YASUNÍ-ITT: CONTENER PETRÓLEO ES SU TRAGEDIA 



CORREA ACABÓ CON LA PROPUESTA REVOLUCIONARIA 



Redacción SIEMPRE

Los países del norte, ricos, poderosos e industrializados, alcanzaron el desarrollo porque explotaron los recursos naturales yacentes en sus territorios y luego o al mismo tiempo saquearon y sobreexplotaron los recursos de los pueblos colonizados y subordinados a las metrópolis, condenándolos al hambre y la pobreza como ocurre en los países de África, algunos pueblos de Asia y otros de América Latina.

Esos países industrializados son los responsables del calentamiento global y el cambio climático, e insensibles, no les importa la suerte de la humanidad, ni siquiera de sus propios conciudadanos, porque los embates de la naturaleza golpean, en particular, a los “condenados de la tierra” que viven o sobreviven en condiciones precarias, en zonas vulnerables, abandonadas, sin servicios básicos, pero la tragedia de algunos países en desarrollo es que aún poseen recursos naturales apetecidos ansiosamente por los poderosos y las oligarquías nacionales, socias sirvientes de los intereses de las transnacionales.

El calentamiento global exige imaginación para contrarrestarlo, y el Ecuador presentó al mundo, una propuesta revolucionaria si se quiere, anticipada a estos tiempos, por la que se comprometía a mantener bajo tierra las reservas petroleras de los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, ( ITT) ubicados en el Parque Nacional Yasuní, que contiene la más rica biodiversidad del planeta, pero también unos 920 millones de barriles de petróleo que, explotados racionalmente y de conformidad con las disposiciones de la Constitución ecuatoriana con respecto a la garantía de los derechos de los pueblos, en especial los no contactados que habitan en la zona, además, con el uso de la más avanzada tecnología existente para la explotación de hidrocarburos que, de alguna manera garantice el menor daño a la naturaleza, y libre de cualquier atisbo de corrupciones, podrían servir para mejorar las condiciones de vida de millones de ecuatorianos. ¿Se estaría frente a otras utopías? El drama del Yasuní está en sus ricos campos petroleros.

La idea ocurrida en la primera fase del gobierno de Correa, era solicitar una contribución internacional equivalente a la mitad de las utilidades que recibiría el Estado, a cambio de no explotar el petróleo de los campos ITT, idea que se hizo añicos a pesar de que la propuesta recibió simpatías de ecologistas de todo el mundo, pero los aportes apenas alcanzaron el 0.37% de los 3.600 millones de dólares, lo que demuestra que “el mudo es una gran hipocresía”, en palabras del Presidente de la República.

La decisión de extraer petróleo del Yasuní puede llevar varios años en concretarse si se respetan los procesos constitucionales, pero a más de las protestas lógicas de los sectores ecologistas, ¿qué puede hacer este país sumido en el subdesarrollo colmado de necesidades? No basta la oposición sin presentar propuestas económicas alternativas, y el pueblo, ciertamente, tiene varias propuestas, para que el Ecuador mantenga bajo tierra las reservas petroleras del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní, el lugar más biodiverso del planeta ubicado en la Amazonía ecuatoriana.

