¿QUÉ ES LO QUE PASA EN BOLIVIA? 



EVO MORALES NO OBEDECE A LA CASA BLANCA 




Rodrigo Santillán Peralbo

El Presidente de la República de Bolivia, Evo Morales, es uno de los mandatarios “peligrosos e indeseables” del imperio porque no es obediente a los dictados de la Casa Blanca y porque quiere hacer de Bolivia una patria con derechos humanos, sociales y culturales para todos, sin discrimen de raza, sexo, religión o ideología política. El cambio propuesto por Morales, sin la venia del imperio y sin el permiso de la oligarquía blanca y mestiza, podría explicar lo qué pasa en la Bolivia de hoy.

Evo Morales y el MAS ansían una patria en la que la minoría blanca, los mestizos e indígenas de inmensa mayoría sean iguales en dignidad y derechos, porque nacieron libres para realizar sus vidas, pero Estados Unidos no quiere permitir que las ovejas salgan del rebaño albergado en su patio trasero, e interviene groseramente para desestabilizar al gobierno ya de manera directa o por intermedio de las oligarquías separatistas de la Media Luna, ya sea dividiendo al movimiento indígena o ya a través de las famosas ONGs dirigidas y financiadas por la USAID, CIA y NED.
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina como consecuencia del dominio extranjero: primero fue la explotación española durante más de 300 años y después sometida a la ambición y avaricia de Estados Unidos que la aprisionó con las garras de las transnacionales capitalistas y de sus servidores oligarcas nacionales.
Evo Morales representa el cambio profundo, suficiente razón para que esté en la mira del imperio. En esa amenaza directa o clandestina está el origen de todos los males que sufre esa nación, incluidos los planes separatistas y desestabilizadores en los que participan los mismos indígenas a los que quiere liberar de 500 años de inicua explotación.
Bolivia a pesar de sus riquezas naturales es inmensamente pobre y es uno de los países más atrasados del hemisferio occidental con el ingreso per cápita más bajo del Continente. Se calcula que por lo menos la mitad de la población es analfabeta. Es el país latinoamericano con mayor población indígena: más del 50% habla quechua o aymará. El campesinado indígena y mínimamente mestizo, constituye más del 60% de la nación.
La pobreza del pueblo boliviano se explica a partir de sus formas primarias de producción pre capitalistas por parte del indigenado y por la explotación transnacional por excelencia, que agotó las minas primero de la plata, luego del estaño. Bolivia fue considerada como importante productor de la planta de coca para la producción de cocaína que ha servido de pretexto para la injerencia estadounidense con la supuesta "guerra contra las drogas".
Suele afirmarse que el movimiento obrero y el movimiento indígenas han sido ejemplo de lucha reivindicativa por su nunca desmentida combatividad y por sus planteamientos que siempre fueron considerados como los más radicales en las luchas latinoamericanas. La Juventudes Libertarias, un movimiento que había en Bolivia afirmaba que el proletariado boliviano, a decir de muchos, es la clase dotada de mejor sentido histórico en el continente. El país fue escenario de luchas proletarias de gran alcance, es el único país del hemisferio donde ha ocurrido algo aproximado a una exitosa insurrección obrera. En 1952, milicias obreras y campesinas destruyeron al ejército de la oligarquía local, echando a los barones del estaño de sus mansiones palaciegas, pero esta insurrección fue castrada por los nacionalistas burgueses.
El 8 de octubre e de 1967 fue asesinado el Ché Guevara y con él los guerrilleros del Ñancahuazo. En 1971 los obreros, campesinos y estudiantes formaron la Asamblea Popular, “una especie de consejos de trabajadores en los que primaba la democracia directa y que pusieron en vilo al entonces presidente Torres, al constituirse en Poder Dual. Los reformistas abortaron la revolución social, al sembrar la esperanza suicida en el gobierno "progresista" de Torres y no armar al pueblo, consiguiendo con ello dar cabida al sangriento golpe de estado fascista de Banzer, financiado por la C.I.A., la dictadura brasileña y el narcotráfico.
En la última década del siglo anterior surge como líder de los cocaleros Evo Morales y alcanza prestigio político que habría de llevarlo al poder en el año 2006. Desde que asumió el poder ha estado bajo permanentes y furiosos ataques tanto internos como externos.
La analista boliviana Vicky Peláez informaba: “En mayo de 2008 frustró un intento de golpe militar. En abril de 2009 desarticuló un grupo terrorista de misteriosa procedencia encabezado por el mercenario Eduardo Rosza – Flores de origen boliviano – húngaro judío.
