DERECHO A LA INFORMACIÓN, MEDIOS PÚBLICOS Y EL CÁNCER DE CHÁVEZ 



LOS GOBIERNOS NACIONALISTAS HAN FORTALECIDO LOS MEDIOS PÚBLICOS 



Galo Vallejos E.
MEDIACIONES/CIESPAL

Los gobiernos nacionalistas que han surgido en los últimos años en América Latina han privilegiado, dentro de sus políticas de Comunicación, la reivindicación de los derechos de la población. Sobre todo en lo que se refiere a la regulación a los medios de comunicación privados, acostumbrados a trabajar sin control, o casi ningún control, de parte del Estado.
En esa medida, dentro del respeto de esos derechos, en gobiernos como el venezolano, el ecuatoriano, el boliviano o el argentino ha sobresalido el fortalecimiento de medios que se han dado a conocer como públicos, que funcionan con recursos públicos y, en la mayoría de los casos, han trabajado en clave con los poderes ejecutivos de cada país. Por esa razón han sido cuestionados, sobre todo desde las esferas privadas, debido a las acciones que en más de una ocasión han ido de la mano con la de los medios particulares; es decir en función de intereses concretos sobre los de los grandes colectivos de cada nación. De la misma forma, han sido objeto de estas críticas los productos comunicativos que no van a tono con los derechos de las personas a recibir información de calidad. En otras palabras, se les reprocha manejar información a discreción, a pesar de que esa información debiera ser recogida, trabajada y difundida de la manera más rigurosa posible.
En esa medida, ¿cómo se podría interpretar las informaciones de los medios públicos de Venezuela sobre lo que ha sucedido alrededor de la enfermedad del presidente Hugo Chávez? Por lo menos hasta enero de este año, los medios oficialistas de ese país no habían precisado la información ni han mostrado la menor intención de hacerlo. Se han limitado a revelar generalidades. ¿La información sobre el estado de salud de su principal funcionario público, merece este tratamiento de parte del Ejecutivo venezolano, y por ende de sus medios? ¿O amerita este tipo de sigilo en la medida en que se trata de un asunto de seguridad nacional, tomando en cuenta el liderazgo de Chávez, a escala nacional, regional y mundial?
Chávez debía asumir su tercer mandato el 10 de enero del 2013. Se postuló a las elecciones cuando aún estaba, por lo menos según las informaciones oficiales, “curado” del cáncer. Hizo campaña de manera activa, participó en los comicios y los ganó. De pronto, a inicios de diciembre de 2012, se informó que había recaído en su salud y viajó a Cuba, diciendo que no sabía cuándo volvería. Incluso nombró a su sucesor, el aún canciller Nicolás Maduro. ¿Y qué señaló la prensa privada de Venezuela y del extranjero sobre el tema? Como sucedió cuando se reveló la enfermedad del mandatario en un inicio, en el primer semestre del 2011, respondió más que activamente, en razón de su inclinación política opuesta al chavismo, con distintas versiones que confirmaban la gravedad de la salud del Presidente venezolano.
Las nuevas regulaciones con respecto a la Comunicación en distintos países de América Latina ponen énfasis en la obligatoriedad de los medios de difundir informaciones de importancia y de relevancia social. Por ejemplo el proyecto de ley ecuatoriano, aún en carpeta, sostiene, en su artículo 32, que “tendrán especial importancia para promover y consolidar la democracia los siguientes discursos y expresiones: a.) La información y opinión sobre asuntos políticos o de interés público. b.) La información y opinión sobre servidores públicos o candidatos a cargos públicos. c.) La información y opinión sobre denuncias a violaciones a derechos humanos (…)”. De acuerdo con este conjunto de artículos, por lo menos en teoría, los medios públicos tienen la obligación de informar de la manera más completa y eficaz posible a su población. ¿Ha sucedido esto en el caso de Venezuela?
El teórico Toby Mendel sostiene que “la información es un fundamento esencial de la democracia a todo nivel. En los términos más generales, la democracia trata de la capacidad de los individuos para participar eficazmente en la toma de decisiones que les atañen. Las sociedades democráticas tienen toda una gama de mecanismos participativos (…). La participación eficaz en todos estos niveles depende, de manera bastante obvia, del acceso a la información, incluyendo la información en manos de entidades públicas. Las votaciones no son simples certámenes de belleza política. Para que las elecciones cumplan con su debida función, descrita bajo las leyes internacionales, como la de asegurar que la voluntad del pueblo sea la base para la autoridad del gobierno” (Mendel, 2009: p. 4).
¿Habría podido candidatizarse Chávez si se hubiera conocido con exactitud su estado de salud? Y, si se hubiera conocido, y Chávez aún enfermo hubiera podido terciar en los comicios, ¿habrían votado los venezolanos por alguien cuya salud no le iba a garantizar el ejercicio del cargo? Preguntas como estas son pertinentes en razón de la importancia del tema, porque se trata del futuro de un país entero, que no conoce con exactitud si la persona que eligió está o no en capacidades físicas de cumplir con un mandato de elección popular.
¿Qué papel deben cumplir los medios públicos en hechos tan relevantes como el de la enfermedad y la toma de posesión de Chávez? ¿Se da cuenta la población, como en este caso la venezolana, de que recibe de los medios públicos una versión que no corresponde con los hechos que se van revelando día a día a través de los medios privados?
