CINCO PATRIOTAS CUBANIOS EN LAS CÁRCELES IMPERIALES 



ENJUICIADOS Y CONDENADOS BAJO ACUSACIONES DE ESPIONAJE 



“El juicio fue mantenido en secreto por los medios de prensa norteamericanos. Es inconcebible que el juicio más largo en los Estados Unidos hasta el momento en que este tuvo lugar fue cubierto solamente por la prensa local de Miami, particularmente cuando fueron llamados a testificar por la defensa generales y un almirante, así como un asesor de la Casa Blanca. ¿Dónde estaban los medios de prensa norteamericanos durante seis meses? No solo fue este el juicio más largo, sino también fue un caso que involucraba importantes asuntos de política exterior y terrorismo internacional. La pregunta se le debe hacer a los medios norteamericanos, que continúan negándose a cubrir un caso con tales violaciones de los derechos fundamentales, e incluso violaciones de los derechos humanos de los prisioneros.”

Respuesta de Leonard Weinglass
Foro en www.antiterroristas.cu , 12 de septiembre, 2003


UN ANÁLISIS DEL JUICIO

“Como una condición especial adicional de la libertad supervisada, se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado.”
Transcripción de las Audiencias de Sentencia ante Su Señoría Joan A. Lenard
14/12/01 (páginas 42–43 y 45–46)

E STADOS UNIDOS
VS.
GERARDO HERNÁNDEZ NORDELO
RAMÓN LABAÑINO SALAZAR
ANTONIO GUERRERO RODRÍGUEZ
FERNANDO GONZÁLEZ LLORT
RENÉ GONZÁLEZ SEHWERERT

CINCO PRISIONEROS POLÍTICOS CUBANOS:
EL CASO PARA UN JUICIO JUSTO


Rehenes de la política de Miami

Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, y René González Sehwerert son cinco jóvenes cubanos arrestados en la Florida en septiembre de 1998. s Fueron enjuiciados y condenados bajo acusaciones de espionaje y otros cargos afines
en el único lugar donde no podían tener un juicio justo: Miami.
Su caso es típico de los juicios políticos que Estados Unidos critica como contrarios al respeto por los derechos humanos cuando tienen lugar en otros países. También es probable que este caso, a menos que se invalide en la apelación, sea citado como precedente para negarle un juicio justo a otros hombres y mujeres encausados en los Estados Unidos.
En lo que se ha convertido en un tratamiento común para aquellos cuyas creencias políticas o religiosas u origen nacional se consideren sospechosos en los Estados Unidos, a los cinco cubanos se les mantuvo sin fianza durante los 33 meses transcurridos entre el arresto y el juicio. Todos los arrestos se realizaron sin incidentes, y no hubo señales de que poseyeran arma alguna o de que hubiesen llevado una vida que no fuese la de miembros pacíficos de la comunidad. Dos de ellos son ciudadanos estadounidenses, pues nacieron en los Estados Unidos de padres cubanos que escaparon del reino de corrupción y terror del dictador cubano Fulgencio Batista. Todos eran bien vistos en las comunidades donde vivían y trabajaban.
A pesar de todo eso, no solo se les negó el derecho a una fianza, sino que también se les mantuvo, durante 17 meses, en celdas de confinamiento solitario utilizadas para castigar a los prisioneros culpables de agresión y otras conductas violentas tras haber sido sentenciados. Fueron completamente separados de sus familiares e hijos menores, y ni siquiera podían comunicarse entre sí. Sin embargo, incluso en estas condiciones extremas, la fiscalía fracasó en sus objetivos de desorientar y desesperar a los arrestados hasta el punto de que alguno o varios de ellos hicieran falsas confesiones e implicara a otros a cambio de una promesa de indulgencia. Por el contrario, fueron al juicio con la verdad como defensa, citando a oficiales retirados del ejército de los Estados Unidos y a cabecillas de grupos radicados en Miami que conspiran para derrocar al gobierno de Cuba, con el fin de demostrar que su único delito había sido el uso de identidades falsas (con excepción de Antonio Guerrero y René González, quienes eran ciudadanos estadounidenses y utilizaron sus verdaderas identidades) para así poder ayudar a proteger a su país de la violencia perpetrada por organizaciones radicadas en territorio norteamericano y evaluar la probabilidad de un ataque militar por parte de Estados Unidos.

Cubanos Leales, Sí; Espías, No.
Los cargos de espionaje a favor de Cuba y de asesinato relacionado con el derribo de dos avionetas en aguas cubanas, que fueron las acusaciones más graves, no se registraron como crímenes realmente cometidos, sino como conspiraciones, además de otros delitos menores vinculados a éstos. Como se señala más adelante, el uso del término “conspiración” eximía a la fiscalía de tener que probar que estos delitos realmente habían ocurrido.
La acusación levantada contra Gerardo Hernández de conspiración para cometer asesinato es única en los anales de la jurisprudencia estadounidense. Se convirtió en el punto focal del juicio y tenía que ver con dos avionetas pertenecientes a la organización miamense que se autodenomina “Hermanos al Rescate” que las Fuerzas Armadas de Cuba derribaron el 24 de febrero de 1996 al persistir en penetrar el espacio aéreo cubano. El grupo estaba encabezado por José Basulto, un veterano de Playa Girón residente en Miami. Los cinco acusados se encontraban en Miami en aquel momento, y ninguno estuvo implicado en transmitir o ejecutar la orden de derribar las avionetas luego de que éstas ignoraran las advertencias de que no penetraran en el espacio aéreo de Cuba.

