CONFRONTACIONES DECEPCIONANTES ENTRE AMBIENTALISTAS Y GOBIERNO POR LA DECISIÓN DE EXPLOTAR EL PETRÓLEO DEL YASUNÍ 



JOVENES Y SECTORES AMBIENTALISTAS SE OPONEN A EXPLOTACIÓN PETROLERA 



Bastó la firma del Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado en el Decreto 74 que suprimió el fideicomiso de la iniciativa Yasuní que consistía en dejar bajo tierra unos 920 millones de barriles de petróleo yacentes en los campos petroleros Ishipingo-Tambococha y Tipunini (ITT), ubicados en el interior del Parque Nacional Yasuní, zona de la Amazonía ecuatoriana para que la juventud defensora de la naturaleza, sectores ambientalistas, ecologistas y grupos políticos oportunistas de las derechas nacionales, históricamente aliadas de las transnacionales depredadoras y atracadoras de los recursos naturales, iniciaran una serie de confrontaciones encaminadas a detener la explotación petrolera decidida por el gobierno, porque consideran que acabará produciendo, tal vez, severos e irreparables daños a la riqueza de mayor biodiversidad del planeta.
A pesar de las protestas de amplios sectores de la población nacional, el petróleo del Yasuní será explotado por razones exclusivamente económicas ya que la caja fiscal, en todo gobierno, es insaciable y mucho más cuando el populismo demanda de ingentes recursos para mantener el clientelismo político y la ejecución de obras que deslumbren a las masas que, obnubiladas, convencidas o interesadas, sigan al caudillo siempre necesitado del aplauso.
Decididas las manifestaciones, los plantones, las pancartas, salieron a flote odios políticos y razones ecológicas que fueron rápidamente contrarrestadas por una apabullante propaganda oficial e interminables cadenas nacionales y sabatinas que han tratado de convencer de la necesidad de explotar el petróleo para el desarrollo y progreso de los pueblos más empobrecidos de este Ecuador equinoccial y alucinado.
Desde la misma noche de la firma del Decreto con el que se iniciaba oficialmente la extracción del crudo del Yasuní, el Presidente trataba de explicar las razones de su decisión que contradijo seis años de propaganda a nivel mundial para dejar el petróleo bajo tierra. Dijo que la cifra de fondos disponibles depositados en los fideicomisos Yasuní-ITT apenas llegó a USD 13,3 millones, lo que significó que sólo se recaudó el 0,37% de los USD 3.600 millones esperados como una especie de compensación de la comunidad internacional. Las cifras exhibidas demostraron el fracaso de la gestión que según el propio gobernante no pudo o no quiso ser comprendida por los países responsables del cambio climático.
Entre otros justificativos de su decisión que molestó a los ecologistas de todo el mundo, dijo que la iniciativa Yasuní había tenido mala suerte porque coincidió con “la mayor crisis económica global de los últimos 80 años”, pero lo que más llamó la atención y que ha merecido críticas severas desde diversas partes del mundo, fue el decir “que el mundo es una gran hipocresía” al mencionar que los países que más contaminan son también los más ricos y más fuertes. Resulta que la hipocresía del mundo no le entregó al Ecuador los 3.600 millones de dólares que pedía, para dejar bajo tierra el petróleo del Yasuní.
Naturalmente que el discurso explicativo del presidente Correa tenía que contentar a las masas oprimidas y empobrecidas, y por eso dijo que las ganancias que genere la explotación del crudo del Yasuní, deberán servir para proporcionar una mayor cobertura de servicios públicos para el 50% de la población ecuatoriana que actualmente no los tiene. Dramáticamente dijo: “Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi Gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y con ello poner fin a la iniciativa.”
Añadió que en el Decreto ordenó “la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos, para de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional, la declaratoria de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el Yasuní. Aprovechamiento que afectará menos del 1% del parque Yasuní.” El diario El Comercio de Quito, informaba: “Más tarde, en su cuenta de Twitter, Correa dijo que la afectación solo sería del 1 por mil del parque. En el decreto consta el 1%. Aseguró que de la explotación petrolera de ese 1% se obtendrán alrededor de USD 18.000 millones para combatir la pobreza, especialmente de la Amazonía. De esos recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la Amazonía les corresponderán USD 258 millones por la Ley 010 más USD 1 882 millones del 12% de los excedentes petroleros. También los GAD del resto del país se beneficiarán en cerca de USD 1.568 millones por participar de la renta petrolera. Al final de su alocución, el Presidente dio dos datos respecto a cómo será la explotación del ITT. En primer lugar se refirió a que el tope de producción de los campos Tiputini y Tambococha se dará luego del 2017. Es decir, que la producción del campo Ishipingo no se llevaría a cabo. Además dijo que en las próximas semanas, Petroamazonas iniciará los trabajos en el Tiputini debido a que el 80% de este campo no se encuentra en el parque Yasuní, por lo que no necesitaría el pronunciamiento de la Asamblea”.
