fuerza armada”, que respalda la aplicación de la ley. Es, pues, un poder de naturaleza esencialmente coactiva, establecido por la sociedad para imponer la voluntad legítima de la mayoría. Y ahí radica la superioridad cualitativa del poder político: en que no es un “poder de hecho” sino un “poder de derecho”, que representa la voluntad popular, se guía por la ley y ostenta, por tanto, la mayor legitimidad en el mundo de los poderes sociales.
Empero, este poder tiene una desventaja frente a los poderes fácticos: es un poder permanente, pero de ejercicio transitorio, cuyos titulares llegan y pasan, mientras que los círculos oligárquicos o las grandes familias con poder mediático son permanentes, manejan fuertes redes de poder e influencia y empujan sostenidamente sus intereses. Es más, no les basta con el poder que ya poseen por sí mismos, sino que regularmente buscan controlar en su favor el poder político.
Por tanto, cuando desde estos poderes fácticos se habla contra el poder político hay una sola explicación: que ese poder no está a su servicio, sino que, por el contrario, está al servicio del pueblo y combate a las oligarquías. Así de simple.