Los cinco estaban trabajando con el gobierno cubano para proteger a su país de las acciones de invasión y terrorismo organizadas, financiadas y emprendidas desde Miami, y presentaron evidencias que demostraron la grave amenaza que representaba el terrorismo con base en Miami. Mostraron cómo se habían infiltrado en algunas de estas organizaciones miamenses y cómo las autoridades de los Estados Unidos permanecieron impasibles ante las pruebas entregadas por las autoridades cubanas antes de que ellos fueran arrestados. También presentaron evidencias para demostrar que la única información militar a la que tuvieron acceso era del dominio público. De igual forma, presentaron el testimonio de ex-oficiales militares y de inteligencia norteamericanos de alto rango que afirmaron que Cuba no constituía una amenaza militar para los Estados Unidos, sino que solo estaba interesada en conocer lo necesario para defenderse de la amenaza de ataque, ya sea por parte de Estados Unidos o de mercenarios radicados en ese país.
El ambiente fanático que se crea en Miami con respecto a cada tópico referente a Cuba, por muy remota que sea su relación, imposibilitaba toda evaluación objetiva de las evidencias. A pesar de haber escuchado a 74 testigos (43 por la fiscalía y 31 por la defensa) en un período de casi siete meses, el jurado de Miami solamente deliberó por breves espacios de tiempo durante cuatro días sin siquiera enviar una sola nota o expresar alguna duda ante el tribunal, y procedió a declarar a los cinco detenidos culpables de cada uno de los 26 cargos de la acusación. No hicieron ni una sola pregunta acerca de los complejos principios legales involucrados, y no hicieron ni una sola solicitud de revisión de ninguno de los testimonios.
Ahora los cinco son rehenes del odio irracional del enclave extraordinariamente poderoso de exiliados cubanos que han convertido a Miami en la capital provisional desde donde trabajan –con el apoyo del gobierno federal, estatal y local– para derrocar al gobierno de Cuba. Este grupo ha dominado de tal forma a la opinión pública en Miami acerca de todo lo que esté incluso remotamente relacionado con Cuba que la organización de derechos humanos Americas Watch publicó dos informes titulados “El Diálogo Peligroso” (1992) y “El Diálogo Peligroso Resurge” (1994). Mediante artículos de prensa Americas Watch documenta las docenas de asesinatos y los centenares de atentados con bombas e incendios premeditados, así como las acciones de amenaza y extorsión utilizadas para controlar la opinión pública sobre Cuba en Miami.

“Un lugar imposible para hacer justicia”

“Cuando se trata de Cuba, Miami es un lugar imposible para hacer justicia,” le dijo Antonio Guerrero a la jueza en el momento de su sentencia. Para entonces, la defensa había presentado no menos de cinco recursos para trasladar el juicio a un lugar más neutral. Era obvio que Miami era el último lugar en el mundo en que los cinco cubanos podían tener un juicio justo. Las ciencias sociales confirman la afirmación de Guerrero. Uno de los principales expertos de la nación en el fenómeno del exilio cubano, el Dr. Lisandro Pérez , escribió, “la posibilidad de seleccionar a doce ciudadanos del condado de Miami-Dade que puedan ser imparciales en un caso que implica a agentes reconocidos del gobierno cubano es prácticamente cero.”
Contra el derecho de los acusados a tener un juicio justo ante un jurado imparcial pesaban las intensas presiones locales por vengar el derribo de las avionetas. Cuando la defensa señaló que de acuerdo con la ley actual el clima de opinión hostil en Miami daba lugar a una probabilidad de injusticia tal que “se requiere. . . un cambio de sede para garantizar un juicio justo e imparcial,” la fiscalía respondió de forma indignada que la defensa estaba haciendo una comparación injusta entre el Miami cosmopolita y el pequeño pueblo de Texas en el que la defensa basaba su planteamiento. (Pamplin v. Mason, 364 F.2d 1, 5 (5to Cir. 1966). De hecho, tal y como reconocería más tarde el Fiscal de Estados Unidos para el Distrito cuando representaba a un cliente que enfrentaba un juicio civil en Miami, las similitudes eran más significativas que las diferencias. Con respecto al juicio de estos cinco cubanos, Miami no era un área cosmopolita diversa en la cual ningún grupo o ideología únicos controlaban la opinión pública, sino un área donde exiliados cubanos amargados ejercían un poder político y económico y, cuando eso no daba resultado, apelaban al terrorismo para controlar la opinión pública en lo relativo a cualquier tema relacionado con Cuba. El periodista Jim Mullin de Miami, en un extenso artículo noticioso que se presentó en el tribunal como prueba para lo relacionado con la sede, condenó abiertamente “la excesiva violencia y la intimidación (que) han sido características del exilio durante más de 30 años” y luego detalló decenas de atentados con bombas, agresiones, intentos de asesinato e incluso asesinatos en Miami y otros lugares (tales como el de Letellier-Moffit en Washington, D.C.) por parte de terroristas anti-cubanos.
En ningún otro distrito los acusados se enfrentarían a posibles miembros de un jurado donde al menos el 20 % eran hombres y mujeres que se habían ido de Cuba por no estar de acuerdo con el gobierno al que los acusados estaban tratando de proteger. Entre los que se presentaron para servir como jurados había un director de la Fundación Nacional Cubano-Americana, que proveyó fondos para los vuelos de Basulto dentro del espacio aéreo cubano, así como otras andanzas obviamente terroristas. Fue eliminado solo por lo que incluso la jueza caracterizó como “comportamiento extraño.” En ninguna otra jurisdicción los acusados estarían obligados a utilizar nueve de sus quince recusaciones perentorias solo para eliminar exiliados cubanos, o hijos de éstos, del jurado. En ninguna otra jurisdicción se enfrentarían a por lo menos dieciséis jurados potenciales que conocieran personalmente a alguien identificado en el acta de acusación como víctima, o a miembros de su familia. Uno de ellos dijo que Basulto recibía tratamiento oficial como Persona Muy Importante (VIP) en el aeropuerto local.
Solamente en Miami estos acusados serían juzgados por un jurado proveniente de una comunidad permeada por lo que el Dr. Pérez denominó como una “ideología de exilio” que favorece la intervención militar de los Estados Unidos para deponer al gobierno cubano y apoya la invasión armada por parte de los exiliados –actitudes confirmadas por encuestas independientes no relacionadas con el caso. Estas posiciones son tan bien conocidas –al igual que las consecuencias de oponerse a las mismas– que los jurados potenciales admitieron de inmediato que tendrían temor a las represalias “si no regresaba con un veredicto acorde con el sentir de la comunidad cubana, con su sentir de cómo debe ser el veredicto.”
Miami se caracteriza por ser la única ciudad en los Estados Unidos donde los músicos cubanos no pueden actuar y los artistas cubanos no pueden exhibir sus obras sin enfrentarse a protestas tumultuarias, y donde los organizadores de conferencias académicas requieren de protección especial porque contarán con la asistencia de académicos cubanos. Miami es la única ciudad en los Estados Unidos que preferiría cancelar competencias deportivas internacionales antes de permitir la presencia de atletas cubanos. Incluso la ceremonia de entrega de los prestigiosos Grammys Latinos tuvo que ser trasladada de Miami dos veces luego de que la violencia y las amenazas de violencia obligaron a buscar otra sede. El Condado de Miami-Dade es la única jurisdicción que aprobó un decreto anti-constitucional que obliga a todos los que buscan fondos para labores artísticas a jurar que no han tenido tratos con Cuba en los diez años anteriores. Y es la única jurisdicción con un monumento en el interior del edificio del gobierno local dedicado a los caídos en el incidente, así como calles y una plaza que llevan sus nombres.
Estos hechos reflejan el extraordinario poder de una comunidad en el exilio que ha logrado dominar la política local en Miami-Dade de una forma única en la experiencia de los inmigrantes. En el marco de dos generaciones, ha elegido a tres cubanos inflexiblemente anti-Castro para el Congreso de los Estados Unidos. Una de ellos, Ileana Ross-Lehtinen, recibió información sobre el arresto de los acusados a título de cortesía profesional. Su esposo es un ex Fiscal General de los Estados Unidos; su director de campaña fue Jeb Bush. Seis de los Comisionados del Condado de Miami-Dade son cubanos, al igual que lo es el Alcalde, el Fiscal del Estado, el jefe de la policía del condado, el jefe de bomberos, el superintendente escolar, y el rector de la universidad pública y de los sistemas comunitarios de educación superior. Los cubanos no son la más grande minoría de Miami, sino el más grande grupo étnico individual, y punto. A diferencia de la mayor parte de los inmigrantes, no representan a los pobres y oprimidos, sino al sector más rico y privilegiado de su país de origen. En Miami, sus caudillos políticos de derecha garantizan que solamente los candidatos que adopten la postura más dura con respecto a Cuba puedan progresar en las urnas y en otros cargos de poder hasta lograr representar a la comunidad. También se encuentran entre los principales empleadores y los mayores donantes financieros de los dos partidos políticos y controlan la mayor parte de los medios locales de divulgación masiva.
De acuerdo con el Dr. Lisandro Pérez, dos sucesos en los últimos años han servido para galvanizar a esta comunidad y reforzar su peculiar “ideología de exilio” caracterizada por una mentalidad de “estado de guerra”. Uno fue la controversia que inspiró al alcalde de Miami a anunciar que no autorizaría a la policía local a que ayudara a aplicar una orden federal para devolver a un niño –Elián González– a su padre. El otro fue el incidente que se encuentra en el centro de los cargos contra los Cinco: la decisión de derribar los aviones el 24 de febrero de 1996.
Fue contra este telón de fondo que tuvo lugar el juicio en Miami.