CONSULTA POPULAR
La Agencia Adital/Tercera Información/ informaba al mundo que jóvenes, estudiantes, organizaciones y demás militantes ecuatorianos en defensa del Parque Nacional Yasuní, entregaron una solicitud al jurista Julio César Trujillo, pidiendo apoyo para la realización de una Consulta Popular por la No Explotación de Petróleo en el Bloque ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) del parque ubicado en la Amazonia ecuatoriana.
Después de haber lanzado al mundo una propuesta de preservación ambiental del parque, hace casi seis años, el mandatario ecuatoriano decidió poner fin al proyecto Yasuní ITT, el último jueves (15 de agosto), ya que reconoció el fracaso de la propuesta, que dependía de la cooperación financiera de la comunidad internacional para promover la preservación del parque. Sólo se recolectó el 0,37% de los 3.600 millones de dólares esperados en el proyecto que tendría una duración de 12 años y contribuiría a la conservación del medio ambiente global.
Además de conservar el parque Yasuní, uno de los más ricos en biodiversidad del planeta, la idea era evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Aunque ya se está realizando la explotación de petróleo en otros dos bloques del parque, el 16 y el 31, la iniciativa Yasuní del Bloque ITT fue considerada innovadora.
A pesar de explicar que se dará autorización para la explotación de petróleo en el Bloque ITT del Yasuní debido al fracaso del proyecto, y que se utilizará la mejor tecnología para causar el mínimo impacto ambiental posible en el parque, el presidente Correa fue muy criticado por los ambientalistas. En general, ellos acusan al gobierno de haber apostado al extractivismo minero, petrolero y a la expansión del agronegocio.
De acuerdo con informaciones de TeleSur, autoridades ecuatorianas explicaron, que la explotación petrolera en el parque Yasuní se realizará respetando el medio ambiente y con proyectos sustentables para el desarrollo de las comunidades.
Una de esas medidas es la no construcción de carreteras dentro del parque. Para evacuar el petróleo se instalarán tubos desde las plataformas de perforación. El proyecto de explotación de petróleo no tocará la superficie del parque, según informaciones dadas por representantes del gobierno a TeleSur.
También el presidente Rafael Correa decidió cancelar un acuerdo que tenía con Alemania para recibir más de 30 millones de dólares para la protección de la Biosfera del Parque Yasuní, pues entendió que el gobierno alemán quería "entrometerse e interferir" en la política y en las decisiones soberanas de su país. Para el mandatario, la decisión de explotar el petróleo en el subsuelo del parque Yasuní le corresponde sólo al país.
El presidente Correa obtendrá el apoyo total de la Asamblea Nacional y, sin duda, no habrá la consulta popular solicitada por varios grupos juveniles y ecologistas porque los Asambleistas de Alianza País, más otros de sus aliados, tienen una mayoría apabullante y, también, porque la Corte Constitucional no es más que un apéndice de Correa.
¿Qué queda? Tal vez continuar en la protesta a pesar de las derrotas constitucionales ya que, inclusive, no se respetará el artículo 409 de la Constitución que prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas o en zonas declaradas intangibles. En ese mismo artículo se afirma que los recursos que existan en esas áreas, por excepción pueden ser explotados “a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea, que de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular”. La Asamblea ya decidió que no habrá consulta popular y asunto terminado.
Ni la débil oposición política, ni los gritos y protestas de ecologistas y de la juventud sirven de algo en este remedo de democracia que vive el Ecuador en estos años de la ya famosa “revolución ciudadana” que existe por la imposición del caudillo que gobierna cual emperador omnipotente.
Desde varios sectores se ha dicho que la explotación del petróleo del Yasuní es un asunto que debe ser decidido por el pueblo en una consulta popular. Los opositores, con cierta sorna no exenta de amargura dicen si se recurrió al voto mayoritario en temas tan cursis e intranscendentes como el de prohibir en los cantones que se mate a los animales en espectáculos públicos como las corridas de toros o peleas de gallos, ¿no existen más serias razones y resulta conveniente consultar la explotación petrolera en el Yasuní, una de las reservas de mayor biodiversidad del planeta?