En 2010 un paro cívico por demandas regionales en Potosí, afectó la economía del país. Los cuatro Departamentos de los nueve que hay en Bolivia, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pardo, donde están ubicados los principales yacimientos de gas y petróleo, han intensificado desde 2006, su movimiento autonomista- independentista.
En estas últimas semanas se han levantado grupos de indígenas apoyados por el Movimiento Sin Miedo, y por la Confederación Obrera Boliviana (COB), disque porque Morales anunció la construcción de la carretera Villa Tunan – San Ignacio de Mojos con el propósito de acelerar el proceso de integración del país.
Y todo sucede al compás de diarias denuncias de diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que invadieron el país. Estas que antes no decían nada de otros gobiernos, ahora acusan al presidente Morales de violación de los derechos humanos, de injusticia social, racismo, destrucción de la ecología del país, etc.
Pero lo más risible es que EEUU auspició diversas conferencias en Bolivia donde sus académicos Lindsay Robertson, Stephen Greetham y Amanda Cobb llaman a los indígenas bolivianos a la lucha diciendo que en los Estados Unidos, “no toda la población sino las tribus son dueñas de los recursos naturales que están sobre la tierra y debajo de ella”.
El cinismo de estos no tiene límites, ya que todos saben que los nativos norteamericanos viven en la peor miseria. De acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, su ingreso medio no llega ni a la mitad del promedio general y un indígena tiene 600 veces más probabilidad de contraer tuberculosis y un 62 % más de probabilidad de cometer suicidio que la población general norteamericana, sostenía la periodista boliviana Vicky Peláez.
Los anglosajones que crearon Estados Unidos cometieron el mayor de los genocidios de la historia de la humanidad, perpetrado contra los pueblos aborígenes de Norte América. Los sobrevivientes fueron condenados a vivir en las famosas “reservaciones” generalmente inhóspitas. En las décadas de los setentas y ochentas, las protestas indígenas fueron cruelmente reprimidas y sus líderes asesinados o metidos en cárceles. Y ahora resulta que son dueños de los recursos naturales.
Las ONGs fueron creadas para promover la globalización y abrir camino a las transnacionales. Su verdadero autor fue el profesor norteamericano William A. Douglas que en su libro escrito en 1972, Developing Democracy, dice que “los países de Asia, África y América Latina son en realidad unos “niños que para su desarrollo necesitan la reglamentación, el control y tutela de los Estados Unidos”. En otras palabras querría que se concretara el “destino manifiesto” porque según la raza superior anglosajona, los Estados Unidos fueron destinados por la Providencia para gobernar al mundo habitado por seres inferiores, y los indios bolivianos son seres inferiores y el indio Evo Morales debe ser eliminado.
Estados Unidos en el siglo XXI no quiera desatar una intervención directa. Ejecuta formas clandestinas de penetración cuando fracasa la injerencia directa y en Bolivia ha dejado el intervencionismo en manos de ONGs que son organizaciones de base o penetrando las ya existentes por alguna agencia especializada del Departamento de Estado norteamericano.
“Para realizar esta idea, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) elaboró el plan “Project America” activado en los años 1980, justo cuando aplicaron en el Tercer Mundo sus “Terapias de Choque” y posteriormente “El Consenso de Washington”. Decía su consigna: “free politics and free markets are good for the US and good for all God’s children”. (La política liberal y el libre Mercado es bueno para Estados Unidos y para todos los hijos de Dios).
Las ONGs fueron financiadas al comienzo por el Departamento de Estado a través de la organización de la Agencia del Desarrollo Internacional (USAID) y por la Fundación Nacional para la Democracia (NED) bajo la asesoría de la CIA.
Los predeterminados por la divina Providencia como los fascistas del Tea Party que agrupa a los republicanos más radicales de la extrema derecha como el senador Richard Lugar quien ya presentó la moción en el Senado y otros, proyectan usar las redes sociales en América Latina para hacer revoluciones al estilo de Egipto, Túnez y Libia. Con la CIA, DEA, USAID, NED y sus ONGs pretenderán usar las redes sociales para acabar con los gobiernos indeseables de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia.
Será nueva tarea para muchas ONGs en la región, usando su experiencia en África. Con esta moción de nada vale que Evo Morales, en cinco años de su gestión, haya bajado la pobreza moderada (dos dólares al día) del 60 por ciento al 49 por ciento y la extrema pobreza del 37 por ciento al 25 por ciento.
