MODELO PARA DEFENDER LOS PUESTOS DE TRABAJO APELANDO LA INCONSTITUCIONAL RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA 



SERVIDORES PÚBLICOS DESPEDIDOS CONTRA SU VOLUNTAD 



MODELO PARA DEFENDER LOS PUESTOS DE TRABAJO APELANDO LA INCONSTITUCIONAL RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO DE RAFAEL CORREA

Dr. Diego C. Delgado Jara

Para ayuda de los servidores públicos despedidos contra su voluntad se envía un texto modelo o prototipo para que presenten –en caso de “renuncia obligatoria” o despido intempestivo- ante sus autoridades ministeriales, esto es una solicitud de revisión o reconsideración de decisiones inconstitucionales y nulas; las mismas que pueden ser suscritas por cada servidor despedido –si desea hacerlo solo-, o con el auspicio de algún amigo abogado de confianza.

¡Los demás servidores públicos, a quienes todavía no se les ha excluido con el uso de la Fuerza Pública (lo que no hizo Febres Cordero, ni Durán Ballén, ni Dahik Garzozi, ni Mahauad Witt, ni Noboa Bejarano, ni nadie-), lo pueden guardar para cuando les toque el turno! ¡Sirve para todos!

Cabe indicar que podría complementarse esta impugnación al acto inconstitucional y nulo que comentamos, con muchas más normas jurídicas violadas, sean de carácter constitucional y legal, pero con esta redacción sería suficiente para un trámite razonable. La elaboración de este Modelo de Reclamo fue realizado por el Dr. Diego C. Delgado Jara, miembro del Frente de “Abogados por una Patria Justa y Libre”.

Los compañeros del Servicio Público, a quienes se pretende atemorizar y utilizar estas medidas para difundir terror generalizado entre sus compañeros, para que todo el mundo agache la cabeza amedrentado, para que nadie denuncie ninguna irregularidad, deben considerar que, para obtener una solución de raíz, debemos impulsar juntos una reforma constitucional para protegernos, en base al 8 por ciento de firmas del padrón electoral, según lo determina el Art. 441 de la Constitución de la República, que se supone está vigente.

El texto con las propuestas de reformas constitucionales para proteger la conservación del agua, la flora y la fauna de la República, así como para precautelar los derechos de los maestros, trabajadores, servidores públicos, universidades, y recuperar el manejo de los recursos naturales no renovables y servicios fiscales más rentables, circulará entre las organizaciones populares en los próximos días.

Los compañeros del Servicio Público de toda la República deben recordar lo siguiente:



Este no es un problema jurídico solamente, sino sobre todo político; están aplicando, de manera profundizada, las mismas medidas y recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de la llamada “larga y triste noche neoliberal” que se las sigue aplicando en forma tajante, pero haciendo el teatro que se la ha superado.

La salida o renuncia VOLUNTARIA del sector público está contemplada en el Art. 52 de la “Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada” del gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahík Garzozi, publicada en el Registro Oficial 349 del viernes 31 de diciembre de 1993.

Esta ley impuesta por el Banco Mundial y el FMI, que permitía en su artículo 6, la entrega infame a manos privadas de “la producción, el transporte, el almacenamiento y la comercialización de los hidrocarburos y de más minerales”, así como “la generación, la distribución y comercialización de la fuerza eléctrica”, los servicios de telecomunicaciones” y “la producción y distribución del agua potable”, se la impuso en forma inconstitucional para pretender burlar el entonces artículo 61 de la Constitución de 1978, que establecía que el sector público de la economía estaba compuesto “por las empresas de PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL ESTADO”, entre las cuales se hallaban “Los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo y todos los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo”, “Los servicios de agua potable, fuerza eléctrica y telecomunicaciones” y “Las empresas estratégicas definidas por la ley.”

