EL GRAN ENGAÑO DE LOS PROCESOS ELECTORALES 



LAS CAMPAÑAS ELECTORALES SIRVEN PARA MANIPULAR A LOS PUEBLOS. 



Rodrigo Santillán Peralbo

Los procesos electorales en las democracias de América Latina, el Caribe y, generalmente en los Estados occidentales, están diseñados para convencer a los pueblos que acudir a las urnas y depositar un voto a favor de algún candidato previamente escogido por un grupo, es el mejor ejercicio democrático, tanto que suele afirmarse que las elecciones equivalen a democracia, o que son un paradigma irremplazable de ella.
La democracia liberal-burguesa, casi siempre representativa, suele legitimarse con la presencia del pueblo elector que, engañado en las “campañas electorales”, elige un gobierno que lo “represente”, o administre el Estado en su nombre, cuando en la realidad elige un gobierno que representa y defiende los intereses de las oligarquías y burguesías, razón por la que los cambios y transformaciones quedan en ofertas de campaña, adornadas por cínicas demagogias o por populismos despreciables.
El presidente electo administra “la cosa pública” (Estado), aparentemente sujeto a una Constitución y unas leyes que configuran el Estado de derecho que, entre otros principios, obliga a que el presidente y su gobierno actúen dentro de esas normas y nada fuera de ellas y, además, la Constitución y las leyes protegen los derechos y libertades individuales y colectivas.
En el caso ecuatoriano, la Constitución en su artículo primero define que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución…” Estos principios fundamentales provienen del neoconstitucionalismo latinoamericano que pregona y garantiza la vigencia plena de los derechos humanos y libertades, siempre que no se opongan a la estabilidad del sistema que es una de las tantas restricciones que permiten al gobernante calificar a los antisistema y establecer la calidad de subversivos o terroristas que atentan contra la seguridad del Estado, de la que se deriva la criminalización de la protesta social.
Se supone que los procesos electorales que permiten elegir a los gobernantes, eligen también al sistema en el que los pueblos desean vivir y, así, desde el poder económico, político, social y mediático se persuade a los pueblos de que la mejor manera de vivir es en democracia al estilo occidental y cristiano, que es un paradigma de la mejor administración del Estado, y de la mejor convivencia social garantizada por el Estado de derecho que permite el ejercicio de los derechos humanos proclamados retóricamente, como para confirmar lo expresado por Norberto Bobbio, jurista, politólogo y filósofo italiano que pensaba que había un profundo contraste entre la grandiosidad de las declaraciones solemnes y la miseria de los cumplimientos.
Esta es una realidad que atañe a las democracias occidentales santificadas por las ciudadanías electoras que, también, creen que ese sistema heredado de la Revolución de Francia, de carácter burgués, va a permitir el crecimiento económico y social y, por tanto, el advenimiento de una sociedad justa, equitativa e igualitaria en oportunidades y condiciones. Pero de hecho, ese tipo de democracias implantan un sistema social totalmente injusto e inequitativo en el fondo y en la forma, porque protege el sistema de explotación del hombre por el hombre, es decir del homo homine lupus en la concepción de Hobbes.
Estas democracias están colmadas de contradicciones profundas que evidencian un divorcio total entre la teoría que se proclama y la práctica cotidiana y, al mismo tiempo, garantizan un contubernio público de las burguesías privilegiadas y las políticas estatales que protegen a esas clases o sectores dominantes, en perjuicio de los sectores populares a los que manifiestamente afirman servir desde el Estado que, siendo burgués, es lógico que su preocupación esencial sea servir los intereses de las burguesías.

