INFORME DE CUBA NECESIDAD DE PONER FIN AL BLOQUEO 



ELBLOQUEO IMPERIAL SE INTENSIFICA  




Sobre la resolución 65/6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.


INTRODUCCION

El bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba persiste y se intensifica a pesar de la creciente y categórica demanda de la comunidad internacional, en particular de la Asamblea General de las Naciones Unidas para su eliminación.

Aunque el actual Gobierno estadounidense ha adoptado algunas medidas positivas, éstas son insuficientes y extremadamente limitadas y no tienen la intención de alterar el complejo entramado de leyes, regulaciones y disposiciones que conforman la política de bloqueo contra Cuba.

La ley de Comercio con el Enemigo de 1917; la ley de Asistencia Exterior de 1961; la Ley de Administración de las Exportaciones de 1979; la ley Torricelli de 1992; la ley Helms-Burton de 1996 y las regulaciones de administración de las exportaciones no sólo se mantienen, sino que conforman la arquitectura jurídica de una política que califica como un acto de genocidio, en virtud de la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio, y como un acto de guerra económica de acuerdo con lo establecido en la Declaración relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada por la Conferencia Naval de Londres de 1909.

Como consecuencia de la estricta y feroz aplicación de esas leyes y otras disposiciones normativas, Cuba continúa sin poder exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde los Estados Unidos, no puede utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones financieras internacionales o tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Tampoco se le permite a Cuba tener acceso a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo.

A pesar de la retórica oficial que pretende convencer a la opinión pública internacional de que el actual Gobierno norteamericano ha introducido una política de cambios positivos, Cuba continúa también sin poder comerciar con subsidiarias de empresas norteamericanas en terceros países y los empresarios de terceras naciones interesados en invertir en Cuba son sistemáticamente amenazados e incluidos en listas negras.

El recrudecimiento de la persecución de las transacciones financieras internacionales de Cuba, incluida las que provienen de los organismos multilaterales para la cooperación con la Isla, ha sido uno de los rasgos distintivos de la aplicación de la política del bloqueo bajo la actual administración.

Ahora, los líderes de los grupos más furibundamente anti-cubanos con el control del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, se aprestan a un nuevo golpe en su obsesión contra Cuba, dirigido a impedir y obstaculizar la presencia de compañías extranjeras interesadas en la exploración de petróleo en la zona económica exclusiva de Cuba.

En ese sentido, la petición hecha a la Secretaria de Estado por el Senador por Florida Bill Nelson el pasado 19 de mayo en la que reclama a la administración intervenir ante el gobierno español para que la petrolera española Repsol paralice las prospecciones que planea realizar en Cuba, y la gestión en el mismo sentido de una delegación del máximo nivel político del gobierno de los Estados Unidos en Madrid, dirigida por Ken Salazar, Secretario del Departamento del Interior, demuestra que el accionar contra Cuba no conoce fronteras ni soberanías.

En el presente informe se consigna que el daño económico directo ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba hasta diciembre de 2010, a precios corrientes, calculados de forma muy conservadora, asciende a una cifra que supera los 104 mil millones de dólares.
Si se toma en consideración la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado financiero internacional, que ha sido sumamente elevada durante el año 2010, y mantiene una tendencia creciente, la afectación a la economía cubana sería superior a los 975 mil millones de dólares.

CONTINUIDAD EN LA POLITICA DEL BLOQUEO ECONOMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO CONTRA CUBA.

ÇEl bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba ha continuado aplicándose con todo rigor. Se mantienen intactos los fundamentos legales de esta política y se han reforzado los mecanismos políticos, administrativos y represivos para su instrumentación más eficaz, en particular, la persecución y el acoso a las transacciones comerciales y financieras cubanas en el mundo entero.

Sigue prohibida la exportación de productos y servicios de todo tipo desde de Cuba a los Estados Unidos. Continúa prohibida la exportación desde los Estados Unidos hacia Cuba de prácticamente cualquier producto o servicio, con excepciones muy limitadas y altamente reguladas. Los buques mercantes de cualquier país que toquen puertos cubanos continúan imposibilitados de entrar en puertos de los Estados Unidos por un período de 180 días.

