CRÓNICA DE UNA DERROTA ANUNCIADA 



CONSTITUCION DE MONTECRISTI GARANTIZA DERECHOS  




Por Decio Machado / Sociólogo y periodista

El ámbito en el que la Constitución de Montecristi es más generoso, es sin duda el correspondiente a los derechos. Prácticamente todos los 86 primeros artículos de la Carta Magna ecuatoriana están dedicados a señalar los derechos de los que gozarán individuos y grupos sociales. No hay campo en el cual no se reconozca derechos: cultura, educación, ciencia, salud, alimentación, tecnología, ambiente, agua, naturaleza, seguridad o buen vivir.
Entendiendo entonces que la Constitución apuesta por crear sujetos de derechos, algunos incluso innovadores como es el caso de la naturaleza, lo que se define como poder judicial debería funcionar de manera impoluta, para que el Estado realmente ejerza su principal función como protector de individuos y grupos, así como responsable de su bienestar.
Desprestigio de la administración de justicia
Según una encuesta de Gallup de 2010[1], solo uno de cada cinco ecuatorianos confíaba en el sistema judicial[2], lo que indica que la sociedad percibía que no se administraba adecuadamente la justicia en el país.
En este sentido, teniendo en cuenta que recién se ha empezado un tortuoso proceso de modernización de la justicia, es indudable que la administración de justicia ecuatoriana atraviesa profundos problemas de gestión y reputación.[3]
Sobre la premisa anterior se justificó la Consulta Popular del pasado 7 de mayo, promovida por el presidente Rafael Correa y por la cual se convocó a la ciudadanía a posicionarse sobre 10 preguntas de las cuales cuatro[4] de ellas hacían referencia al tema de justicia.
Aunque con muy estrecho margen[5], la posición defendida por el mandatario fue respaldada popularmente, lo que permitió iniciar un proceso de transformación de la administración de justicia tutelado por el presidente de la República y notoriamente diferente al que estaba contemplado inicialmente en el texto constitucional.
Legitimado el proceso, diversos sectores sociales vinculados a la temática, demandaron al presidente Correa que su reforma no se limitase al recambio de jueces, si no que se impulsara un amplio y democrático debate social, y que se sentaran las bases para una real independencia de la Justica respecto del Ejecutivo y grupos de poder económico.
Dos sentencias sorprendentes en el transcurso de proceso de reforma de la Justicia
El 22 de marzo del año pasado el presidente Rafael Correa demanda por injurias y pide un indemnización de 80 millones de dólares y prisión de tres años para Carlos, César y Nicolás Pérez, como propietarios del diario El Universo y para su ex editor de opinión Emilio Palacio, por el artículo publicado el 6 de febrero del año pasado titulado “No a las mentiras”.
La demanda del presidente Correa se realiza tras la publicación en la sección de columnistas de El Universo de un artículo de opinión de Palacio en el cual se afirma que el mandatario podría ser acusado de “cometer crímenes contra la humanidad por haber ordenado fuego a discreción”[6] contra un hospital lleno de civiles durante la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010.
Con una celeridad inusitada para el sistema judicial ecuatoriano, el 21 de julio de 2011 el juez Juan Paredes, encargado del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas, sentencia a tres años de prisión a los imputados y ordena el pago de 40 millones al presidente de la República.
Casi siete meses después, la jueza temporal Mónica Encalada, implicada en la causa, denunciaba en una declaración juramentada que había sido víctima de presiones para que sentenciara a favor del presidente Correa y que el juez Paredes le había indicado que la sentencia ya estaba redactada y había sido realizada por el abogado Gutemberg Vera[7], el letrado del Presidente de la República[8].
De igual manera procedió el presidente Correa contra los periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes publicaron en agosto del 2010 el libro “El Gran Hermano”[9], donde se recopilaba una investigación periodista que ambos realizaron para el Diario Expreso, y donde se relata “la pasión por el poder de la familia Correa-Delgado”[10] y denuncia los millonarios contratos logrados por Fabricio Correa, hermano del presidente, durante los primeros años de gestión de este. En realidad quien formula dichas aseveraciones es el hermano del presidente, en una larga entrevista publicada primero en Diario Expreso y luego en el mencionado libro, transformado en un best seller en las librerías ecuatorianas.
