TRIBUNAL ÉTICO POR LA JUSTICIA CONDENA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA 



SE UTILIZA EL DERECHO PENAL PARA CREAR MIEDOS 



Redacción OPCIÓN
En el Ecuador, según el denominado Tribunal Ético que se instaló el 4 de septiembre pasado en el salón del Ex Se-nado de la Asamblea Nacional, se utiliza el Derecho Penal “para construir una estructura de miedo y eliminar toda manifestación de inconformidad con las políticas, actos y decisiones de los poderes públicos”. Además, “la Función Judicial adolece de falta de independencia, esto es: el Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, la Policía Judicial y la Defensoría del Pueblo”.

Conformaron el Tribunal Ético la hermana Elsie Monge, de la Comisión Ecumémica de Derechos Humanos (CEDHU); Raúl Moscoso, abogado especializado en Derechos Humanos y Ambientales, y Julio César Trujillo, abogado y experto en Derecho Constitucional, laboral y social. Estuvieron presentes y rindieron su testimonio varios de los perseguidos políticos, como
Mery Zamora, Pepe Acacho, Cristina Campaña (a nombre de “Los 10 de Luluncoto”), Paúl Jácome, de “Los 7 de Cotopaxi”, y Rosaura Bastidas, concejala del cantón La Concordia, enjuiciada también por terrorismo.

En su intervención, Ramiro García, especialista en Derecho Constitucional, Penal y Procesal, sostuvo que “dentro de la figura penal de sabotaje y terrorismo las tipificaciones son muchas y los jueces no han sabido determinar de qué mismo acusar a los sentenciados. En el Ecuador
estos tipos penales existen, algunos, desde la dictadura militar y otros con alguna novedad, pero el uso, la utilización que se realiza ahora realmente desconfigura incluso el Estado Constitucional de Derechos” y resaltó que en el Ecuador no existe terrorismo.

Para García, “en general el Código Penal del poder es el miedo, es decir, el mensaje. La utilización del sistema penal y la utilización simbólica del sistema penal, sin duda alguna es parte de un proyecto para infundir miedo. A mayor miedo, menor reacción”.

LOS TESTIMONIOS

En los testimonios de los sentenciados se evidenciaron coincidencias: “la ilegalidad de sus procesos, el vacío de las pruebas en su contra, el no ser escuchados o pertenecer a una organización social opositora al régimen”, según lo resumió el jurisconsulto Ramiro Ávila.

La primera en iniciar su relato fue Mery Zamora. En su testimonio señaló que “este caso, que fue desestimado por el fiscal Juan Martínez en Guayaquil y archivado por el juez José Tamayo, lamentablemente se reabrió por la orden que dio el señor Correa el 30 de septiembre de 2011. Y hemos culminado con una sentencia de ocho años de reclusión por el delito de sabotaje y terrorismo”.

Continuó Pepe Acacho, quien en su alegato manifestó que durante las manifestaciones en defensa del agua desarrolladas en su provincia el 30 de septiembre del 2009, “luego de haber firmado los acuerdos y presentar nuestras peticiones al delegado del gobierno, Wilson Navarrete, nos llamaron a decir que venían 6 buses llenos de policías. Enseguida fuimos a ver qué pasaba, todo estaba cerrado, quisimos ir al puente sobre el Río Upano, pero no pudimos llegar, por eso ni siquiera vi la muerte del compañero Bosco Wisuma.

Lo que hubo aquí fue una provocación de la Fuerza Pública y un abuso de la autoridad del
gobierno y de la Policía”.

La tercera en intervenir fue Cristina Campaña, representando a sus compañeros del caso emblemático conocido como “Los 10 de Luluncoto”. Campaña aseguró al Tribunal Ético que “este hecho es bastante paradójico, por cómo se llevó todo el proceso.

Inicialmente no teníamos un delito especificado, pero a los cinco meses se nos acusó de
actos terroristas, hasta entonces no sabíamos de qué defendernos, ni qué pruebas había,
para luego enjuiciarnos por tentativa de actos terroristas.

Se venían cambiando los tipos de delito y al final de la audiencia fuimos sentenciados a un año de prisión preventiva.

En el caso de Abigail Heras y yo, cumplimos la sentencia en prisión, incluso con unos días más. Valga decir que es una libertad condicional, porque en el caso de las dos aún seguimos presentándonos en la Corte Provincial, de Pichincha en mi caso, dando nuestra firma y diciendo que no vamos a salir del país, y no entendemos cuál es la motivación principal por la que esto
ocurre”.

