LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 



UN POTAJE CON VARIAS CUCHARADAS DE VENENO 



Diego C. Delgado Jara *
Candidato Socialista a la Presidencia del Ecuador en el 2009.

“Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.”
Art. 66, numeral 6, de la Constitución de la República.
“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.”
Art. 11, numeral 4, de la Constitución de la República.
“Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”
Art. 11, numeral 8, inciso segundo, de la Constitución.
“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”
Art, 424 de la Constitución de la República.
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión del 10 de diciembre de 1948.

“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.”
Art. 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, en abril de 1948.

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de expresión.”
Art. 13.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica) aprobada el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica.

Una trampa escondida
¿Alguien tomaría una pastilla de un frasco en el que sabe con certeza que existen cuando menos tres de ellas con cianuro? ¿Para qué serviría el más suculento de los “potajes”, fragante y bien presentado, si conoce que –con certeza- en el mismo han colocado tres cucharadas de veneno?
Algo parecido sucede con la llamada “Ley Orgánica de Comunicación” de la República del Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 22, del martes 25 de junio del 2013.
Analicemos, de entrada, tres artículos incluidos en dicho cuerpo legal, el 25, el 26 y el 30, entre otros, que tendrá terribles consecuencias sociales, cívicas y democráticas, y que viola innumerables garantías constitucionales y múltiples prescripciones de varios instrumentos internacionales de Derechos Humanos, incluso los suscritos y ratificados en forma efusiva por el Ecuador. Analicemos pues sus implicaciones y repercusiones.
Primera cucharada de cianuro
Radica en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Comunicación que dice en forma textual:
“Art. 25.- Posición de los medios sobre asuntos judiciales.- Los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutorie la sentencia dictada por un juez competente.”
“La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. En caso de reincidencia que se realice en un mismo año, la multa será del doble de lo cobrado en cada ocasión anterior.”
Comentarios básicos a esta norma:
Sobre este artículo 25 de la Ley Orgánica de Comunicación, cabe realizar las siguientes reflexiones básicas:
Primera Reflexión:
El antecedente de este artículo consta en el “Proyecto de Código de Conducta Profesional del Abogado en Libre Ejercicio”, presentado por el Fiscal General del Estado, Dr. Galo Chiriboga Zambrano, mediante el oficio circular Mro. 10206-FGE-2011, del 7 de noviembre del 2011, dirigido a los Colegios de Abogados del país.
El artículo del proyecto era el 13, y decía en forma textual: “El abogado no podrá dar a conocer, por ningún medio de publicidad sobre asuntos por él patrocinados y que no se encuentren resueltos por los tribunales y juzgados, salvo para rectificar la moral y justicia violada. Concluido el proceso, podrá publicar los escritos y constancia de autos, haciendo sus comentarios en forma respetuosa y ponderada.”
Esta redacción literal fue excluida, ante la fundamentada protesta de los abogados, en el “Reglamento para la Aplicación del Régimen Disciplinario de las Abogadas y Abogados en el Patrocinio de las Causas”, expedido por el Consejo de la Judicatura el 18 de septiembre del 2012, y publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 795, del lunes 24 de septiembre del 2012.
Esta redacción, de manera notoria, buscaba que nadie se entere –sobre todo la opinión pública- de una causa que entrañe reclamos sociales o denuncias de graves injusticias. ¿Quiénes son los que más reclamarán? Los sectores sociales que se consideren víctimas de atropellos notorios, o quienes se percaten ser víctimas de la parcialización de quienes actúan en contra de la Constitución y la ley.
Una de las cosas que más les molestaba a las dictaduras del Cono Sur, en las décadas del setenta y ochenta del siglo anterior, era precisamente que los organismos de Derechos Humanos exterioricen los crímenes y abusos dentro y fuera de cada uno de sus países. ¡El mayor temor, de todos estos regímenes fascistas de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, era que los pueblos superen la censura y condenen sus regímenes al enterarse de sus atropellos infames! ¡El silencio planificado mantuvo engañados y en el desconocimiento total a la Italia de Benito Mussolini, a la Alemania de Adolfo Hitler, a la España de Francisco Franco! ¡Esas son lecciones de la historia que no podemos olvidar!

Segunda Reflexión:
Ante esta restricción con severa carga económica en contra de los medios de comunicación, que no lo van a dilucidar ni jueces ni tribunales independientes de justicia sino el llamado Superintendente de la Información y la Comunicación, que es designado de una terna nominada por el propio Presidente de la República, según el Art. 55 de la Ley Orgánica de Comunicación, cabe preguntarse:
¿Qué medio de comunicación –con una norma como la transcrita- permitirá, sin correr riesgos notorios de ser sancionado “con el 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, presentada por sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas” si acaso permite una denuncia de una manifiesta injusticia en contra de un ciudadano o de una comunidad cualquiera?
¿Dónde pueden exteriorizar su clamor los pobladores pobres expulsados desde sus barriadas arrasadas, en sectores suburbanos, en proceder que jamás lo tuvo ni León Febres Cordero y los socialcristianos? ¿Podrán ir, con esta norma de por medio, a los medios de comunicación, los parientes de los arbitrariamente detenidos, torturados, maltratados, expulsados o eliminados? ¿Quién puede atenderlos o ser solidario con ellos con semejantes multas de carácter discrecional y que se incrementan en progresión geométrica?
¿No le podrán decir los medios, a la víctima de un abuso, o a sus parientes y amigos solidarios, con el Art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicación en la mano, “no puedo correr ningún riesgo … hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente”? ¿No alegarán que incluso, con la norma vigente, en caso de reincidencia “la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión”?
Todo reclamo de gente humilde, que no tiene dinero para pagar un remitido (y quizá ni los que estén es esa posibilidad) quedará silenciado socialmente hasta que ya se consume una sentencia emitida por jueces y tribunales de muy discutible neutralidad, en franca violación del Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que exige juzgadores independientes e imparciales.
Por ejemplo: ¿Quién abogaría por los pobladores, mineros o defensores del medio ambiente que puedan ser enjuiciados a futuro? ¿No es esta una sanción que no existe en ningún país democrático del mundo? ¿Midieron las consecuencias sociales y humanas de su votación los señores asambleístas que festejaban esta y otras normas aprobadas?
Los grupos de poder económico saben que están protegidos por un régimen que dispone de una concepción de clase hasta en el manejo de la Justicia. Aboga en forma abierta y apadrina a los adalides del neoliberalismo como es el caso del ex presidente Gustavo Noboa Bejarano, o del ex vicepresidente Alberto Dahík Garzozi, incluso recurriendo a una amnistía –para el primero-, mientras se persigue en forma implacable y acusa de terrorismo y sabotaje a maestros, campesinos, estudiantes, pobladores y sectores humildes de la sociedad. ¡Esa es la verdad! ¡Los hechos no pueden ser tapados por las palabras acomodadas de las intervenciones oficiales!

