LOS RESPONSABLES DE LA MUERTE DE ELOY ALFARO 



EL IMPERIALISMO Y EL ASESINATO DE ALFARO 





Las fuerzas impulsoras de los acontecimientos de enero de 1912[1]
Se ha dicho que los acontecimientos que culminaron el 28 de enero de 1912 fueron originados solamente por rivalidades personales surgidas en el seno del liberalismo. Este es el criterio de cierta historiografía burguesa cargada de superficialidad. Pero nosotros tenemos que buscar las causas de los hechos en la lucha de clases y de fracciones que tenían lugar en ese entonces, como consecuencia lógica de intereses económicos contrarios, que tenían su reflejo en el plano de la ideología inclusive. Las mismas enemistades, en la mayoría de las veces, fueron manifestaciones de esa pugna.
Las piras de El Ejido fueron encendidas por los liberales de derecha respaldados por el conservadorismo, con el propósito manifiesto de terminar con el alfarismo, que representaba el ala progresista del liberalismo. La clave de esta lucha estaba en el deseo que tenían los primeros por detener cualquier avance que podía afectar sus intereses, en especial los fincados en la propiedad de la tierra, que la creían amenazada. Veamos si en verdad fueron estas fuerzas las que desencadenaron los trágicos sucesos.
El gobierno que regía el país ese momento era encarnación inequívoca del liberalismo de derecha vinculado al latifundismo. El presidente encargado Freile Zaldumbide era uno de los más ricos terratenientes, al igual que los ministros Carlos R. Tobar y Carlos Rendón Pérez, los dos primeros de la Sierra y el último de la Costa. Octavio Díaz, ministro de Gobierno, era un partidario abierto de la fusión liberal-conservadora. Y la espada del régimen, general Plaza Gutiérrez, era un rico latifundista de nuevo cuño, merced a un matrimonio de conveniencia.
Y todos ellos, con más o menos actividades participaron en el crimen, aunque la compasión de algunos historiadores ─interesada o de buena fe─ haya querido librar de culpas a esos tales con argumentos baladíes. Por ejemplo, para defender a Freile Zaldumbide se ha alegado su bondad y hasta su corta inteligencia. Cierto que ese noble adinerado, tal como afirma Peralta en su libro Eloy Alfaro y sus victimarios, era de escaso cacumen, de carácter apocado y de exiguos conocimientos, pero ¿acaso la estulticia es siquiera atenuante y menos eximente de pena? La salvaguarda de sus múltiples haciendas ─el escritor antes citado añade que temblaba ante “la posibilidad de la pérdida de una parte de sus bienes, por mínima que sea”─ fue el mejor estímulo para su asquerosa actuación.[2] Tampoco se pueden justificar los otros casos, pues las pruebas en contra son abrumadoras.

Estas mismas fuerzas, en Guayaquil formaban un solo frente contra Alfaro. Basta revisar la lista de los que patrocinaron el pronunciamiento de Montero para advertir que faltan todos los grandes señorones, los potentados del cacao y de la banca, que antes, en 1895, habían peleado por aparecer en primera fila. Es que la mayoría había plegado ya al otro bando. La gran prensa ─El Telégrafo, El Grito del Pueblo Ecuatoriano, El Guante─ apoyaba al placismo. La plana mayor de los bancos, igual cosa. Sobre todo el Banco Comercial y Agrícola, que se había convertido en fortín de la oligarquía antialfarista, formada especialmente de grandes terratenientes y exportadores, como se puede constatar revisando la nómina de dirigentes y socios. Era el banco que respaldaba incondicionalmente a Plaza y de tanta confianza para ─éste que ya en 1905 se había palanqueado la gerencia de la Sucursal en Quito, según consta de una carta dirigida a Lizardo García. Pero eso sí, “en compañía de mi compadre Sánchez ─Sánchez Carbo─ para aprender con él y no hacer una plancha”.[3]