La consigna del imperio y de las oligarquías es derrocarlo ya que Evo Morales se opone al sistema y al orden establecido por el imperio y sus transnacionales.
El vicepresidente de Bolivia García Linera dijo que “los críticos oenegistas salen en defensa de quienes en estos cinco años buscaron restablecer el poder de las transnacionales y de las oligarquías nacionales a través de golpes de Estado y actitudes separatistas”.
Estados Unidos y sus agencias -con el uso del poder mediático y las oligarquías criollas- calumnian al Presidente boliviano, ansían influir a la población con sus crueles sátiras y sarcasmos, mienten y engañan a la mayor parte de los ocho millones y medio de habitantes de los cuales, 3´.200.000 viven en extrema pobreza por culpa del sistema de explotación capitalista y de sus lacayos criollos.
“En la raíz de la crisis boliviana está una clase política displicente y corrupta, generalmente cobijada por la embajada de Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Morales, no se ha podido construir el nuevo país con una democracia de carácter pluriétnico y multicultural.
Las ONGs son herramientas desestabilizadoras, conspiradoras y golpistas, aseguraba el propio presidente Morales al advertir que son nuevas formas de conspiración provenientes de Estados Unidos contra Gobiernos progresistas, que se gestan a través de Organizaciones No Gubernamentales.
El presidente Morales expresaba que "hay una nueva forma de conspiración", conformada por agentes de derecha extranjera, junto con "algunos de nuestros hermanos, poquísimos por supuesto, y algunas Organizaciones No Gubernamentales".
"Estados Unidos, intenta conspirar mediante fundaciones y ONGs. Intentan confundir", pero "han fracasado gracias a la conciencia del pueblo", decía.
Recordó que tomó la decisión en el año 2008 de retirar del país al embajador estadounidense Philip Golberg, luego de denunciarlo por conspiración e injerencia en asuntos de política interna. En este sentido, alertó que "el imperialismo norteamericano, sin el embajador de Estados Unidos en Bolivia, también puede usar la citada forma de conspirar en Bolivia".
Denunció el caso específico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). "Que no venga a conspirar contra nuestra democracia", porque "no me va a temblar la mano para expulsar a la USAID de Bolivia", sentenció.
Consciente de las amenazas conspirativas provenientes de las ONGs orquestadas por la USAID, CIA, NED y otras, convocó al pueblo a organizarse ya que es "importante una alianza de las distintas capas sociales, (...) eso nos ha ayudado bastante para acelerar los procesos de cambio que estamos llevando a cabo hasta ahora". Enfatizaba que "los pueblos indígenas somos antiimperialistas".
"El pueblo organizado, el movimiento indígena, originario, campesino, sabe de sus problemas, pero también sabe de las respuestas a esos problemas que tienen". Recordó que "en el año 1992 dijimos que de la resistencia contra el Estado colonial, contra los estados coloniales, de la resistencia contra los distintos imperios conduce a la toma del poder para gobernarnos a nosotros mismos". Así mismo formuló un llamado para fortalecer un instrumento político de liberación social y (...) eso se logra recuperando nuestros recursos naturales". "Sólo se puede salvar a la humanidad, salvando a la madre tierra. Felizmente no estamos solos", aseveró, tras reiterar que "sólo acabando con el capitalismo, podemos, salvar al planeta tierra y a la humanidad".
El analista Israel López Montaño expresaba: “Bolivia como el resto de América Latina es víctima de “la imposición de la política económica neoliberal a ultranza, la cual se sustentaba en el programa del Consenso de Washington consistente en reducir el déficit fiscal a desmedro del gasto social, privatización de las empresas estatales, condiciones jurídicas favorables para la inversión extranjera y flexibilidad laboral, con el objetivo de promover un libre comercio entre todas las economías del hemisferio sin contemplar sus asimetrías económicas y tecnológicas.
La arremetida neoliberal en América Latina, propició que los movimientos sociales se trazaran como objetivo político la toma del poder político para realizar cambios esenciales en la estructura Estatal, para promover un modelo alternativo de desarrollo económico, político y social acorde a las realidades y necesidades de la población.
Como resultado emergen una serie de gobiernos progresistas en la región, primero en la República Bolivariana de Venezuela y posteriormente en Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, y recientemente en Paraguay.