Tercera Reflexión:
Desde los más altos círculos del poder podrían decir, en su afán justificatorio, que solo se refieren a una “posición institucional”, pero la experiencia evidencia que esa posibilidad es muy difusa y remota, más aún cuando se aplican las normas en forma discrecional. Demos ejemplos. Emilio Palacio escribió con su nombre y apellido sus artículos de opinión personal y expresó sus particulares puntos de vista; jamás negó lo redactado por él. Pero el juicio se extendió a los directivos de diario El Universo (quienes no escribieron una sola sílaba) alegando que ellos “permitieron” que sus opiniones sigan fluyendo y no ejercieron censura.
En este caso se asimiló e interpretó ese proceder a una “conducta institucional” y hasta hablaron de un supuesto “delito coadyuvante” y se inventaron una sentencia de varias decenas de millones de dólares que no está en ninguno de los artículos del Código Penal, violando en forma expresa el Art. 4 de este cuerpo jurídico que proclama: “Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En casos de duda se la interpretará en el sentido más favorable al reo”. Todo ello en medio del escándalo del drive externo (“Chucky Seven”) con el texto pre elaborado de la sentencia.
¡Con juzgador propio, como es el Superintendente de la Información y Comunicación, que según el tercer inciso del Art. 55 de la Ley, será nominado “de una terna que enviará la Presidenta o Presidente de la República”, resultan previsibles sus decisiones! ¡En los hechos desaparecen libertades ciudadanas y derechos humanos consagrados hace siglos! ¡Hasta los organismos de Derechos Humanos quedan silenciados “hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente”!
¿Ante quién se podría apelar en un país donde –con resoluciones y normatividad secundaria- han desaparecido las acciones de protección constitucional y sobre todo la independencia de la Función Judicial y de los jueces al más alto nivel?

Pero eso no es todo. Recordemos algunos casos históricos que no se hubiesen conocido de haber existido una norma como ésta promulgada por la “revolución ciudadana”.

El caso Restrepo Arismendi y otros no se hubiesen conocido

¿Qué habría pasado en el Ecuador si hubiese existido una norma jurídica exacta, como ésta de la llamada “revolución ciudadana”, en los gobierno de Febres Cordero y subsiguientes en el país? ¿Los nobles, ejemplares y valientes padres y familiares de los niños Restrepo Arismendi no hubiesen quedado silenciados durante años, y sin poder exteriorizar ante la ciudadanía su tremendo drama? ¡Hubiesen necesitado esperar durante lustros “hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente” para exteriorizar su terrible experiencia!

¡Señores asambleístas cuando menos lean bien lo que les hacen votar y aprobar, y analicen las consecuencias sociales y humanas de cada uno de los artículos que les imponen! ¡No puede haber un verdadero Socialismo en el mundo que no respete los Derechos Humanos! ¡Ninguna doctrina que irrespete los derechos más elementales de los seres humanos puede perdurar!

¡Ése es el verdadero alcance de esta norma ya vigente! ¡Están consagrando el silencio social y la impunidad total! ¡En la República del Ecuador con normas secundarias (violando en forma escandalosa los Arts. 424, 425, 426, 82 y 11 de la Constitución) invalidan normas constitucionales e instrumentos internacionales de Derechos Humanos! ¡Esa es la realidad incontratable de una ocultada y encubierta tragedia nacional!

¡Señores asambleístas de Alianza País están consagrando el despojo de Derechos Humanos de una República entera! ¡Es notorio que estas normas no las elaboraron Ustedes (porque se incorporaron o “pulieron” en la redacción final en momentos previos a la votación, y quizá varios o ninguno lo leyó serena y ponderadamente), pero pasarán a la historia como sus aprobadores y obedientes despojadores de Derechos Humanos en el Ecuador! ¡Deberían reflexionar en las consecuencias sociales y humanas y empezar ubicando quienes son los auténticos “asesores”, los verdaderos “redactores” y mentalizadores de estas regulaciones regresivas y que causan escándalo en el mundo entero, y que además perjudican su propia imagen y trayectoria!

¡Cuando menos respeten los Derechos Humanos y las prescripciones constitucionales! ¡Recapaciten en lo que están haciendo! ¡Si no nos van a ampliar o respetar derechos y libertades elementos, cuando menos no nos quiten lo que ya disponíamos los ciudadanos ecuatorianos desde hace décadas y generaciones!

¿Deberán quedarse al margen del conocimiento público los casos de desaparición o asesinato de personas “hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente”? ¡Eso es lo que han aprobado y muchos festejado con tribuna preparada!

¡Por favor recapaciten sobre la anulación de Derechos Humanos en el Ecuador aprobada por Ustedes! ¡No conviertan a la República en una jaula donde un país entero es una víctima silenciada y sin derechos! ¿Qué opinarán sus hijos y nietos sobre estas normas jurídicas y sus consecuencias sociales cuando se percaten de todas sus previsibles secuelas? ¡Mediten en el pueblo! ¡Ustedes no deberían ser instrumentos ciegos de un plan regresivo y tenebroso!