En el caso de los periodistas de investigación, el presidente Correa exigía un pago de 10 millones de dólares –cinco a cada uno- por daño moral, aduciendo la existencia de “falsas, maliciosas y temerarias afirmaciones publicadas en el libro”[11].
El pasado primero de febrero, la jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, Mercedes Portilla, dictaba sentencia en primera instancia de esta causa. Su resolución: pago de 2 millones de dólares (1 millón por cada periodista) más 100 mil dólares de pago a los abogados del Presidente de la República, por el supuesto daño moral causado al presidente Rafael Correa.
En la definida por muchos como “surrealista”[12] providencia firmada por la jueza Portilla, no se muestra la existencia de pruebas por sufrimiento físico o psíquico que Correa dice haber padecido. Se señala que estas pruebas no son necesarias “por la sencilla razón de que el daño moral refiere a lo espiritual, a lo inmaterial, a aquello que solo la persona que lo sufre puede indicarlo, siendo innecesario que un profesional de la psiquiatría o psicología certifique tal padecimiento”. Y que con la declaración presidencial se había demostrado el daño causado…
En ambas demandas referenciadas con anterioridad el presidente Correa ha contado con la asistencia del abogado Gutemberg Vera y su hijo Alembert, este último carente de currículum profesional calificable por haber estado hasta hace menos de dos años estudiando en la Universidad Complutense de Madrid. El abogado Vera padre, es conocido en el mundo del derecho ecuatoriano por haber defendido a personajes tan siniestros como el empresario Fernando Aspiazu[13], quien fue procesado por las irregularidades cometidas en el manejo del Banco del Progreso, o al ya fallecido ex presidente y ex alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero[14], quien fue demandado por el despido de siete mil trabajadores municipales.
La independencia del nuevo poder judicial queda en entredicho
El arranque de la nueva Corte Nacional de Justicia no ha sido fácil. Apenas veinte días después de su puesta en marcha, tuvo que afrontar el recurso de casación[15] interpuesto por los abogados del diario El Universo.
Todos los ojos del país e incluso de diversas instituciones internacionales estaban puestos sobre la recién inaugurada Corte. Para nadie era desconocido que la sentencia de El Universo tendría consecuencias no solo para los demandados, sino para todo el país y sobre todo para el sistema de administración de justicia en restructuración.
La presión ejercida sobre la Corte Nacional de Justicia por parte del presidente Correa fue constante tanto antes como durante el transcurso de las trece horas de sesión: sus mensajes de twitter reproducidos por los medios de comunicación, una rueda de prensa durante la sesión y una multitud de ministros y asambleístas copando la sala de sesiones de la Corte, fueron parte de las acciones emprendidas en pro del presidente de la República.
Los militantes de Alianza PAIS instalados en las afueras del edificio de la Corte Nacional de Justicia protagonizaron durante el transcurso del día varios altercados con los trabajadores,camarógrafos y periodistas, de varios medios de comunicación privados. Presas por momentos de una especie de delirio emocional, estos seguidores del correísmo alcanzaban su climax alrededor de hogueras callejeras que mantenían su fuego alimentándose de periódicos, en un esperpéntico ritual que recordaba a los Camisas Pardas la noche del 10 de mayo de 1933 en la Bebelplatz de Berlín. Ya en la madrugada del 16 de febrero, los tres jueces de la Corte Nacional de Justicia dictaminaron por unanimidad declarar improcedente los recursos de casación presentados por la defensa de El Universo.
El presidente Correa ganaba así la causa contra El Universo y se ratifica la sentencia de tres años de cárcel para los cuatro encausados y el pago en conjunto de 40 millones de dólares por la publicación de la columna “No más mentiras”.