En el caso de la República de Bolivia, la Revolución Democrática y Cultural que impulsa el presidente Evo Morales, reviste características muy singulares por la diversidad cultural que en ella hacen vida los aymarás, quechuas y guaranís frente a la mezquindades de una oligarquía apátrida y entreguista hacia los intereses imperiales de turno. Bolivia, en la época de la colonia fue explotada con la extracción de la plata de las minas del Cerro Rico de Potosí; en la época republicana el imperialismo ingles promovió las guerras del pacifico de 1879 para apropiarse de las minas de cobre, salitre y yacimientos de guano; a principios del siglo XX, los mismos actores imperiales promueven la Guerra del Chaco en 1932 con el objetivo de asegurarse las reservas de petróleo de la zona; y en este siglo XXI, el imperialismo yanqui pretendió apoderase de las reservas de gas y agua que existen en Bolivia, la segunda reserva de gas más importante después de Venezuela. El común denominador de esta política de saqueo en Bolivia, se sustenta en la apropiación y explotación de los recursos naturales energéticos y mineralógicos. Ahora el pueblo boliviano despierta ante la expoliación de su riqueza y decide recuperar aquello que por derecho y hecho le pertenece: su soberanía y dignidad para administrar y proyectar un futuro para sus hijos”.
La política de cambio del presidente Evo Morales responde al momento histórico por el que atraviesa América Latina. Querría una democracia profunda que garantice la participación de todos los sectores y, en especial de los sectores poblacionales que han estado subyugados y sometidos a los procesos colonizadores. Querría cambiar el modelo de desarrollo a partir de la ejecución de una reforma agraria integral que elimine el sistema latifundista que concentra la tenencia de la tierra en pocas familias y que ha servido como instrumento de explotación al indio, querría la la incorporación de los sectores sociales marginales y excluidos en la toma de decisiones. Lo que aspira el presidente Mortales es una transformación profunda del país, una revolución pacífica, porque el pueblo boliviano ya ha llorado a millares de sus muertos lo largo de su agitada historia de represiones violentas y de revoluciones inconclusas.
Miriam García / Ecologistas en Acción, al tratar de desentrañar la problemática boliviana decía que el 16 de agosto de 1990 los pueblos indígenas de las tierras bajas bolivianas, por iniciativa del pueblo mojeño, dieron inicio a la primera gran marcha indígena del país denominada “Marcha por el Territorio y la Dignidad”. Esta movilización popular, que comenzó en la ciudad de Trinidad y finalizó un mes después en La Paz, marcaría un hito histórico en la lucha de los pueblos indígenas al lograr el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de los primeros Territorios Indígenas de la Amazonía boliviana. Durante los siguientes años, y a raíz de otras demandas históricas como las guerras del agua y del gas, los movimientos y organizaciones indígenas-populares de Bolivia se consolidaron como los principales protagonistas e impulsores del proceso de cambio que culminó en diciembre de 2005 con la llegada al gobierno del primer presidente indígena.
El gobierno de Evo Morales encara la mayor crisis nacional a la que ha tenido que hacer frente después de que una brutal intervención policial disolviera una movilización popular de alrededor de 1.500 indígenas que, siguiendo la misma ruta de la histórica primera gran marcha del 90, se dirigía hacia La Paz para manifestar su rechazo a la construcción de una carretera a través de su territorio ancestral.
¿Por qué el mismo gobierno que nació de las luchas y demandas de los movimientos sociales reprime ahora de forma violenta e injustificada una protesta social pacífica? ¿Por qué, paradójicamente, la oligarquía latifundista del Oriente sale hoy en defensa de la Madre Tierra y los derechos de los pueblos indígenas a los que históricamente ha ignorado y excluido?
Para comprender qué está sucediendo en Bolivia es preciso deshacer el enredo de intereses en el que se ha convertido el conflicto en torno a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, cuyo trazado pretende atravesar por la mitad el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), un área doblemente protegida de un elevado valor ecológico y cultural donde habitan los pueblos mojeño, yurakaré y t’siman. Esta carretera, de 306 km de longitud, se emplaza como una vía de unión directa entre los departamentos de Cochabamba y Beni. El diseño y ejecución de las obras fueron adjudicadas a la constructora brasileña OAS Ltda., bajo un presupuesto de 415 millones de dólares tras un polémico proceso de adjudicación en el que la empresa brasileña fue la única proponente. El 80% del financiamiento del proyecto corre a cargo del BNDES de Brasil, uno de los principales actores en el financiamiento de infraestructura en Bolivia, que responde al objetivo de impulsar la inversión del capital brasileño en la región.