Las empresas de ningún país pueden comerciar con empresas de origen cubano si tienen afiliación o intereses de algún tipo con empresas de los Estados Unidos, con independencia de las relaciones del país sede de la empresa con Cuba, de las leyes que rijan en su país de origen o de las normas del derecho internacional. Compañías de terceros países que tienen vínculos comerciales con Cuba son objeto de persecución, amenazas y sanciones por parte de las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos en cualquier rincón del mundo, con independencia de su origen, su patrimonio, de si tienen vínculos o no, con los Estados Unidos.

Se ha recrudecido el acoso a las transacciones financieras de Cuba con terceros países, independientemente de la relación de esos países con Cuba, de la moneda que se utilice y las normas bancarias vigentes en los países involucrados.

Como norma, el ciudadano de los Estados Unidos tiene prohibido por su Gobierno viajar a Cuba, salvo excepciones muy limitadas y con regulaciones muy estrictas
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El gobierno de los Estados Unidos continúa afirmando públicamente la supuesta necesidad de preservar el bloqueo como “herramienta de presión” y mantiene los condicionamientos de orden interno como prerrequisito para modificar la política hacia Cuba. Es evidente que no alberga intención alguna de producir un cambio en su política hacia la Isla, ni de cumplir con las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicitan poner fin a esta inhumana política.

Las medidas anunciadas por el gobierno norteamericano el 14 de enero de 2011, entre las cuales cabe mencionar la autorización de los viajes de norteamericanos a Cuba con fines académicos, educacionales, culturales y religiosos; el permiso a ciudadanos norteamericanos para enviar remesas a ciudadanos cubanos en cantidades limitadas; y la autorización a los aeropuertos internacionales de los Estados Unidos a solicitar permiso para operar vuelos charter directos a Cuba bajo determinadas condiciones, son insuficientes y tienen un alcance limitado.

En lo esencial, dichas medidas no son indicativas de que exista la voluntad del gobierno de ese país de producir un cambio sustancial en la política del bloqueo, sino que son el reflejo de la creciente oposición de amplios sectores de la sociedad estadounidense al mantenimiento de esa política.

Con las medidas del 14 de enero el Gobierno estadounidense pretendió impactar positivamente la imagen de su fracasada política hacia Cuba en momentos en que el rechazo interno e internacional a la misma es abrumador. Sin embargo, en lo fundamental, las medidas se limitan a restablecer algunas de las disposiciones que estuvieron en vigor en la década del noventa bajo el gobierno del Presidente Clinton, y fueron eliminadas por George W. Bush a partir del 2003. El derecho constitucional de los ciudadanos norteamericanos a viajar libremente continúa siendo una quimera en el siglo XXI. Ellos siguen siendo los únicos en todo el mundo a quienes se les prohíbe visitar Cuba.

Al anunciarlas, el Gobierno norteamericano dejó claro que el bloqueo se mantendrá intacto y que se proponen usar dichas medidas para fortalecer los instrumentos de subversión e injerencia en los asuntos internos de Cuba.

El gobierno de los Estados Unidos mantiene intacto el andamiaje de leyes y disposiciones administrativas que conforman las bases legales y las regulaciones del bloqueo. No han sido modificados los fundamentos sobre los que se erige esa política. Así lo demuestran las legislaciones y regulaciones vigentes que se relacionan a continuación.

Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA, por sus siglas en inglés). Fue promulgada como medida de guerra en 1917 para restringir el comercio con naciones consideradas hostiles. Se expandió su aplicación con posterioridad, para autorizar al Presidente la regulación de transacciones de propiedad que involucraran en un país extranjero a alguno de sus nacionales, tanto en tiempo de guerra como “durante cualquier otro período de emergencia nacional declarado por el Presidente”. En esta Ley se basan las primeras regulaciones del bloqueo contra Cuba de 1962.

El 2 de septiembre de 2010 el Presidente Obama anunció la extensión de la Ley de Comercio con el Enemigo, que supone en la práctica la continuación del bloqueo a Cuba. En un memorando suscrito por el Presidente a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton y al titular del Tesoro, Timothy Geithner, se afirma que "la continuación de estas medidas referentes a Cuba conviene a los intereses nacionales de Estados Unidos".

Ley de Asistencia Exterior. Promulgada en septiembre de 1961 por el Congreso de los Estados Unidos autoriza al Presidente de ese país a establecer y mantener “un embargo total sobre el comercio entre los Estados Unidos y Cuba”. También prohíbe el otorgamiento de cualquier ayuda al Gobierno de Cuba.