¿Es lógico que los pueblos, convocados periódicamente a las urnas, convaliden esas democracias con sus votos? La respuesta lógica debería ser un rotundo no, por cuanto las democracias que se viven y soportan han sido estructuradas por los grupos o clases dominantes lo mismo que las constituciones y las leyes, así sean legitimadas en solemnes referéndums. Constitución y leyes son escritas para garantizar la continuidad del sistema que, además, santifica la existencia de clases sociales a partir de la organización del aparato productivo-financiero, protegido por el irrestricto respeto al derecho a la propiedad privada.
A partir de la Declaración de los derechos del hombre y el del ciudadano de 1789, proveniente del espíritu filosófico del siglo XVIII, que marcó el fin del Antiguo Régimen y el principio de una nueva era, todas las constituciones que se expidieron después de la Revolución francesa positivaron los derechos fundamentales que la Declaración los definía como derechos "naturales e imprescriptibles" y, entre ellos, la libertad, la libertad de expresión del pensamiento, propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, al tiempo que garantizaba los derechos políticos y, entre ellos, el derecho a elegir y ser elegidos que dio origen a las farsas modernas. Asimismo, reconocía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, exigía el principio de la separación de poderes concebida por Montesquieu, que pasó a ser la esencia de las democracias. Debe considerarse que el poder es uno solo, pero que era necesario dividirlo entre tres: ejecutivo, legislativo y judicial a fin de acabar con los regímenes totalitarios y monárquicos concentradores del poder en una sola persona que termina por perjudicar a los pueblos y sus ansias de libertad, derechos, justicia, justicia social e igualdad.
La histórica Declaración simplemente enumeró los derechos y las posteriores siguieron ese estilo porque a los Estados, al parecer, nunca les interesó desarrollar las leyes que garanticen su efectiva aplicación o plena vigencia, como tampoco se interesaron por difundirlos y promocionarlos entre los pueblos, a sabiendas que sólo se ama lo que se conoce, que sólo se defiende lo que se conoce. Si los pueblos no conocen sus derechos, ¿de qué manera pueden vivirlos y menos reclamarlos? En Estados burgueses con gobiernos burgueses, los pueblos deben mantenerse en la ignorancia porque pueblos ignaros son sumisos o fáciles de gobernar e imponer modelos y sistemas económicos, políticos, sociales y culturales, en consecuencia, los pueblos existen para obedecer, así las proclamas y retóricas sostengan lo contrario. ¿A qué gobierno burgués le interesa la liberación de su patria y la libertad de sus pueblos?
En el caso ecuatoriano, la Constitución de la República es garantista en la teoría, pero de pobres aplicaciones en la práctica, a pesar de que en el Título II sobre los derechos y principios de aplicación de los derechos garanticen su ejercicio que, lamentablemente, quedan en teorías, porque entre otras causas, los jueces constitucionales, en su mayoría están subordinados a los intereses políticos o jurídicos del ejecutivo, con lo que se demuestra que la independencia de los poderes es otra teoría inaplicable.
La Constitución garantiza el derecho al buen vivir o sumak kausay (en el idioma quichua), derechos al agua, alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social y otros, pero ¿de qué buen vivir se puede hablar si no existen condiciones adecuadas? El subempleo y desempleo superan el 60% con lo que se irrespeta el derecho al trabajo, y el derecho a un salario digno que no existe, ni siquiera para las personas que trabajan en función de dependencia. El déficit de vivienda supera el millón doscientas mil unidades y las casas que construye el gobierno son de 38 mts2 para familias de cinco personas por lo menos. El derecho a la salud es deficiente, lo mismo que los derechos a la educación, seguridad social, al agua potable, alcantarillado. ¿Entonces de qué derecho al buen vivir se proclama?

Por lo tanto, los derechos y su vigencia son simples retóricas que distan mucho de su efectiva realización, peor aún si se considera que para ejercer los derechos y recurrir a una autoridad o juez constitucional en busca de reparación de derechos cuando han sido violados, se requieren de recursos económicos, aún cuando la Constitución señala que la persona no necesita abogados para reclamar sus derechos. ¿Un pueblo empobrecido por el sistema, está en capacidad de hacer efectivos sus derechos o de reclamar su reparación?

Peor aún: ¿De qué democracia se habla, si ese sistema ha servido para ampliar la pobreza entre el pueblo e incrementar la riqueza de los ricos? Si este tipo de democracias capitalistas-burguesas son incapaces de garantizar la efectiva vigencia de los derechos y son incapaces de reducir las brechas entre ricos y pobres y, en consecuencia, posibilitar aproximaciones a la justicia social y equidad, ¿de qué democracia se habla? ¿Cuál democracia se promueve y exalta en los procesos electorales que, de alguna manera, legitiman su vigencia?

Las elecciones sirven para elegir a quienes va a presidir el ejecutivo, a quienes van integrar los parlamentos o Asamblea Nacional o a los gobiernos seccionales que, en conjunto, forman el poder político real y en funciones que, una vez electos, cumplen los mandatos del grupo dirigente de los partidos o movimientos. “En la práctica, el poder político tiene una función real muy distinta de las hermosas imágenes y palabras que se nos hacen llegar”.