Miriam García señalaba que el problema se debía en parte a la falta de intención que el gobierno ha demostrado en lo referente a considerar rutas alternativas fuera del área protegida, además de constituir una gran contradicción entre la teórica filosofía del Vivir Bien que el gobierno defiende en sus discursos y las prácticas que se llevan a cabo en la realidad. Esto es un síntoma de una problemática más amplia y compleja en la que confluyen intereses de diversa naturaleza.
Uno de los más influyentes es el interés por parte de los campesinos colonos vinculados al cultivo de hoja de coca y asentados desde hace décadas en la zona sur del parque, de promover una ruta por el TIPNIS para acceder a nuevas tierras de cultivo. No hay que olvidar que es precisamente en el Chapare – provincia que limita al sur con el TIPNIS y de donde provienen los campesinos asentados en el área colonizada –, donde el entonces líder indígena cocalero y ahora Presidente del Estado Plurinacional, comenzó su lucha político-social que le llevaría años después al gobierno. Conviene decir al respecto que el gobierno está perfilando la reforma de la ley que regula el cultivo de la hoja de coca, con el fin de ampliar los cultivos de las 12.000 hectáreas anuales reconocidas actualmente hasta 20.000 hectáreas, con la legalización de 8.000 hectáreas destinadas concretamente al Chapare donde el rendimiento de hoja de coca seca por hectárea es más del doble que en otras regiones productoras del país.
La enorme presión agrícola soportada en la región del Chapare ha provocado el avance de la colonización dentro del TIPNIS, que en la actualidad alcanza alrededor de 200.000 hectáreas de área colonizada. Estos datos permiten entender por qué las bases cocaleras de Evo Morales se han convertido en el principal sector social que apoya la construcción de la carretera.
Otro factor del persistente interés por parte del gobierno en hacer una ruta por el TIPNIS estaría relacionado con el peso primordial que las actividades extractivas tienen en la economía boliviana. Es preciso señalar al respecto que hay claros indicios de la existencia de reservas de hidrocarburos bajo el subsuelo del TIPNIS, cuya posible extracción se vería posibilitada por la carretera. De hecho, YPFB se adjudicó en octubre de 2010 más de 723.000 hectáreas de exploración y explotación de hidrocarburos dentro del TIPNIS, en el marco de un agresivo plan nacional de exploración de yacimientos cuyo objetivo expreso es incrementar las reservas de hidrocarburos del país para el año 2020. Esta agresiva política nacional se presenta como consecuencia de las crecientes dificultades del país para cubrir satisfactoriamente la demanda energética cada vez mayor de su mercado de exportación. Un claro ejemplo de que, a pesar de las políticas de redistribución que el gobierno ha llevado a cabo a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, la condición histórica extractivista, a la que sigue sujeta la economía boliviana, continúa dejando grandes conflictos sin resolver.
Finalmente, no sería posible comprender la complejidad que envuelve la problemática del TIPNIS sin tener en cuenta la profunda asimetría en la que se basan las relaciones entre Brasil y Bolivia, que explicaría la subordinación de la política boliviana a los intereses brasileños en materia de infraestructura. Para Brasil, potencia dominante en Sudamérica, la interconexión física del territorio es parte de su política nacional e internacional con la que aspira, por una parte, a ejercer una mayor influencia a nivel internacional como potencia global emergente, y por otra, a consolidar su hegemonía en el ámbito sudamericano. Bajo esta perspectiva Brasil juega un rol fundamental en la promoción y construcción de grandes megaproyectos de infraestructura en el subcontinente, cuyo máximo exponente es la iniciativa IIRSA a través de la cual Brasil pretende no sólo llegar a los mercados asiáticos – y en particular a China -, sino también y paralelamente, expandir su capital a los países vecinos.
En este sentido, si bien es cierto que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos no está oficialmente incluida en la cartera de proyectos del IIRSA, su relación parece bastante probable en la medida en que se constituye como una ruta auxiliar que permitirá la conexión entre los dos Ejes principales del IIRSA en el país: el Eje Interoceánico Central, y el Eje Perú-Brasil-Bolivia. De lo que no cabe duda es de la penetración del capital brasileño en Bolivia a través del proyecto vial. Al margen de la evidente participación brasileña en el financiamiento, diseño y ejecución de la obra, es preciso señalar que en el Protocolo de financiamiento de la carretera firmado por Lula da Silva y Evo Morales el 22 de agosto de 2009 se incluyó también la suscripción de un memorando de cooperación científica y tecnológica que abre las puertas a Brasil para su participación en la exploración, explotación e industrialización de los recursos del Salar de Uyuni, donde se encuentran las reservas de litio y potasio más grandes del mundo. Adicionalmente, el mismo marco de financiación de la carretera estableció fortalecer entre ambos países un programa de desarrollo de proyectos azucareros vinculados a la producción de etanol en San Buenaventura, en el norte del departamento de La Paz. El financiamiento de la carretera, por lo tanto, constituye para Brasil un instrumento con el que garantiza el ingreso de sus intereses empresariales en Bolivia.