Las consecuencias de los juicios promovidos por el presidente Correa
En el caso de la sentencia sobre el diario El Universo, la Corte Nacional de Justicia procede para muchos juristas ecuatorianos con una sentencia anticonstitucional. El principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 76, numeral 6[16] de la Constitución de Montecristi, quedó vulnerado, dada la desproporcionalidad de la pena.
Teniendo en cuenta que el salario del presidente de la República alcanzó tras la resolución Nº 20 del Ministerio de Relaciones Laborales expedida el año pasado los $6.600 mensuales (sin contabilizar viáticos), la sentencia de 40 millones reafirmada por la Corte Nacional de Justicia supondría que podría estar tanto él como sus futuras generaciones sin trabajar durante 498 años.
La desproporcionalidad llega incluso al punto de que es una pena inejecutable dado que ni siquiera con la venta del periódico podría satisfacerse la deuda[17].
De igual manera, aplicar una figura legal como la de autor coadyuvante en un caso por injurias calumniosas es una acción jurídica que no tiene antecedentes; y es un mal precedente para la libertad de expresión en el país. La autoría coadyuvante, no es otra cosa que la participación necesaria para la comisión de un delito, y por lo tanto esa figura se aplica principalmente para los casos que tienen que ver con la delincuencia y tiene que ver con la complicidad en el mismo.
Bajo las tesis anteriormente expresadas, la Corte Nacional de Justicia habría procedido con un nuevo golpe contra los principios emanados de la Constitución de Montecristi, cosa que sin ser ninguna novedad en el quehacer cotidiano del Estado ecuatoriano, supone ir enterrando en vida al texto constitucional más avanzado e innovador del planeta.
En lo referente a la sentencia contra los periodistas Calderón y Zurita, se golpea fuertemente a un género apenas existente en el periodismo ecuatoriano, la investigación periodística, pero necesario en un Estado democrático y que tuvo sus máximo exponentes en la década de los 60 en las figuras de Truman Capote[18] y Tom Wolfe[19], o en Ecuador de los años 80 y 90 a través de la figura de María Albán.
Reacciones internacionales
La insólita y desproporcionada sentencia contra el El Universo así como la persecución jurídica a la que se han visto sometidos los periodistas Calderón y Zurita propiciaron la reacción de diversos sectores tanto dentro como fuera del país.
En el ámbito nacional, tanto las redes sociales como innumerables actores sociales y personalidades públicas manifestaron su rechazo a la desmedida sentencia contra el diario guayaquileño. Los posicionamientos no se distinguieron entre sensibilidades políticas más conservadoras o más progresistas, dado que para los críticos de la sentencia no se trataba de defender al periódico en si mismo, el cual podría ser calificado como el órgano de comunicación más cercano a la oligarquía histórica del país. Lo que preocupa es la libertad de expresión en el Ecuador y más en concreto la independencia del poder judicial con respecto al poder político.
En lo referente al plano internacional, que es donde más sintió el régimen los golpes políticos, no fue solo la resolución de la desprestigiada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo medidas cautelares y suspensión de la sentencia, sino la reacción de los medios de comunicación de innumerables países censurando la sentencia y el posicionamiento de varios presidentes y ex presidentes latinoamericanos cuestionando la independencia del poder judicial en el Ecuador. Ningún presidente latinoamericano se solidarizó públicamente con el presidente Correa cuando llegaron las embestidas internacionales, y cualquier comparación con el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV) sería desafortunado por que lo sucedió en el 2007 fue la decisión del Estado venezolano de no renovar la concesión de RCTV, una situación notablemente diferente a la sanción desmedida de imposible cumplimiento aplicada sobre El Universo. De forma específica en lo que tiene que ver con las penas de cárcel en el caso ecuatoriano.
