EL CAPITULO DEL PARAMILITARISMO 



CORTE PENAL INTERNACIONAL, PARAMILITARISMO, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ, PARAPOLÍTICA, CONFLICTO ARMADO 




RÉGIS BAR

Hay que reconocer que el reporte intermedio de la Fiscalía de la CPI sobre
Colombia constituye un avance positivo en el sentido de que representa una
fuente importante de calificación de los crímenes más graves que se han cometido
dentro del conflicto armado. Sin embargo, en cuanto al paramilitarismo, el análisis de
la Fiscalía de la Corte contiene vacíos que impiden evaluar el fenómeno en toda
su complejidad y amplitud.

Régis Bar
Fuente: http://co.globedia.com

A medida que avanzan las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC se hace más y
más evidente que un simple acuerdo entre los dos actores no llevaría automáticamente
a la paz sino al final de un conflicto armado viejo de medio siglo.
La historia de la violencia que ha sufrido Colombia es mucho más compleja que el simple
enfrentamiento armado entre las FARC y las Fuerzas Armadas, por eso la construcción de
una verdadera paz, que tanto reclama el pueblo colombiano, necesita un amplio proceso
de recopilación y publicidad de la verdad, una aplicación eficaz de la justicia y unos cambios
profundos en la estructura socio-política del país.

Justamente, en cuanto a la necesidad del establecimiento de la verdad y de la justicia,
cabe preguntarse cuáles han sido los resultados de la desmovilización de los grupos paramilitares
casi ocho años después del inicio del proceso de Justicia y Paz. En este sentido, resulta
interesante analizar el reporte intermedio del examen preliminar acerca de la situación en
Colombia que publicó en noviembre del año pasado la Oficina de la Fiscalía de
la Corte Penal Internacional (CPI)1.

Sobre todo si se tiene en cuenta que la CPI representa una fuente a priori "neutral" de análisis
del conflicto armado colombiano y que la creación de esta Corte fue probablemente uno
de los motivos que condujeron a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En este examen preliminar, la CPI analiza los presuntos crímenes cometidos en Colombia que
podrían ser de su competencia. Es decir los crímenes de lesa humanidad cometidos desde
el 1 de noviembre de 2002 y los crímenes de guerra cometidos desde el 1 de noviembre de 2009.
Esta última fecha se define a partir del artículo 124 del Estatuto de Roma, que le permite
a un Estado declarar que no acepta la competencia de la Corte por un período máximo de siete años.
De esta manera, y considerando que los grupos paramilitares se desmovilizaron antes de 2009,
la Corte indica claramente que no tiene competencia para pronunciarse sobre los crímenes de
guerra que cometieron. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, la CPI señala que
"existen motivos razonables para creer" que los paramilitares cometieron asesinatos,
traslados forzosos de población, encarcelaciones, torturas y violencia sexual2.
Al respecto, la Corte ha tenido como propósito evaluar si se ha dado prioridad a las acciones
judiciales contra los máximos responsables por los crímenes más graves y si estas acciones
judiciales han sido genuinas.

Asimismo, el informe de la CPI indica que 14 paramilitares, entre ellos 7 líderes,
han sido condenados dentro del proceso de Justicia y Paz y otros 23 líderes paramilitares
dentro del sistema de justicia ordinaria. Adicionalmente, el informe señala que otros 13 líderes
han sido objeto de acciones judiciales. Con estas cifras, la Corte infiere que el sistema
judicial colombiano ha investigado 43 de los 46 líderes paramilitares que aún siguen en vida,
llegando así a la conclusión que estos casos no serían admisibles ante la Corte. Pero al
mismo tiempo, afirma que sigue analizando las actuaciones judiciales relacionadas con
la aparición, promoción y expansión de los grupos paramilitares, si la cuestión
sobre los "grupos paramilitares sucesores" (llamados por el gobierno bacrim) podrían
considerarse parte en el conflicto armado.

Hay que reconocer que la existencia de este informe constituye un avance positivo
en el sentido de que representa una fuente importante de calificación de los crímenes
más graves que se han cometido dentro del conflicto armado colombiano. Sin embargo,
en cuanto al paramilitarismo, el análisis de la Fiscalía de la Corte contiene vacíos que impiden
evaluar el fenómeno en toda su complejidad y amplitud. Un grave defecto del informe
es que se basa principalmente en las cifras, analizando la eficacia de la justicia colombiana
de un punto de vista únicamente cuantitativo. Esto está ligado con la "obsesión" que parece
tener la CPI por la priorización de los casos que atañen a los máximos responsables,
lo que la lleva a considerar la judicialización de los grupos paramilitares como un hecho
casi consumado.

Igualmente hay razones para pensar que las cifras que representan un motivo de satisfacción
para la Corte no constituyen en sí mismas pruebas contundentes de la voluntad del Estado
colombiano de enjuiciar los crímenes paramilitares de manera firme. Para evaluar realmente
esta voluntad, habría que llevar a cabo un análisis profundo del funcionamiento global del
sistema judicial colombiano, donde la dimensión cualitativa es indispensable. De la
misma forma, es relevante el hecho de que el informe menciona las extradiciones de los
paramilitares a los Estados Unidos sin tener verdaderamente en cuenta que éstas se
constituyeron en un obstáculo al proceso de judicialización de los grupos paramilitares.