Al margen de todo y en el centro de esta espiral de intereses se encuentran los pueblos indígenas del TIPNIS, que serán los que paguen los costos sociales y ambientales de un proyecto concebido, diseñado e implantado sin tener en cuenta en ningún momento sus necesidades y demandas. La construcción de una carretera a través del TIPNIS tendrá unas consecuencias ecológicas y socio-culturales desastrosas. Un estudio realizado por Fundación Natura estima que la carretera podría deforestar en los próximos 18 años el 64,5% del área protegida debido en gran medida al avance de la frontera agrícola vinculada al cultivo de hoja de coca que, por otra parte, agudizará los ya frecuentes conflictos entre pueblos originarios y campesinos colonos por la presión y el uso de la tierra. Las consecuencias derivadas de la previsible invasión del territorio por parte de agentes externos con intereses de distinta naturaleza (cultivo de hoja de coca, actividades agropecuarias, explotación maderera, extracción de hidrocarburos…) pondrá en riesgo el equilibrio de todo un ecosistema caracterizado por su incalculable valor y extremada fragilidad, y degradará de forma crítica los medios de vida de los pueblos indígenas del TIPNIS al afectar directamente a la base de los recursos de los que dependen para su supervivencia.
Las consecuencias en el plano político son ya manifiestas. La conflictividad surgida en torno a la problemática del TIPNIS en todo el país está a punto de suponer (si no lo ha hecho ya) un punto de inflexión crucial en el proceso de cambio liderado por el gobierno de Evo Morales. En estos momentos las ya deterioradas relaciones entre gobierno y pueblos indígenas penden de un hilo. A este complejo contexto se añade un elemento más, relacionado con la rivalidad regional histórica entre el oriente – donde se concentra la oligarquía latifundista blanca/mestiza – y el occidente del país. Esta dicotomía etno-política ha llevado a que los departamentos del Oriente se posicionen sistemáticamente en contra de cualquier política que haya tomado el gobierno de Evo Morales, incluso cuando esas políticas van en la dirección de los intereses que, históricamente, dichos departamentos han apoyado, como es el caso de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos. Esta rivalidad regional no hace sino perjudicar la lucha de los pueblos indígenas amazónicos, cuyas legítimas reivindicaciones intentan ser aprovechadas por un acercamiento oportunista de una oposición empeñada en desestabilizar el proceso político del país, y que nada tiene que ver con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
La situación para el gobierno de Evo Morales es complicada. La mala gestión que el gobierno ha realizado con respecto al conflicto en el TIPNIS y la repulsa nacional hacia la intervención policial ha provocado una ola de renuncias en su gabinete, entre ellas las de la Ministra de Defensa y el Ministro de Gobierno. Tras los acontecimientos, el presidente anunciaba la suspensión de la construcción de la carretera por el TIPNIS y la convocatoria de una consulta en los departamentos de Cochabamba y Beni. Por una parte, sólo se planteó paralizar el tramo que afecta al TIPNIS que, paradójicamente, es el único que no está en construcción. Nada se dijo sin embargo de paralizar el proyecto en su totalidad, hasta que la consulta a las organizaciones indígenas del TIPNIS sea realizada. Por otro lado, la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que el propio gobierno elaboró establece que el derecho a la consulta libre, previa e informada radica en la voz de los pueblos indígenas que habitan el territorio afectado, y no en la de sus departamentos, en expresiones de Miriam García.