A Falta de Pruebas de Conducta Delictiva, la Fiscalía Alegó Conspiración, Controló las Evidencias que se le Permitió al Jurado Considerar, y Cometió un Flagrante Acto de Conducta Indebida al Dirigirse al Jurado.

El acta de acusación contenía 26 cargos independientes, cada uno de los cuales acusaba a uno o más de los cinco acusados de delitos específicos. La mayor parte eran cargos menores relacionados con el uso de falsa identificación. No obstante, los más graves, que aludían espionaje y asesinato, conllevaban sentencias de cadena perpetua. En realidad, el acta no acusaba a los cinco cubanos de cometer dichos crímenes, sino de conspiración para cometerlos. Esto le permitía a la fiscalía no tener que probar realmente que alguno de los acusados había realizado verdaderamente espionaje o cometido asesinato, o que incluso estos delitos habían ocurrido en realidad. La conspiración, denominada “la niña linda de la guardería del fiscal,” clasifica el acuerdo o el “concierto de voluntades” como un delito criminal si el propósito o las vías que se van a utilizar son ilegales. También facilita el trabajo de la fiscalía, puesto que admite muchas evidencias, que de otro modo, serían invalidadas por considerarse pruebas indirectas.
Esta no sería la única ventaja otorgada a la fiscalía. Al invocar las muy controversiales y secretas disposiciones de la Ley de Procedimientos para la Información Clasificada, los fiscales pudieron controlar las evidencias que el jurado estaba autorizado para ver, negándole así a la defensa el acceso a los materiales que la fiscalía había recopilado durante su investigación, algunos de los cuales eran documentos ocupados a los acusados al ser arrestados.
Al ver que su caso estaba fracasando y se desmoronaba, el fiscal, en su último argumento ante el jurado, apeló a la falsa y prejuiciada retórica del gobierno contra los Cinco, afirmando, no menos de tres veces, que los acusados habían venido a Norteamérica “con el fin de destruir a los Estados Unidos.”

No Hay Espionaje
Mientras los titulares gritaban repetidamente “Espías entre nosotros,” cuando la fiscalía tuvo que explicar su posición legal, no se refirió a ningún cargo en que tuviera que probar en verdad que “algún co-conspirador cometió realmente espionaje, o recopiló realmente alguna información, pública o no pública.” En el momento de los arrestos, los voceros del FBI calmaron a la nación afirmando que la información militar “nunca estuvo en peligro,” mientras que el vocero del Pentágono agregó que “no hay indicios de que hayan tenido acceso a información clasificada o a áreas sensibles.”
Lo que la fiscalía poseía era más bien evidencias de que uno de los cinco, Antonio Guerrero, había trabajado durante cinco años como empleado de mantenimiento en la base de entrenamiento de la Marina en Boca Chica, en el sur de la Florida. Esta base estaba completamente abierta al público, e incluso tenía un área de observación especial apartada para permitir que las personas tomaran fotografías de los aviones en las pistas de aterrizaje. Mientras trabajaba allí, Guerrero nunca había solicitado un certificado de confianza, no tuvo acceso a áreas restringidas, y nunca intentó penetrar en ninguna de ellas. A pesar de intensas acciones de intimidación por parte de la fiscalía, algunos de sus compañeros de trabajo testificaron que era una persona normal, buen trabajador y sociable que no mostró interés particular alguno por las áreas de seguridad. De hecho, mientras el FBI lo mantuvo bajo vigilancia durante dos años antes de los arrestos, ninguno de los agentes ofreció testimonio sobre algún acto indebido de su parte. Además, si bien el gobierno había confiscado miles de páginas de documentos de los Cinco en el momento de su arresto, faltaba el elemento común de todos los casos de espionaje en el pasado: no había ni una sola página de material clasificado.

