GOBIERNO PERSIGUE A OPOSITORES 



CORREA RADICALIZA PRÁCTICA PERSECUTORIA 




Sin perder tiempo, el gobierno de Rafael Correa, en vísperas de la campaña electoral y con el pretexto de combatir la delincuencia y velar por la seguridad del Estado, radicaliza su práctica persecutoria y de intimidación contra sus opositores políticos, contra quienes piensan diferente, contra las organizaciones sociales, la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, contra periodistas que denuncian la corrupción, etc.

En el Registro Oficial No 817 (25-10-2012) ya se encuentra el Manual de cargos, funciones y responsabilidades del personal asignado al Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica SVT-E y, el Protocolo de funcionamiento de los equipos tecnológicos en la aplicación del SVT-E que desarrollará la interceptación de telefonía fija, satelital, móvil e inalámbrica, con sus servicios de llamadas de voz, mensajes SMS, mensajes MMS, transmisión de datos y voz, correo electrónico, videoconferencias, multimedia establecidos en el Reglamento para la Implementación del Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica SVT-E, que fue publicado en el Registro Oficial No. 678 (9-04- 2012), en el que legaliza el “espionaje electrónico” restringiendo aún más los derechos establecidos en la Constitución y los Derechos Humanos en el país.

El Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga es el que más potestades tiene al asignar personal según el Manual de la SVT-E. Además se establece la designación de fiscales y personal policial exclusivamente para este “servicio” durante las 24 horas del día, los 365 días del año, insistiendo sobre la alta “productividad” que deben tener estos funcionarios.

Estas normas establecen la orden previa de un juez de garantías penales que dispondrá la interceptación de telecomunicaciones, a pedido del agente fiscal del caso, hasta hoy la experiencia nos demuestra el servilismo con el que han actuado jueces y fiscales en los casos más sonados: narcovalija, Duzac, los 10 jóvenes de Luluncoto, etc. Existen denuncias de las irregularidades, por ejemplo realizar diligencias de allanamiento sin exhibir orden de autoridad judicial, ¿cuáles son los límites de actuación del Fiscal y del Juez, cuándo estos desbordan su ámbito de actuación autorizado?

La interceptación telefónica como un instrumento de persecución política no es de ahora, se la está realizando en el país desde hace rato con la ayuda del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, representado por la DEA y el NAS en Ecuador. Es evidente que los reglamentos, manuales y protocolos actuales son pura formalidad para dar un aspecto legal a la violación a los Derechos Humanos, la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Estos instrumentos van a encaminados a la persecución política en vías de profundizar la criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y las libertades públicas, lo que configura un Estado persecutor y policiaco.


Karla Calapaqui Tapia
Equipo Opción