Esta norma más que afectar a los medios de comunicación silencia a toda la ciudadanía. Antes de esta ley, casos como los de la maestra Mery Zamora, acusada de terrorismo y sabotaje sin haber roto una hoja de papel o quebrado una tiza, y ya condenada a un mínimo de ocho a doce años de prisión, nadie hubiese sabido “hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente”.

Con una norma como la que comentamos (Art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicación) en medio de un inexplicable jolgorio, el caso del dirigente campesino y ahora presidente de la Ecuarrunari Carlos Pérez Guartambel jamás se hubiese sabido “hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente”.

¡Las acciones legales –y su entorno jurídico- contra Marlon Santi, de la CONAIE, o Delfín Tenesaca, dirigente nacional de la Ecuarrunari, o sobre la situación de los llamados 10 de Luluncoto y de los estudiantes del Central Técnico, y tantos otros casos, con una norma como la referida, jamás se hubiesen conocido en su real dimensión!

¡Este es el panorama creado con los votos de los asambleístas de Alianza País, que deberían enmendar este auténtico retroceso hacia el Medioevo! ¡Señores recapaciten, no se dejen utilizar para mutilar y anular los derechos políticos, sociales y humanos del pueblo del Ecuador!

¡Normas semejantes no estuvieron vigentes ni en años de las dictaduras militares ni del régimen de extrema derecha de Febres Cordero, y por ello la ciudadanía conoció en su momento sobre la represión, crímenes, injusticias y negociados de esos períodos!

¡No puede negarse, en estricto honor a la verdad, que la ciudadanía se enteró de los abusos de todos los regímenes por la acción de medios de comunicación y periodistas valientes, donde destacaron siempre, de manera fundamental, las radios democráticas y progresistas!

¡No vinieron criaturas celestiales a informarnos; fueron los medios referidos más allá de sus nexos y discrimen, de varios de sus comunicadores, contra las fuerzas progresistas! ¡Nadie habría conocido los crímenes del social cristianismo, si Febres Cordero hubiese dispuesto de una ley que impida hablar “hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente” como la que se ha puesto en vigencia en el régimen de la mal llamada “revolución ciudadana”! ¡Y nada tampoco se hubiese conocido de los abusos, robos y crímenes, de ningún gobierno!

Insistimos y destacamos que esta norma ya vigente apunta sobre todo en contra de los derechos de la gente humilde (que no tiene dinero para pagar un remitido pagado en un medio de comunicación escrito que exonere de responsabilidad a un medio) y sobre todo de los eventuales perseguidos sociales; esta norma afectará esencialmente a aquellos que resistan la depredación minera o ambiental! ¡Estas regulaciones no solo blindan al gobierno sino en forma paralela protege los intereses de las grandes multinacionales! ¡Y el Código Orgánico Integral Penal, que ya lo están “puliendo”, lo reforzará en forma terrible!

Seamos justos y objetivos. ¡Esta norma no afecta solo a los medios de comunicación (que por lo general han desdeñado los intereses de los excluidos) sino apunta directamente a silenciar a los sectores sociales que pretendan resistir y denunciar cualquier abuso y la depredación nacional!

¡Esta norma, además, como resulta inobjetable, se enfila a anular cualquier labor social contra las injusticias, y anula en los hechos buena parte de las actividades propiciadas por los organismos de Derechos Humanos!

¿Cómo se podía saber de estos y muchos otros casos de graves injusticias sin la difusión de los medios de comunicación, que ahora deben quedarse callados “hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente”? ¡Rectifiquen señores asambleístas! ¡Si tienen conciencia no hagan más daño al pueblo ecuatoriano! ¡No se dejen sorprender! ¡Antes de votar entérense bien de las consecuencias sociales y humanas que provocarán, y sobre todo con las llamadas “últimas reformas”, más aún si para rectificar una norma injusta o inconveniente requerirán que no exista el veto en contra del Ejecutivo!

Los del Ku Klux Klan eran más benignos jurídicamente

No es desconocido que políticos simpatizantes con el grupo racista de extrema derecha Ku Klux Klan todavía controlaban a mediados del siglo XX la dirección de varios Estados de EE. UU., como se sospechaba de autoridades de Alabama y Missisipi, donde incluían el manejo de la Justicia en varios de esos Estados de los EE. UU.

De haber existido una norma como la aludida (como habría soñado el Ku Klux Klan) el pueblo norteamericano no se hubiese enterado jamás de la resistencia –desde 1955- en Montgomery, de ciudadanos ilustres como los dirigentes negros por la igualdad de los derechos civiles Sara Parks y los pastores Ralph Abernathy y Martin Luther Ling. Aparte de las octavillas o volantes, una que otra emisora marginal les permitían denunciar lo que sucedía con los afroamericanos. ¡Pero entonces con una norma como la de esta Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, aquello habría sido imposible!

El silenciar los abusos tenía un límite hasta en el reino ominoso y criminal del apartheid o segregación racial, como sucedía en Sudáfrica. ¿A dónde iba Nelson Mandela y los dirigentes sociales del Partido Nacional Africano cuando se asesinaba, encarcelaba o torturaba a los negros de su país? Algún medio siempre leía o difundía cuando menos los boletines de prensa. ¡Pero si en Sudáfrica se hubiese esperado “hasta que se ejecutoríe la sentencia de un juez competente” el drama de Nelson Mandela y de los negros nunca se hubiese conocido en debida y oportuna forma en el mundo entero!