Uno de los testigos claves de la acusación era el General James R. Clapper, Jr un hombre con 32 años de experiencia en el ejército que trabajó exclusivamente en asuntos de inteligencia y llegó a convertirse en Director de la Agencia de Inteligencia para la Defensa antes de su jubilación. Había revisado todos los documentos que el gobierno había incautado y, al preguntársele en el contra-interrogatorio si “había encontrado alguna información secreta de defensa nacional que fuera transmitida (a Cuba),” su respuesta fue, “No, nada que pudiera reconocer.”

Lejos de constituir evidencias condenatorias para la fiscalía, los documentos ocupados a los acusados fueron utilizados por la defensa porque ponían en claro la naturaleza no delictiva de las actividades de Guerrero en la base. Estaba allí para “descubrir y reportar de manera oportuna la información o las indicaciones que denotaran los preparativos para una agresión militar contra Cuba” a partir de “lo que pudiera ver” observando “actividades públicas abiertas.” DGE141(E). Esto incluía información visible para cualquier persona del público: las llegadas y salidas de los aviones. También estaba recortando artículos noticiosos del periódico local que informaban sobre las unidades militares estacionadas en el lugar.
Varios ex-oficiales de alto rango del ejército y la seguridad de los Estados Unidos testificaron que Cuba no representa una amenaza militar para los Estados Unidos, que en la base de Boca Chica no se puede obtener ninguna información militar de utilidad, y que el interés de Cuba por obtener el tipo de información presentada en el juicio era “detectar si realmente nos estamos preparando para atacarlos” (Mayor General Edward Breed Atkeson, Ejército de los Estados Unidos, Instructor de la Escuela de Inteligencia para la Defensa de los Estados Unidos).

La ley contra el espionaje en Estados Unidos es clara: la información que de forma general está disponible para el público no puede constituir la base de un juicio por espionaje. Una vez más, el General Clapper, cuando se le preguntó, “¿Estaría usted de acuerdo en que las acciones de inteligencia de fuente abierta no constituyen espionaje?” respondió, “Así es.” El caso de los fiscales era tan carente de pruebas convincentes de espionaje que después que se habían presentado todas las evidencias, se vieron obligados a decirles al jurado que debían emitir un fallo de culpabilidad simplemente si creían que hubo un acuerdo para cometer espionaje en algún momento no especificado del futuro. Sin embargo, luego de escuchar el argumento extremadamente inapropiado de la fiscalía, repetido en tres ocasiones, de que los cinco cubanos estaban en este país “con el fin de destruir a los Estados Unidos,” el jurado, movido más por el apasionamiento que por las leyes y las pruebas, los declaró culpables. Este fallo está siendo objeto de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito.

No Hay Asesinato
Además del cargo de espionaje, la otra acusación grave –conspiración para cometer asesinato en primer grado – estaba dirigida contra Gerardo Hernández. La misma estaba basada en el incidente del 24 de febrero. Los hechos presentados en el juicio demostraron que Hernández no fue responsable del destino de los hombres que volaban en las naves, que no fueron resultado de ningún asesinato premeditado, y que no hubo ningún acuerdo de que si las avionetas eran derribadas debía ser en aguas internacionales y no en aguas cubanas. Se requerían los tres elementos para una condena.
Las evidencias demostraron que el 24 de febrero de 1996, en lo que entonces constituía un escenario acostumbrado, Basulto y sus compinches despegaron de la Florida en tres aviones y, una vez en el aire, se desviaron de sus rutas de vuelo y pusieron rumbo directo a Cuba. Tras haber sido advertidos por los controladores aéreos de Cuba que estaban penetrando en un área prohibida, fueron interceptados, y dos de ellos fueron derribados por la Fuerza Aérea cubana. Los residentes de Miami murieron. En una grabación escuchada en el juicio, se podía escuchar a Basulto, quien piloteaba una de las avionetas, riéndose cuando las naves violaron deliberadamente la orden de regresar. El retornó sin contratiempos a Miami. Los fiscales utilizaron la ley de la conspiración para sostener que Hernández, quien había desempeñado funciones de infiltración en grupos tales como “Hermanos al Rescate” y estaba alertando a Cuba sobre sus planes, era responsable de asesinato.
Esta teoría presentaba una serie de problemas. En primer lugar, no es un crimen que Cuba derribe naves aéreas que vuelan sobre sus aguas territoriales o dentro de sus fronteras. Por consiguiente, la jueza del proceso decidió que para condenar a Hernández por esta acusación, la fiscalía tendría que probar que incluso mucho antes de que los aviones despegaran existió un plan o acuerdo específico para derribarlos antes de que alcanzaran el territorio cubano. De lo contrario, los Estados Unidos no tendrían jurisdicción y la fiscalía no podría probar un elemento esencial de la acusación: que los sucesos críticos iban a tener lugar no en territorio cubano, sino en lo que Estados Unidos denomina su “jurisdicción marítima o territorial especial.”
Los fiscales admitieron que no tenían prueba alguna con respecto a un acuerdo sobre el lugar en donde se podría detener a las naves intrusas. Por tanto, hicieron una apelación extraordinaria al Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, quejándose de que, dadas las evidencias presentadas en el juicio, la decisión creaba un “obstáculo insuperable” para lograr una condena . La apelación fue rechazada, y se instruyó al jurado que debía demostrar más allá de toda duda razonable que hubo un acuerdo específico para derribar las avionetas en aguas internacionales. El jurado apenas tuvo en cuenta el “obstáculo insuperable,” y en tiempo récord dictó la condena.

