SALDO EN CONTRA DEL GOBIERNO DE CORREA 



LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 



Opción Socialista
Víctor Granda Aguilar

Entre los compromisos fundamentales del actual Gobierno se indicó: el de promover una “revolución ética” frente a numerosos escándalos en los que estuvieron involucradas las más altas esferas de los gobiernos de turno, y que se acabarían con la oprobiosa impunidad ocasionada por el control político que los involucrados tenían en los órganos de control y de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia.

Para impedir el conocimiento y sanción de los casos de corrupción y, según el expresidente Hurtado, para asegurar la frágil gobernabilidad del país, se eliminaron burdamente de la Constitución de 1998 los juicios políticos y la destitución a los Ministros de Estado; y, se restableció la prohibición de enjuiciar penalmente al Presidente de la República, salvo que el proceso fuera autorizado por las dos terceras partes del Congreso o Asamblea Nacional.

La “Revolución Ciudadana” en la actual Constitución, contradiciendo su discurso inicial, adoptó la misma receta que la partidocracia demo-socialcristiana. Se puede enjuiciar y destituir a los Ministros de Estado con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea, y para enjuiciar penalmente al Presidente se requiere la misma votación, que es imposible conseguirla en los dos casos. Y, para completar el blindaje, ahora la acción penal depende de la voluntad del Fiscal General, funcionario impuesto por el Gobierno, al igual que los personeros de los órganos de control, cuya designación, con supuestos concursos, en este momento depende totalmente del Ejecutivo.

Pero, además, las cortapisas a la Fiscalización y el Control son totales. En la Asamblea Nacional se permite algún deshago inicial con alguna comparecencia en la Comisión de Fiscalización de algún funcionario involucrado en un manifiesto caso de corrupción; pero, luego, la misma Comisión, debidamente controlada por el Gobierno, archiva la solicitud de juicio político y allí termina la farsa de control. Incluso la petición de información de los legisladores a funcionarios incomoda al Presidente, tanto que ha dispuesto a sus ministros, con amenaza de destitución, se abstengan de remitirla, violando no solo la Ley sino la propia Constitución que establece, como garantía básica para todos, el ejercicio de los derechos de petición, de fiscalización y de libre y gratuito acceso a la información pública.

La Constitución prevé también la transparencia, la participación ciudadana y las veedurías. Sin embargo, si los veedores ven demasiado o si la autoridad estima que según su interés sus observaciones son falsas o inexactas, son enjuiciados penalmente, como ocurre con los que intervinieron en el examen de los contratos de Fabricio Correa; y, para colmo, recientemente el presidente Correa desafió a los ciudadanos y a sus opositores para que si tienen una evidencia de un acto de corrupción o de un delito cometido por un funcionario público, “ lo demande” o “denuncie” ante la Fiscalía o ante los jueces, sabiendo, que si alguien se atreve a ello, terminará en la cárcel o se le im¬pondrá una sanción pecuniaria descomunal.

Estamos pues en el reino de la impunidad. Lamentablemente, el Presidente no comprende que todo acto de fiscalización no entraña una acusación personal, sino que el saneamiento de las instituciones y de elementos corruptos, que existen en todos los gobiernos del mundo, fortalecería a su propio Gobierno y al mandatario, ya que de lo contrario no faltarán afirmaciones que aseguren que el Presidente resultaría cómplice o encubridor de los actos de corrupción que, en todo caso, debe¬rían ser investigados, sancionados y erradicados en una democracia respetable y no se diga en una “revolución” como la que se proclama.

Además de otros casos de corrupción que se mantienen en la impunidad, como los relacionados con los contratos de Fabricio Correa o los de los ministerios de Deportes y Salud, en la actualidad existen dos temas que están en la retina de los ecuatorianos y sobre los que se espera la acción y la decisión moralizadora del régimen, la fiscalía y la justicia:

La valija diplomática

12 de enero 2012. Por acción de la Policía italiana y detención de varios involucrados, se descubre que en la valija diplomática del Ecuador con destino a Milán se encuentran 40 kilos de cocaína líquida.

2 de marzo 2012. Los personeros del Gobierno, Cancillería y del Ministerio del Interior descartan que en el hecho criminal, vergonzoso para el país y el Gobierno, estén involucrados funcionarios y dan versiones contradictorias sobre lo ocurrido.
El funcionario de la Cancillería que firmó el reglamento que permite remitir objetos promocionales, manifestó que el documento fue elaborado por la asesoría jurídica del Ministerio y que el se limitó a suscribirlo pues solo era de trámite.

3 de marzo 2012. El Director de Asesoría Jurídica, que preparó el reglamento cuestionado sobre la valija, es ascendido al cargo de Vicecanciller en sustitución de Kintto Lucas.

18 de junio de 2012. La Fiscalía del Ecuador inicia investigaciones sobre el caso y viaja a Italia a recoger evidencias. No se conocen las indagaciones realizadas en el país, la investigación a funcionarios involucrados y los resultados de la investigación, pues no se han formulado cargos.

19 de julio 2012. La Contraloría General del Estado luego de una investigación “prolija” emite un informe de auditoría en el que recomienda se sancione a algunos funcionarios de la Cancillería y se enmienden procedimientos y controles de esa dependencia pública. Hasta la fecha la Canci-llería no ha adoptado decisión alguna.

Elcaso duzac-cofiec

Diciembre de 2004. El Estado, por medio de la AGD, incautó las acciones del banco COFIEC. Éste se convierte, en el gobierno de Correa, en el instrumento financiero de las empresas incautadas al grupo Isaías, manejadas por Pedro Delgado por medio de un fideicomiso.

Diciembre de 2011.

El Banco Central bajo la administración de Diego Borja y luego de Pedro Delgado anuncian la implementación de la “billetera móvil”, proyecto que usa una plataforma tecnológica para usar, como medio de pago en comercios o servicios, el teléfono celular. Supuestamente para montar ésta y otras plataformas similares, el argentino Gastón Duzac consigue un crédito de 800.000 dólares a COFIEC, sin contar con las garantías suficientes y con el aval de empresas incautadas, con el cual supuestamente la empresa Scanbuy, cuyo capital era de 500 dólares, implementaría el negocio, cuyas condiciones fueran fijadas posteriormente por la entidad pública, en junio de 2012.

Junio-septiembre de 2012.

Para establecer las relaciones y conseguir el irregular crédito en COFIEC, los asambleistas Cléver Jiménez, Betty Amores y Andrés Páez mencionan a Pedro Elosegui, funcionario del Gobierno argentino y excompañero de estudios del presidente Correa, a Pedro Delgado, a su cuñado Francisco Endara y al presidente destituido del banco, Antonio Buñay quien afirmó que Delgado le recomendó a los “inversionistas argentinos”. Las irregularidades del crédito fueron reconocidas por el presidente Correa, por el superintendente de Bancos Pedro Solines y el mismo Delgado, quien presentó denuncia en contra de Duzac en la Fiscalía.
Octubre de 2102. Hasta ahora la Fiscalía no se pronuncia sobre el caso, si bien la Superinten¬dencia de Bancos habló de préstamos vinculados y otras irregularidades, luego desmentidas por el presidente Correa, quien defiende abiertamente la gestión y honorabilidad de Pedro Delgado, asegurando que el escándalo pretende perjudicarlo, por lo que ni bien regresó de sus vacaciones en Europa, asistió a un homenaje público a su pariente y le expresó reiteradamente su apoyo total.