La sinrazón y vehemencia mostrada por el presidente Correa, sumada a la falta de criterio estratégico de sus asesores, ha mandado al traste toda una política desarrollada durante años por parte del Estado ecuatoriano de posicionamiento internacional (de forma especial a partir de los sucesos de Angostura -marzo de 2008). Y ahora: ¿A qué países solicitar aportaciones al Proyecto Yasuní-ITT?, ¿Cómo recurrir nuevamente al CIDH en caso de que el gobierno colombiano o de cualquier otro país vuelva a violentar la soberanía del país nuevamente?, ¿Cómo afectará esta situación al juicio interpuesto en el Tribunal de La Haya por las fumigaciones de glifosato realizados por la Fuerza Aérea de Colombia en territorio fronterizo ecuatoriano con grandes afectaciones para la salud de las personas y el hábitat?, ¿Con qué legitimidad moral actuará el Estado ecuatoriano en el enfrentamiento jurídico interpuesto por las víctimas contra la mentirosa transnacional Chevron Texaco tras la contaminación dejada por está en la Amazonía?, ¿A qué nuevo foro internacional va a concurrir el presidente Correa o los ministros de la revolución ciudadana a plantear la necesidad de una nueva gobernanza global tras demostrar su incapacidad en generar una nueva gobernanza a nivel nacional?
El Víacrucis del presidente Correa
El 27 de febrero, exactamente 20 años después de que George Bush padre anunciara el fin de las hostilidades en el Golfo Pérsico y por lo tanto el cese de los bombardeos aéreos que significaron un castigo diario sobre la población iraquí, el presidente Correa en el Salón Amarillo de Carondelet perdonaba de igual manera a los condenados del caso El Universo, así como anunciaba su intención de desistir en la causa contra los periodistas Calderón y Zurita encausados por escribir el “Gran Hermano”.
Dos días antes, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República había remitido a todos los funcionarios públicos del país una misiva por la cual se les convocaba a seguir en vivo mediante determinados medios públicos[20] la alocución presidencial.
El presidente Correa había convertido sus causas personales, ambos juicios fueron emprendidos por el ciudadano Rafael Correa alegando a injurias contra su honor, en una causa de Estado en la que se involucraba incluso a los funcionarios públicos en su seguimiento. En la tarde del mismo 27 de febrero todos los ministerios del Ecuador tienen en sus páginas web la carta pública del mandatario, por orden expresa emitida desde el Palacio de Carondelet.
Con el Salón Amarillo repleto de ministros, responsables del Legislativo y funcionarios públicos de alto standing, todos ellos con cara de devoción como si asistieran a una misa del Sumo Pontífice (de hecho era distinguible la presencia de la curia según se visualizó en las imágenes emitidas por la TV estatal), el presidente Correa durante treinta minutos narró el “Viacrucis” al que se vio sometido por la “prensa corrupta” para el escarnio de él y de su familia.
Cual personificación de la imagen de un “cristo redentor”, narró su propia crucifixión por los medios de comunicación al servicio del capital y los intereses extranjeros para luego terminar “perdonándolos” en aras al interés del país.
Definió la desproporcionada sentencia contra El Universo como una sentencia histórica contra la dictadura mediática que sufre el Ecuador y el conjunto de América Latina. Indicó que a través de está, se había lavado su honra y que lo que siempre buscó fue la verdad, posicionando el logro de los tres objetivos que había pretendido: demostrar que El Universo mintió, evidenciar que los responsables de este hecho no es solo el articulista sino también el diario, y hacer que los ciudadanos ecuatorianos y latinoamericanos pierdan el miedo a la prensa ganando juicios como él lo había protagonizado.
Con la alocución presidencial realizada en la mañana del 27 de febrero, ignorado “día del civismo” en el Ecuador y de recordatorio de la batalla de Tarqui de 1829, el presidente Correa pretende dar fin a una de las más sonadas telenovelas políticas ecuatorianas, en este caso, generada y protagonizada por él mismo, pero que en la que realmente su protagonista principal ha sido la intolerancia.
El error estratégico de pensar que semejante desproporcionalidad en la sentencia contra El Universo o la realizada contra los periodistas Calderón y Zurita podría pasar desapercibida en el ámbito internacional, demuestra la incapacidad política de los asesores en política internacional del presidente Correa así como la ineficiencia de la Cancillería del Ecuador, la cual a través de sus declaraciones no ha hecho más que enconar el caso en el contexto internacional.
Lo anteriormente descrito no cuestiona el hecho de que el devenir de los medios de comunicación en América Latina está directamente vinculado con el futuro de sus democracias.