¡La Constitución de 1978 en el campo de los recursos naturales, educación y situación laboral, entre otros, dispone de una redacción mil veces mejor que la del texto regresivo en estos campos dictado en Montecristi, con la que se llevan las múltinacionales el petróleo, las minas, la telefonía celular, el agua potable de Guayaquil y otras ciudades, entre otros aspectos! ¡La Constitución de Montecristi recoge, entre el follaje de supuestos “derechos” que nadie respeta, la parte medular de las políticas privatizadoras y aspectos esenciales de la Ley de Modernización del Estado! Es, en este sentido, una réplica de la Constitución de 1998, de los Demócrata Cristianos y Social Cristianos.


El Art. 52 de la llamada en forma genérica “Ley de Modernización del Estado”, establecía:

“Art. 52.- COMPENSACIONES.- Créase la compensación para los servidores, trabajadores y funcionarios que no sean de libre remoción del sector público que, dentro de los procesos de modernización y de conformidad a los planes que se establezcan para cada entidad u organismo se separen VOLUNTARIAMENTE de cualquiera de las instituciones de las funciones del Estado a la que pertenezcan, dentro del plazo de 18 meses contados a partir de la publicación del Reglamento a la presente Ley.”

“Queda facultado el Presidente de la República para ampliar, por una sola vez, mediante Decreto Ejecutivo el plazo antes referido.”

“Esta compensación beneficiará a los trabajadores y servidores que hayan prestado sus servicios por más de dos años ininterrumpidos en la correspondiente entidad u organismo del sector público.”

“La compensación será equivalente al valor de la última remuneración total promedio mensual, multiplicando por dos y por el número de años de servicio en el sector público, hasta un máximo de 400 salarios mínimos vitales generales vigentes a la fecha de la separación sin límite. Para determinar los años de servicio se considera el tiempo trabajado en el sector público sea con contrato o con nombramiento. El pago de esta compensación se la podrá realizar en efectivo si existen los recursos en el presupuesto de cada institución y también en bienes y acciones o participaciones.”

¡Gran parte de la Ley de Modernización del Estado está introducida en el propio texto constitucional de Montecristi; por ello, insistimos, el presidente Correa ha entregado sin ningún problema la telefonía celular, los campos petroleros, las minas, el agua potable (para Interagua en el acuerdo con Nebot), entre otros bienes patrimoniales, con la Constitución de Montecristi en la mano y barnizando su entreguismo, mediante un discurso falso y una práctica anti nacional, con la frase del Ché Guevara “¡Hasta la Victoria Siempre!”!

Para sacar en forma masiva a los servidores públicos (sobre todo si no son de Alianza País o agachados a sus designios), en el veto a la Ley Orgánica del Servicio Público, presentada en 90 páginas el día 3 de septiembre del 2010, mediante el oficio Nro. T.1919-SNJ-10-1351, el régimen de Rafael Correa colocó la disposición TRANSITORIA DÉCIMA, que decía en forma textual:

“DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA.- Compra de renuncias con indemnización.- En razón de la racionalización del sector público, las instituciones podrán establecer procesos de compra de RENUNCIA OBLIGATORIA de las y los servidores públicos de carrera, previo el pago de una indemnización, por una sola vez, de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio y hasta un monto máximo de ciento setenta y cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general en total, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado.”

“Este proceso no superará los dieciocho meses contados a partir de la promulgación de esta ley.”

¿Por qué no se aprobó este artículo del extenso veto presidencial en la noche del 29 de septiembre del 2010? ¡Porque algunos asambleístas de Alianza País, conocedores del disgusto de la administración pública, se ratificaron en el texto original aprobado en la sesión del 11 de agosto del 2010! ¡Hubieron exactamente 83 votos por la ratificación del texto original, esto es los dos tercios de la Asamblea, y no se aceptó en la ley el criterio de las “renuncias obligatorias”!

