SOL ROJO, 10 PRESOS DE LULUNCOTO 



"EN EL PROCESO PENAL CONTRA LOS ACTIVISTAS SOCIALES DETENIDOS EN LULUNCOTO EXISTE UNA DETENCIÓN ARBITRARIA" 





En Ecuador 10 jóvenes se encuentran presos acusados de actos terroristas. Es la primera vez en el país que se utiliza esta figura legal, contemplada en el artículo 160 del Código Penal.

El sábado 03 de marzo, previo a la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, el Ministerio del Interior del Ecuador montó un operativo denominado “Sol Rojo”, supuestamente para capturar a quienes “planificaban desestabilizar al gobierno”.

En este operativo detuvieron a 10 jóvenes en una reunión en el barrio popular Luluncoto, al sur de Quito. 7 hombres y 3 mujeres, una de ellas embarazada, fueron incomunicados durante un día y con un procedimiento viciado se les formuló un juicio por “actos terroristas”

Un mes después de su detención, la Policía, el GIR, el GOE, realizaron allanamientos simultáneos en las casas de sus familias en horas de la madrugada. Las evidencias tomadas por la Policía son: camisetas rojas del Ché Guevara, discos de música protesta como Victor Jara, Inti Illimani, Jaime Guevara, cuadernos de la Universidad Central del Ecuador, libros de política, pañuelos del Movimiento Sandinista de Nicaragua.

Organizaciones de derechos humanos realizaron UN video, preocupadas por la irregularidad del proceso judicial, que puede dejar un precedente nefasto en cuanto al derecho a la libertad de pensamiento, a organización, reunión; y por la política estatal de criminalización de la protesta social.



"EN EL PROCESO PENAL CONTRA LOS ACTIVISTAS SOCIALES DETENIDOS EN LULUNCOTO EXISTE UNA DETENCIÓN ARBITRARIA"


Periódico Opción


Al analizar la detención de los 10 activistas políticos y sociales detenidos el pasado 03 de marzo del 2012, se hace necesario que abordemos tres aspectos, a mi juicio, importa ntes en el caso:

PRIMERO.- LA DETENCIÓN ARBITRARIA:

1.- No existe una definición clara de la detención arbitraria en el derecho internacional. Sin embargo, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “consideró como arbitrarias las medidas de privación de la libertad que, por una u otra razón, eran contrarias a las disposiciones internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por los Estados (resolución 1991/42, aclarada en la resolución 1997/50)”

2.- De una forma más específica, el grupo de trabajo ha definido 3 categorías de detención arbitraria:

1. Cuando no hay base legal para la privación de libertad (por ejemplo, cuando una persona permanece detenida después de haber terminado su sentencia a prisión o a pesar de la ley de amnistía aplicable a ella);

2. Cuando una persona es privada de su libertad por haber ejercido los derechos y libertades garantizados en la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS y el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.

3. Cuando una persona ha sido privada de su libertad tras un juicio que no cumplía las normas para la celebración de un juicio justo establecidas en la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS y otros instrumentos internacionales pertinentes.

3.- La detención de los jóvenes en Luluncoto, en el conjunto Casales del Sur el pasado 03 de marzo del 2011, es ARBITRARIA; fueron apresados en el ejercicio de un derecho como el de reunión y asociación, garantizados por la DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS que en los artículos respectivos
dice:
Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20.- 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

4.- Existe abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a detenciones arbitrarias, la CIDH establece que “nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)… nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad”. (Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador; Caso Tibi; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri; Caso Maritza Urrutia.). Existió una desproporción entre la fuerza que irrumpió en el departamento, ya que, como iban a detener a supuestos terroristas, las fuerzas de élite se prepararon para ello y encontraron que en lugar de armas o explosivos encontraron libretas, celulares, dispositivos de almacenamientos conocidos como USB.

SEGUNDO.- EL CONCEPTO DE PRESOS POLÍTICOS O PRESOS DE CONCIENCIA

5.- El preso de conciencia según Amnistia Internacional es aquella persona que ha sido encarcelado en cualquier parte del mundo, a causa de sus ideas políticas, creencias religiosas, origen étnico, sexo, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, y que no ha recurrido a la violencia ni propugnado su uso. Se le encarcela solamente por sostener ideas, creencias o condiciones de vida contrarias a las del grupo en el poder.

6.- Un preso político, por su parte, ha sido encarcelado a causa de la manifestación de sus ideas políticas, aunque en el transcurso de su activismo haya cometido acciones ilícitas o recurrido a la violencia en cualquiera de sus formas, el tipo penal no es lo principal en este caso, sino el activismo, las ideas que propugna el detenido, las situaciones procesales injustas.