Tras el tema de enorme trascendencia para el Ecuador, se encuentra la imperiosa necesidad de encontrar nuevos campos petrolíferos que permitan no sólo extender las fronteras petroleras sino, además, que permitan al país continuar siendo un país petrolero hasta más allá de la década de los 20. De ninguna manera hay que olvidar que la revolución ciudadana únicamente podría sobrevivir si la economía no sufre un descalabro como puede ocurrir si el petróleo se acaba. ¿De dónde iba a obtener más recursos que posibiliten la mantención de tantos y tan costosos subsidios y la ejecución de vistosas obras que modernicen la infraestructura que requiere el sistema capitalista que se fortalece con esta revolución que padece el Ecuador?
Entre las razones que esgrimen los opositores a la explotación del petróleo del Yasuní es que su destino será Petro China que ya se lleva más del 80% del los hidrocarburos en calidad de pago de préstamos adquiridos por el gobierno de Correa, bajo el pomposo nombre de venta anticipada de petróleo.
El fin de la iniciativa Yasuní ITT, calificada de revolucionaria “por ser la más novedosa en materia de preservación medioambiental que haya sido impulsada por un gobierno, y la consecuente decisión del gobierno ecuatoriano de avanzar en el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos que se encuentran en esa porción de la Amazonía ecuatoriana generó el rechazo de organizaciones indígenas y ambientalistas.
“Esta determinación del gobierno ecuatoriano despertó el rechazo de organizaciones de pueblos originarios y ambientalistas que el jueves se congregaron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno para manifestarse contra la decisión. Esta resistencia inicial comenzó a tomar forma ayer con la propuesta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), organización social enfrentada al gobierno, de llamar a un referéndum que habilite o no la explotación del recurso. “Si el gobierno quiere hacer la explotación que haga la consulta popular y que el pueblo sea quien decida y no solamente la Asamblea Nacional (Legislativo)”, dijo el presidente de la Conaie, Humberto Cholango, a la agencia AFP.
Esta propuesta del dirigente indígena se hizo eco en las redes sociales, donde miles de personas comenzaron a opinar sobre la iniciativa. Entre las distintas consideraciones que aparecieron, también se encontraron la de miembros o personas cercanas al gobierno que reconocieron la dificultad y delicadeza de la decisión que el presidente Correa tuvo que tomar y plantearon sus opiniones. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, por ejemplo, reconoció en Twitter que a los integrantes del gobierno los “entristece el fracaso de la iniciativa”, y aseguró que “habría sido magnífico que ambos objetivos se cumplieran”, haciendo referencia a la preservación total de la reserva y la obtención de recursos como compensación. Por su parte, el ex titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Fander Falconí, dijo a través de su cuenta que el “buen vivir” supone “seres humanos en armonía con la naturaleza”, por lo que consideró que la decisión final podría requerir una “consulta al soberano”.
El proyectó que fue presentado por Ecuador hace seis años en la sede de las Naciones Unidas planteaba la “corresponsabilidad” económica de la comunidad internacional para dejar bajo tierra la inmensa fuente de recursos hidrocarburíferos que se encuentran en el eje Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), zonas ubicadas dentro del área preservada. La propuesta ecuatoriana consistía en lograr el compromiso de diferentes países de los llamados “desarrollados” en aportar una suma de 3.600 millones de dólares, que debían ser recaudados en el plazo de 12 años, en compensación de los recursos a los que el Estado ecuatoriano renunciaría con el no aprovechamiento de sus recursos.
Por su parte, el ex candidato a la Presidencia de la República y ex amigo de Correa, Alberto Acosta sostenía en Línea de Fuego: “Los sensatos se adaptan al mundo en que viven, los insensatos pretenden que el mundo se adapte a ellos, por lo tanto, cualquier cambio se lo debemos a los insensatos.” Conforme el pensamiento de George Bernard Shaw y añadía que “desde que se planteó a nivel gubernamental la Iniciativa Yasuní-ITT (siglas de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini) a inicios del año 2007 afloraron dudas, muchas dudas. La idea de dejar 850 millones de barriles de crudo pesado en el subsuelo amazónico a cambio de una compensación internacional causó y aún causa estupor. En una economía adicta al petróleo, proponer no extraer el 20% de las reservas de crudo del país, asomaba como una locura a tiempo completo. Y lo sorprendente es que esta idea loca fue cobrando adeptos y fuerza.
Más allá de las dudas que aún le persiguen, la aceptación del presidente Rafael Correa y su posterior apoyo fueron decisivos. A él se debe que se convierta en política pública la posibilidad de no explotar el petróleo del ITT, dejando en segundo plano la opción de extraerlo, una opción sobre la que se había trabajado hace mucho tiempo atrás. Los intereses petroleros, prestos a saltar sobre el ITT, fueron forzados a frenar su ímpetu.
