Forum en Línea: ¿Y LOS QUE NO TIENEN VOZ? 



LA SOCIEDAD MEXICANA NO TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL DEBATE PÚBLICO 




Francisco Gómez Maza / Análisis a fondo
analisisafondo@cablevision.net.mx

La iniciativa de reforma a las telecomunicaciones, apoyada ya por 340 diputados, presenta avances en lo que se refiere al aspecto mercantil del espectro radioeléctrico. Pero de ello a que pudiera ser una reforma democrática hay una enorme distancia.
Desde el cuadrante de la sociedad que no tiene derecho de participar en el llamado debate público, la iniciativa adolece de importantísimos olvidos. Uno: las radios comunitarias.
Lo único claro en la iniciativa es la propuesta de un organismo público autónomo para operar los sistemas de radio y de televisión asignados al gobierno federal, incluido el OPMA (Organismo Promotor de Medios Audiovisuales), que proveería el servicio de radiodifusión sin fines de lucro. Los otros serían el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.
Pero nada de la comunicación comunitaria, y especialmente de la radiodifusión comunitaria, que representa uno de los principales instrumentos de la ciudadanía organizada para hacer efectiva su libertad de opinión y expresión a través de sus propios medios.
Los dos organismos públicos que controlarían las telecomunicaciones contarían con un consejo ciudadano, elegido a propuesta del Poder Ejecutivo, para asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva.
Sin embargo, como lo ha advertido la secretaria de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara, Luisa María Alcalde Luján, una inconsistencia grave es la forma en que habría de elegirse a los comisionados. Contrasta con el objetivo de la iniciativa: el reconocimiento a la libertad de difusión de las ideas como derecho fundamental, constitucional.
Se concentraría el poder en los comisionados, que durarían nueve años en el encargo. Participarían en el comité que evaluaría a los aspirantes a ocupar un puesto en esos dos organismos el INEGI, el Banco de México y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No se entiende por qué dejaron fuera a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Otra inconsistencia: en el caso del otorgamiento de concesiones y revocaciones por parte del instituto, tendría que haber una previa opinión del Ejecutivo federal, aun cuando el organismo tendría autonomía.
Desde una perspectiva de derechos humanos, de acuerdo con el criterio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, resulta imprescindible, para consolidar una sociedad democrática, que coexista una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios, por medio de los cuales todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, logren expresar sus voces, promuevan el debate en sus comunidades, intercambien información y conocimiento, y participen en la toma de decisiones públicas.
Frente al desarrollo incesante de las tecnologías de la comunicación, este reto obliga a gobiernos, empresas y sociedad en su conjunto a democratizar el entorno mediático, conforme al principio de pluralismo y diversidad que debe regir el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Pero desafortunadamente esta libertad, junto con otras libertades fundamentales, está limitada por la violencia y criminalizada por una ideología impositiva de la seguridad, que pasa por encima de los derechos fundamentales de las personas.
Y la comunicación comunitaria, y especialmente la radiodifusión comunitaria, resulta todavía más vulnerada debido, por un lado, a la concentración empresarial y gubernamental de los medios masivos de comunicación y, por el otro, a la falta de un reconocimiento explícito en las leyes de medios, y de un marco que regule su funcionamiento.
De acuerdo con diversas denuncias de organizaciones civiles encabezadas por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México, autoridades federales y estatales han realizado operativos para desmantelar cabinas de radio, e imponer sanciones penales desproporcionadas a quienes participan en estos proyectos comunitarios, debido principalmente a la falta del otorgamiento de un permiso legal para utilizar el espectro radioeléctrico.