El poder político no es el resultado de las elecciones solamente. En esencia responde al modelo político previamente diseñado, estructurado y definido por el bloque que asume el poder, modelo que, fundamentalmente, define el sistema económico que a su vez proviene del modelo capitalista que se impone en todas las democracias burguesas-liberales de Occidente que, también permite y promueve la existencia de partidos políticos que, a veces, nacen amparados por troncos ideológicos y, de modo general de intereses y ambiciones de grupos y sus líderes. Sin embargo, prevalecen dos corrientes ideológicas: derechas e izquierdas de las que subnacen y se multiplican partidos y movimientos políticos que, en apariencia, cubrirían toda la gama de apetencias e identidades político-ideológicas de los pueblos que, tendrían en dónde escoger, para entregar sus votos. En realidad las ciudadanías no votan por ideologías, sino por simpatías o emociones irracionales. El voto reflexivo es minoritario.

Desde las ideologías, las derechas privilegian el neoliberalismo económico, por tanto garantizan la libertad económica: economía de mercado, libre ingreso de capitales foráneos, garantías para el desarrollo empresarial, la ninguna intervención del Estado en los sectores económicos privados y mercados en la creencia de que los mercados se autoregulan, desarrollo de la infraestructura para uso del sector privado de la economía, libertad financiera absoluta, sacrosanto respeto a la propiedad privada con lo que desde el poder político co se garantiza la libertad de explotación, característica fundamental de las democracias capitalistas-burguesas.

Las izquierdas que intervienen en los procesos electorales, rápidamente asimilan los discursos del sistema y participan en el bazar de las ofertas, pero con una supuesta preocupación por la justicia social o con la pretensión de acabar con “la larga noche neoliberal”, forjando la participación del Estado en la regulación del mercado y la economía. En las campañas electorales, las derechas se apropian del discurso y banderas de las izquierdas y las izquierdas del marketing político de las derechas.

En el sistema, las derechas y las supuestas izquierdas electoreras, cuando asumen el poder político, se preocupan de la continuidad del sistema antes que de la justa redistribución de la riqueza, pero unas y otras tratan de visibilizar los beneficios de las democracias con concesiones populares y dádivas colmo el bono de la pobreza que en el caso ecuatoriano pomposa y demagógicamente se llama bono de desarrollo humano. Así se contenta y engaña al pueblo empobrecido, al tiempo que “las medidas económicas” dictadas en beneficio de las masas, se constituyen en diques de contención del descontento, frustración e ira popular. Los paliativos nunca dan buenos resultados, sólo postergan los procesos revolucionarios.

Las campañas electorales tienen claros objetivos: difundir la imagen pública de los candidatos, pero relievando sus aspectos positivos y ocultando sus defectos y pensamientos perjudiciales al fin político, propagandizar algún tipo de ideario político o ideológico, atacar las conciencias de las masas con mensajes adornados con palabras que faciliten la consecución de adeptos, intervenir en el concurso o carrera para ocupar una dignidad y participar activamente en el baratillo de ofertas. Todas las tendencias intervinientes en el proceso, buscan llegar al poder para organizar el reparto de prebendas o llenar la burocracia con simpatizantes y afiliados. La meta es llegar al poder para beneficio del bloque auspiciante y beneficio propio, inclusive con el uso y abuso del poder que es una práctica común en el Ecuador.

En los modernos procesos electorales todo se reduce a una simple cuestión de marketing que se construye a un costo elevadísimo que obliga al candidato o binomio a recurrir a financistas, cuyos aportes serán pagados con favores políticos y con nombramientos para altos cargos públicos, incluidos los diplomáticos.

Para recolectar fondos se crean verdaderas empresas electorales, porque propagandistas y publicistas, saben muy bien que construir una imagen es cuestión de dinero y que con dinero se puede llegar a la Presidencia de La República o a cualquier cargo de elección popular. Fieles al sistema, los candidatos buscan capitales que les permita copar medios de comunicación y pagar los costos de la campaña que, si es técnicamente planificada y ejecutada, vende la imagen del candidato para que el ciudadano vote “de acuerdo a su conciencia” que es otra falacia de la democracia occidental y cristiana, porque la conciencia es manipulada por los mensajes propagandísticos.