UNA PROPUESTA FRAGUADA EN LA RESISTENCIA
Lo interesante es reconocer que esta iniciativa fue construyéndose poco a poco en la sociedad civil, hace mucho tiempo atrás. Esta idea, presentada a nivel gubernamental en enero de 2007 y defendida por el entonces ministro de Energía y Minas no tiene gerente-propietario alguno. Con seguridad, la idea primigenia de suspender la actividad petrolera surgió en la cabeza de quienes sufrían los embates de las petroleras en la Amazonía. Alguna vez, alguna persona, hastiada de los atropellos de la Texaco, habrá expresado llena de indignación ¡basta a la explotación de petróleo en la Amazonía!
La resistencia de las comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo jurídico de trascendencia internacional. Es bien conocido el “juicio del siglo” que llevan las comunidades indígenas y los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Chevron-Texaco (Texpet, en Ecuador). Los argumentos que se exponen son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a la Naturaleza sino que también se evidencian nocivamente sobre la salud de la población. Y desde entonces, con diversos grados de afectación, la actividad petrolera ha contribuido sistemáticamente a la destrucción de la Amazonía.
Este juicio, más allá de su desenlace, sentó un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta, que trabajó entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. En ese lapso, esta compañía perforó 339 pozos en 430.000 hectáreas. Para extraer cerca de 1.500 millones de barriles de crudo, vertió miles de millones de barriles de agua de producción y desechos, y quemó billones de pies cúbicos de gas.
Si bien resulta imposible poner precio a la Naturaleza, pues la vida es inconmensurable, el daño se cuantifica en miles de millones de dólares por concepto de derrames, contaminación del agua, quema del gas, deforestación, pérdida de biodiversidad, por animales silvestres y domésticos muertos. A lo anterior habría que añadir costos por materiales utilizados sin pago, por la salinización de los ríos, por enfermedades (los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3%) y por el trabajo mal remunerado. Los reclamos monetarios superan los 27 mil millones de dólares.
En el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de los operadores de la empresa en contra de mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social. Es más, sobre Texaco pesa también la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris. Irónicamente, los nombres de los dos pueblos desaparecidos sirven para denominar a dos campos petroleros en la misma zona donde antes ellos habitaban. A esto habría que sumar todos los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, además de perjuicio a los colonos blanco-mestizos
Se afectó básicamente la territorialidad, la alimentación y las tradiciones culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan históricamente en el área de la concesión. Luego, la remediación ambiental que habría realizado la compañía fue una estafa en toda la línea que contó, además, con la complicidad de autoridades oficiales.
Este reclamo supera el ámbito amazónico y rebasa la destrucción que tendrá que pagar Texaco. En tanto afecta a toda la sociedad, esta demanda constituye una oportunidad para sancionar y frenar la contaminación provocada por la actividad petrolera, que se sostiene por la combinación del poder político con el transnacional sobre el discurso que alienta la explotación del petróleo en supuesto beneficio de todos los habitantes del país.
Este discurso se alimenta de una política de ocultamiento de la realidad, intimidación de quienes se oponen, así como de humillación y olvido para las víctimas… Los dólares obtenidos no han beneficiado al conjunto de la población, pues en su mayoría han fluido en pocos bolsillos, sobre todo de las poderosas transnacionales y de los acreedores de la deuda externa.
A lo largo de este tiempo y nutriéndose de un duro y largo proceso de resistencias en contra de la actividad hidrocarburífera, se fue construyendo la tesis de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana.
DE LA MORATORIA PETROLERA A UN NUEVO ESTILO DE VIDA
La demanda de moratoria a la expansión de la frontera petrolera, formulada con anterioridad en diversos espacios y foros, se plasmó en el año 2000 en el libro escrito por varios autores El Ecuador post-petrolero. Tres años más tarde, la tesis de la moratoria fue presentada formalmente al Ministerio del Ambiente por parte de las fundaciones Pachamama, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y Acción Ecológica.
Poco antes, los grupos que discutían el tema de la deuda externa plantearon la posibilidad de un acuerdo histórico con los acreedores internacionales para suspender el servicio del endeudamiento externo a cambio de conservar la Amazonía, propuesta en línea con el reclamo de la deuda ecológica. Esta idea se formuló públicamente en un suplemento difundido por el CDES el 29 de noviembre de 2001 a través de un diario nacional.
En otro ámbito, la resistencia de la comunidad kichwa de Sarayaku en la provincia de Pastaza logró impedir la actividad petrolera de la Compañía General de Combustibles (CGC) en el bloque 23, pese a que la empresa contaba inclusive con el respaldo armado del Estado. Dicha comunidad, que contó con una activa solidaridad internacional, alcanzó un histórico pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de julio del año 2004, cuando ésta dictó una serie de medidas provisionales a favor del pueblo indígena de Sarayaku. Dichas medidas, ratificadas a inicios del año 2010, incluían el retiro de explosivos sembrados arbitrariamente en el territorio de Sarayaku por la petrolera argentina CGC.