Cuba no provocó el incidente del 24 de febrero. Más bien trató de evitarlo. Los responsables son aquellos “que no cedieron en sus esfuerzos de provocar un conflicto armado entre Estados Unidos y Cuba” de modo tal que el ejército de los Estados Unidos “pueda hacer por ellos lo que por sí solos no han logrado hacer en cuarenta años: derrocar al gobierno de Cuba, independientemente del costo en vidas humanas.”
Los defensores presentaron evidencias ante el jurado sobre los antecedentes que condujeron a la decisión de derribar las avionetas el 24 de febrero de 1996. Citaron a testificar a Basulto, un férreo oponente del gobierno cubano (y aliado de Jeb Bush), y uno de los fundadores de “Hermanos al Rescate”, que pretendía calificarse como una “organización humanitaria” creada para rescatar a los que se van de Cuba e intentan llegar a los Estados Unidos por mar en violación de las leyes tanto cubanas como estadounidenses. Sin embargo, la organización perdió su razón de ser en 1995, cuando Estados Unidos y Cuba iniciaron un acuerdo que ponía término de forma eficiente a la práctica de tentar a las personas a echarse a la mar y poner rumbo a la Florida con la promesa de enriquecimiento. Al no quedar nadie a quien “rescatar”, Basulto condujo al grupo a emprender acciones más agresivas, volando repetidamente sobre el espacio aéreo cubano, lanzando octavillas propagandísticas, medallas y otros objetos sobre La Habana, e invadiendo de esta forma el territorio nacional, hostigando, poniendo en peligro y amenazando a los turistas, las agencias estatales y los civiles cubanos, todo en franca violación de las leyes de Estados Unidos y las regulaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA).
René González, que también era piloto, se infiltró en la organización para conocer sus planes y alertar a las autoridades cubanas. Entre otras cosas, supo que la organización intentaba probar bombas, adquirir aviones más sofisticados, e incluso utilizar naves dirigidas a distancia para hacerlas caer sobre concentraciones públicas en Cuba. Aceptado en el grupo como un miembro regular, se le pidió también que hiciera contrabando de drogas. Rápidamente informó el incidente al FBI.
Los vuelos para hacer lanzamientos de propaganda y otras acciones eran indispensables para el éxito de los proyectos más ambiciosos –y peligrosos– del grupo. Cuba protestó repetidamente ante los Estados Unidos por estos vuelos y violaciones de las leyes norteamericanas. Las protestas fueron mayormente ignoradas. En los 20 meses anteriores al 24 de febrero de 1996, hubo al menos 25 vuelos ilegales deliberados que entraron en el espacio aéreo cubano. Ante el aumento en su frecuencia, los cubanos solicitaron urgentemente la ayuda de Estados Unidos para prevenir un incidente que pudiera empeorar aún más las relaciones entre las dos naciones –uno de los objetivos de Basulto.
A principios de 1996, hubo dos vuelos más sobre Cuba, uno el 9 y otro el 13 de enero, que dejaron caer medio millón de octavillas llamando al pueblo cubano a rebelarse. El último vuelo estuvo seguido por una aparición de Basulto en TV Martí –un virulento programa anti-Castro pagado con dólares de los contribuyentes norteamericanos a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana– donde anunció triunfalmente que el régimen de Castro “no es invulnerable,” e instó a sus “compatriotas en la isla... a asumir riesgos personales... y considerar todas las cosas que se podían hacer.”
Cuando el Congreso de los Estados Unidos, impulsado por cubanos y políticos derechistas de la Florida, aprobó la draconiana Ley “Helms-Burton” en respuesta al derribo de las avionetas, Basulto se vanaglorió del éxito de sus esfuerzos para tensar aún más las relaciones Estados Unidos-Cuba –y dificultar aún más las condiciones de vida en la Isla.
Además de citar a Basulto y a un grupo de ex-oficiales militares y de inteligencia, la defensa convocó también a Richard Nuccio, quien testificó que “hacía políticas para Cuba en nombre del Presidente.” Declaró que se había preocupado cuando recibió las protestas de Cuba sobre las incursiones, pero comprendió que no podía hacer mucho para detenerlas. Dijo haberse sentido alarmado cuando vio el provocador anuncio de Basulto. Le leyó al jurado un memorando elaborado por un asistente del Departamento de Estado que reflejaba no solo la decisión de no interferir con las actividades claramente ilegales de Basulto, sino también cierta preocupación de que cuando el gobierno cubano finalmente respondiera a las continuas provocaciones, se podría achacar la responsabilidad a una agencia del gobierno de los Estados Unidos:
“... esta última incursión aérea solo se puede considerar como otra provocación al gobierno cubano. El (Departamento de) Estado expresa su creciente preocupación con respecto a estas violaciones flagrantes... el peor escenario posible es que uno de estos días los cubanos derriben uno de estos aviones y será mejor que la FAA tenga todos sus asuntos en orden.”
Los cubanos, desde el más alto nivel de su jerarquía militar, le advirtieron a su contraparte norteamericana que la política de restricciones solo parecía estimular los vuelos ilegales. Los cubanos ya no podían soportar las violaciones masivas de su soberanía y seguridad, y hablaron abiertamente de tomar medidas defensivas contra las incursiones aéreas.
El Almirante de los Estados Unidos Eugene Carroll (retirado) testificó a favor de la defensa. Justo tres semanas antes del incidente del 24 de febrero, mientras asistía a una conferencia militar en La Habana, fue llamado a un lado por el jefe de la Fuerza Aérea de Cuba, quien le dijo “muy claramente” que los cubanos tenían la capacidad de derribar estos aviones, refiriéndose específicamente a las recientes incursiones y a los alardes televisivos de Basulto. El Almirante Carroll alertó inmediatamente al Departamento de Estado y a funcionarios de la Agencia de Inteligencia para la Defensa.
De acuerdo con otro memorando presentado en el juicio, el 23 de febrero, un día antes del vuelo fatal, el Departamento de Estado recibió un aviso de “... un vuelo no autorizado dentro del espacio aéreo cubano mañana”, que refutaba el hecho de que la FAA estaba incapacitada para evitar “vuelos tales como esta posible incursión” y de forma pesimista, aunque profética, concluyó que ante las repetidas y cada vez más frecuentes y atrevidas incursiones “... era menos probable que esta vez el gobierno de Cuba se limitara en un escenario de vuelo no autorizado.” No obstante, no se hizo nada para detener a Basulto.
El 24 de febrero tres avionetas despegaron de la Florida y pusieron rumbo a Cuba. La FAA, no el acusado Hernández, notificó a las autoridades en Cuba de su plan de vuelo después de haberlo registrado. Cuando se acercaron a las aguas cubanas, los controladores de vuelo de la isla alertaron a las avionetas: “Le informamos que el área al norte de La Habana está activada. Se están poniendo en peligro si vuelan por debajo de 24 Norte.” Basulto, que iba en el avión delantero y fue el único que sobrevivió a la misión, se echó a reír y continuó su rumbo. A partir de esta evidencia, el jurado condenó a Gerardo Hernández, que no había tenido contacto con la Fuerza Aérea cubana ni con otras autoridades sobre la decisión de derribar las avionetas, por conspiración para cometer asesinato en primer grado.

