MUERTE DE GUADALUPE LARRIVA 



SIETE AÑOS DE IMPUNIDAD  



La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, integrada por los jueces Wendy Molina, María del Carmen Maldo¬nado y Alfredo Ruiz, admitieron a trámite la Acción
Extraordinaria de Protección planteada, en di¬ciembre de 2012, por los hijos de la ex Ministra de Defensa, Priscila y Rodrigo Ávila Larriva y Víctor Granda Aguilar, procurador judicial de la familia, en la que se cuestiona la sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia el 3 de octubre de 2012, en la que se aceptó la responsabilidad estatal sólo en la muerte de Claudia Ávila Larriva y se fijó, por ello, una indemnización a la fami¬lia de 150.000 dólares. El 17 de diciembre de 2013, conforme a la Ley de Garantías y Con¬trol Constitucional, se sorteó como juez sus-tanciador de la acción al doctor Manuel Viteri Olvera, quien deberá elaborar el proyecto de texto del fallo que será conocido y resuelto por el pleno de la Corte Constitucional.

Si bien la Corte ha dilatado la calificación y trámite de la acción por trece meses, se debe reconocer como un paso positivo su decisión de analizar los argumentos de la familia Ávila Larriva contra una sentencia discriminatoria e injusta, que exculpa parcialmente de res¬ponsabilidad al Estado y al alto mando mili¬tar que ocasionó la tragedia por negligencia, graves errores y violaciones a las normas de seguridad y que establece una indemnización con un monto ridículo a favor de la familia, que no se compadece con el daño causado y que no es proporcional a otras indemnizacio¬nes que han fijado los jueces nacionales e in¬ternacionales por injurias, lesiones, despresti¬gio o remoción arbitraria de altos funcionarios estatales.

La familia y su defensa aspiran que la sen¬tencia constitucional enmiende, principalmen¬te, la decisión de la Corte Nacional de excluir, contradictoriamente, de la responsabilidad del Estado la muerte de la ex Ministra Guadalupe Larriva, con el “argu¬mento” de que era la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas; cuando en el campo operativo, de acuerdo con la Constitución y la Ley de Defensa Nacional, los res¬ponsables son los que tomaron las desacertadas decisiones de involu¬crarla en el ejercicio militar que le costó la vida; esto es, los integran¬tes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes y que rompieron toda norma de seguridad para congraciarse con la funcionaria.

Además, si se establece responsabilidad estatal en el caso de Claudia Ávila, también la existe en la muerte de Guadalupe Larriva, ya que tampoco ella po-día romper las normas y reglamentos de segu¬ridad y existe evidencia procesal, emitida por los mismos militares involucrados, que quie¬nes tomaron la decisión operativa final fueron los más altos mandos militares y de la Brigada Aérea del Ejército allí presentes.

Al cumplirse siete años de la tragedia, el 24 de enero, aspiramos que se haga justicia en este caso; que no queden en la impunidad los responsables de la misma, que el Estado asuma la responsabilidad por las dos muertes y que se ejerza el derecho de repetición a quie¬nes las ocasionaron.

Es lamentable la inconsecuencia del gobierno con la familia y su falta de prolijidad en la investiga¬ción de la muerte de quien fue su Ministra de Defensa y el perma¬nente silencio vergonzoso de los dirigentes del Partido Socialista, que privilegian mantenerse en car¬gos públicos en lugar de exigir que brille plenamente la justicia.