¡Fue entonces que la vicepresidenta de la Asamblea les advirtió a sus compañeros de bancada que por “desobedientes” les aplicarían la llamada “muerte cruzada”! Esta amenaza hizo que cuando votaron luego las normas que eliminaban, en las DEROGATORIAS, “la entrega de medallas, botones y otros beneficios materiales” y otras normas que defendían los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, obtuvieran solo 64 votos, de tal modo que el veto presidencial se impuso porque no alcanzaron los 83 votos indispensables para ratificar el texto original, precedente que enardeció ciertos ánimos y reventó al día siguiente en los hechos del 30 de septiembre del 2010!

¡Si se hubiesen respetado los acuerdos de los asambleístas con los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas, como aconteció con los servidores públicos –con las justas-, no se hubiesen producido los reclamos del 30 de Septiembre del 2010! ¡Esta es la verdad histórica que muchos prefieren ocultar! Fueron los muertos y cientos de heridos de este lúgubre día los que, para justificar los hechos lamentables, dieron origen a la teoría justificatoria de un supuesto “golpe de Estado” e “intento de magnicidio”!

Tan cierto es lo que manifestamos que, antes de la refriega, el mismo 30 de septiembre del 2010, el general Ernesto González, jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., a las 15h33, declaró en la cadena nacional de radio y televisión impuesta por el gobierno declaró: “El motivo que origina esta crisis … es la probable promulgación de la Ley Orgánica de Servicio Público, para lo cual solicitamos encarecidamente que la mencionada Ley sea revisada o dejada sin efecto …”

En esta misma línea, a las 17h11, de ese mismo día, la señora ministra de la Política, Doris Solíz, aseguró a la cadena CNN de los Estados Unidos: “No se trata de un golpe de Estado, es una indisciplina evidentemente grave que ha movilizado al país, pero por un asunto de carácter económico y administrativo de un sector de la tropa.” (Estas declaraciones también las recoge el diario Hoy, del domingo 7 de noviembre del 2010, página 3ª).

Al no haberse aprobado esta disposición TRANSITORIA DÉCIMA del veto presidencial del 3 de septiembre del 2010, en la sesión del 29 de septiembre del 2010, sobre todo por la oposición rotunda de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, dirigida por el Dr. Miguel García Falconí, resulta más notorio la adicional inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 489, mediante el cual se reforma al Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, que establece, en su Art. 8, la restitución de las ya negadas “renuncias obligatorias”, porque en forma expresa el Art. 147 de la Constitución de la República, relativo a las atribuciones y deberes del Presidente de la República, en su numeral 13, determina en forma imperativa, como obligación inmodificable: “Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, SIN CONTRAVENIRLAS NI ALTERARLAS …”


Cabe recordar que el equipo jurídico del gobierno de Rafael Correa es en buena parte el mismo de León Febres Cordero Rivadeneyra en sus días de la alcaldía de Guayaquil, cuando sacaron miles de servidores públicos municipales alegando que habían sido “desenrolados” (“sacados de los roles de pago”), ardid jurídico que utilizaron para no indemnizarlos argumentando que no habían sido despedidos en forma intempestiva, sino “sólo desenrolados”, y que el “desenrolamiento” no estaba contemplado en la ley, y que, “en consecuencia”, “no puede actuarse contra lo que no está expresamente autorizado por la ley”!

¡Tampoco es coincidencia que los actuales artífices de la “reestructuración de la Justicia” de la supuesta “revolución” ciudadana, y quienes revisan y pulen las normas de la involución ciudadana, son los mismos elementos que manejaron y asesoraron las Cortes de Justicia cuando se consideraba como dueño de las mismas a Febres Cordero y al Social Cristianismo, con Alexis Mera a la cabeza, quien de hombre de confianza de Febres Cordero ha pasado a ser el brazo derecho de Rafael Correa, el llamado “nuevo dueño del país”!

La argumentación constitucional que se presenta en este MODELO DE RECLAMO, sirve perfectamente para presentar una Acción de Protección, de conformidad con lo indicado en el Art. 88 de la Constitución de la República, que se la aconseja impulsarla si no se rectifica lo solicitado en esta petición constitucional ante los propios Ministros, aunque también se la puede presentar en forma directa.