En un documento distribuido por www.miocajondesastre.org; se afirma que en las democracias occidentales se trata apuntalar el poder económico. Se sostiene que afortunadamente para el poder económico, único poder real, este objetivo es fácilmente conseguible. Si tiempo atrás se basaba en el claro desequilibrio cultural entre las clases dominantes y las dominadas, más un claro y decidido apoyo de las organizaciones religiosas, hoy y por increíble que parezca la realidad no ha cambiado tanto. En contra de lo que pudiera pensarse el nivel cultural de la sociedad no ha mejorado sensiblemente. Es verdad que hoy el analfabetismo puro es marginal, y es extensa la capacidad de uso de elementos que, como el ordenador o similares, presuponen unos conocimientos mínimos. Pero el analfabetismo funcional está altamente extendido. No es suficiente saber leer y escribir, la capacidad plena solo se consigue entendiendo enteramente lo que se lee, lo cual no es tan extensivo como en principio pudiera creerse.

Agrega que la situación es aún más grave. Todos los medios de comunicación (Radio, Televisión, Prensa) están en manos del capital y por tanto su opinión condicionada a los intereses del mismo. Si a ello añadimos el desarrollo de las técnicas de manipulación de la opinión pública a lo largo del último siglo, pensar que la expresión del voto es una demostración de democracia es simplemente ingenuo.

Hoy nos encaminamos inexorablemente a un nuevo tipo de feudalismo en el que la figura del noble medieval es sustituida por la corporación económica que usurpa el poder real del Estado. Este último es cada vez más una simple figura decorativa, vacía de contenido, a las órdenes del nuevo “señor”, las multinacionales.

Este nuevo orden económico y social es refrendado por los políticos de turno que, en un permanente engaño al conjunto social, sientan las bases del nuevo sistema de poder. No es gratuito tanto empeño en el llamado libre comercio. Si nos fijamos veremos que la única libertad que se promueve es la de movimiento de capital y los mismos que la defienden se oponen a la libre circulación de personas (baste ver las medidas cada vez más restrictivas a la inmigración de la UE o de los EUA). En buena lógica si lo que se pretende es la instauración de un mercado único, todas las fuerzas que definen el mercado (también mano de obra y consumidores) deberían tener libertad total de movimiento al igual que el capital. Esta es una clara demostración de cómo los neoliberales mienten como bellacos.

Y es ese “mercado libre” el que favorece que el poder real de los estados sea cada vez más irrelevante. ¿Qué importan las necesidades reales de la población si el Estado no puede controlar las acciones de las multinacionales ni tener poder efectivo sobre la economía? ¿Qué importa lo que voten los electores si las grandes corporaciones pueden chantajear a los gobiernos si estos no claudican ante sus exigencias en cuanto a legislación económica?

Y con el derrumbe del poder del Estado, se derrumba el poder popular. Las elecciones se convierten en una farsa y la supuesta democracia en una gran mentira.
La democracia solo será real si el ciudadano tiene la capacidad efectiva de ejercer sus derechos, y para ello cuenta con la garantía de disponer de los recursos necesarios. Si esta condición no se cumple, la democracia no existe, digan lo que digan los voceros de turno.

Entonces, ¿para qué sirven los procesos electorales si todo el andamiaje deviene en una monumental farsa? Es evidente que las campañas electorales se nutren de las tácticas y estrategias de la comunicación política contemporánea que traza la ruta que deben seguir los candidatos. Éstos tratan de moldear la decisión de los electores por medio de sistemas de alienación, manipulación, tergiversación y desinformación. Para esto, los candidatos aparecen democráticos, besamanos, simpáticos, sonrientes, con un discurso reiterativo en promesas y planes de gobierno que suelen quedar en el papel.

Las campañas electorales son el escenario para que momentáneamente se produzcan procesos interaccionales entre el candidato y sus electores, entre el ciudadano y la política presentada como una hada madrina dispuesta a vender sueños y promesas que las masas quieren oír y creer.

Las campañas electorales muestran la magnificencia del candidato, pero ocultan sus miserias que afloran tras bastidores y que aparecen en el momento de regalar desde la planta de un árbol hasta fundas con alimentos, camisetas, gorras y las infaltables fotografías del que se desespera por ser el favorito y ungido.

En estas democracias se persuade que el voto es libre, universal, secreto, igualitario. No existe discrimen de ninguna naturaleza y se reitera que cada voto es valioso por si mismo, pero ¿qué vale un voto frente miles? ¿Qué clase voto es mejor, preferible o repudiable?

Las minorías votan conscientemente por una ideología y las inmensas mayorías votan porque es una obligación, un “deber cívico”, y, generalmente, por simpatías que son irracionales tanto como el voto emocional. Y esto es lo que se llama democracia legitimada por el voto “universal”.