Ley de Administración de las Exportaciones (EAA, por sus siglas en inglés). Adoptada en 1979, como resultado de la revisión de los controles sobre las exportaciones, otorgó al Presidente la autoridad para controlar, en general, las exportaciones y reexportaciones de bienes y tecnología y, en particular, aquellas que se consideraran en detrimento de la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Ley para la Democracia Cubana (CDA, por sus siglas en inglés). Esta Ley, más conocida como la Ley Torricelli, fue firmada por el Presidente Bush padre en octubre de 1992. Con ella, el gobierno de los Estados Unidos reforzó las medidas económicas contra Cuba y brindó sustento normativo a la extraterritorialidad del bloqueo. Prohíbe a compañías subsidiarias norteamericanas en terceros países realizar transacciones con Cuba o nacionales cubanos y la entrada a territorio norteamericano, durante un plazo de 180 días, de los barcos de terceros países que hubieran tocado puertos cubanos, entre otras restricciones.

Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana. Conocida como la Ley Helms-Burton. Fue aprobada por el presidente Clinton en marzo de 1996. Tiene el objetivo esencial de obstaculizar y desestimular la inversión extranjera, así como internacionalizar el bloqueo contra Cuba. Codificó las disposiciones del bloqueo, limitó las prerrogativas del Presidente para suspender esta política y amplió el alcance extraterritorial de la misma. Denegó la entrada a los Estados Unidos de los directivos de empresas extranjeras (y a sus familiares) que invirtieran en propiedades “confiscadas” en Cuba y estableció la posibilidad de presentar demandas en su contra en los tribunales de los Estados Unidos.
Regulaciones de Administración de las Exportaciones (EAR, por sus siglas en inglés). Regula las excepciones a la ley de Administración de las Exportaciones o las que se autorizan mediante licencias emitidas por el Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Está amparada en la Ley de Comercio con el Enemigo y en la Ley de Administración de las Exportaciones.

La extensión de las legislaciones y regulaciones antes mencionadas demuestra que ningún bloqueo ha sido tan abarcador y brutal como el que los Estados Unidos mantiene contra Cuba.

Transcurridos más de dos años de una administración demócrata que pretendió impactar al mundo con un discurso de cambio y renovación, la política de los Estados Unidos contra Cuba se ha caracterizado por un recrudecimiento de la dimensión extraterritorial del bloqueo. Se han fortalecido las sanciones y la persecución extraterritorial contra ciudadanos, instituciones y empresas de terceros países que establezcan o se propongan establecer relaciones económicas, comerciales, financieras o científico-técnicas con Cuba, arrogándose el Gobierno de los Estados Unidos el derecho de decidir sobre asuntos que son atributos de la soberanía de otros Estados.

Asimismo, el papel preponderante de los Estados Unidos en la economía mundial y en los procesos de alianzas estratégicas, fusiones y mega fusiones de empresas internacionales, ha continuado impactando negativamente a Cuba y facilitado el recrudecimiento de los efectos negativos del bloqueo, al tiempo que reduce el espacio económico internacional en el que Cuba puede operar.

Los principales lineamientos en los que se basa la política de extraterritorialidad son los siguientes:

• Se prohíbe que empresas subsidiarias de compañías norteamericanas que se encuentran en terceros países mantengan cualquier tipo de transacción con empresas en Cuba.
• Se prohíbe que empresas de terceros países exporten a los Estados Unidos productos de origen cubano o productos que en su elaboración contengan algún componente de ese origen.
• Se prohíbe que empresas de terceros países vendan bienes o servicios a Cuba, cuya tecnología contenga más de un 10% de componentes estadounidenses, aunque sus propietarios sean nacionales de esos países.
• Se prohíbe que entren a puertos estadounidenses buques que transporten productos desde o hacia Cuba, con independencia del país de matrícula.
• Se prohíbe que bancos de terceros países abran cuentas en dólares norteamericanos a personas jurídicas o naturales cubanas o lleven a cabo transacciones financieras en dicha moneda con entidades o personas cubanas.
• Se penaliza a los empresarios de terceros países que realicen inversiones o negocios con Cuba, a quienes se les deniega el otorgamiento de visado para entrar en Estados Unidos, lo cual se hace extensible a sus familiares. Esos empresarios podrían incluso ser objeto de acciones legales ante tribunales norteamericanos en el caso de que sus operaciones con Cuba se relacionen con propiedades vinculadas a reclamaciones de ciudadanos estadounidenses, o que habiendo nacido en Cuba, adquirieron esa ciudadanía posteriormente.