Cabe destacar que, si en el Ecuador nadie hace justicia por el control total de las Cortes por parte del Gobierno (dueño del Consejo de la Judicatura de Transición), todavía existe una salida, luego de la irregular y turbia consulta del 7 de mayo del 2011, cuando aparecieron 1´229.330 votantes adicionales o fantasmas (que pudieron inclinar la balanza a favor de un SI más que sospechoso y que violaba los Arts. 441 y 115 de la Constitución), según lo publicó diario Expreso, de Guayaquil, del jueves 15 de septiembre del 2011, pág. 2, esto es cuando se demuestra, en base a los resultados oficiales del Censo del 28 de noviembre del 2010, que existieron en el padrón electoral del 7 de mayo del 2011, un número superior al total de ecuatorianos nacidos en el Ecuador y mayores de 16 años en 1´229.330 “electores fantasmas”! ¿Por qué no averigua esta situación muy grave la llamada “oposición” legislativa, si acaso existe?

¿Cuál es la salida si bloquean todas las salidas judiciales en el Ecuador? Aplicar los Arts. 44 y 46 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que permite que luego de agotados todos los recursos de jurisdicción interna, en seis meses (o 180 días), acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde deberá demostrarse la violación a este importante instrumento jurídico de Derechos Humanos y a la Constitución de la República.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos también se la conoce como “Pacto de San José de Costa Rica”, fue suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en este país, el 22 de noviembre de 1969. Ecuador lo ratificó mediante Decreto Supremo 1883, conforme consta en el Registro Oficial 452, del 27 de octubre de 1977, y se lo publicó en el Registro Oficial A-202, en el Registro Oficial 801, del 6 de agosto de 1984.

¡Para la defensa de quienes anhelan proteger su puesto de trabajo sirve la presente argumentación jurídica que ponemos en sus manos! ¡La pelea recién está empezando …!


TEXTO DE MODELO DE RECLAMO ANTE LAS “RENUNCIAS OBLIGATORIAS”

Fecha:…..

Señor/a doctor/a
Ministro/a de ………. de la República del Ecuador.
En su Despacho.

De mis consideraciones:

Juan Montalvo (o Eugenio Espejo), ciudadano ecuatoriano con cédula 0101010101, funcionario de carrera en el Ministerio de …………….. desde hace .. años, frente a la decisión de su autoridad de “CESACIÓN DE FUNCIONES POR COMPRA DE RENUNCIA”, según consta en la Acción de Personal número 0777777, de fecha 28 de octubre del 2011, DATH-N-CF-101-11, notificada el mismo día 28 de octubre del presente mes, donde por imposición y en contra de mi voluntad se me hizo firmar a la fuerza (bajo protesto) la recepción de dicha “COMPRA DE RENUNCIA” QUE JAMÁS LA HE PRESENTADO, porque no puedo renunciar a mi trabajo pues necesito laborar para defender a mi familia y proteger a mis hijos pequeños (contando para dicho acto de fuerza y desalojo de mi puesto de trabajo con la presencia de miembros de la Fuerza Pública), comparezco ante su autoridad para exponer y solicitar:

PETICIÓN EN DERECHO A SU AUTORIDAD:

Pido respetuosamente a su autoridad, señor/a Ministro/a, en base al Derecho de Petición contemplado en el Art. 66, numeral 23, de la Constitución de la República, así como del Art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá en 1948, en base a expresas normas constitucionales y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se violentan en el presente caso, se deje insubsistente la referida “CESACIÓN DE FUNCIONES POR COMPRA DE RENUNCIA” QUE JAMÁS LA HE PRESENTADO Y QUE POR LO MISMO JAMÁS PODÍA PROCEDER, y se me reintegre, a la brevedad, en forma constitucional y legal a mis funciones laborales correspondientes.

No existe RENUNCIA en el mundo que sea obligatoria. Una RENUNCIA sólo puede ser voluntaria u opcional, en ningún caso obligatoria, porque deja de ser renuncia; se convierte esta decisión en un despido intempestivo!