Recogiendo todos estos reclamos, se expuso la propuesta de no explotar el crudo del Yasuní como parte de la tesis de una amplia moratoria petrolera en “Un llamado eco-lógico para la conservación, el clima y los derechos”, documento de posición de Oilwatch en la primera reunión del grupo especial de expertos sobre áreas protegidas realizada en Montecatini, Italia, en junio de 2005. Posteriormente se incorporó esta tesis en el libro Asalto al paraíso: empresas petroleras en áreas protegidas, editado por Oilwatch en 2006.
Todas estas propuestas e iniciativas fueron preparando el terreno para que la tesis de la moratoria petrolera entrara con fuerza en la vida política nacional. Así, en un momento histórico, en el que se consolidaron las largas y complejas luchas surgidas desde diversos sectores de la sociedad, la tesis de la moratoria pasó a formar parte del Plan de Gobierno 2007-2011 del Movimiento País (hoy Alianza País). Este plan fue elaborado en 2006 durante la campaña electoral del ahora presidente Rafael Correa. En concreto, allí se dice: “en este empeño por repensar la política petrolera, aparece con creciente fuerza la necesidad de analizar con seriedad la posibilidad de una moratoria de la actividad petrolera en el sur de la Amazonía ecuatoriana, atada a una suspensión del servicio de la deuda externa. Sería imperdonable que se reedite la destrucción ambiental y social experimentada en el norte de la Amazonía.” (pág. 47)
Ese plan, en sus páginas 48, 49 y 50, proponía transformar al Ecuador en “una potencia ambiental”; y como primer paso para conseguir esta ambiciosa meta, se exigía “declarar y mantener efectivamente al menos el 40% del territorio nacional como área protegida para la conservación del patrimonio de biodiversidad del Ecuador”. Entonces, en consonancia con la meta planteada, se sostenía la necesidad de “incorporar de manera sistemática y rigurosa la dimensión ambiental en las políticas económicas y productivas”.
Lo que se proponía entonces no era simplemente suspender la extracción de petróleo. Se planteaba optimizar la actividad petrolera en los campos de donde se extraía crudo, sin ocasionar más destrozos ambientales y sociales. Lo que se proponía era obtener el mayor beneficio posible para el país en cada barril extraído, refinado, transportado y comercializado, antes que maximizar el volumen de extracción. Esta acción debía complementarse con la moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía.
Adicionalmente, el plan de gobierno expresaba una conciencia de que la explotación de los hidrocarburos supone una merma del patrimonio del Estado. Se sugería, en consecuencia, que las políticas debían articularse reconociendo que es un recurso no renovable y que, dentro de este siglo, el Ecuador dejará de tener petróleo para abastecer su mercado interno. Además, había el convencimiento de que la modalidad de acumulación extractivista no había permitido el desarrollo del país.
La meta de proteger una zona equivalente a 100 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional se recogería oficialmente casi tres años más tarde, en septiembre de 2009, en un documento titulado “Yasuní-ITT. Una Iniciativa para cambiar la historia” editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente. Allí se habla de conseguir financiamiento para proyectos que permitan “conservación y deforestación evitada del 38% del territorio nacional”.
Es importante tener presente que los detalles más relevantes de la iniciativa de dejar el crudo en tierra en el ITT fueron definidos aún antes de que se inicie la gestión del presidente Correa. Los elementos básicos de esta propuesta fueron discutidos con Esperanza Martínez quien, en un memorándum fechado el 13 de diciembre de 2006, dirigido al futuro ministro de Energía y Minas, sintetizaba los principios fundamentales y las conclusiones más relevantes que han guiado esta iniciativa en términos amplios:
1. Declarar la moratoria como política de conservación y protección de derechos colectivos.
2. Presentar internacionalmente la propuesta como un esfuerzo del Ecuador en cumplir tres objetivos globales: la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad y la salvaguarda de los pueblos indígenas.
3. Constituir una comisión, junto con el Ministerio del Ambiente y el de Bienestar Social para hacer una auditoria global del Parque Nacional Yasuní y su población e identificar los problemas, amenazas y acciones necesarias para los pueblos locales, las mismas que serán cubiertas por el Estado y no por empresas transnacionales.
4. Armar una agenda internacional para presentar la propuesta con el fin de que este esfuerzo sea reconocido como un beneficio global y se traduzca en compensaciones económicas que le permitan al Estado enfrentar sus obligaciones.