Algunas reflexiones finales
Cierto es que en la actualidad la dictadura mediática pretende suplantar lo que alguna vez fueron las dictaduras militares. Son los grandes grupos económicos los que han usando históricamente a los medios de comunicación y quienes deciden quién tiene y quién no tiene la palabra, así como quién es el protagonista y quién el antagonista ante las nuevas realidades, no por ello revolucionarias, que se están dando en el continente.
Los sectores oligárquicos que más gritan contra los cambios reformistas que se están dando en los ámbitos económicos, sociales y políticos, han sido quienes han logrado más pantallas en las televisiones al uso, mientras que las grandes mayorías siguen afónicas sin voz y sin imagen.
Es un hecho difícil de cuestionar el que el modelo comercial que nos llega permanentemente a través de la información, la publicidad o las series de televisión y la cultura de masas, es un envase con un lacito de colores que disfraza y distorsiona la realidad y que conlleva también un discurso ideológico agresivo y limitante de las libertades ciudadanas.
Sin embargo pensar que el viejo sueño común de muchos comunicadores sociales progresistas en América Latina de generar un periodismo independiente, veraz, ético, profesional y comprometido pasa por hacer lo mismo que los medios privados pero supuestamente al otro lado de la barricada, es no entender en absoluto el porqué de tantos periodistas detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos en el continente.
Nunca los periodistas de la izquierda latinoamericana han rasgados los periódicos, por muy conservadores que estos fueran, como lo ha hecho en más de una ocasión el presidente Correa ante millones de televidentes en sus cadenas sabatinas. La destrucción de periódicos y libros ha sido históricamente un atributo propio de regímenes totalitarios. Nunca el periodismo profesional de izquierdas ha sido generador de medios de comunicación acríticos con el poder político o económico como lo son los medios estatales ecuatorianos, los cuales esbozan largas críticas contra los movimientos sociales, en especial contra el movimiento indígena, pero no cuestionan el papel de las transnacionales en el país. No es para esto por lo que derramaron su sangre Rodolfo Walsh y tantos otros en las últimas cinco décadas de historia latinoamericana.
Por otro lado, la sentencia contra el diario El Universo no rehabilitó el mancillado honor del mandatario ecuatoriano, todo lo contrario, el artículo de Palacio fue publicado en al menos nueve países latinoamericanos por distintos periódicos y otros medios de comunicación. La noticia de la desmesurada sentencia ha dado la vuelta al mundo, y la imagen el presidente Correa nunca ha estado tan cuestionada y desgastada internacionalmente como en estos momentos.
Esta responsabilidad tiene una identidad superior, dado que es la imagen del país la que ha quedado en cuestión en el ámbito internacional.
Y por último, los recién elegidos jueces de la Corte Nacional de Justicia acarrearan sobre sus espaldas la deslegitimación internacional de la que se ha hecho gala su sentencia.
¿Qué legitimidad le queda ahora a la tan deseada como necesaria reforma de la administración de justicia del Ecuador?
El presidente Correa se equivocó al realizar su alocución presidencial un 27 de febrero, fecha en que fue estrenada en 1814 en Viena la Octava Sinfonía de Beethoven, quizás su única obra desenfadada y alegre. Debería haber elegido sin duda el 2 de enero, dado que ese día de 1793, lo que se estrenó fue la Misa de Réquiem de Mozart.


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[1] http://www.vistazo.com/ea/especiales/imprimir.php?Vistazo.com&id=4273
[2] Con tan solo un índice de confianza del 21%, Ecuador solo supera a Haití y Perú en confianza de su sistema judicial entre los países de la región.
[3] Estos problemas están vinculados a: crecimiento de la conflictividad por la vía contenciosa; un indigerible aumento de casos en judicaturas saturadas de trabajo y con evidentes insufieciencias materiales, técnicas y profesionales; la palpable falta de capacitación en amplios sectores de jueces y funcionarios de la justicia respecto a nuevas legislaciones y procedimientos; una escandalosa falta de homogeneidad en los despachos de causas; un anticuado sistema en la administración que conlleva falta de optimización de espacios, deficiencias tecnológicas, modelos de gestión arcaicos y falta de dinamismo en sus funcionarios; la inexistencia de modelos de transparencia en los procesos judiciales; la desidia generalizada de profesionales y técnicos; y, la mil veces denunciada carencia del principio de honestidad.