Señor/a Ministro/a: ¡No puedo renunciar porque tengo hijos que alimentar, curar y educar! ¡De mi trabajo dependen otros seres humanos con idénticos derechos a los que poseen sus hijos!

Las normas constitucionales en que me baso para solicitar mi reincorporación inmediata a mi puesto de trabajo y no perder un solo día de mis remuneraciones son las siguientes:

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, entre otros, los artículos que detallo a continuación: Art. 33; Art. 325; Art. 326, numerales 1, 2 y 3; Art. 424; Art. 425; Art. 426; Art. 11, numerales 3, 4, 5, 6, 8 (inciso segundo) y 9 (inciso primero);

DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, se transgreden en forma preconcebida, entre otros, los artículos 23.1 y 25.1, instrumento jurídico aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con la presencia –en calidad de país signatario- de la República del Ecuador.

Destaco además, en forma expresa, que en el presente caso no se ha cumplido con la motivación jurídica obligatoria conforme lo ordena de manera imperativa el Art. 76, numeral 7, literal l, de la Constitución de la República, conforme me referiré más adelante, lo que anula todo el trámite seguido en mi contra.

Recuerdo a su autoridad que el Derecho al Trabajo es una garantía humana fundamental, garantizada en todos los países civilizados del mundo, por los cuerpos jurídicos referidos como son las Constituciones y las Declaraciones de Derechos Humanos.

Para evidenciar y comprobar la violación de mis derechos constitucionales y humanos, me permito demostrar la INJUSTICIA e INCONSTITUCIONALIDAD cometida en mi contra en base a la transcripción de las referidas normas jurídicas:

Principales violaciones a la Constitución de la República

PRIMERA VIOLACIÓN

Violación del Art. 33 de la Constitución de la República

El gobierno de Rafael Correa transgrede el Art. 33 de la Constitución de la República que proclama:

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado.”

¡Son estas garantías precisamente las transgredidas! ¡La Constitución de Montecristi, a la que llamaban “un canto a la vida” que “servirá para trescientos años”, la han violado con saña, de manera inmisericorde y en forma cotidiana, como sucede en el presente caso y motivo de reclamación de mi parte!

SEGUNDA VIOLACIÓN

Violación del Art. 325 de la Constitución de la República

El Art. 325 de la Constitución de la República proclama:

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadores y trabajadores.”

TERCERA VIOLACIÓN

Violación del Art. 326 de la Constitución de la República

El Art. 326 de la Constitución de la República, en sus numerales 1, 2 y 3, indican:

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustentará en los siguientes principios:

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.”

CUARTA VIOLACIÓN

Violación del Art. 424 de la Constitución que proclama su Supremacía Jurídica

El artículo 424 de la Constitución de la República consagra la supremacía absoluta de la Constitución sobre toda otra ley o resolución de autoridad pública, la misma que determina en forma imperativa y clara el siguiente mandato:

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; EN CASO CONTRARIO CARECERÁN DE EFICACIA JURÍDICA.”

“La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”

Debe quedar constancia, en base a la norma constitucional transcrita, de dos aspectos:

PRIMERO, que una norma de la Constitución “prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico”, sean de leyes orgánicas u ordinarias, o de cualquier otro género; ninguna ley ni norma jurídica (menos ACUERDOS, DECRETOS O RESOLUCIONES de menor jerarquía) puede oponerse a lo prescrito en la Constitución porque ésta siempre prima sobre todas las demás del Derecho Positivo Ecuatoriano.

SEGUNDO, que toda norma y ACTO DEL PODER PÚBLICO, como Acuerdos o Resoluciones por ejemplo, para tener valor jurídico, “deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales”, porque “EN CASO CONTRARIO CARECERÁN DE EFICACIA JURÍDICA”.