En la Sierra la masa de la aristocracia terrateniente, tanto liberal como conservadora, estaba unida contra Alfaro. De esto no queda ninguna duda después de leer el libro de Luis Eduardo Bueno, El mes trágico, donde constan las comunicaciones y las firmas de los que solicitaban con vehemencia el traslado de los prisioneros a Quito para el condigno castigo, es decir, para la muerte. Veamos solamente, a manera de muestra, los nombre de algunos firmantes de Quito: Cristóbal Gangotena Jijón, Alfredo Flores Caamaño, José Modesto Larrea, Gabriel Gómez de la Torre, Pedro Pallares Arteta, Luis Felipe Borja (h), José Rafael Bustamante, Ricardo del Hierro, Lino Cárdenas, Manuel Antonio Calisto, Melchor Costales, Rafael Barba, Francisco Urrutia Suárez, Eduardo Salazar Gómez y muchísimos otros.[4]Unos liberales y otros conservadores. Pero todos, eso sí, poderosos latifundistas y nobles a carta cabal.
Es interesante constatar que en la misma ciudad, el mayor de los bancos, el Banco del Pichincha ─el banco del clero y de los grandes terratenientes─ estaba en el mismo lado, ya que sus principales dirigentes y accionistas suscribieron también esos comunicados. Unos pocos nombres: Alberto Bustamante, Rafael Vásconez Gómez, Miguel Páez, Manuel Stacey, Antonio Sierra y César Mantilla, director del diario El Comercio, periódico antialfarista a rabiar.
También la prensa de Quito, al igual que la de Guayaquil, era furiosamente antialfarista. En forma criminal y desvergonzada incitó abiertamente el asesinato de los prisioneros. Veamos siquiera dos ejemplos. El diario La Constitución, dirigido por el ministro Octavio Díaz, decía lo siguiente en su editorial del 21 de enero de 1912:
"La hidra revolucionaria que se asomó por las orillas del Guayas ha recibido el golpe mortal en la cabeza, y si pudiera creerse que todavía da señales de vida, no es más que porque la cola del alfarismo ─que es lo último que muere en todo anfibio─ se agita, azotando el suelo, en desesperada lucha, con los últimos estertores de la agonía.
Un poco más y de todo ello no quedará más que un cadáver repugnante y asqueroso, envuelto en su propia sangre y veneno. ¡Cuestión de tiempo, solo de tiempo!
¡Ah, infames! sabed que al Ecuador hoy le basta una hora para exterminaros!"[5]
Y La Prensa, que tenía como redactores a Gonzalo Córdova, Enrique Escudero y Aníbal Viteri Lafronte, entre otros, en un editorial titulado “La víbora en su casa” del mismo mes de enero de 1912, decía nada menos que esto:
"Esta es la víbora que tenemos entre nosotros, oh ecuatorianos, y a esta víbora es preciso triturarla (…) no merece otra cosa que un salivazo en la cara, hasta que llegue el momento de castigarle con todo el rigor que merece su insolencia y sus crímenes …
Al gobierno y al pueblo ecuatoriano, por su parte, y el Cuerpo Diplomático, por otra, todos estamos en el deber de dejar en salvo, con nuestra actitud enérgica y altiva, la majestad de la Nación, y las leyes de la moral y del honor.
A la víbora, aplastarla".[6]
Y en las otras provincias el panorama era igual o parecido.
Una gran parte de los seudoliberales que dieron al traste con el alfarismo, ocuparon altísimos cargos en el gobierno del general Alfaro, quien pensando afianzarse, o por urgencias de dinero para el Fisco, como asevera Roberto Andrade, hizo muy serias concesiones a este sector, con lo cual nada ganó la revolución, sino que, al contrario, empezó a ser minada desde adentro. Este fue, sin duda, uno de sus tantos errores.
Sin embargo, nunca confió en ellos porque preveía su traición. En carta de 1909 dirigida a la madre de Vargas Torres, decía lo siguiente: "Estos hombres ilusos o felones impugnan como errores míos o peor aún como a dolo, el titánico esfuerzo desplegado para realizar, en corto tiempo obras fundamentales para el progreso de la República, antes que los gobiernos que se sucedan vayan a ser conducidos por fingidos liberales que pactarán con la funesta y corrompida argolla que ha esclavizado durante tantos y tantos años a la mayoría de los habitantes de la Nación".[7]
La previsión se cumplió. La alianza de conservadores y liberales de derecha, de facto había venido actuando desde mucho antes, como se ha visto. Los asesinatos no eran sino la culminación del objetivo perseguido para terminar con toda amenaza revolucionaria. Era la llegada a la meta.
Pero las dos fuerzas coaligadas tuvieron un aliado que actuaba desde las sombras, sobre seguro. Este aliado era el imperialismo.
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[1] Capítulo XXII de: Oswaldo Albornoz Peralta, Ecuador: luces y sombras del liberalismo, Editorial El Duende, Quito, 1989.
[2] José Peralta, Eloy Alfaro y sus victimarios, segunda edición, Corporación “José Peralta”, Cuenca, 1977, p. 80.
[3] Roberto Andrade, ¡Sangre! ¿Quién la derramó?, op. cit., p. 217.
[4] Luis Eduardo Bueno, El mes trágico, op. cit.
[5] “Editorial”, La Constitución, Quito, 21 de enero de 1912.
[6] “La víbora en su casa”, La Prensa, Quito, enero de 1912.
[7] Eloy Alfaro, “Carta dirigida a Delfina Torres”, Quito, 1909, en La liebre ilustrada,