[4] Las dos primeras tenían con ver con agudizar el régimen represivo y las otras dos habilitaron la restructuración del sistema judicial y conllevaron modificaciones en la Constitución de Montecristi.
[5] Pregunta 4, “¿Está usted de acuerdo en sustituir al actual pleno de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros elegidos, uno por la Función Ejecutiva, otro por el Poder Legislativo y otro por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?”. Su resultado fue 46,15% de Sí por 42,56% de No, Blancos 5,54% y Nulos 5,75%. Pregunta 5, “¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como establece el anexo 5?”. Su resultado fue 46,67% de Si por 41,96% No, Blancos 5,84% y Nulos 5,52%.
[6] http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html
[7] La declaración de la jueza Encalada vuelve a posicionar el caso “Chucky Seven”, por el cual se denuncia que la sentencia del juez Paredes provino de una computadora diferente a la que este juez disponía, siendo volcada en su unidad de procesamiento a través de una flash memory cuya identificación es Chucky Seven y que distintas fuentes vinculan al abogado Gutemberg Vera.
[8] http://www.eluniverso.com/data/recursos/documentos/escan-jueza-declaracion.pdf
[9] “El Gran Hermano” ha sido editado por Aradiso Editores. Su primera edición corresponde a agosto del 2010, el libro goza de una gran demanda y en la actualidad se prepara su quinta edición la cual aparecerá en breve.
[10] Extraído de la síntesis de la contraportada de la obra.
[11] Extraído de la demanda interpuesta por Rafael Correa contra Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.
[12] El surrealismo es un movimiento artístico nacido en Francia tras la Primera Guerra Mundial que tiende a representar, sin precaución estilística alguna, la vida profunda del subconsciente, la labor del instinto que se desarrolla fuera de los límites de la razón.
[13] El dueño del Banco del Progreso fue uno de los hombres más ricos del Ecuador: incursionó en electricidad, banano, inmobiliarias y medios de comunicación. De la cuna de los “Gran Cacao” de la costa ecuatoriana llegó a ser ministro de Jaime Roldós, dueño de la empresa eléctrica de la ciudad más populosa del país, tenedor mayoritario de las acciones del segundo más grande grupo financiero del país, propietario del
periódico más antiguo del Ecuador y de un canal de televisión. Conoció la cárcel acusado de no transferir al Fisco los valores recaudados por la retención del impuesto del 1% a la circulación de capitales.
[14] León Febres-Cordero fue el más influyente líder conservador del Partido Social Cristiano. Presidente del Ecuador entre los años 1984 y 1988, fechas en la que se constata la mayor represión política que ha existido en el país tras la vuelta a la democracia; legislador en varias ocasiones y Alcalde de Guayaquil en dos períodos.
[15] El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales.
[16] Art.76, numeral 6: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”.
[17] Tras la sentencia inicial del juez Paredes, durante una rueda de prensa los periodistas preguntaron cuál es el valor de los activos del diario, cosa a la que respondió su gerente general, Leonardo Terán, asegurando que el valor patrimonial de la empresa es de $35 millones de dólares, es decir menor a la indemnización que exige el juez.
[18] Truman Capote fue un periodista y escritor estadounidense, principalmente conocido por su novela-documento investigativo A sangre fría (1966).
[19] Tom Wolfe es un periodista y escritor estadounidense, padre del llamado Nuevo Periodismo, una revolucionaria tendencia en el campo de la prensa, que nació en los Estados Unidos en los años sesenta a raíz de la publicación A sangre fría de Truman Capote
[20] Los medios elegidos fueron: Ecuador TV, Estaciones de radio a nivel nacional, y las web de Presidencia, El Ciudadano y la Agencia Estatal ANDES.