7.- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la Resolución 1359 (2004)[1], párr. 3, intenta hacer una definición sobre lo que se podría considerar PRESOS POLITICOS, y los elementos que deben ser tomados en cuenta para que un caso pueda ser asumido de bajo esa definición: “ personas que eran políticamente activos antes de que fueran encarcelados y cuyo encarcelamiento es de beneficio político para el gobierno, la gente que había, a sabiendas o no, ofendieron a un alto miembro del gobierno, las personas encarceladas a pesar de la evidencia insuficiente o en disputa y reclamaciones creíbles de falso testimonio, y los amigos y las relaciones de estas personas, cuyo único delito fue haber sido eso.” Los jóvenes detenidos en Luluncoto eran políticamente activos, a pesar de que algunos no tenían afiliación política, sólo tres eran afiliados al MPD y una al movimiento CREO; son personas que desde sus muy jóvenes se han incorporado a procesos socio-políticos; incluso, casos como el de Pablo Castro llegó a ser Presidente Nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha o el de Cristina Campaña, reconocida activista política del Frente Revolucionario de Izquierda Universitario en la Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador. Incluso el pedido de seguimiento hecho por el cabo segundo Santiago Viera recién el 02 de febrero del 2011, mediante oficio recibido en la fiscalía el 03 de febrero del 2012 a las 08h30, pidiendo se solicite la autorización “para realizar actividades investigativas del ciudadano Cristhian Royce Gómez,(...) como presunto miembro activo del grupo de Combatientes Populares GCP, además que en su red social de FACEBOOK, el mencionado ciudadano realiza comunicados de ideología revolucionaria como textualmente lo manifiesta “ opositor de esta sociedad capitalista y del actual gobierno populista de RAFAEL CORREA” y tiene agregados como amigos en común a los comandos provinciales del GCP de las diferentes provincias del país” demuestra las ideas políticas de Royce Gómez.

8.- Como vemos, los 10 detenidos en Luluncoto son presos políticos, perseguidos por el poder, para lo cual se han valido de forja de pruebas y arbitrariedades procesales, entre lo más sobresaliente esta la falta de despacho a varios pedidos de la defensa y que han sido causa para la denuncia hecha por ellos al Consejo de la Judicatura de Pichincha.

TERCERO.- EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO Y LA FIGURA DE TERRORISMO

9.- En la Alemania nazi, el 7 de diciembre de 1941, el mariscal Wilhelm Keitel firmó el documento titulado Directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados, conocido como decreto noche y niebla, por la cual pretendía que los actos de resistencia de la población civil en los países ocupados fueran juzgados por una corte marcial, ya que eran considerados enemigos del nuevo orden social y no consideradas personas con derechos.

10.- Cuando se leen las piezas procesales de este caso y se lo analiza, se mira una tendencia penal muy peligrosa en la visión de la fiscalía y de varios de los jueces que han visto los recursos de apelación a la detención preventiva y el pedido de sustitución de las medidas cautelares, esta tendencia se la ha denominado DERECHO PENAL DEL ENEMIGO, que significa ver al detenido como un enemigo de la sociedad para el que se requiere un derecho penal más contundente, mientras que para el ciudadano se requiere un derecho penal garantista, todo visto desde quienes ejercen el poder y tienen la posibilidad de definir la legislación, las sentencias y los patrones comunicacionales, es decir desde las clases dominantes.

11.- Intentaré demostrar la hipótesis planteada anteriormente: Se presentó el recurso de apelación a la detención preventiva a la Corte Provincial de Justicia, cuya tercera sala resuelve negar el pedio por la peligrosidad de los detenidos, y el sustituir la medida cautelar significaría violentar el derecho de seguridad a la mayoría de ecuatorianos. La fiscal Dra. Diana Fernández (hoy integrante de tribunal penal) argumenta: “el juez debió percibir un intento de fuga, ya que la prisión preventiva persigue fines procesales para que el proceso penal no se inoficioso y tenga su fin; el delito que se está investigando es contra la seguridad del estado es un delito con una pena mayor, de ocho años de reclusión. El peligro de fuga está dado a las diez personas, como demostramos ya la defensa no ha sabido demostrar que las diez personas van a presentarse al proceso penal en el caso de que exista una pena, van a cumplir su pena y la defensa no ha sabido demostrar que estas personas tengan un arraigo social, al señor Víctor Vinueza Puente, en busca de un arraigo social, documentos que si bien es cierto el señor Vinueza tiene dos hijas pero también tiene esposa quien cuida de sus hijos y que no es indispensable que el Sr. Vinueza Puente esté presente… si la medida cautelar es sustituida esas personas están en sus lugares de trabajo y resicencia, van a obstaculizar la investigación procesal…”