Las percepciones del público con respecto a los medios públicos aún son de escepticismo, por lo menos en el caso ecuatoriano, que lo tenemos a mano. Según una encuesta de Ciespal, realizada en el 2009, “no se puede hablar de diferencias notorias entre medios públicos y privados en cuanto a tratamiento informativo. Con tratamiento informativo nos referimos, sobre todo, a contenidos y formatos de noticias que resulten distintos de los tradicionales, en lo cual se incluiría también el recurso a fuentes de información provenientes de otros sectores sociales” (Ayala, 2009: p. 40). La investigación aclaró, sin embargo, que en ese momento el conocimiento de los medios públicos en el Ecuador era más bien limitado, aunque quienes los conocían señalaron la similitud que tenían en su forma de trabajar con respecto a los medios privados.
La incertidumbre acerca del futuro del gobierno venezolano pudiera haberse atenuado con un manejo mediático distinto en el caso Chávez. Los ciudadanos de Venezuela, por lo menos basados en lo que les revelaron los medios públicos, no pudieron tener una certeza con respecto a las objetivas potencialidades y desventajas que representan el estado de salud y diagnóstico del candidato-presidente. No gozaron de una información proveniente de los medios públicos que pudiera haber abonado en su decisión de votar o no por el ahora enfermo mandatario.
En palabras del teórico Damián Loreti, “el derecho al hecho o derecho al conocimiento de la noticia como facultad inalienable del ser humano es aquel que le permitirá saber qué [es] lo que ocurre a su alrededor como forma imprescindible de permitir su participación en la comunidad en la que está inserto” (Loreti, 1995: p. 14). Y los ciudadanos, evidentemente, participan en la vida política de sus países en las elecciones, como también insiste Loreti.
Según el teórico, el derecho a la Información va de la mano con el derecho a la Educación en un marco pluralista, que permita a la persona escoger. “El hecho de contar con un canal único por el cual tomar conocimiento de la realidad es lo que permite aislar a una comunidad del resto del mundo y admitir la posibilidad del autoritarismo. Una voz única no informa sino que hace propaganda abusando del monopolio de hecho o derecho del que pueda gozar” (Loreti, Op. cit.; p.16).
El eje mediático oficial de Venezuela no es el único que llega a la población de ese país, sino también los medios privados, de cuyas redacciones salieron hace meses las versiones con respecto a la complicada salud de Chávez, tomando en cuenta el “sujeto activo” que es el ciudadano que se informa y que consume de manera racional y selectiva lo que producen esos mismos medios, también en clave con las teorías de Loreti. De ahí que, cuando las versiones más pesimistas sobre la salud de Chávez se han ido concretando, pareciera que los medios públicos, por lo menos los venezolanos, trabajan en clave con lo que Chávez y su Gobierno criticaron en el 2002, en el golpe de Estado del cual el coronel salió finalmente bien librado: la manipulación y el ocultamiento de la información. Y la manera de trabajar de esos mismo medios privados, censuradas por presidentes como el mismo Chávez, Rafael Correa, Cristina Fernández o Evo Morales, resulta más bien similar a la de los particulares. ¿Existe en realidad la intención de cambiar la forma de trabajar de los medios públicos con respecto a los privados? La pregunta está abierta.
Una posible alternativa pudieran ser los medios realmente públicos, y no gubernamentales como los que se conocen y funcionan en Sudamérica. En un análisis en las páginas del diario francés Le Monde Diplomatique, el teórico Martín Becerra hizo una propuesta: “Las nuevas regulaciones habilitan además la generación de medios públicos no gubernamentales, ausentes en la historia latinoamericana, que podrían ampliar la libertad de expresión. En efecto, aunque lo comercial y lo gubernamental predominan hasta hoy en el escenario de la comunicación masiva, se trata de modelos extremos: el primero es utilitarista, ya que justifica la existencia de los medios como negocios que requieren de un alto rating y programación sensacionalistas, mientras que el segundo es faccioso o intemperante, en la medida en que fundamenta la utilización de los medios estatales en provecho del mensaje de una parcialidad e impugna o acalla -según el caso- las voces críticas. Esta situación motivó a gobiernos nacionales como el de Lula en Brasil, o regionales y locales, como la propuesta del gobierno de Santa Fe en Argentina, a crear medios públicos no gubernamentales, para garantizar espacios de representación ciudadana que no sean cautivos de la acción facciosa”.
Desde el Ecuador y el resto de países vecinos de Venezuela, este capítulo de la historia del chavismo, antes que morbo, pudiera dejar un precedente para el manejo de los medios públicos de parte del Ejecutivo, sobre todo cuando aún está en debate el proyecto de Ley de Comunicación y todas sus implicaciones.
Bibliografía

- Becerra Martín (2012), “Terremoto mediático en América Latina”, en www.eldiplo.org/index.php/archivo/152-la-guerra-por-otros-medios/terremoto-mediatico-en-america-latina/#n_5, leído el 16 de diciembre del 2012.
- Ayala Alexandra, compiladora (2009), “Percepción sobre los medios públicos en el Ecuador”, Ediciones Ciespal.
- Loreti Damián (1995), “El derecho a la información”, Paidós, Buenos Aires.
- Mendel Toby (2009), “El derecho a la información en América Latina: comparación jurídica”, UNESCO, Quito.