Por su parte, Israel López Montaño, sostenía que la política de cambio del presidente Evo Morales, radica en una propuesta de refundación de las instituciones política, económica, social y cultural, y de esta forma re-direccionar el desarrollo de Bolivia, mediante la eliminación del latifundio y la incorporación de los sectores sociales mayoritarios en las decisiones del quehacer nacional. Estas iniciativas de cambio, con el asenso al poder del movimiento social boliviano y el presidente Evo Morales, desplazaron a la oligarquía del poder político y por ende de sus privilegios que obtenían para afianzar su riqueza dejando a los campesinos e indígenas sumidos en la pobreza y exclusión. Por ello, la campaña de desestabilización desatada contra el gobierno progresista de Morales y la nueva Constitución Política del Estado, la cual se centra en dos estrategias implementadas que tienen a la conflictividad y división del territorio boliviano, señalaba Israel López Montaño
Añadía: “La carta más riesgosa y desesperada que emprende la oligarquía boliviana es la balcanización del territorio y erosión del poder político-administrativo de la República de Bolivia. Los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, bastiones de los oligarcas, terratenientes y partidos políticos de la derecha conservadora conocidos como la “media luna”, propugnan la materialización de unas autonomías departamentales con el fin de disponer directamente los recursos energéticos y mineralógicos de la zona. Asimismo, pretenden administrar su propio presupuesto a partir de una política impositiva a las inversiones extranjeras, por si fuera poco con la autonomía crearan una policía departamental independiente de la Policía Nacional y creación de un documento de identidad para los ciudadanos de los departamentos autonomistas. La estrategia claramente tiende a crear un nuevo Estado, con población, territorio y gobierno propio a costa de la desmembración de la República de Bolivia, creada en 1825. La estrategia separatista, no solo es impulsada por los antinacionalistas de la media luna, también se encuentran promoviendo la división el gobierno de los Estados Unidos…”
En contraste a la posición del gobierno estadounidense los países miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, manifestaron su rechazo a la pretensión de balcanizar Bolivia. Asimismo, el Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano expreso su solidaridad y apoyo a la unidad territorial de Bolivia mediante un acuerdo de rechazo contundente a la injerencia del imperialismo en asuntos del pueblo boliviano
El intento de forzar la separación de los Departamentos de la Media Luna es preservar el latifundio y las riquezas naturales como gas y agua para entregarlas a las transnacionales estadounidenses. Por ejemplo el latifundio, según informe de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Bolivia, “el 91 por ciento de las tierras cultivables del país están en manos de latifundistas vinculados a los partidos políticos y algunos medios de comunicación; en tanto que el 71 por ciento de la población tiene que conformarse con el restante 9 por ciento. (…) Los grandes propietarios de tierras, que significan el 5 por ciento de la población, ostentan el 89 por ciento de las tierras. Los medianos, que representan el 15 por ciento de los habitantes, son dueños del 8 por ciento; en tanto que los pequeños productores, que conforman el 80 por ciento de la población, poseen tan sólo el 3 por ciento de las tierras. (…) ¿Quiénes son los privilegiados en este reparto? Son las familias como las de Wilson Landívar y Alfredo Gutiérrez que poseen cerca de 131 mil hectáreas. Juan Carlos Bolsber, Martha Bolsber de Casal y su descendencia manejan un total de 70 mil hectáreas. La familia de Barbery Paz, que tiene lazos de parentesco con el ex ministro Roberto Barbery y actual comentarista de la red PAT, es propietaria de 208.775,468 hectáreas.”
Para la labor de balcanización de Bolivia y derrocamiento del presidente Evo Morales, el gobierno estadounidense ha entregado 120 millones de dólares a las organizaciones separatistas en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija a través de la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), con el argumento de la lucha contra el narcotráfico.
El interés del imperialismo en la desestabilización y desmembramiento de Bolivia busca los siguientes resultados para mantener su hegemonía en la región: primero, asestar un golpe a la revolución latinoamericana; segundo, frenar el proceso de integración de los pueblos; y tercero, posicionar su estrategia geopolítica de control sobre los países y recursos naturales de la amazonía, reservas energéticas y de agua.
“El desmembramiento de Bolivia interesa mucho más al imperialismo y las transnacionales por la reserva de gas y agua que existe en el país andino y la intención de montar una gran base militar para monitorear a los gobiernos progresistas de la América del Sur. Por ello alientan a los separatistas de la media luna para crear la “nación camba”, que es una excusa que tanto el imperialismo mundial y oligarcas criollos consienten a objeto de extraer provecho de las riquezas que posee el pueblo boliviano” afirmaba López Montaño.
Sin duda existe una gran campaña de manipulación política desatada por la Embajada de Estados Unidos en La Paz. Rogelio Núñez de infolatam informaba que el presidente Evo Morales aseguró tener pruebas de que algunos dirigentes de la CIDOB y de la Confederación Nacional de Mallkus y Ayllus del Qollasuyu (CONAMAQ) mantienen contactos con el responsable de asuntos indígenas de la embajada de Estados Unidos en La Paz, Eliseo Abelo. Ante esta situación, Morales pidió al ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, citar al responsable de la legación diplomática norteamericana para exigirle que informe sobre esta presunta intromisión en los asuntos internos de Bolivia.