¿Se trató de una propuesta revolucionaria? Si se piensa que si no se explota el petróleo que es un combustible fósil altamente contaminante y que con esa decisión se contribuiría a combatir el cambio climático, si es una propuesta revolucionaria o profundamente ética a favor de la especie humana, porque también se respetarían trascendentes áreas físicas de extraordinaria sensibilidad que, de por sí, son parte del patrimonio de la humanidad que, por todos los medios posibles se deben preservar.
Hay que considerar que la rica biodiversidad requiere de la protección no sólo del
Ecuador sino del mundo entero, pero también se debería pensar en la propia sobrevivencia de las culturas indígenas no contactadas que habitan el Parque Yasuní como son los pueblos denominados Tagaeri y Taromenane.
ALGO DE HISTORIA
Muchos científicos y sectores ecologistas consideran que el Parque Nacional Yasuní es el “espacio verde más megadiverso del planeta porque allí habitan más de 1 500 especies de anfibios, 500 de peces, 121 de reptiles, 2. 274 de árboles y más de 100 000 especies de insectos por hectárea. Es el hogar de los Huaorani y de las tribus no contactadas, Tagaeri y Taromenane.
El Parque Nacional Yasuní es una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta y el área protegida más extensa del Ecuador. Está ubicado entre las provincias de Pastaza y Orellana y con casi un millón de hectáreas, el Yasuní fue declarado Reserva Internacional de la Biosfera por la UNESCO en 1979.
Al sur-oeste del parque está la reserva indígena Huaorani, que conserva intactas sus prácticas ancestrales. Las comunidades abiertas al turismo son Noneno y Bameno, donde se pueden conocer con la ayuda de guías las tradiciones, creencias, rituales y costumbres de estos pueblos atávicos.
Recorrer la Ruta de Orellana supone seguir la misma ruta que permitió al conquistador español Francisco de Orellana descubrir el río Amazonas. Al navegar por el río Napo se puede disfrutar de la flora y fauna de la Amazonía, en especial de ver delfines rosados de río.
En el subsuelo está la mayor reserva de petróleo del Ecuador. Se calcula que el campo ITT (Ishpingo–Tambococha–Tiputini) contiene casi 920 millones de barriles, cuya extracción dañaría los ecosistemas locales.
Por esto, el Gobierno ecuatoriano impulsó una campaña internacional para conseguir que donantes aporten económicamente para mantener el petróleo en el subsuelo” La Iniciativa Yasuní fue un proyecto del Gobierno de Rafael Corera Delgadio que lo mantuvo desde al año 2007 hasta el mes de agosto de este año.
Vale recordar que el Yasuní fue declarado Zona Intangible en 1998. Desde hace varios años se han realizado prospecciones previas a la exploración petrolera en los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha. La zona intangible fue decretada para respetar los territorios de los grupos aborígenes no contactados en la Amazonía de Ecuador y mantener la reserva de la biósfera alejada de la explotación petrolera que se realiza en varias zonas de la selva amazónica ecuatoriana.
“Durante el gobierno de Correa se propuso condicionar una parte de la zona intangible amazónica con un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al Estado ecuatoriano bajo los criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales.
Según la Iniciativa Yasuní ITT el Estado ecuatoriano se deberá comprometer a dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo en la reserva ecológica del Yasuní, para evitar la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono — que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles — a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional por una fracción del valor estimado por el 50% de las utilidades que percibiría si se diera la explotación de este recurso (unos 350 millones de dólares anuales). Los fondos captados por esta operación se reinvertirían en el Ecuador en tres líneas: Manejo de 19 áreas protegidas, un programa de reforestación nacional y el cambio de matriz energética”.
En wikipedia se afirma que al inicio de 2007, el entonces ministro de energía ecuatoriano Alberto Acosta Espinosa apoyado por grupos ecologistas planteó en diversas ocasiones la viabilidad de un propuesta hecha desde la sociedad para no extraer el crudo del Parque Nacional Yasuní. El 30 de marzo de 2007 el Presidente Rafael Correa analizó las alternativas para desarrollar el hasta ahora denominado proyecto ITT y de acuerdo al boletín de prensa del Ministerio de Energía y Minas del primero de abril del 2007, la primera opción era "dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo” La iniciativa nació oficialmente el 10 de diciembre de 2007, cuando el Ministro de Energía de esa época, Galo Chiriboga, dijo que, a menos que la comunidad internacional le proporcionara por lo menos $350 millones de dólares a Ecuador por año a junio de 2008, empezarían las operaciones para extraer crudo del campo conocido como Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT) ubicado dentro del límite oriental del Parque.