El Verdadero Problema: Terroristas con Impunidad
La ley en Estados Unidos es clara: si alguien actúa para prevenir un mal mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, se le justificará cualquier acto criminal debido a que la sociedad reconoce la necesidad – incluso el beneficio – de llevar a cabo tal acción. Así, si alguien ve que la casa de sus vecinos está quemándose, puede traspasar los límites de la propiedad de sus vecinos para apagar la candela sin miedo a que se le acuse. Asimismo, si alguien está enterado de una acción violenta que amenaza a sus conciudadanos – y existe una historia de tales acciones – puede tomar medidas para proteger a las potenciales víctimas, y no se le atribuirá ninguna acción criminal ya que estos actos fueron cometidos debido a la necesidad. De ese modo, los cinco acusados, que admitieron el uso de identidades falsas (excepto Guerrero y González) y el no haberse registrado como agentes extranjeros , argumentaron que todos los 26 cargos contra ellos debían ser justificados bajo la doctrina de la necesidad, ya que ellos realizaron esas acciones tratando de impedir un daño mayor – la violencia hacia su país.

Al juez se le pidió instruir al jurado acerca de que ellos podían absolver a los acusados si creían que habían actuado por la necesidad de impedir la violencia. Esto fue rechazado por la Corte, incluso cuando la defensa había presentado 35 documentos que demostraban la amenaza real que representaba la red terrorista que actúa desde el Sur de la Florida y además había llamado como testigos a miembros de esa red que confesaron crímenes contra cubanos y norteamericanos, así como a agentes del FBI que reconocieron su ineficacia para detener tales acciones incluso cuando era obvio que cubanos y norteamericanos serían dañados o asesinados.

Primero, la Corte limitó la evidencia de la defensa a un marco estrecho de tiempo – de 1992 a 1998 – incluso cuando existía una amplia evidencia de violencia terrorista por cuatro décadas. Después, al haber oído y visto la abundante evidencia de actos terroristas en ese período limitado de tiempo, inexplicablemente le quitó al jurado el derecho de exonerar a los Cinco sobre la base del derecho de necesidad. Esa decisión está siendo apelada de forma activa ante la Corte de Apelaciones.

Pero entonces, las cosas se pusieron aún peor. Cuando la Sociedad Cubana de Ciencias Penales quiso presentar un Brief de Amigo de la Corte (Amicus Curiae) para ayudar a la Corte de Apelaciones a revisar la determinación del tribunal, este fue rechazado de plano por la Corte de Apelaciones a pesar de la redacción académica del abogado de la Sociedad, el Profesor Erik Luna, un distinguido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah.

No obstante, el tema del derecho de necesidad ha sido apelado y está ante la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito que decidirá el asunto sin el beneficio del mencionado Amicus.

Matar a los Mensajeros

El 17 de junio de 1998, meses antes del arresto de los Cinco, el gobierno cubano había entregado a los funcionarios de las agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley un memorando donde se resumían las evidencias recopiladas sobre la campaña de asesinatos, atentados con bombas, incendios premeditados y otros ataques contra Cuba desde Miami durante 40 años. En una histórica reunión en La Habana, los cubanos les solicitaron a dichas autoridades norteamericanas que actuaran con esas pruebas para poner fin al ciclo de terror.
Las evidencias entregadas al FBI –documentos, fotografías, datos de inteligencia y otras pruebas– demostraban que varias organizaciones de extrema derecha con sede en Miami estaban desesperadas por las señales que indicaban que estaba debilitándose el embargo de los Estados Unidos contra Cuba, y que Cuba se estaba recuperando del derrumbe del bloque soviético. Esperaban provocar una crisis que se pudiera utilizar para movilizar la hostilidad y provocar un ataque o una invasión por el ejército de los Estados Unidos. Los funcionarios cubanos le pidieron al FBI que pusiera fin a la impunidad de estos terroristas de derecha antes de que se derramara más sangre.
El FBI ya debía haber tenido una gran cantidad de evidencias. Durante los pasados 43 años, se habían iniciado cientos de acciones terroristas contra Cuba y los cubanos, la mayor parte desde Miami. El FBI y la policía local están conscientes de estos incidentes, incluyendo los asesinatos y la colocación de bombas, pero rara vez hacen algún arresto. Un artículo del Miami Times publicado en abril del 2000 bajo el título “The Burden of a Violent History” documenta la “excesiva violencia e intimidación” que “han sido características del exilio durante más de 30 años”, y relacionaba docenas de incidentes.

El FBI le prometió a las autoridades cubanas que actuarían en cuestión de semanas a partir de la información que se les entregó en la reunión de La Habana. No obstante, Luis Posada Carriles no estaba preocupado. En los días 12 y 13 de julio se jactó ante el New York Times de que “el FBI y la CIA no me molestan, y yo soy neutral con ellos. Cada vez que puedo los ayudo.” En vez de ir tras Posada Carriles, Bosch, Basulto, o aquellos que financiaron sus actividades terroristas, el FBI arrestó a la fuente de la información: los cinco cubanos.
El tema de la fiscalía y la prensa durante todo el juicio fue, tal como lo expresó un editorial del Miami Herald, “El terrorismo no vencerá.” De hecho, detener el terrorismo era precisamente el objetivo de los acusados. Como le dijo Gerardo Hernández a la Jueza Lenard en el momento de su sentencia, y citando palabras que había escrito antes de los ataques del 11 de septiembre:
“Cuba tiene derecho a defenderse de los actos terroristas que se organizan en la Florida con total impunidad, a pesar de que han sido repetidamente denunciados por las autoridades cubanas. Este es el mismo derecho que tienen los Estados Unidos de tratar de neutralizar los planes de la organización del terrorista Osama Bin Laden, que ha causado tanto daño a este país y amenaza con continuar haciéndolo. Estoy seguro de que los hijos e hijas de este país que llevan a cabo esta misión son considerados como patriotas, y su objetivo no es el de amenazar la seguridad nacional de ninguno de los países donde se refugian estas personas.”