¡No puede tener, por lo tanto, NINGÚN VALOR JURÍDICO, cualquier ley o norma, decreto, acuerdo, resolución o decisión de autoridad pública, incluyendo las emitidas por la Presidencia de la República, Ministerios, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral (CNE), Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o por cualquier otra institución o autoridad del país, que no guarde concordancia con las prescripciones contempladas en la Constitución de la República! ¡Se violaría la Supremacía Constitucional consagrada en el Art. 424 de la Constitución de la República vigente!

¡Si acaso este todavía se considera un auténtico régimen de Derecho, todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la República, Ministerios, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Municipios y Consejos Provinciales, que se opongan a lo prescrito en la Constitución de la República serían inconstitucionales y, en forma textual e imperativa, “carecerán de eficacia jurídica”!

QUINTA VIOLACIÓN

La jerarquía jurídica establecida en el Art. 425 de la Constitución de la República

El Art. 425 en la Constitución de la República, relativo a la jerarquía o valor jurídico de los cuerpos legales y de las normas vigentes en todo el Derecho Positivo del Ecuador, determina en forma imperativa e inalterable:

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y acuerdos internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”

“En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.”

¡No puede, por lo tanto, a la luz del tenor literal de esta expresa norma 425 de la Constitución de la República (norma jurídica suprema del Estado), ninguna ley orgánica o ley ordinaria, o decreto, acuerdo o resolución de cualquier autoridad y jerarquía, primar sobre el texto constitucional, y mucho menos “los actos y decisiones de los poderes públicos”!

Para simplificar, y visualizar de mejor modo, el orden jerárquico y de valoración de los cuerpos y normas jurídicas, de mayor a menor grado, nos permitimos desglosarlas de manera numerada en base a respetar, de manera estricta, el tenor literal de este artículo 425 de la Constitución de la República:

1. La Constitución de la República.
2. Los tratados y acuerdos internacionales.
3. Las leyes orgánicas.
4. Las leyes ordinarias.
5. Las normas regionales y las ordenanzas distritales.
6. Los decretos y reglamentos.
7. Las ordenanzas.
8. Los acuerdos y resoluciones.
9. Los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

Como su autoridad podrá apreciar, así como las demás autoridades del país, los acuerdos, resoluciones, actos y decisiones de los poderes públicos, constan en OCTAVO y NOVENO PUESTO del orden jerárquico de las normas o actos jurídicos del país, donde consta en primer lugar y como cuerpo de mayor y absoluto valor jurídico la Constitución de la República.

¡No queda duda alguna sobre la validez suprema, el mayor valor y bases jurídicas irresistibles de la Constitución de la República, y del orden jerárquico de aplicación determinante sobre todas las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, actos y decisiones de todas las autoridades del país!

Cabe destacar, además, que en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía (la Constitución por una parte, y las leyes orgánicas y ordinarias, decretos, acuerdos, resoluciones, actos y decisiones, por otra) “DEBE APLICARSE LA NORMA JERÁRQUICA SUPERIOR”, según lo determina el segundo inciso de este artículo 425 de la Constitución, cuando señala de modo textual e imperativo:

“En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.”

¡No puede quedar duda alguna que sobre toda otra ley, sean orgánicas u ordinarias, y sobre todo Decreto Ejecutivo (caso del Decreto Ejecutivo 813, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 489 del martes 12 de julio del 2011, mediante el cual “Expídense reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público”, en cuyo artículo 8 se establecen “planes de compras de renuncias obligatorias”), Acuerdo Ministerial, resolución o decisión de cualquier autoridad pública, primará siempre la Constitución de la República! ¡Caso contrario, de no respetarse esta normatividad constitucional, no vivimos en un régimen de Derecho sino en una vulgar dictadura, enmascarada o no!

SEXTA VIOLACIÓN

VIOLACIÓN AL ART. 11 DE LA CONSTITUCIÓN

El irrespeto a las normas constitucionales, como las referidas, entraña una grosera violación a la aplicación obligatoria directa e inmediata de las normas jurídicas y prescripciones constitucionales, conforme lo pasamos a demostrar en base a varias prescripciones contempladas en el Art. 11 de la Constitución.