El imperialismo y el asesinato de Alfaro

En el asesinato de Eloy Alfaro también está la mano cómplice del Imperialismo. 28 de enero: 101 años de ese execrable crimen
El imperialismo y el asesinato de Alfaro[1]

En el prólogo de las Obras Escogidas de Eloy Alfaro publicadas en 1959, Elías Muñoz dice: “En el asesinato de Alfaro no tiene menos intervención la posición de los agentes diplomáticos de los grandes países imperialistas, Estados Unidos e Inglaterra, que impidieron a los respectivos cónsules tomaran medidas para exigir el cumplimiento del armisticio por el cual estaba asegurada la vida de Alfaro, Montero y más líderes del liberalismo”.[2]
Así es efectivamente, aunque antes no se haya dicho esa verdad en forma tan terminante, si bien es cierto que a raíz mismo de los acontecimientos se puso en duda la soterrada actuación de tales potencias, sobre todo por parte de la prensa latinoamericana.
Se sabe que los cónsules de Estados Unidos y de Inglaterra radicados en Guayaquil, Herman Dietrich y Alfredo Cartwright ─por pedido de la ciudadanía y por amistad con algunos de los prisioneros según se afirma─ firmaron y garantizaron el fiel cumplimiento del tratado de Huigra que aseguraba expresamente la vida de los detenidos, estando por consiguiente en la obligación de demandar su respeto de acuerdo a las normas del derecho internacional. Pero eso no se hizo, porque sus superiores, los representantes diplomáticos de Quito, se opusieron con tenacidad.
Apenas conoció la firma del tratado que ponía a salvo a los jefes de la revolución, el gobierno de Quito entró en febril actividad para dejarlo sin efecto, alegando que no estaba aprobado por el Ejecutivo y que no se había cumplido “con la condición sine qua non de la entrega de la plaza de Guayaquil que fue tomada por las armas por el heroico pueblo guayaquileño”,[3] según consta de un telegrama de Freile Zaldumbide inserto en las Páginas de verdad de Ramón Lamus. La entrega de que se habla fue impedida por las mismas fuerzas gobiernistas, pues los cónsules garantes, en comunicación al gobernador de la provincia, certifican la ninguna culpabilidad del general Montero. No obstante, se tiene la desvergüenza de alegar un hecho completamente falso.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores Carlos R. Tobar ─que tenía la insolencia de decir que nunca había estrechado la mano del general Eloy Alfaro por precaución y aseo─ emprendió en una gran campaña de prensa, citando a todos los tratadistas de derecho que conocía, tratando de demostrar que no eran válidas las capitulaciones de Huigra.
Es obvio que todos los esfuerzos de Freile Zaldumbide y toda la sabiduría del señor Tobar hubieran quedado en la nada si los diplomáticos de las dos gran¬des potencias, acostumbradas a hacer respetar sus decisiones hasta con la fuerza, hubieran resuelto respaldar a sus cónsules. Sin duda, no se trataba sino de una comedia concertada para cubrir las apariencias y justificar una determinación ya tomada. Al final, el “Ministro norteamericano Evan E. Young ─son palabras que constan en la parcial biografía de Alfaro escrita por Wilfrido Loor─ cree que Tobar está en lo justo, y ordena al Cónsul de Guayaquil que se abstenga de tomar parte en la política interna del País, que limite sus atribuciones al cumplimiento de los deberes de su cargo”.[4] Y añade Loor con toda verdad y franqueza: “Con la conducta de Tobar y de Young, los Alfaros pierden a sus mejores defensores, y quedan a merced del gobierno de Quito, que se opone a su libertad”.[5] Hay que aclarar solamente que la conducta de Tobar hubiera valido un bledo sin la conducta determinante del procónsul Young.