Igual drama habría sucedido con los pacifistas indúes perseguidos y atacados, partidarios del Mahatma Gandhi. ¿Dónde habrían acudido para exigir el cese del tormento social ocasionado por los británicos en la India? Y no cabe olvidar que incluso medios y periodistas radiales domiciliados en la propia Inglaterra informaban sobre las justas reivindicaciones patrióticas de Mohandas Karamchand Gandhi, conocido también como Mahatma (Alma Grande). ¡Es que entonces, para aliviar su tragedia, no había por allá ninguna “revolución ciudadana” con la mentalidad referida!

¡Ni Gabriel García Moreno en el siglo XIX disponía de un Superintendente de la Información y la Comunicación, designado además por el mismo, para castigar sin réplicas onerosas ni miramientos las opiniones de sus adversarios! ¡Esta regulación viola el Art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que Ecuador es país signatario, que exige juzgadores y tribunales “independientes e imparciales”! ¡Están convirtiendo al pueblo ecuatoriano en una sociedad desamparada, humillada y silenciada!

¡Igual se viola el Art. 76, numeral 1, de la Constitución vigente de la República, que señala “Corresponde a toda autoridad administrativa y judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de las partes.” ¡En esta materia, según el tenor literal de la Ley, sobre todo por lo establecido en los Arts. 55 y 56 de la misma, el gobierno será juez y parte porque el Superintendente de la Información y Comunicación proviene de una terna designada por él mismo!

¡Ahora estamos peor que en la época de Gabriel García Moreno o de la corona española, en los siglos del colonialismo! ¡Volvemos a la censura del Medioevo y de la inquisición! Por ello la Revolución Francesa, a través de su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por su Asamblea el 26 de agosto de 1789, como un gran avance de la humanidad, aprobó el Art. 11 de la misma, que decía: “La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre; así pues, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, sin perjuicio de que responda de los abusos de esa libertad en los casos determinados por la ley.”

Esa misma Asamblea de Francia, en el Art. 16, proclamó: “La sociedad que no tiene asegurada la garantía de sus derechos, ni tiene determinada la separación de sus poderes, carece de Constitución.”

Y en su Art. 15, la misma histórica Declaración, señalaba: “Toda sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo funcionario público.”

¡Estas normas se aprobaban cuando Simón Bolívar tenía 6 años de edad y faltaban otros tantos para que naciese el mariscal Antonio José de Sucre. ¡Nos están llevando al Medioevo, a períodos superados del feudalismo. ¡No es verdad que se respetan los Derechos Humanos en el Ecuador! ¡Una de las mejores pruebas son varios de los artículos de esta Ley!

¡Y todo lo pretenden tapar con una propaganda intensiva, con varias cadenas nacionales cada día, donde utilizan a personas que estamos seguros jamás leyeron los artículos que comentamos!

¿Quiénes son los mayores beneficiarios de esta norma?

Esta norma jurídica secundaria e inconstitucional está dirigida a silenciar todos los abusos del poder “hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por juez competente”, como lo indica el Art. 25 de la Ley (que por lo demás en forma casi segura será absolutoria para todos los protegidos y allegados al oficialismo.)

De este modo quedarían blindados y protegidos todos los eventuales responsables de peculado y cualquier incorrección en la administración pública del país, porque nadie informará por el riesgo de ser sancionado “con el 2% de la facturación promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, presentada por sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas”. ¡El silencio está garantizado!

Con una norma así los casos de irregularidades, negociados y hasta crímenes de los años de la dictadura, como los casos Konbrio, Tokura, el destino de las vaquillas importadas desde Costa Rica, la desaparición del cargamento de urea de un buque entero, la eliminación selectiva de dirigentes populares y estudiantiles, entre otros hechos escandalosos, jamás se habrían sabido y desentrañado.

Con una norma semejante en el gobierno de Febres Cordero nunca se hubiese permitido informar nada, absolutamente nada, ni de sus negociados ni crímenes, “hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente.” ¡Las sentencias, de este modo, podrían postergarse años, hasta que nadie se acuerde de nada, de ningún abuso ni tropelía! ¡Este es también un eslabón de la impunidad infranqueable! ¡”Multas y más multas –para empezar- contra quien no guarde silencio absoluta” parece ser la consigna!

¡Los banqueros responsables del atraco bancario de la década del noventa hubiesen hecho una fiesta memorable con una norma como la referida, porque todo el mundo se queda prohibido de hablar, y porque con el Art. 26 de esta misma Ley, al hablarse de información “reiterativa” se hubiesen blindado de manera inmejorable e incomparable! ¡”Qué vivan las normas jurídicas que precautelan nuestra impunidad” lo hubiesen proclamado a los cuatro vientos!

¡Ni en sus sueños más insospechados e insólitos Al Capone hubiese supuesto que podría haber gozado de semejante protección jurídica ni que hubiesen existido autoridades que lo habrían permitido! ¡Esta norma, entre otras, debe ser anulada por la Corte Constitucional si cuando menos nos queremos preciar de país mínimamente civilizado!

Con esta regulación, aparte de las dos siguientes normas que vamos a revisar de manera muy somera, nadie habría conocido, en los últimos años, de contratos al margen de la ley, del caso Duzac, de los comecheques, de las denuncias sobre el secuestro de Balda en Colombia, y de tantísimos otros casos. ¡Quizá distinta hubiese sido la votación si los asambleístas –en vez de ser presionados a actuar con urgencia- hubiesen leído con antelación y sopesaban con responsabilidad y madurez las consecuencias de cada una de sus decisiones! ¡Pero parecería que muchos votaron sin haber leído un texto modificado sobre la marcha!

¡Los asambleístas de Alianza País no deberían defender este atentado a la vigencia de los Derechos Humanos, sino rectificar para devolver derechos mínimos del pueblo, porque se supone que, además, para ello ocupan esas funciones!

¿Qué tipo de “revolución” están haciendo? ¡Están enjaulando a sus propios conciudadanos, e incluso a sus hijos y nietos que los están condenando al silencio forzado total! ¡Todo perseguido y enjuiciado quedará en la más absoluta indefensión!