En cuanto al proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía de la CPI reconoce que los avances han
sido lentos pero "no considera, por ahora, que las demoras para concluir las actuaciones
penales indiquen necesariamente falta de voluntad o de capacidad"3. Esta afirmación
parece bastante sorprendente cuando se sabe que sobre las 4714 personas que se han
acogido al proceso hasta la fecha solamente se han dictado 14 condenas. 14 condenas
en casi ocho años de proceso, es decir el mismo tiempo de la condena máxima que pueden recibir.
Es aún más desconcertante cuando se considera que esas 4714 personas sólo representan
un poco más del 10% del total de los desmovilizados. Esto quiere decir que casi
el 90% de los paramilitares que se han desmovilizado han sido "amnistiados", sin que se
sepa nada de los crímenes que cometieron. A esto se suma que los paramilitares
desmovilizados que han participado en el proceso de Justicia y Paz no han entregado
todavía suficiente información a través de sus "versiones libres", que muchos han vuelto
a delinquir desde la cárcel, y que han sido escasas las reparaciones a las víctimas.
Todo esto hace que el proceso de Justicia y Paz se asemeje más a un procedimiento
administrativo de formalización de la impunidad que a un proceso penal que
respete los requisitos internacionales y los derechos de las víctimas.

Por otro lado, es importante señalar que la distinción neta que se hace entre actores
no estatales y actores estatales en el análisis de la CPI es un defecto importante,
puesto que ha sido demostrada la participación del Estado en el origen del paramilitarismo
así como la larga historia de colaboración entre grupos paramilitares y Fuerzas Armadas.
Desde este punto de vista, esta distinción impide el desarrollo de una evaluación correcta
del fenómeno criminal del paramilitarismo. Un ejemplo de esto es el análisis que hace
la Corte de la parapolítica que se enfoca en el número de condenas realizadas, sin realmente
valorarlas ni preguntarse si han permitido establecer el verdadero grado de penetración del
paramilitarismo dentro de las instituciones del Estado. Por otro lado, cuando la Corte examina
el fenómeno de los falsos positivos en ningún momento hace referencia a la participación
de los paramilitares, cuando las pruebas indican que en ciertas ocasiones fueron los propios
paramilitares quienes entregaban los cuerpos a los militares para que fueran declarados
"muertos en combate".

Finalmente, si la Fiscalía de la CPI indica que "investigaciones adicionales para revelar la
verdadera escala del fenómeno paramilitar durante el conflicto armado parecen particularmente
necesarias y, en concreto, para revelar el apoyo y la complicidad proporcionada por
redes políticas, militares, económicas y administrativas"4, esto parece un deseo irrealizable
a la luz de su propio método de análisis del paramilitarismo y de los criterios que parece
tener para evaluar el funcionamiento de la justicia colombiana.

Aún cuando esta tarea de esclarecimiento de la verdadera dimensión del sistema
paramilitar parece insuperable, existen personas que ya han empezado a hacerla.
Son académicos, investigadores, periodistas, juristas, políticos o simples ciudadanos,
todos ellos personas valientes, que pueden verse amenazadas por su trabajo en favor
de la verdad y la justicia. Sin embargo, queda mucho por hacer para develar toda
esta historia de crímenes atroces y de usurpación del poder, y tal vez aún más para
que esta historia sea escuchada y aceptada por el país. Porque el paramilitarismo no ha
sido un simple fenómeno criminal, por el contrario él se ha constituido en una red de
dominación y de violencia particularmente poderosa y compleja, entre lo privado y lo
público, con poca equivalencia en la historia moderna. Por eso no deja de sorprender
que su importancia haya sido minimizada tanto a nivel internacional como por ciertos
sectores de la población colombiana.

Es posible que en este camino de la reconstrucción histórica del paramilitarismo
los ciudadanos colombianos tengan que cuestionar hasta la máxima figura del Estado.
Ya no es noticia el hecho de que el ex presidente Álvaro Uribe haya sido seriamente
señalado de tener vínculos con el paramilitarismo y que muchos de sus colaboradores
más cercanos hayan sido salpicados por su colaboración con los grupos paramilitares.
Es más, Álvaro Uribe fue directamente designado como uno de los fundadores del Bloque
Metro de las AUC en recientes declaraciones hechas por exparamilitares5. A pesar de esto,
el expresidente cuenta todavía con una alta tasa de popularidad dentro de la población colombiana
y una imagen de "salvador" de Colombia en ciertos medios internacionales, lo que dificulta
la posibilidad de una mirada crítica de la historia más reciente.

En fin, el trabajo por la construcción de la memoria en Colombia es una meta de largo plazo
que requiere tanto tener un enfoque pedagógico como asumir la lucha contra el olvido
oportunista, las malas intenciones y una cierta ceguera. Lo seguro es que para lograr una
verdadera paz, Colombia necesita estudiar con objetividad su historia reciente, sin dejar de
lado su capítulo tal vez más vergonzoso, que es el paramilitarismo.


***
1 http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF
2 idem, p3
3 idem, p6
4 idem, p68
5 Ver: "Ex para" ratifica señalamientos contra el ex presidente Uribe. http://www.verdadabierta.com/component/content/article/63-nacional/3969-ex-para-ratifica-senalamientos-contra-el-ex-presidente-uribe/