Uno de los potenciales beneficios del proyecto, según quienes los han impulsado, es que la reinversión de los fondos aportados en fuentes renovables de energía reduce o elimina la generación de electricidad con derivados del petróleo, que actualmente alcanza el 47% de la energía eléctrica del país, también tiene como objetivo implementar el uso de otras fuentes de energía diferentes a la petrolera. De esta forma se reducen aún más las emisiones futuras de CO2. La conservación de áreas protegidas y la reducción de la deforestación en Ecuador es un segundo beneficio que se añade a la mitigación del cambio climático y la preservación de la biodiversidad. Además, los programas sociales promueven la educación, salud y la generación sustentable de empleo productivo en las zonas de influencia de los proyectos, que cubren gran parte de Ecuador. Existe también otro beneficio: los fondos del capital pueden invertirse en proyectos hidroeléctricos y geotérmicos con rentabilidad garantizada. El 15 de agosto de 2013, el gobierno de Rafael Correa dio por terminada la Iniciativa y señaló el inicio de la explotación petrolera en la zona”.
El presidente Correa, en cadena nacional de radio y televisión expuso cinco razones para dar por terminada la Iniciativa Yasuní. La primera de ellas fue que la cifra de fondos disponibles depositados en los fideicomisos Yasuní-ITT apenas llegó a USD 13,3 millones. Es decir, solo el 0,37% de los USD 3 600 millones esperados como compensación de la comunidad internacional por dejar el crudo bajo tierra.
La segunda dijo que la Iniciativa Yasuní no pudo o no quiso ser comprendida por los países responsables del cambio climático. “En tercer lugar, sostuvo que tuvo mala suerte porque coincidió con “la mayor crisis económica global de los últimos 80 años”. En cuarto lugar, mencionó como factor fundamental “que el mundo es una gran hipocresía” al mencionar que los países que contaminan son también los más ricos y más fuertes, y que no están dispuestos a pagar por los bienes ambientales como los generados por la selva amazónica, en vista de que son de libre acceso. Finalmente, sostuvo que la decisión de liquidar los fideicomisos del Yasuní-ITT tienen como motivación brindar una mayor cobertura de servicios públicos para el 50% de la población ecuatoriana que actualmente no los tiene. “Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de mi Gobierno. He firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní-ITT y con ello poner fin a la iniciativa.”
Correa expresó que en el mismo decreto ordenó “la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos, para de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional, la declaratoria de interés nacional el aprovechamiento del petróleo en el Yasuní. Aprovechamiento que afectará menos del 1% del parque Yasuní.” Más tarde, en su cuenta de Twitter, Correa dijo que la afectación solo sería del 1 por mil del parque. En el decreto consta el 1%. Aseguró que de la explotación petrolera de ese 1% se obtendrán alrededor de USD 18 000 millones para combatir la pobreza, especialmente de la Amazonía. De esos recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de la Amazonía les corresponderán USD 258 millones por la Ley 010 más USD 1 882 millones del 12% de los excedentes petroleros. También los GAD del resto del país se beneficiarán en cerca de USD 1 568 millones por participar de la renta petrolera. Al final de su alocución, el Presidente dio dos datos respecto a cómo será la explotación del ITT. En primer lugar se refirió a que el tope de producción de los campos Tiputini y Tambococha se dará luego del 2017. Es decir, que la producción del campo Ishipingo no se llevaría a cabo. Además dijo que en las próximas semanas, Petroamazonas iniciará los trabajos en el Tiputini debido a que el 80% de este campo no se encuentra en el parque Yasuní, por lo que no necesitaría el pronunciamiento de la Asamblea”, según se publicó en el Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/negocios/Yasuni_ITT-explotacion-petroleo-ambiente-Ecuador_0_974902709.html.
CONFRONTACIÓN
Existen sectores de la población nacional que apoyan al gobierno de Correa en su decisión de iniciar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Cien de los ciento treinta y siete asambleistas que pertenecen a Alianza País, sin duda, decidirán apoyar lo dispuesto por el presidente Correa.
Pero no todo es favorable al gobernante, pues cada vez son mayores los grupos ecologistas, defensores de derechos humanos, movimientos sociales indígenas, sindicales, juveniles y organizaciones políticas que expresan su enojo, indignación y total desacuerdo con la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Algunos de esos grupos, inclusive, plantean acudir a la ONU y a otros organismos internacionales, en tanto que no descartan exigir la realización de una consulta popular para lo que coordinan acciones encaminadas a la recolección de unas 600 mil firmas de ciudadanos empadronados en el Registro Electoral.