Segunda cucharada de cianuro

Me refiero al artículo denominado del Linchamiento Mediático y que consta en el Art. 26 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOCA como la llama el columnista Alfonso Reece) y que señala en forma textual:

“Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.”

“La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas.”

“1. La disculpa pública establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio y credibilidad de las personas afectadas.”

“2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o a la credibilidad de las personas afectadas.”

“3. Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o los daños causados y por su reparación integral.”

Algunas reflexiones en torno a esta norma
1
Nótese en primer lugar que en esta norma no se habla de información FALSA o inexacta, por lo que, con este tenor literal, cualquier persona, incluso quien quebranta la ley, podría tomar la delantera y ella, en vez de responder por sus probables delitos, podría enjuiciar a cualquier medio de comunicación alegando que se ha actuado “con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. ¡Los malandrines y audaces se impondrán y el periodismo de investigación será una mera referencia prehistórica! ¡No se puede difundir ni la verdad! ¡Silencio total es la consigna!

Con una norma semejante, aunque siempre dijeron la verdad, no hubiesen podido ejercer el periodismo jamás ni Eugenio Espejo, ni Juan Montalvo, ni José Peralta, ni Eloy Alfaro. Les hubiesen acusado de desprestigiar personas naturales o jurídicas. ¡Qué clase de “revolución” es ésta que anula hasta los más elementales derechos humanos y ciudadanos?

2

Pero existen tres aspectos cruciales en este concepto del linchamiento mediático. Primero: El que se refiere a la información de “forma concertada”. Segundo: “publicada reiterativamente”. Tercero: “Con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Analicemos cada caso.

PRIMERO: “En forma concertada” es una apreciación absolutamente subjetiva. Porque existen noticias que no pueden faltar en ningún medio de comunicación o despierte el interés de todos los periodistas. El caso Julián Assange o Edward Snowden ¿puede ser omitido? Un crimen o un atraco a fondos públicos ¿debe ser ocultado? Hasta podría suponerse que les “silenciaron” a los medios de comunicación con un “bozal de oro”. Los temas importantes y su trascendencia siempre serán motivo de afán común irrenunciable en todo medio de comunicación y periodista del mundo. ¿Puede interpretarse todo interés colectivo de información, por un tema de gran trascendencia, como “forma concertada” para el “linchamiento mediático”? ¡Esta norma, como está redactada, abre esa posibilidad!

SEGUNDO: “Publicada reiterativamente” una información es una tremenda limitante, porque existen temas que no se agotan en un día, más aún cuando se descubre, gracias al periodismo de investigación, novedades diferentes en forma progresiva. Todos los negociados y crímenes de la historia nacional e internacional nunca se agotaron en un día. Son siempre un reiterado tema recurrente. ¿Cuántos medios del mundo entero han publicado “reiterativamente” sobre la muerte de John Kennedy? ¿No ha habido, cuando menos en ciertos medios, informaciones recurrentes sobre la muerte de Abdón Calderón Muñoz o Jaime Hurtado González, entre otros ciudadanos asesinados?

La matanza de más de cien zafreros del ingenio Azucarera Tropical Americana, AZTRA, del 18 de octubre de 1977, en la dictadura del Triunvirato Militar, no se aclaró en un solo día. Ni el caso del avión Fokker, el sobreprecio de la vía perimetral, y cientos de negociados, y manejos dolosos de fondos reservados, jamás se evacuaron en un solo día. Todos los casos de investigación periodística podrían ser motivo de acusación de publicación reiterativa. ¿Cuántos medios se han referido “reiterativamente” al atraco bancario?

¡Con una norma jurídica como ésta, si hubiese estado vigente durante el régimen reaccionario de Richard Nixon, en los EE. UU., este se hubiese salvado con toda facilidad! Nixon les habría enjuiciado por “acoso mediático” al “Washington Post” y a los periodistas Carl Bernstein y Robert Woodward, quienes hicieron el seguimiento secuencial del robo de documentos del Partido Demócrata ordenado por el propio Nixon, al “Comité Nacional del Partido Demócrata”, ubicado en el Hotel Watergate, en Washington, el 17 de junio de 1972. Más aún cuando la información fue filtrada desde el propio número 2 del FBI, por intermedio del seudónimo “Garganta Profunda” (William Felt), quien guió la investigación de un grave delito y nunca suministró todos los datos de golpe, sino en forma progresiva.

Pero además se supone que el linchamiento lo hace quien tiene la fuerza. La turba contra un ciudadano por ejemplo. No se podría suponer que un gato lincha a un tigre o a un león. Esta norma es una muestra monumental del carácter abusivo y represivo de estos tiempos de supuesta “revolución ciudadana”.

TERCERO: En este mismo Art. 26 que determina que “Queda prohibida la difusión de información (…) con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”, se consagra el silencio total de los medios y los periodistas independientes y no subordinados, porque toda opinión o información roza actos de personas o entidades, sin ninguna duda. ¿Toda información pública que se emita en Colombia afecta o no la gestión de Juan Manuel Santos, como en el Perú la de Ollanta Humala, o de Barack Obama en los Estados Unidos? Con una norma análoga en estos países, o cualquier otro, toda opinión podría ser asimilada al “propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”.

Por ello en los países europeos, con el frontal apoyo de sus órganos legislativos, Francia por ejemplo, acaban de despenalizar las opiniones que se formulen o entrañen información relativa a servidores públicos, empezando las que puedan formularse al propio presidente de Francia. ¡Si alguien desea no estar en la boca de nadie debería retirarse de la política! ¡Nadie jamás le hubiese nombrado al presidente Rafael Correa si se hubiese abstenido de ingresar a la vida política! ¡Pero resulta que es el presidente de la República y todas sus decisiones son analizadas, en función de sus consecuencias, por todos los sectores sociales, políticos e ideológicos!

