NUEVO CÓDIGO PENAL AL ESTILO DE LA INQUISICIÓN 



SE PERSEGUÍA LA IDEA LIBERTARIA 




Por: Paola Pacheco
Periódico OPCIÓN


Como cuando se perseguía la idea libertaria, anti dogmática, en la antigua época medieval, cuando la cúpula de la iglesia persiguió toda idea diferente a la del poder, así como si se viviese en el tiempo de la inquisición romana, cuya principal tarea era desmantelar y atacar a las organizaciones, corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la integridad de la fe católica, y examinar y proscribir los libros que se considerasen ofensivos para la ortodoxia, así mismo, como una analogía que se vuelve a repetir, hoy se elabora en Ecuador un Código Penal que coarta una serie de libertades, que como dirían los asambleístas del lado del gobierno: “no es lo mismo, pero es igual” al anterior.

Varios artículos planteados en este Código, sorpresivamente responden y tipifican como delito a varias acciones que se dieron el 30- S, y criminalizan de manera directa la movilización social, con lo cual se viola el derecho constitucional a la resistencia.

La orientación ideológica de la revolución ciudadana se evidencia con la elaboración de este voluminoso instrumento legal, que castiga a quienes se “oponen al proyecto” antes que a todos los corruptos que abundan dentro de las distintas carteras y esferas del Estado, muchos de los cuales ocupan dichos cargos debido al pago de cuotas políticas del gobierno.

Así, esta nueva condición de castigo elaborada en el Código Penal ya fue tomada en cuenta en lo que Michelle Foucult llamaría en su obra: Vigilar y Castigar. “Es preciso que se redacte un Código donde todas las infracciones estén clasificadas, se trata de evitar que en el silencio de la ley se precipite la esperanza de la impunidad, y la necesidad de una individualización de las penas, conforme a los caracteres singulares de cada delincuente.” Es así que el aumento del control social a través del castigo es la alternativa que ha elegido el gobierno para cumplir –así sea a fuerza- su proyecto político planteado.

Esta decisión de invisibilizar la lucha social a través de la represión, tipificándola como delito, está orientada a que la movilización, la huelga, el paro, la manifestación y reclamo callejero sean vistos como un acto criminal, todo esto como un intento para desgastar la movilización social y popular.

Todo el aparato Estatal se conforma como una herramienta indispensable para la formación el Estado Policiaco, pues es necesario recordar que una de las necesidades del gobierno fue la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, además del Reglamento para legalizar el espionaje.

Cómo está elaborado el Código Penal

Así, el nuevo Código Penal hace referencia a una serie de elementos que fueron presentados por el Ejecutivo y que consta de 4 libros específicos, entre ellos: el libro primero sobre la infracción penal, libro segundo sobre el procedimiento penal, libro tercero aplicación y ejecución de penas y medidas cautelares personales y el libro cuarto la aplicación y ejecución de medidas socioeducativas y que además consta de 812 artículos, 5 disposiciones generales, 18 disposiciones transitorias, 19 disposiciones reformatorias y 61 disposiciones derogatorias.

Varios analistas concuerdan en que este Código Penal recoge artículos que se aplicaron en dictaduras, tanto en Europa como en América Latina en los años 60 y 70, así lo afirma Ramiro Terán, asambleísta por el MPD.

Artículos que preocupan:

Varios temas son los que preocupan, como la acumulación de penas, los delitos respecto al derecho al trabajo, la rebaja de sanciones de los delitos que fueron reconocidos en la Consulta Popular del 2011, los delitos económicos, delitos sobre la tutela judicial, y quizá el cuerpo más grave de todo este nuevo código: los delitos contra el Estado.

En este último tema, la figura del acoso político se toma como una medida para la vulneración de derechos Constitucionales, así, se pretende restringir el derecho de los ciudadanos y organizaciones de la revocatoria del mandato, la silla vacía y la participación ciudadana en general, y que sanciona al pueblo que rechace a un gobierno antipopular. Su pretensión está enfocada a meter presos de 1 a 3 meses a todos quienes pidan la salida de una autoridad de elección popular corrupto, en el caso de los funcionarios públicos incluso quedarán inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.

Además se criminaliza el levantamiento popular como lo afirma el Art. 325, donde se ha elaborado un concepto sobre lo que respecta a la rebelión y sus sanciones: “Rebelión: Quien realice acciones que tengan por objeto o efecto el derrocamiento de la máxima autoridad pública, en cualquiera de las funciones del Estado, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

Así también una de las novedades de este Código es que se tipifica el delito de rebelión de las fuerzas armadas y policiales, todo esto con el antecedente de lo sucedido el 30-S, es por esto que la rebelión de la servidora o servidor militar tipificado en el Art. 325 menciona que la sanción será de siete a nueve años de prisión; y la usurpación y retención ilegal del mando, insubordinación tendrá una sanción de 5 a 7 años de prisión, esto mencionado en el Art. 329.

Con esto, el asambleísta Ramiro Terán, ha dicho que: “Se quiere hacer creer que tenemos derecho a la resistencia, pero contra otro gobierno que no sea éste, y si resistimos en éste debemos hacerlo sin gritar, sin atrevernos a protestar, sin opinar, ya que si lo hacemos hoy, seremos capturados, censurados y condenados, perderemos el derecho a la tutela judicial efectiva, se guardará reclusión eterna sin derecho a rebajas por buena conducta, seremos imputados y criminalizados por la Fiscalía como subversivos; seremos sancionados por el delito de sabotaje mencionado en el Art. 338, que sanciona con prisión de 7 a 11 años.”

Junto a esto, sería imperdonable para el gobierno que no tomara en cuenta el tema de quiénes son dirigentes sociales y que en este código se los llama “incitadores a la violencia” y que el Art. 340 los califica como incitadores a: “La persona o las personas que promuevan la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años”, también se sanciona a quienes por medio de violencia, vías de hecho o amenazas, se opusieren a la ejecución de obras, impidiere el libre tránsito, cause daño a instalaciones públicas.

Y como no podía faltar, el terrorismo es otra de las graves tipificaciones de este código que plantea, asume el terrorismo así: “Será sancionado con pena privativa de libertad de once a quince años, el que (…) provoque o mantenga, en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o a las edificaciones o medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos...”

Así este nuevo Código Penal, deja en evidencia las pretensiones de sancionar y criminalizar la movilización, inclusive calificándola con términos como el terrorismo, que hasta hace poco era un derecho legítimo de las personas a movilizarse y manifestarse a favor de sus derechos. Como decía la portada anterior de esta edición, “Nadie votó por una anti-democracia” y ahora decimos, nadie votó para que nos taparan la boca y pretendan ahogar nuestros sueños.