Mientras el rechazo a la explotación del Yasuní ITT sigue siendo tema de debate en las redes sociales, varias organizaciones civiles se reunieron para explicar sus acciones ante la decisión gubernamental de suspender la iniciativa ambientalista.
“La primera acción es la entrega de dos cartas, una al presidente Rafael Correa y otra a la Asamblea Nacional.
"El buque insignia de la revolución verde acaba de ser hundido por el propio Presidente de la República", dijo Esperanza Martínez, de Acción Ecológica al explicar el contenido de las misivas.
Ella sostuvo que la culpa del fracaso de la iniciativa es primordialmente del primer mandatario, y que si la Asamblea Nacional no convoca a una consulta popular se convertirá en responsable por omisión.
La carta para Correa tiene cinco puntos por los cuales, a criterio de los activistas, la iniciativa fracasó. Uno es la falta de comprensión de los alcances de la misma, pues se la habría convertido en una oportunidad de ingresos alternativos.
Está la falta de convencimiento de las posibilidades del proyecto por la existencia del Plan B, y la falta de capacidad de los ejecutores, en donde cuestionan las acciones de la jefa negociadora del proyecto, Ivonne Baki.
Además, se asegura que hubo falta de herramientas para garantizar la propuesta y la falta de estrategia de los negociadores a la hora de ofrecer la iniciativa solo a los gobiernos.
"La Patria no se vende, Yasuní se defiende", dijo Humberto Cholango, presidente de la Conaie, al enfatizar que la decisión de la explotación del Yasuní debe ser tomada mediante una consulta popular, porque unos cuantos asambleístas no pueden asumir una decisión sobre la vida de los nativos no contactados y de la fauna y flora existente en la zona.
"Si para la corrida de toros nos consultaron ¿por qué no consultar sobre este hecho?", dijo Cholango.
Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador, coincidió en la necesidad de la consulta popular convocada desde la Asamblea, y de no hacerlo, llamada por la sociedad civil, acogiéndose a los artículos 95 y 104 de la Constitución. Dijo, además, que la explotación sería fatal para los derechos de la naturaleza, sociales y medio ambientales.
Eduardo Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos de Ecuador, recordó que el artículo 57 de la Constitución prohíbe la actividad extractiva en los territorios donde habiten pueblos en aislamiento voluntario, y aseguró que la explotación es un factor que aumenta la conflictividad entre los no contactados por temas de accesos e incluso de búsqueda de recursos como el alimento.
Carlos Pérez, dirigente de la Ecuarunari, añadió que la intervención en esa zona, afectando a sus pobladores, es un delito de genocidio, y además, implícitamente, el Gobierno estaría derogando el artículo 71 de la Constitución que habla de un respeto integral a la naturaleza y no por porcentajes.
Cholango anticipó que se notificará a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los peligros de la explotación en la reserva natural, y dijo que de ser necesario también se acudirá a las Naciones Unidas.
Martínez acotó que, además, se debe poner en la mesa de debate cuáles son los temas de interés nacional, presentando ante la Asamblea todos los estudios sobre los riesgos de las operaciones petroleras: el ruido, la presencia de terceros, la competencia por los recursos de la zona (caza y pesca), etc. (ABT)
Los seis artículos del decreto 74 que definieron la suspensión de la iniciativa Yasuní ITT son:
Art. 1. Deroga los decretos ejecutivos 847, 882, 1 227, 1 572, 241, 596, 356, 648 y 1030. En ellos se autoriza la creación del fideicomiso mercantil del Yasuní ITT, se crea su oficina técnica, se amplía el plazo de la iniciativa, se conforma el equipo administrativo y directivo y se le da el rango de secretaria de Estado a Ivonne Bak.
Art. 2. Dispone a los ministros de Relaciones Exteriores y Finanzas que en cinco días hábiles convoquen a la sesión de la Junta del Fideicomiso para definir la terminación y liquidación del patrimonio autónomo.
Art. 3. Requiere al ministro Coordinador de Sectores estratégicos que en máximo cinco días hábiles notifique al Agente Administrativo del fondo fiduciario el finiquito del mismo.
Art. 4. En cinco días, los ministros Coordinador de Política Económica, Ambiente, Justicia y Recursos Naturales No Renovables deben informar sobre la viabilidad ambiental, técnica, financiera y constitucional de la explotación de los campos del Yasuní.
Art. 5. En caso de que la Asamblea Nacional autorice la actividad extractiva, esta no podrá desarrollarse en un área superior al 1% del Parque Nacional Yasuní.
Art. 6. El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
ALTERNATIVAS ECONÓMICAS

Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana no se ha incrementado la producción petrolera del país, ni existen nuevos campos que puedan incorporarse al proceso, con excepción de los campos ITT. Según algunos expertos, la inexistencia de nuevos campos que posibiliten aumentar la producción, las reservas actuales se agotarán en los próximos siete años; es decir, que a partir del año 2020, el Ecuador dejará de ser país petrolero, razón suficiente para que comience la explotación en el Parque Nacional Yasuní. Se dice que al frente de los campos Tiputini y Tambococha, en el lado peruano ya están instaladas las torres de explotación de hidrocarburos. ¿Será que los peruanos se llevarán, también, el petróleo del Yasuní?
Por otra parte, el gobierno del presidente Correa necesita recursos económicos nuevos que le permitan mantener o desarrollar sus programas sociales y terminar o ejecutar la modernización de la infraestructura del país: proyectos hidroeléctricos, carreteras y puentes, aeropuertos y puertos, construcción o mejora de unidades educativas y de servicios hospitalarios y centros de salud, y, fundamentalmente, mantener o desarrollar programas que le permitan, si es posible, aumentar el clientelismo electoral, como es el otorgamiento de subsidios que cada vez son más onerosos. Al fin, todo es cuestión de política.
¿De dónde va a obtener recursos económicos el gobierno si no es del petróleo? En consecuencia, si se agotan las fuentes de financiamiento, no es mejor comenzar ahora la explotación del petróleo del Yasuní, antes que estalle la crisis?
No sólo es cuestión de respetar las exigencias y los argumentos de los ecologistas, defensores de derechos humanos y de organizaciones y movimientos políticos, es el momento de las realidades que exigen fuentes de financiamiento que se agotan.
La deuda externa con la República Popular China es tan alta y cara, tanto que dentro de unos años, podría ser inmanejable. China, prácticamente es dueña de las áreas económicas estratégicas del Ecuador. Recuérdese que para pagar la deuda contraída, China se lleva algo más del 80% de la producción petrolera que la comercia en alta mar a compañías estadounidense, incluida la Chevron, según denunciara Fernando Villavicencio, un analista petrolero de innegable prestigio. ¿No será que ha llegado la hora de renegociar la deuda externa con China, como se hizo con la deuda con el FMI y Banco Mundial para obtener recursos económicos que requiere el gobierno?
La política de subsidios que mantiene y amplía el presidente Correa demanda ingentes cantidades de dólares. Según se afirma en algunas fuentes, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) invierte mil millones de dólares en el Bono de Desarrollo Humano (BDH) y pensiones asistenciales, recursos que son canalizados a la gente que más necesita, madres de familia, personas con discapacidad y adultos mayores con la finalidad de que vayan saliendo de la pobreza. ¿En lugar de esa caridad, no sería ,mejor crear fuentes de trabajo que permitan ampliar la oferta d empleos? En todo caso ese bono, sólo debe ser entregado a personas que realmente lo necesiten.
El Ecuador invierte $ 3.827 millones en subsidios de combustibles (diesel, gasolina, Gas Licuado de Petróleo -GLP-). Si se suprimieran esos subsidios, el Estado tendría unos 3.900 millones de dólares anuales para invertirlos en obras de desarrollo y combate a la pobreza. Con ahorros efectivos y posibles, el petróleo del Yasuní quedaría en el subsuelo.
El presidente de la República, Rafael Correa, manifestó que el sector privado es el que más se beneficia con el actual sistema de subsidios, en especial el rico que tiene un vehículo todo terreno de ocho cilindros. “Hay cálculos que para el que tiene un vehículo de este tipo el subsidio de la gasolina es de $ 1.000 por año y para el ciudadano pobre que no tiene carro el beneficio indirecto es de $ 60 por año”. Razones suficientes para acabar con el subsidio a los combustibles.
Opositores a la explotación del petróleo en el Yasuní, afirman: “Ahora se nos quiere convencer que la explotación petrolera no causará mayor estrago, ni daño ambiental; que no hay que temer por la biodiversidad en el Yasuní, ni por los impactos en la vida de los Huaroani y la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane, ni por la contaminación por los millones de toneladas de dióxido de carbono con la quema del combustible. En definitiva, se quiere vender la explotación como si no tuvieran el menor peso los argumentos con los que durante seis años se promovió la conservación. Así el sueño visionario pasó a mentiroso.
¿Y por qué no se consulta a los ecuatorianos para que se pronuncien en las urnas si quieren explotar el petróleo o no en el Yasuní? Y si se racionalizara el subsidio a los combustibles, que en solo un año representan un gasto fiscal equivalente a los $3 600 millones que se esperaba de la comunidad internacional en 13, ¿no sería aún posible abrir para todo el Ecuador la ancha puerta del sueño profético?”
Existen alternativas válidas. Siempre debe haber espacio para reflexionar.