El presidente boliviano fue contundente: “es lamentable, pero se ha visto que el capitalismo y las ONG conspiran contra el Gobierno usando a dirigentes indígenas instándoles a llevar adelante marchas, bajo el argumento que defienden la naturaleza…se aprovecha de la coyuntura para reavivar sus ataques contra el Gobierno, olvidándose de que cuando administraron el país en mandatos neoliberales no velaron jamás por los intereses indígenas”.
El ministro de la presidencia, Carlos Romero, expresó al representante de negocios de la Embajada de EEEU su “malestar y profunda preocupación” por las comunicaciones mantenida con los indígenas. Según Romero, se vulneró el artículo 41 de la Convención de Viena, que “señala expresamente que todas las personas que gozan de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos internos también y que están obligados a no inmiscuirse en asuntos internos en ese Estado”.
Romero incluso señaló el respaldo estadounidense a la marcha indígena: “consideramos que esta comunicaciones directas además no son reuniones formales para intercambiar criterios, información percepción, son llamadas telefónicas permanentes, constantes y justo en los días preparatorios a una movilización indígena y en los días del desarrollo mismo de la movilización”.
Luego, el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Carlos Quintana mostró que USAID opera en regiones del Beni, Santa Cruz, el norte de La Paz y Cochabamba con el objetivo de movilizar a los indígenas contra el Gobierno: “la estrategia, llamada Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina, pone a la CIDOB como al actor más importante, el caballo de batalla de la estrategia de la transnacionalización”.
“El dinero es usado para una estrategia de desestabilización…Con el mismo coraje, con la misma templanza, tenemos que expulsar inmediatamente a USAID. Éste es un acto patriótico; la expulsión de USAID tiene que convertirse en un mecanismo de autodefensa de nuestro territorio”, afirmó Quintana”.
Bolivia es parte de la dolorosa injerencia del imperio yanqui en América Latina. Cuando quiso propició guerras fratricidas, fraguó golpes de Estado, impuso dictaduras crueles y sanguinarias, fascistas y gorilezcas y en la década de los años noventa, con la complicidad antipatria de las oligarquías criollas, impuso el neoliberalismo de acuerdo a los principios neo colonizadores del llamado Consenso de Washington que, para pretender subsanar el déficit fiscal, emprendió en la privatización del patrimonio de los pueblos, en la reducción del tamaño del Estado, en la apertura de los países a la inversión extranjera sin límites ni controles, y pretendió imponer el ALCA para fortalecer los procesos de neo dominación por medio de los tratados de libre comercio sin que le importen las asimetrías de las economías nacionales y sin que le importen las injusticias sociales.
En el caso boliviano, Estados Unidos manipula los sentimientos regionalistas, empuja la balcanización del territorio con el consiguiente deterioro del poder político pero, a más de esos problemas soliviantados por el imperio, existe una clase política obsoleta, una “izquierda” miope que impulsa divisionismos absurdos, un movimiento indígena con intereses contrapuestos, incapaz de entender el actual proceso histórico y la COB o Central Obrera Boliviana anteriormente combativa y revolucionaria, en la actualidad es combativa al gobierno del Presidente Morales que, también, ha cometido errores que le han llevado a enfrentar diversas crisis políticas y, por primera vez, a la pérdida de elecciones en la nominación de magistraturas, luego de la sangrienta represión a la marcha indígena.
En contraste a la posición del gobierno estadounidense, los países miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA expresaron su rechazo a la pretensión yanqui-oligárquica de balcanizar Bolivia.
Pero no basta la solidaridad del ALBA o de UNASUR, si persiste el divisionismo de los movimientos indígena, sociales y de trabajadores. Para superar la crisis boliviana es indispensable fortalecer al actual gobierno y que ese gobierno emprenda en diálogos honestos y profundos con todos los sectores sociales y consulte, de acuerdo con la Constitución, al pueblo y, en especial a los sectores poblacionales inmersos en la problemática extraditaste o de apertura de carreteras.
Con López Montaño, se podría decir que es imperante que la revolución latinoamericana se fortalezca con la unidad de nuestros gobiernos, presidentes, parlamentarios y ciudadanos a fin de impulsar aquel sueño del Libertador Simón Bolívar en su Carta de Jamaica de 1815, donde visualizaba que “algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo.”