Un Nuevo Juicio: Necesario para Evitar una Burla a la Justicia

El rápido veredicto no fue resultado de un cuidadoso análisis de los hechos presentados en el juicio y la aplicación desapasionada de la ley. Por el contrario, fue el resultado virtualmente inevitable de la negación para trasladar el juicio a un distrito menos saturado de los prejuicios y pasiones de una comunidad con respecto a temas relativos a Cuba. Fue también el resultado de la decisión de la fiscalía de pretender que en Miami se podía hacer justicia en este caso.
Entonces, un año después de la condena de los acusados, el mismo Fiscal de los Estados Unidos que había sostenido que los cinco acusados de conspirar para espiar a nombre del gobierno cubano podían tener un juicio justo en Miami tuvo un cambio radical de postura. Dio el extraordinario paso de solicitar personalmente un cambio de sede en un caso civil, argumentando que su cliente –el Fiscal General de los Estados Unidos– no podía tener un juicio justo allí. En un caso en que se acusaba al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de discriminación laboral contra los latinos, citó muchos de los mismos factores que habían utilizado los cubanos para demostrar el tipo de prejuicio comunitario que les imposibilitaba tener un juicio justo. En el caso de los cubanos, ignoró totalmente la posibilidad de prejuicio en la comunidad, e insistió en que ellos no eran víctimas de la excesiva publicidad anterior al juicio. Pero cuando se trataba de su propio cliente, se refirió a sucesos tales como el furor por la decisión de devolver a Elián González como evidencia de parcialidad en la comunidad. El furor por el caso de Elián González alcanzó su nivel máximo tan solo seis meses antes del juicio de los Cinco, y dieciocho meses antes de que el Fiscal de Estados Unidos lo citara como prueba de parcialidad en su caso sobre el empleo.
El fiscal no solo se apoyó en los mismos hechos que había rechazado anteriormente como insignificantes, sino también hizo un cambio radical de postura con respecto a la ley. En el caso de los cubanos, arguyó que debido a que Miami era un “área metropolitana extremadamente heterogénea, diversa y políticamente no monolítica,” el caso en que ellos se basaban era completamente irrelevante. En su propio informe lo citó como la ley dominante.
Asumiendo estas dos posiciones absolutamente contradictorias en lo relativo a la posibilidad de tener un juicio justo en Miami en casos que inevitablemente agitarían las pasiones manifestadas con respecto al caso de Elián, el fiscal ignoró la responsabilidad del acusador público como representante de lo que el Tribunal de Apelaciones denominó “un gobierno dedicado a la justeza y la justicia igualitaria para todos,” para salvaguardar los derechos de los acusados. United States v. Wilson, 149 F.3d 1298, 1303 (1998). La adopción de una posición en un momento dado y la posición contraria en otro, en dependencia de cuál posición fuese más ventajosa en el caso particular, ha sido específicamente condenado por ese tribunal, que revisa todas las apelaciones provenientes de Miami, y por tanto de ese mismo Fiscal de los Estados Unidos, como una acción de “burla hacia el sistema de justicia.” (Salomen Smith Barney, v. Harvey, 260 F.3d 1302l, 1304 (2001).
La revelación del cambio radical de postura de la fiscalía dio lugar a que los abogados de Los Cinco presentaran una moción para un nuevo juicio que documentó plenamente la imposibilidad de celebrar un juicio justo en Miami.

La Apelación
En abril/mayo de 2003, los abogados de la defensa presentaron sus alegatos de apelación ante el Onceno Circuito del Tribunal de Apelaciones de Atlanta.

Los argumentos de principio de la defensa son los siguientes:

1. A los acusados se les negó un juicio justo, ya que Miami era una sede en la cual ellos no podían recibir una consideración justa de su caso.
2. La conspiración para cometer espionaje no fue probada, más allá de una duda razonable.
3. La conspiración para cometer asesinato por parte de Gerardo Hernández no fue no solo no probada más allá de una duda razonable (como fue concedido por el gobierno), sino que el cargo no tiene precedente en el derecho norteamericano, ya que el derribo de las avionetas fue un acto de un Estado protegiendo su soberanía, su tierra y su pueblo.
4. Las sentencias fueron excesivas y en violación de las orientaciones apropiadas.
5. Los procedimientos secretos invocados por el gobierno y la conducción del juicio fueron violaciones fundamentales de la Constitución de Estados Unidos.
6. Cualquier acto realizado por los cinco acusados, todos ellos sin uso de armas y relacionados con un supuesto espionaje, estaban justificados por la Doctrina de la Necesidad, y por lo tanto, son excusables en Derecho.

El 29 de septiembre del 2003, el Gobierno de Estados Unidos presentó su respuesta escrita a los documentos de apelación presentados por los Cinco. La defensa presentó su réplica escrita el 17 de noviembre. Con eso concluyeron las presentaciones escritas a la Corte de Apelaciones. La vista oral tuvo lugar el 10 de marzo del 2004 en Miami, Florida, ante tres jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito.
El 9 de agosto de 2005 los tres magistrados a los que la Corte de Apelaciones del 11 Circuito de Atlanta encargó el caso de los Cinco, hicieron pública su decisión determinando unánimemente revocar las condenas y ordenar un nuevo juicio.
La Corte reconoció el derecho de los Cinco a ser juzgados imparcialmente en una atmósfera no hostil y a tener un juicio justo tal como lo contempla la Constitución de Estados unidos y alegó que:
• En este caso la necesidad de un nuevo juicio “se impuso por la perfecta tormenta creada cuando la ola de sentimientos saturados de la comunidad [de Miami] y la amplia publicidad antes y durante el juicio, se combinaron con las referencias inapropiadas de la Fiscalía”.
• “La evidencia sometida [al Tribunal de Miami] respaldando las mociones para cambio de sede [presentadas por la Defensa] fue masiva”.
• “… conformar un jurado [imparcial] en esta comunidad [Miami] era una probabilidad poco razonable debido al prejuicio existente en la misma”… “por lo que un cambio de sede era lo que se requería”.
• “La nueva evidencia sobre la que se sustentó la moción presentada por la Defensa en noviembre del 2002 solicitando un nuevo juicio “fue de tal naturaleza que un nuevo juicio produciría razonablemente un nuevo resultado”.