12.- En el pedido de revisión de medidas cautelares, el juez décimo de Garantías Penales niega el pedido aduciendo peligro de fuga; en la audiencia la fiscalía argumenta que: el peligro de fuga es inminente… viven en provincias por lo que no podemos precautelar su comparezcan al proceso, el delito es de terrorismo sancionado con 8 años de prisión… señor juez si bien es cierto son estudiantes jóvenes y una persona de más de cuarenta años que rompe el rango de esta reunión, personas de esta edad es fácil que emigren a otros países, la edad de estas personas permite la salida de estas personas a otro país, en algunos casos tienen hijos pero tenemos claramente identificado que la realidad del país es otra en nuestro país, tenemos muchos emigrantes que han dejado a sus familias por muchas causas y puede ser el caso de las personas presentes, la pena es alta de ocho años de reclusión, no creo que estas personas deseen pasar ocho años de reclusión…”

13.- En la rueda de prensa del 04 de marzo del 2012 el Ministro José Serrano da el siguiente argumento: “Adicionalmente a esta reunión ya de planificación de los actos que se iban a cometer a partir del 8 de marzo, se determinan por ejemplo hechos importantes y al mismo tiempo repudiables y que marcan el punto ilícito específicamente cuando se señala ya en la agenda que estaban trabajando en ese mismo momento, es decir, ellos fueron aprehendidos en delito flagrante, toda aquella planificación para “llamadas explosivas”…” como se puede ver el Ministro Serrano califica ya de hechos importantes y adiciona la adjetivación de “repudiables”, adjetivo que parte de la calificación de lo bueno o malo desde la óptica del ministro, es decir, del poder; más adelante intenta graficar el hecho ilícito que nunca lo define y trata de establecer una imagen delincuencia a los detenidos, para lo cual se vale del argumento de la detención en flagancia, aunque el sabe que no fue así. Más adelante dice:
“Ustedes conocerán a las personas que fueron aprehendidas y por otra parte también las evidencias respectivas del caso una vez que se ha abierto la Instrucción Fiscal” exhibe a los detenidos para afirmar su mensaje, no tiene escrúpulos a sabiendas de la presunción de inocencia, el mensaje mediático de personificar a los “desestabilizadores” pudo más que sus antecedentes de defensor de los derechos humanos.

14.- Según el penalista Zaffaroni, “el grado de peligrosidad del enemigo – y, por ende, de la necesidad de contención- dependerá siempre del juicio subjetivo del individualizador, que no es otro que quien ejerce el poder” y en este caso, podemos ver como los jueces y la fiscalía demuestra un poder que hace percibir esta decisión como una “pena anticipada”, violentando el artículo 76 de la Constitución numeral 2 y el artículo 8 numeral 2 de la Convención Americana de los derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Álvarez Vs. Honduras establece en el párrafo
69 que: “Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva”.

EL ACTO TERRORISTA;

15.- El juez décimo de garantías penales Dr. Leonardo Tipán Valencia ha llamado a juicio a los detenidos de Luluncoto bajo la figura de ACTOS TERRORISTAS (Art. 160 CODIGO PENAL) que dice: “El que con el fin de cometer delitos contra la seguridad común de las personas o de los bienes, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere, arrojare, usare o introdujere al país armas, municiones o bombas explosivas, materias explosivas, asfixiantes o tóxicas o sustancias, o materiales destinadas a su preparación será reprimido con reclusión mayor ordinaria de 4 a 8 años y multa de cuatrocientos cuarenta y dos a ochocientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. (…)”, vale recordar que este artículo se incorporó a nuestra legislación en la reforma no motivada durante la Junta Militar el 17 de marzo de 1965 y codificada por Velasco Ibarra el 22 de enero de 1971, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional empujada por la Escuela de las Américas bajo la experiencia de la dictadura brasileña, que constituyeron un Estado autoritario, ligando los conceptos seguridad con el de desarrollo, concentrando los poderes bajo la coordinación de la seguridad interna, argumentos que nos parecen tan actuales con la experiencia de Alianza PAIS en el Ecuador y los nuevos revolucionarios de oficina

16.- Como forma de autodefensa de los Estados totalitarios, según el jurista Jiménez de Asúa: “se tilda de terroristas y asesinos a cuantos pugnan por la libertad”. La experiencia ecuatoriana ratifica esta idea, en lo que va del año se habla de 170 activistas sociales acusados de terrorismo y sabotaje, 33 activistas políticos perseguidos, 10 detenidos, incluso 2 asambleístas principales y una asambleísta alterna, de conocida oposición al gobierno, se encuentras encausados en procesos penales.