5. Analizar distintas opciones económicas: venta de crudo en el subsuelo, compensación por carbono represado, condonaciones de deuda externa.
6. Inaugurar una Subsecretaría de Energías Limpias, descentralizadas y de bajo impacto, como señal de transición del modelo petrolero…
Estos objetivos son precisos. Con esta iniciativa se busca proteger la vida de pueblos libres en aislamiento voluntario: los tagaeri, los taromenane y a lo mejor también los oñamenane. Este es un tema ético crucial. La protección de una de las zonas más biodiversas del planeta está también en la mira de esta iniciativa.Y se evitaría por igual la emisión de 410 millones de toneladas de CO2.
Esta iniciativa plantea cambios profundos en el relacionamiento de todos los pueblos del mundo con la Naturaleza al propiciar la construcción de una nueva institucionalidad jurídica global sustentada en el principio de la corresponsabilidad diferenciada: los países más desarrollados, mayormente responsables del deterioro ambiental, están conminados a contribuir mucho más en la solución de los problemas ambientales globales. La lógica de la cooperación internacional también debería ser repensada íntegramente desde estas nuevas perspectivas.
En definitiva, esta iniciativa abre la puerta a otra forma de organización de la vida del ser humano en el mundo y no solo en Ecuador. Y en nuestro país, debe ser entendida como paso indispensable para forzar una transformación estructural del régimen de acumulación primario-exportador.
LA DIFÍCIL MARCHA DE UNA INICIATIVA AUDAZ
El sendero que ha seguido esta propuesta desde su aterrizaje en el ámbito oficial ha sido sinuoso. Avances y retrocesos, conquistas y contradicciones, aplausos y broncas han marcado su camino. Lo interesante, lo realmente sorprendente, es que esta idea –para algunos– descabellada haya echado raíces.
A poco de su presentación en sociedad, las voces de aliento se multiplicaron rápidamente, más en el exterior que en Ecuador. Las posibilidades de cristalizar algo que parecía impensable afloraron en las sociedades, así como en los parlamentos y los gobiernos de Alemania, España, Bélgica, Francia, Noruega, Gran Bretaña, Italia… este eco positivo se expandió aceleradamente en tanto posibilidad cierta de enfrentar el calentamiento global.
Simplemente para relievar la trascendencia internacional de esta iniciativa, habría que hacer un seguimiento de otras propuestas derivadas directa o indirectamente de la idea de no explotar el petróleo del ITT: en Bolivia comienzan a cobrar fuerza iniciativas que pretenden ver a la Amazonía boliviana libre de petróleo, la tesis del ITT podría emularse en el Parque Nacional Madidi; en Acre, Brasil, se discute la opción de cerrar la puerta al petróleo; en Costa Rica y El Salvador se ha resuelto no abrir la puerta a la actividad minera a gran escala; en Costa Rica incluso no se permitiría actividades hidrocarburíferas para proteger la naturaleza. En otros continentes la semilla comienza a fructificar: en Nigeria, en el delta del Niger, se quiere impedir las actividades petroleras y en la India se plantea dejar algunos yacimientos de carbón en el subsuelo.
El camino en el Ecuador resultó culebrero. La propuesta del ministro de Energía y Minas chocó con el deseo del presidente ejecutivo de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, empeñado en extraer el petróleo lo más rápidamente. A espaldas del Ministro, quien preside el directorio de Petroecuador, este funcionario llegó incluso a firmar convenios de compromiso con varias empresas extranjeras: las empresas estatales de Chile, ENAP, y China, SINOPEC, así como con la empresa mixta de Brasil, PETROBRAS. No le importaba estar al margen de la Ley de Hidrocarburos, pues su artículo 32 establece que en caso de crudos pesados, éstos deberán ser aprovechados a partir de una planificación integral a cargo del Ministerio de Energía y Minas.
Este primer enfrentamiento se dirimió con la intervención del presidente Correa en el directorio de Petroecuador el 31 de marzo de 2007. Lo resuelto en esa fecha se lee en el boletín de prensa del Ministerio de Energía y Minas del 1 de abril:
“1. Se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo.
2. Como segunda posibilidad se dejó abierta la puerta para que la empresa estatal desarrolle el campo ITT con sus propios recursos. Petroecuador cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que ha trabajado en el tema de manera sistemática a partir del descubrimiento del campo realizado por la propia empresa estatal. Esta propuesta deberá considerar la posibilidad de emplear una metodología que permita una extracción anticipada del crudo pesado, cuya comercialización serviría para financiar la totalidad del proyecto.