Tobar, alborozado, comunicó a Guayaquil el visto bueno para la matanza: “Cuerpo diplomático residente hame dicho haber telegrafiado a sus Cónsules en Guayaquil, la abstención más completa respecto de asuntos que no les concierne, tales como los relativos a lo que el gobierno ha ordenado tocan¬te a los cabecillas de la revuelta de Cuartel que terminó.”
Véase como los Estados Unidos, la potencia que nunca ha vacilado en inmiscuirse en los asuntos de todas las naciones, ahora, para patrocinar un crimen ─ya que el ministro yanqui sabía perfectamente que el tras¬lado a Quito significaba la muerte─ ¡hipócritamente prohibía “tomar parte en la política interna del país"!
Ya nada había que hacer. Los cónsules tuvieron que acatar la resolución superior. Leonidas Plaza ─firmante del tratado de Huigra y el mayor responsable de los crímenes─ llegó al extremo de disponer el arresto del general Medardo Alfaro que se encontraba a bordo del barco británico “Quito” y que no había tenido ninguna participación en los sucesos. Las protestas del capitán del barco y del cónsul Cartwright fueron desoídas, y la diplomacia inglesa, tan susceptible en otras ocasiones, dejó pasar los hechos como si nada. El acuerdo se cumplía estrictamente.
El móvil para la intervención del imperialismo en los asesinatos del 28 de enero de 1912 ─del yanqui especialmente─ no fue sino el afán de eliminar a un estadista patriota y decidido defensor de la soberanía nacional como el general Alfaro, considerado por esta razón como un obstáculo para la fácil penetración extranjera en nuestro suelo, penetración necesaria para poder medrar de sus riquezas. Para esto era menester de mandatarios dóciles, de columna vertebral doblegada, iguales a los que había logrado imponer en otros pueblos. Y Alfaro, tal como prueban sus actos, no reunía tales condiciones.
Es seguro, que aparte de lo dicho, existían también motivos más concretos y más cercanos. Plaza era hombre de plena confianza de Yanquilandia y no es difícil, dada su inescrupulosidad, que haya hecho ofrecimientos generosos para lograr apoyo. Roberto Andrade cree que se había puesto en contacto con negociantes yanquis para vender Galápagos, razón por la que una vez llegado al poder luego de los arrastres, hizo múltiples gestiones con ese fin y hasta buscó cómplices entre los gobiernos latinoamericanos para realizar el siniestro plan.[6] El periódico La Prensa de Lima, decía que el Ogro del Norte “se ha cruzado de brazos ante las cenizas de Alfaro”, porque recibió del placismo “la más sólida oferta de venta del Archipiélago de Galápagos”. Y en el diario La Crónica de la misma ciudad, se afirmaba que Plaza “salió de Nueva York llevando en su portafolio un contrato yankee para el saneamiento de Guayaquil y otros contratos yankees para empréstitos a tipos leoninos”.
El imperialismo, como se ha visto, no trepidó en ayudar a los asesinos de Alfaro en aras de sus mezquinos intereses.
Simple reincidencia, desde luego, pues poco antes ─aunque en forma más directa─ había sacrificado al presidente Madero de México, valiéndose igualmente de sus representantes diplomáticos.
Hoy esta práctica criminal del imperialismo es fenómeno común y generalizado.
Ayer Sandino y hace muy poco Allende son prueba fehaciente de su saña.


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[1] Capítulo XXIII de: Oswaldo Albornoz Peralta, Ecuador: Luces y sombras del liberalismo, Editorial El Duende, Quito, 1989.
[2] Elías Muñoz, Prólogo de las Obras Escogidas de Eloy Alfaro, t. I, Ediciones “Viento del Pueblo”, Guayaquil, 1959, pp. X-XI.
[3] Ramón Lamus G., Páginas de verdad, op.cit., p. 169.
[4] Wilfrido Loor, Biografía de Alfaro, t. III, Editorial Moderna, Quito, 1947, p. 966.
[5] Ibíd.
[6] Roberto Andrade, Vida y muerte de Eloy Alfaro, Nueva York, 1916.