17.- Nadie puede negar que el Código Penal tiene un desfase entre los derechos instituidos en la Constitución y la normativa establecida en dicho cuerpo legal, pero es inconcebible, que los jueces, conocedores de la supremacía de la Constitución y de las garantías para el ejercicio de los derechos se conviertan en malabaristas para justificar detenciones y persecución a sectores de oposición política; La convención Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado el 09 de enero del
1998 en su artículo 2 establece que “Comete delito en el sentido del presente Convenio quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura:

a) Con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales,

b) Con el propósito de causar una destrucción significativa de ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico.”

18.- En nuestro país no ha existido este tipo de atentados, y mucho menos los jóvenes han preparado acciones que vayan a causar víctimas, los fiscales no han logrado encontrar más que libros y documentos políticos de izquierda, muchos de ellos marxistas, lo que no constituye un delito; pero de serlo, existe una desproporcionalidad en la acusación; sin tomar en cuenta, el plagio que el juez décimo de garantías penales incurre en su resolución en el numeral QUINTO, cuando describe el delito con un texto de internet que está publicado en la página taringa y buenas tareas.

Según Emilio Alvarez Icaza “el terrorismo se encamina a socavar la confianza de un Estado para proteger a sus ciudadanos e incrementar la publicidad para una causa” desde esta óptica terrorismo sería los sucesos ocurridos con el escándalo de las firmas en el CNE y no la reunión de activistas sociales y políticos para participar en una marcha por la vida, el agua y la democracia

LAS IDEAS COMO DELITO

19.- El rigor punitivo que los regímenes fascistas desarrollarían bajo los criterios de la Escuela Clásica traerían que autores como Massari en su libro “Il momento esecutivo del reato” sostenga que, si toda violación es un acto, el hecho de querer un delito es ya un conato de delito.

20.- El código penal italiano de 1930 elaborado por Rocco y el propio Massari, se caracterizaba “por asignarse la finalidad de proteger el estado, establecer gravísimas penas para los delitos políticos, proteger al partido único y apelar ampliamente a la prevención policial mediante la intimidación” (Zaffaroni: 2005)

21.- La idea principal de la legislación fascista constituía en agravar el delito político, confundiendo al Estado con el gobierno y sometiéndolos a una jurisdicción especial. Si bien es cierto, hay una diferencia entre el Estado fascista italiano de las épocas de Mussolini, y el Ecuador de Rafael Correa; para el objetivo de neutralizar a los opositores a Alianza PAIS se utiliza las figuras que constan en el Código penal incluidas durante la dictadura y que se basaron en la legislación italiana de los años treinta. Esta legislación es buena para los intereses de sostener un estado autoritario y un gobierno opresivo, para enfrentar la protesta social, la misma que en opinión de los tecnócratas es el “enemigo” del progreso y debe ser derrotada.

22.- Los objetos incautados el 24 de abril del 2012 en las casas de los detenidos del caso luluncoto, y los argumentos de la fiscalía nos hacen recordar las épocas del gobierno de Febres Cordero (1984-1988), cuando los escuadrones volantes detenían a los jóvenes por el delito de leer el Diario del “Che” en Bolivia o escuchar música protesta, se apaleaba a músicos como Jaime Guevara, se allanaban universidades, se descalificaba a la oposición como “subversiva”.

23.- Según el Ministro Serrano en entrevista a la revista Vistazo en esos tiempos él “hubiera sido subversivo”, hoy se persigue a quienes exigen se respete la Constitución de Montecristi.

24.- En conclusión: los jóvenes detenidos el pasado 3 de marzo del 2012 son presos políticos, durante el proceso se ha visto la injerencia del Ejecutivo, la imparcialidad de fiscales y jueces, sus detenciones son arbitrarias y las afectaciones de las mismas han causado grave daño a los derechos de ellos y sus familias, debe ser puestos en libertad, los hombres y mujeres comprometidos con la democracia, con la solidaridad debemos ser solidarios y exigir el cese de la persecución.


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[1] Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, “Assembly debate on 27 January
2004 (2nd Sitting) (see Doc.10026, report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Bruce; and Doc. 10047, opinion of the Political Affairs Committee, rapporteur: Mr Muratovic).
Text adopted by the Assembly on 27 January 2004 (2nd Sitting)”, en http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta04/ERES1359.htm