3. La búsqueda de alianzas estratégicas es otra posibilidad a ser analizada; sin embargo se enfatizó que estas alianzas sólo se pueden cristalizar con empresas consideradas como estatales. Por lo pronto se cuenta con una propuesta de Memorando de Entendimiento con SINOPEC-ENAP-PETROBRAS; memorando que de ninguna manera conlleva compromiso contractual alguno. Esta propuesta no cierra la puerta a otras asociaciones estratégicas, como la que se ha conversado con Venezuela a través de su empresa estatal Pdvsa, en el marco de los convenios de cooperación suscritos con ese país.[2] Hay, por cierto, otras empresas estatales de diversas partes del mundo que han demostrado su interés. En esta línea de acción se puede rearticular un conjunto de alianzas, combinando las anteriores u otras nuevas.
En lo concerniente a la firma de convenios de confidencialidad, con fines de análisis de la información técnica del ITT, se consideró que éstos podrían suscribirse, pero que, bajo ningún concepto, constituirían un compromiso que obligue a Petroecuador a firmar a futuro un contrato para la explotación de dicho campo.
4. Finalmente, tampoco se descarta la convocatoria a una licitación internacional en la que participarían empresas estatales de probada capacidad técnica y económica, en el marco de un proceso público que garantice los mejores resultados al país, tal como establece el artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos.”
La resolución del directorio de Petroecuador (25 DIR-2007-03-30) planteó en concreto:“se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo”.
Frente a la posibilidad de que la iniciativa de no dar paso a la explotación del petróleo no prosperara, quedó planteada la opción B que tiene como objetivo extraer el crudo. Desde entonces ha estado latente, con diversos grados de intensidad, la pugna entre estas dos opciones que reflejan con claridad dos posiciones de cómo abordar el tema petrolero y el desarrollo mismo.
El 18 de abril de 2007, el gobierno nacional, a través de su presidente y por iniciativa del Ministerio de Energía y Minas, expidió la Política de Protección a los Pueblos en Aislamiento Voluntario; documento que luego alimentaría el debate constituyente. El 5 de junio se hizo la presentación oficial de la iniciativa ITT en el palacio presidencial y a mediados de dicho mes, el 14 de junio del año 2007, el Ministerio de Energía y Minas definió el escenario para la acción en el sector energético en la Agenda Energética 2007-2011. Allí quedaron plasmadas las dos opciones en relación al ITT: la opción A en la página 51 y la opción B en la página 49. En el mismo documento se explicitaron el contenido y los alcances de la iniciativa de dejar el crudo en tierra, que era la propuesta que “ha venido manejando y defiende el Ministerio de Energía y Minas” (pp. 90 y 96).
Posteriormente, en una etapa de un continuo tira y afloja, la iniciativa experimentaría momentos estelares y momentos de creciente duda. El presidente Correa, al presentar la posibilidad de proteger la Amazonía para evitar un mayor impacto en el ambiente global, cosechó aplausos en las Naciones Unidas, la OPEP, el Foro Social Mundial, entre otras muchas cumbres internacionales. Sin embargo, paralelamente se siguió impulsando la posibilidad de extraer ese petróleo: en el directorio de Petroecuador el 20 de noviembre de 2008, el presidente Correa habría considerado quitarle una T (el campo Tiputini) al proyecto ITT, acogiendo una propuesta técnica para empezar con la explotación temprana al menos en una parte del campo.
El proyecto empezó a consolidarse con la conformación de una nueva comisión negociadora encabezada por Roque Sevilla y creada por Decreto Ejecutivo número 1227 el 29 de julio de 2008. Se superó una etapa bastante compleja, carente de definiciones prácticas. La nueva comisión plasmó en un programa concreto la tesis de no explotar el crudo del ITT. Se planificaron y realizaron varias actividades sobre todo fuera del país, gracias también al aporte financiero de la GTZ (cooperación técnica alemana) y la cooperación técnica española.
Un par de meses más tarde, el nombramiento de Fander Falconí como canciller el 15 de diciembre de 2008, fue un gran espaldarazo a la iniciativa. Falconí, doctor en economía ecológica y profundo conocedor de estas cuestiones, había sido desde los inicios del gobierno del presidente Correa un puntal de la Iniciativa Yasuní-ITT, a más de que fue uno de los promotores de la tesis del canje internacional de la deuda externa por la protección integral de la Amazonía. Luego, mediante el Decreto Ejecutivo número 1579, del 5 de febrero de 2009 se abrió un plazo indefinido para lograr la contribución demandada y se encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la continuidad de las acciones. La decisión del plazo indefinido fue especialmente importante, en tanto se terminaba con la permanente zozobra que representaban los sucesivos e imprevistos plazos que otorgaba el presidente de la República a una iniciativa que requería espacio y tiempo para su cristalización.