El Art. 11, en sus numerales 3, 4, 5, 6, 8 (inciso segundo) y 9 (inciso primero), de la Constitución de la República vigente, aprobada en Montecristi, consagra en forma imperativa las siguientes garantías y prescripciones absolutamente claras:

“3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”

“4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.”

“5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.”

“6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.”

“8. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo, que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.” (Inciso segundo).

“9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.” (Inciso primero).

SÉPTIMA VIOLACIÓN

VIOLACIÓN AL ART. 426 DE LA CONSTITUCIÓN

Otra muy grave violación relativa a la aplicación obligatoria, directa e inmediata, de oficio, sin necesidad que las partes hubiesen invocado su aplicación de manera expresa, de las normas jurídicas y prescripciones constitucionales, consta en el Art. 426 de la Constitución.

El artículo 426 de la Constitución de la República prescribe y ordena:

“Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.”

“Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.”

“Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.”

No cabe, por lo tanto, en base a las prescripciones señaladas, forma alguna para evadir lo que ordena la Constitución de la República vigente.

Cabe destacar que el incumplimiento de la Constitución de la República por parte de Jueces, Cortes, Tribunales y autoridades administrativas, entraña adaptar la conducta de quien así proceda al delito de prevaricato contemplado en el Art. 277 del Código Penal con penas de uno a cinco años de prisión.

Principales violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sesión del 10 de diciembre de 1948, con la presencia del Ecuador como país signatario, en su Art. 23.1 establece:

“Art. 23.1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”

La misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Art. 25.1 determina:

“Art. 25.1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios …”

Sustento jurídico para presentar esta solicitud constitucional

I

El Art. 66, numeral 23, de la Constitución de la República proclama el derecho de petición en los siguientes términos:

“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.”

II

El Art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de abril de 1948, aprobada en Bogotá, establece la siguiente prescripción:

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.”

III

Recalco que toda resolución de los poderes públicos, para que disponga de validez jurídica, deberá ser motivada (lo que no existe en el caso de los despidos de los servidores públicos, lo que le vuelve nula toda su tramitación y efectos), del mismo modo que toda respuesta para que sea constitucional y surta efectos jurídicos ser motivada; esto es debe tener los elementos contemplados en el Art. 76, numeral 7, literal l, de la Constitución de la República (MOTIVACIÓN QUE NO EXISTE EN LA NOTIFICACIÓN IMPUGNADA), que señala:

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.”

La falta de motivación en las notificaciones es una razón jurídica y constitucional adicional para que se considere, como solicito, la nulidad e inconstitucionalidad de la notificación impugnada y que solicito se la deje sin ningún efecto, porque –recalco- carece de motivación, requisito constitucional irrenunciable.

IV

Recuerdo a su autoridad, en forma comedida, que con el proceder inconstitucional adoptado en mi contra su autoridad está destruyendo mi posibilidad de continuar la Carrera Administrativa, así como eliminando la posibilidad de una adecuada y justa Jubilación, garantías constitucionales y legales explícitamente transgredidas.

V

Para efecto del trámite de la presente solicitud, me acojo al Derecho de Petición contemplado en el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada en el Registro Oficial 349 del viernes 31 de diciembre de 1993.

En base a todos estos antecedentes jurídicos, constitucionales y legales, con el adicional soporte en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encarezco se me reintegre a mis labores habituales de trabajo, encareciendo que cualquier notificación se me la comunique al casillero judicial 2198 de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, correspondiente al de mi abogado, el Dr. Diego C. Delgado Jara, a quien autorizo para que con su sola firma me represente y asuma mi defensa en la presente causa.

Del señor Ministro/a de ……….. con toda consideración, esperando Justicia,

“UBI NON EST IUSTITIA, IBI NON POTEST ESSE IUS”
(“Donde no hay Justicia, no puede haber Derecho”)

Con toda atención,




Juan Montalvo Fiallos, Dr. Diego C. Delgado Jara,
C. I. 010101010-1. Matrícula 532 del C.A.A.
Casillero Judicial 2198.