¡Es evidente que se desea desde el poder que nadie se acuerde de hechos que ameritarían un conocimiento cabal y el seguimiento correspondiente por parte de la ciudadanía! Las posibilidades de enjuiciamiento a los periodistas o a cualquier ciudadano no nacen de esta ley; habían desde hace décadas. Caso contrario ¿cómo enjuiciaron en los años precedentes a los periodistas Emilio Palacio, Juan Carlos Calderón o Cristian Zurita?

¡Esta legislación de un inexistente “Socialismo del siglo XXI” nunca la concibió ninguna de las dictaduras existentes en el Ecuador, y ni siquiera en el gobierno de León Febres Cordero o Jamil Mahauad! ¡Señores asambleístas de Alianza País, por favor, mediten en las tristes tareas que los encomiendan; no actúen como alfiles obedientes de un oscuro poder que emite dictados represivos y reaccionarios desde las sombras!

Con el tenor literal del artículo referido, y ya vigente, nadie puede referirse a las personas o a las entidades –públicas o privadas- porque en este Art. 26 se habla muy claramente de “persona natural o jurídica” y de la posible consecuencia de “reducir su credibilidad pública”. Al no establecerse, además, si son personas jurídicas públicas o privadas, cualquier multinacional también podría acogerse a esta norma. Por ejemplo, la empresa minera china Tongling, que tiene a su cargo la explotación de las minas de cobre más importantes del Ecuador, la Mirador, de Zamora Chinchipe, o la Panantza San Carlos, de Morona Santiago, podría acusar a cualquier medio de comunicación (por alguna opinión de cualquier comentarista) de linchamiento mediático. O puede demandar la Coca Cola o la Monsanto, o cualquier otra, y alegarían que están afectando su “credibilidad pública”. ¡El tenor literal aprobado así lo permite!

Si no hay como referirse ni a las personas naturales o jurídicas, ¿a qué se podría referir un periodista o medio de cualquier tendencia? ¿Se imaginan la narración de un partido de fútbol en el que no puedan darse los nombres de los jugadores? Este ejemplo puede trasladarse a las demás actividades de comunicación y opinión.

Además, no es verdad que todos los medios son solo la encarnación del mal y de la perversidad. Recuerdo que cuando en el gobierno de Febres Cordero fui víctima de un secuestro y brutal golpiza y atentado a mi vida, la noche del 23 al 24 de septiembre de 1987, cuando pretendía demostrar cómo se mataban a los presos y se asesinaba y desaparecía personas en ese régimen, y que me tuvo de hospital en hospital durante largo tiempo, siendo diputado socialista interpelante, como Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, todos los medios de comunicación, con mayor o menor espacio informaron ese hecho, aunque con muchas limitaciones; pero lo hicieron a disgusto de Febres Cordero y su ministro Robles Plaza. Esa es la verdad y puede verificarse. ¿Cómo el país se enteró de tantísimos negociados y crímenes de Estado producidos en el Ecuador en décadas? ¡Seamos objetivos en el análisis!

¡Pero ese hecho, con varias de las actuales normas jurídicas que conforman la Ley Orgánica de Comunicación de la llamada “revolución ciudadana”, no hubiese sido posible difundir, y menos todavía si ese régimen hubiese dispuesto de un Superintendente de la Información y Comunicación propio, colocado a dedo por él mismo!

La tercera cucharada de cianuro

El Art. 30 de la misma Ley Orgánica de Comunicación dice, en la parte más llamativa, en forma textual:

“Art. 30.- Información de circulación restringida.- No podrá circular libremente, en especial a través de medios de comunicación, la siguiente información:

2. La información acerca de datos personales y la que provenga de comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o por juez competente;

“La persona que realice la difusión de información establecida en los literales anteriores será sancionada administrativamente por la Superintendencia de Información y Comunicación con una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que responda judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.”

Salta a la vista que información “acerca de datos personales” resultan desde los nombres y apellidos de cualquier ciudadano, funcionario o autoridad. Cualquier opinión de un comentarista radial que hubiese dado un nombre y apellido “cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular” le haría merecedor a “una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas mínimas unificadas”, cantidad que entraña hoy a una franja entre los 3.180 a los 6.360 dólares! ¿De dónde podría obtener esos fondos un comentarista, aunque diga la verdad, en cualquiera de las radios del Ecuador? ¡Existen restricciones organizadas y planificadas para suprimir toda opinión discrepante, aunque sea certera!

El artículo presente no habla de información personal inexacta o falsa; nada de eso, simplemente se refiere a datos personales “cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o juez competente”. ¿Quién puede, a partir de ahora, sin riesgo inminente y discrecional de ser multado con “10 a 20 remuneraciones básicas mínimas unificadas”, dar los nombres de un comisario, intendente, gobernador, concejal, consejero, alcalde, prefecto, asambleísta, ministro, o incluso nombrar al presidente de la República y más aún si forma parte del oficialismo?

El tenor literal no miente, se habla de información que “no podrá circular libremente”, sin necesidad que sea falsa. ¡Ni la información verdadera está protegida! ¡El empeño es callar y silenciar a una sociedad entera!

¡Esta es la legislación que ha aprobado la “revolución ciudadana” y que nos devuelve al Medioevo, a los siglos anteriores a la Revolución Francesa! ¡Y el Código Orgánico Integral Penal que se avecina es muchísimo peor!

¡Por ello advertimos que nos están enjaulando a los ecuatorianos, a quienes para empezar pretenden subyugarnos y dominarnos con el miedo a ser despojados de la fuente de trabajo y protección familiar, y del terror psicológico, y disposiciones similares a las que promulgó el fascismo!