En este tiempo se concluyó también la definición, por parte del gobierno ecuatoriano, del destino que tendrían los réditos que produjera el fideicomiso; es decir, el fondo de capital levantado para no explotar el ITT y que estaría supervisado por Naciones Unidas. Aquí no hubo presiones de potenciales contribuyentes en ningún momento. Cuatro son los fines estipulados: transformación de la matriz energética desarrollando el potencial de fuentes alternas de energía disponibles en el país, conservación de las áreas protegidas y reforestación y desarrollo social sustentable, particularmente en la misma Amazonía.
Los análisis realizados para estimar el rendimiento de esta propuesta en relación con la extracción del crudo llegaron a conclusiones alentadoras. Incluso sin considerar los enormes pasivos ambientales y sociales que se derivan de la explotación de crudo y sin incorporar las grandes ventajas de las que se beneficiaría el Ecuador al impulsar esta propuesta de vanguardia, la opción de dejar el crudo en tierra resulta más provechosa que aquella de extraerlo. Es más, se produciría un escenario en el que todos podrían salir beneficiados, Ecuador y el resto de la comunidad internacional.
Las acciones desplegadas por el gobierno desde la conformación de la nueva comisión fueron percibidas de manera positiva. La viabilidad de esta propuesta asomó como una opción cercana. Y las respuestas internacionales no se hicieron esperar. Varios países comenzaron a demostrar su interés. Cabría destacar el apoyo temprano recibido de Alemania. Su parlamento, el Bundestag, en junio de 2008, se pronunció públicamente a favor de la Iniciativa ITT:
“El Deutsche Bundestag (…) aplaude expresamente la propuesta de Ecuador del 5 de junio de 2007 de proteger el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) en el Parque Nacional Yasuní de todo posible perjuicio causado por la explotación petrolera. La propuesta reviste importancia especial para la conservación de una reserva de la biosfera única en el mundo y la protección de los pueblos indígenas asentados en esta área. Más allá de ello, enriquece la discusión necesaria sobre la contribución de los países en desarrollo a la protección global del clima y el valor de la diversidad biológica. Como contrapartida de la conservación del ITT y la renuncia del Ecuador a la explotación del crudo, a garantizarse en forma permanente mediante contratos internacionalmente vinculantes, el país exige que la comunidad internacional se ponga de acuerdo para realizar pagos de compensación a favor de Ecuador. Lo que se prioriza es la protección de la biodiversidad y no la renuncia al uso de los recursos petroleros. No se quiere crear un precedente que ponga en riesgo las negociaciones internacionales sobre la protección del clima debido a exigencias financieras de los países productores de petróleo, imposibles de cumplir.”(Ver comunicabdo del Deutsche Bundestag, Drucksache 16/9758, 25. 06. 2008).
En la sociedad civil se incubó una interesante discusión que alcanzaría posteriormente mayor intensidad y profundidad. Existen varios documentos y aportes provenientes de diversos segmentos de la sociedad, tanto del país como del exterior. Uno de los trabajos más sugerentes es el que desarrollaron Eduardo Gudynas, Esperanza Martínez, Joseph Vogel y el suscrito, “Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido – Elementos para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación del crudo del ITT” (2009).
Gracias a la discusión que provocó este aporte se consiguió superar la propuesta inicial en la que se hablaba de donaciones internacionales, para dar paso a la tesis de las contribuciones como un principio básico de la corresponsabilidad internacional. Es obvio que no se puede compensar por algo que obligatoriamente se debe hacer. Este texto sirvió también para dejar en claro que había muchas opciones de financiamiento, que no todo se resolvía por medio del mercado de carbono, y que el Estado no podía poner como excusa este tema. Fueron varias las críticas a la posición de la comisión oficial que a momentos priorizaba la lógica del mercado para conseguir el financiamiento requerido…”
La larga y minuciosa explicación de Acosta ha sido combatida por el Gobierno de Correa. Más allá de todos los argumentos a favor y en contra de la explotación del petróleo en el Yasuní, lo cierto es que el Ecuador como Estado requiere de recursos económicos para forjar el desarrollo y luchar contra la pobreza, pero para que se cumplan estos objetivos será indispensable formar un Comité Ético con los mejores ecuatorianos hombres y mujeres que a lo largo de su vida hayan demostrado honestidad, honradez, compromiso con los pobres y responsabilidad social, para que se encargue de vigilar y constatar que el Petróleo del Yasuní no provoque nuevas corrupciones, el aparecimiento de nuevos ricos con la ejecución de obscuros negocios, tan negros como el petróleo mismo.
REDACCIÓN SIEMPRE