La siguiente intervención fue la de Paúl Jácome, dirigente social latacungueño, en representación del caso conocido como “Los 7 de Cotopaxi”, quien manifestó que, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, “en una movilización hacia la Gobernación dimos una rueda de prensa, planteando al pueblo ecuatoriano la necesidad de ejercer el derecho a resolver la crisis que se daba en ese momento, en función de acogernos a la figura constitucional de la muerte cruzada, dimos esa rueda de prensa en vista de que no estaba el Gobernador. Luego nos retiramos y nuestra presencia duró cerca de 30 minutos, abandonamos el recinto del Ejecutivo provincial y el 14 de octubre se inició el proceso contra los 7 de Cotopaxi, bajo la figura de “agresión terrorista”.

En el caso del rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Hernán Yánez, Jácome aseguró que “es un caso inédito en la historia del país y en América Latina, que un rector esté atravesando un juicio por sabotaje y terrorismo y por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado por exigir el presupuesto para la universidad que él dirige”.

La última en narrar su historia fue Rosaura Bastidas, profesora parvularia y concejala del cantón La Concordia, que en su relato dijo: “yo no he hecho nada, ese día fui a ser parte del acto (en el
que estuvo el Presidente de la República y participaron los demás concejales), pero se me negó la entrada por ser del MPD, luego me llevaron a un patrullero, donde un policía me abofeteó.

Entonces, la gente al ver lo que me pasaba comenzó a hacer disturbios y esto ocasionó que la policía, para dispersarlos, lanzara bombas lacrimógenas. Me llevaron a varios lugares, como
‘encargo’ y varios meses después me llegó la notificación de que estaba acusada de sabotaje y terrorismo”.

Quien actuó como fiscal, Ramiro Ávila, por su parte, hizo una comparación de la situación actual con las dictaduras anteriores, argumentando que “hemos tenido gobiernos abiertamente
represivos, como el de Febres Cordero y las dictaduras de los 70; ahí tuvimos 3 dictaduras, todos ellos reprimieron, golpearon, detuvieron arbitrariamente, torturaron, pero ninguno dejó el estigma que deja una sentencia, ninguno de esos utilizó el tipo penal del terrorismo para enjuiciar a la gente.
Este gobierno, que se proclama de la izquierda y de la revolución ciudadana, está haciendo exactamente lo mismo que las dictaduras, y aún más, dejando las huellas de que la gente es criminal, declarada judicialmente”.

Además, hizo un llamado a poner mucha atención con las acciones del gobierno, pues Ávila asegura que se pretende aplicar “el genocidio como práctica social, donde lo primero es definir a sus enemigos, lo segundo combatir al enemigo, lo tercero perseguir, para finalmente aniquilarlo”.

La prensa fue impedida de realizar su labor, con el argumento de que “no había autorización”, pero luego de varios minutos y la gestión de Lourdes Tibán se logró que ingresara.


RESOLUCIÓN:
TRIBUNAL ÉTICO POR LA JUSTICIA

En la Audiencia Pública para el análisis jurídico de las sentencias por sabotaje, terrorismo,
rebelión y otros, dictadas contra 41 perseguidos políticos del régimen:

CONSIDERA QUE:

Estas sentencias se inscriben en la estrategia política del gobierno nacional de acabar con el movimiento indígena como actor social y político con incidencia protagónica en el destino del
país, con los movimientos sociales que piensan con cabeza propia; con los partidos, que se han
propuesto construir el modelo de convivencia armónica entre los seres humanos y de éstos con
la naturaleza; con el buen vivir, sobre la base del respeto de la dignidad y los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que hacemos este país; con el movimiento ambientalista y con los defensores de derechos humanos no obsecuentes con el poder.

RESUELVE:

Condenar:

1. La criminalización del derecho de resistencia garantizado por la Constitución.
2. El uso de figuras delictivas, como el Artículo 60.1, del Código Penal, incompatibles
con el régimen democrático y de libertad que garantiza la Constitución y que, por lo mismo, están derogadas por la disposición Transitoria de la misma Carta Política.
3. La reiterada y común falta de la debida motivación en las sentencias condenatorias
registradas por este tribunal, que por violar el Artículo 76.7.1 de la Constitución, están viciadas de nulidad absoluta.
4. El uso de pruebas de cargo insuficientes e inconstitucionalmente actuadas y la desestimación injustificada de las pruebas de descargo.
5. La a utilización del Derecho Penal para construir una estructura de miedo y eliminar toda manifestación de inconformidad con las políticas, actos y decisiones de los pode
res públicos.
6. La mora de la Asamblea Nacional de acomodar la normativa penal a los preceptos
de una Constitución garantista, especialmente sobre el sabotaje, inclusive en los términos enunciados por el juez Baltazar Garzón.
7. La falta de independencia de la Función Judicial, Consejo de la Judicatura, jueces,
fiscales y la policía judicial, además de la Defensoría del Pueblo.

Los miembros del Tribunal Ético:

Hermana Elsie Monge
Dr. Julio César Trujillo
Dr. Raúl Moscoso Álvarez