La valiosa opinión del Obispo José Mario Ruiz Navas

El sábado 22 de junio del 2013, monseñor José Mario Ruiz Navas, publicó en diario El Universo, en su pág. 5, un muy importante y versado comentario hacia donde nos están llevando a los miembros de la sociedad ecuatoriana. Su título señala: “El abuso a la libertad es mal menor”. Dice lo siguiente (los subrayados y negrillas son nuestras) en su parte medular:

“Sin embargo, aun habiendo conocido de cerca los abusos cometidos en algunos medios, estoy convencido de que a todos hace bien la diafanidad purificadora de una información libre y responsable. Notemos ante todo, que independencia de funciones del Estado y libertad de información van juntas.”

Hablando sobre la base histórica de este derecho a la información, dice en forma textual:

“a) En estados en los cuales sí hay efectiva independencia de funciones, los medios, desde una diversidad de enfoques, informan a los ciudadanos. Los ciudadanos, no encontrándose ante una valoración ya hecha, reflexionan y disciernen; reflexionando y elaborando su juicio personal, maduran cívicamente. Algunos gobernantes y gobernados infravaloran la reflexión y la libertad, diciendo: “Con reflexión ni comemos ni nos divertimos”. Notemos que sin reflexión nos domesticamos y nos convertimos en manada. ¿No importa?”

“b) En estados sin real independencia de funciones no hay libertad de información. En Italia bajo Mussolini, por falta de medios de comunicación libres, la generalidad de los ciudadanos ignoraba lo que realmente sucedía nacional e internacionalmente. No había información, había propaganda. Faltando medios de comunicación libres, solo después de la tragedia, conocieron los crímenes cometidos en el campo económico y social por parientes y amigos de los dirigentes del fascismo. Mussolini impuso a los italianos, desde niños, una ideología. El fascismo, excluyendo la comunicación libre, que atrae aportes de otras vertientes y señala errores de los que ejercen el poder, produjo finalmente la postración de Italia. Recordarlo no es molestar, es prevenir.”

¿Alguien puede sostener con objetividad que no nos pretenden convertir en manada? ¿No es notoriamente escandaloso que desde las cumbres del poder desean silenciar y humillar a toda la sociedad ecuatoriana? ¡La Italia fascista de Mussolini es un espejo que nos trae a utilizar monseñor José Mario Ruiz Navas! ¡La historia corrobora lo que él señala! ¿Nuestra querida Patria se encamina a ese modelo autoritario depredador y brutalmente represivo?

Regulaciones del Tercer Reich

El 28 de febrero de 1933, a escasos 28 días de ser nombrado Adolfo Hitler como Canciller del Reich, y al día siguiente de la quema deliberada del parlamento alemán, en un comprobado auto atentado, para responsabilizar de dicho hecho a los socialistas y socialdemócratas y colocarlos al margen de la ley, los nazis pusieron en vigencia el llamado “Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del Estado”, el mismo que, con engañoso título, fue firmado por la máxima autoridad estatal de entonces, el mariscal Paul Von Hindenburg.

Este Decreto disponía de seis artículos y fue elaborado por dirigentes nazis del ministerio del Interior de Prusia liderados por Hermann Goering, el mismo que fue presentado para su trámite ante el gabinete presidido por Adolfo Hitler, invocando el Art. 48 de la Constitución del Weimar.

El primer artículo, preludio jurídico para un régimen de atropellos inauditos, que primero y antes de nada suprimía el derecho de opinión y expresión, decía en forma textual:

“Art. 1.- Se suspende hasta nuevo aviso el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad individual de la persona, la libertad de asociación, la libertad de reunión y secreto de las comunicaciones; las autoridades quedan autorizadas para realizar registros de domicilios y oficinas.”

Este Decreto “hasta nuevo aviso” jamás fue derogado y varias de las libertades, perdidas en 1933 con el ascenso del nazismo, las recuperó el pueblo alemán solo luego de la derrota del nazismo en la II Guerra Mundial, que constituyó un tremendo holocausto para toda la humanidad y cuyo costo en vidas humanas se estimó entre 60 a 70 millones. El pueblo alemán, bombardeado por una propaganda intensiva y asfixiante, ideada por el ministro de “Propaganda y Educación Popular” Joseph Geobbels, no pudo reaccionar y tomar conciencia en forma oportuna, y fue arrastrado hacia una terrible tragedia política, económica, social y humana.

El 4 de octubre de 1933 publicarían los mismos nazis, para mejor controlar y restringir las opiniones, la “Ley para Escritores y Periodistas”, que en sus primeras regulaciones convertía en ley la siguiente declaración:

“La confección del contenido de los periódicos y revistas políticas, publicadas en el territorio del Reich, ejercida como profesión principal o en plan de colaboración aisladas, es un deber público cuyas obligaciones y derechos profesionales determinará el Estado con esta Ley. Los portadores de este deber público se llaman redactores. Quien no reúna las exigencias establecidas en la presente ley, no puede ser admitido como redactor.”

¡Es que la verdad y opinión certera no deja de advertir a una sociedad de los inminentes riesgos que se ciernen sobre la misma! ¡Para ello se organizan todas las restricciones en forma escalonada e inexorable!

Rafael Videla y el “silencio necesario”

Conviene recordar que el genocida general Jorge Rafael Videla, que gobernó Argentina a sangre y fuego entre 1976 a 1981, en el libro “Disposición Final”, que circuló editado por Editorial Sudamericana el 14 de abril del 2012, y que recoge las entrevistas realizadas a él por el periodista argentino Ceferino Reato, señala –el dictador- en sus confesiones no solo que mataron “entre 7.000 a 8.000 personas durante los años de plomo”, sino que “el régimen militar hizo desaparecer los restos de las víctimas para no provocar protestas dentro y fuera de Argentina.”

La relación del libro con las declaraciones de Jorge Rafael Videla, artífice de la “Guerra Sucia”, la publicó en forma resumida diario El Telégrafo, del domingo 15 de abril del 2012, pág. 30, donde destaca en forma rotunda que requerían silenciar a toda la sociedad argentina, anular y suprimir toda información alternativa porque “necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta”.

¿Cómo podían evitar que la sociedad se diera cuenta? ¡Silenciando las opiniones sustentadas en la verdad y anulando la capacidad de información de los medios de difusión social! Es que si se percataba de toda la verdad dantesca de los hechos iba a protestar; si el pueblo argentino ignoraba los crímenes los asesinos podían seguir en su empeño macabro sin contratiempos.

¡Más se sabía fuera de Argentina que dentro; por ello la selección de Holanda, luego de la presentación en el mundial de 1978, salió a acompañar a la Madres de la Plaza de Mayo, en un gesto que honra y dignifica a estos deportistas, como seres humanos, y al país que representaban con honor y decoro!

¿Qué puede temer o recelar un régimen que manifiesta que dispone de manos limpias? ¡Cuánta alegría no tendrían los ciudadanos de una sociedad de persuadirse –sin engaños- que esa es la verdad! ¡Pero hasta para ello se necesita transparencia e independencia de la comunicación! ¡El silenciamiento es retornar a siglos anteriores a la Revolución Francesa! ¡Por favor recapaciten señores asambleístas y jueces de la Corte Constitucional!

¡No pueden Ustedes creer en una propaganda persistente y encubridora que oculta en forma perversa temas como los formulados en esta exposición! ¡Se utilizan las mismas técnicas de la propaganda de Joseph Geobbels, el ministro de Propaganda y Educación Popular del nazismo! ¡Y ahora con una tecnología mucho más desarrollada!

Una reflexión final

El gran argumento para la formulación de la ley con estos alcances, y sobre todo los artículos abordados, estriba en que la opinión es ante todo un servicio público y no un derecho humano. Argumento frente al cual cabe reflexionar: ¿La vida es un derecho humano o es un servicio público? Tanto el derecho a la vida, a la integridad y a la capacidad humana de pensar, opinar y transmitir sus ideas, son no solo derechos de similar valor sino constituyen garantías irrenunciables de la condición propia de seres humanos. ¡En este campo no caben dubitaciones!

Por ello, en forma lúcida, la revista Vistazo, edición 1101, del 4 de julio del 2013, en su editorial publicado en su página 11, titulado “El turno de los ciudadanos”, advertía:

“La imposición de esta Ley es similar a la construcción de un represa en un río torrentoso, la represa no logra que el agua desaparezca, solo que desvíe su cauce. Como el agua, las opiniones de la gente van a seguir fluyendo y encontrarán desfogue en las redes sociales, se compartirán en Internet, se enviarán por e-mail, por SMS, se debatirán en blogs. ¿Quién va a reprimir todas estas expresiones? ¿Cómo?”

“Hoy en día, el arma más poderosa que tiene la gente para exigirle a su gobierno que rindas cuentas es el acceso a la información y la capacidad de compartirla en forma inmediata. Si usted, que lee esto, aún piensa que la Ley de Comunicación solo afecta a los medios, reconsidérelo. La posta está en sus manos. Opine. Pregunte. Demande respuestas.”

Los señores asambleístas, si tuvieran conciencia de su verdadero poder y del respeto que merecen, deberían reconocer que disponen de un número suficiente como para frenar todo atropello e irrespeto en su contra y en contra del pueblo ecuatoriano. El propio Art. 129 de la Constitución permite enjuiciar, censurar y destituir a un mandatario que no defienda el interés nacional o popular “con las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional”. En estas condiciones ¿pueden humillarlos, someterlos y postrarlos de rodillas? ¡Deben recordar que serán juzgados por la historia, el pueblo y su propia conciencia!

¿Por qué no solicitan que cuando menos les permitan estudiar con serenidad, bien asesorados y con el tiempo suficiente, los artículos que buscan que se aprueben a la urgencia y sin medir las consecuencias sociales y humanas en contra de un indefenso y desamparado pueblo ecuatoriano?

Los ecuatorianos debemos tomar muy en cuenta que en ninguno de los tres artículos analizados en esta exposición, se habla o refiere a información FALSA o INEXACTA; se busca que simplemente no exista ninguna información; anhelan que no se informe nada, ni siquiera lo que dispone el sustento de la verdad. Esto debe quedar muy en claro. El hecho que esta Ley sea inconstitucional y contraria a varias Declaraciones de Derechos Humanos tampoco les causa mella. Simplemente la aplicarán, opóngase quien se oponga.

¡Se pretende llevarnos a época de penumbras y tinieblas, donde el pueblo no pueda ni mirar ni oír respecto a lo que acontece con su destino y sus recursos! ¡Es hora de abrir los ojos! ¡Que nadie diga que no se advirtió y que todos callamos!

Por ello cabe recordar que ante las severas restricciones políticas impuestas por el déspota Gabriel García Moreno, en el siglo XIX, que no llegan al nivel de las actuales, escribió Juan Montalvo: “El gobernante que no permite hablar ni escribir es tirano; el pueblo que no puede ni lo uno ni lo otro, esclavo.”

Y más de un siglo antes el Barón de Montesquieu, hacia 1748, antes de la Revolución Francesa, advertía: “No hay tiranía más cruel que la que se perpetúa bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia.”

Quito, julio del 2013.

* El autor del presente trabajo fue legislador socialista en tres oportunidades; dos por la provincia del Azuay, de la que es oriundo, y una como legislador nacional. Militante socialista desde 1971. Fue Secretario General del Partido Socialista Ecuatoriano, entidad legal de la que se separó en 1995 “para poder seguir siendo socialista”. Es Coordinador Nacional del Movimiento Socialista Bolivariano, MSB, organización constituida en 1998. En el año 2009 fue candidato Socialista a la Presidencia de la República del Ecuador sin que hubiese podido mirar una sola de las actas electorales (¡de más de treinta mil Juntas Electorales!) porque todas se enviaron con urgencia a unas extrañas “Juntas Intermedias” o agujeros negros del derecho donde todo se esfumó!