Los Acusados
Los cinco acusados permanecen en algunas de las peores prisiones de Estados Unidos, la mayoría son mantenidos en prisiones de alta seguridad. Al separar a los Cinco en prisiones de California, Wisconsin, Florida, Texas y Colorado, el gobierno ha impedido a sus abogados tener un fácil acceso a todos ellos. Esto ha tenido un efecto perjudicial en la habilidad de ellos para preparar y presentar los documentos de la apelación.

Del 28 de febrero del 2003 al 31 de marzo del 2003 el Departamento de Justicia decidió poner a los Cinco en régimen de confinamiento solitario alegando razones de “seguridad nacional”. Se les envió nuevamente al “hueco”, impidiéndole contacto alguno con el mundo exterior. Se les suspendió la comunicación con los abogados de la defensa. Se les prohibió recibir cualquier tipo de visitas, incluyendo las consulares; se les prohibió recibir correspondencia, y usar el teléfono incluso para comunicarse por esa vía con sus abogados y familiares. Esta medida fue adoptada por el Gobierno de Estados Unidos en una etapa crucial del proceso legal cuando los contactos con sus clientes resultaban vitales y los abogados defensores concentraban su atención en la elaboración de los alegatos y toda la documentación para la Corte de Apelaciones de Atlanta.

Durante cinco años, las autoridades norteamericanas han negado las visas a las esposas de Gerardo Hernández y René González. En el caso de Adriana Pérez Oconor, ella no ha podido visitar a Gerardo desde su arresto en 1998, y en el caso de Olga Salanueva, no ha podido visitar a René desde el 2000, cuando fue deportada de Estados Unidos, y tampoco su pequeña hija Ivette, quien casi no conoce a su padre ya que la última vez que lo vio en prisión tenía 4 meses de nacida.

Organizaciones tales como Amnistía Internacional han confirmado las constantes y flagrantes violaciones de los derechos humanos y del niño a las cuales estos prisioneros y sus familias han estado sujetos. Amnistía ha escrito también al Fiscal General y al Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Esto no es solamente una violación de los derechos humanos internacionales, sino una violación de la Constitución de Estados Unidos, como fue expresado recientemente por la Corte Suprema de ese país en el caso Overton vs. Bazzetta. Esto es incluso una violación de las regulaciones del Buró Federal de Prisiones (28 CFR Sec.540.40). El continuado aislamiento de Gerardo y René de sus familias está completamente injustificado como cuestión legal y es moralmente intolerable.

La Protesta en Ciernes como Respuesta

La Moción para un Nuevo Juicio fue acogida y apoyada por algunas de las más prestigiosas asociaciones de abogados y expertos en jurados de los Estados Unidos y el extranjero. El “National Jury Project” (Proyecto Nacional de Jurados), constituido por los principales expertos en el sistema de jurados en los Estados Unidos, presentó un informe ante el tribunal para solicitar un nuevo juicio. Asimismo, el “National Lawyers Guild” (Gremio Nacional de Abogados), que representa a casi 5000 juristas en los Estados Unidos, presentó también una demanda formal ante el tribunal, solicitando un nuevo juicio en una sede justa. A dicha demanda se sumó la “International Association of Democratic Lawyers” (Asociación Internacional de Abogados Democráticos), que tiene miembros en 90 países y estado consultivo en las Naciones Unidas.

En abril, 2003 la Sociedad Cubana de Ciencias Penales presenta a través del Profesor Erik Luna, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, Estados Unidos, un Amicus Curiae ante la Corte de Apelaciones de Atlanta. El juez a cargo lo rechazó mediante una escueta orden judicial. Aún así, aquellos que lo han leído lo han descrito como un documento muy bien redactado y con argumentos muy fuertes. Por ejemplo, este Amicus fue citado y descrito de forma positiva en un reciente análisis realizado por el Consejo de Asuntos Hemisféricos.

En junio de ese mismo año, el “National Lawyers Guild” presentó otro Amicus Curiae por un Nuevo Juicio ante la Corte de Apelaciones de Atlanta al que se sumó la “International Association of Democratic Lawyers”y que fue sí aceptado por la Corte del Onceno Circuito

En noviembre de 2003, los delegados a la XIII Conferencia Continental de la Asociación Americana de Abogados, en Argentina, condenaron el injusto proceso legal seguido contra los Cinco Cubanos.

En la audiencia de la Corte de Apelaciones el 10 de marzo en Miami estuvieron presentes: Fabio Marcelli, secretario general de la Asociación Italiana de Abogadas Democráticos; Jeanne Mirer , tesorera de la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (AIDL); Peter Erlender y Ian Thompson del Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild) de Estados Unidos; Eberhard Schultz, del Gremio de Abogados de Alemania; Carlos Zamorano de la Asociación Americana de Juristas; Edith Flamand, abogada de la Red de Abogados Progresistas de Bélgica y el Padre Geoff Bottoms, del Comité de Solidaridad con los Cinco en Gran Bretaña.

El 27 de mayo de 2005 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró arbitraria la detención de Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González e instó al Gobierno de Estados Unidos a adoptar de inmediato las medidas necesarias para solucionar esta situación.

El Grupo adoptó tal decisión como resultado de la solicitud que le hicieran los familiares de los cinco cubanos y después de evaluar los argumentos proporcionados tanto por los familiares como por el Gobierno de los Estados Unidos.

Según consta en la decisión, los argumentos en que se basó el Grupo de Detenciones Arbitrarias para arribar a dicha conclusión se resumen en:

• Que “el juicio no tuvo lugar en un clima de objetividad e imparcialidad tal como es requerido” y que “El Gobierno [de Estados Unidos] no ha negado que el clima de predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentarlos como culpables desde el principio”. “No fue impugnado por el Gobierno [de Estados Unidos] el hecho de que un año más tarde el mismo admitió que Miami no era el lugar adecuado para celebrar un juicio donde estaba probado que era casi imposible seleccionar un jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba”.
• Que “El Gobierno [de Estados Unidos] no ha refutado el hecho de que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia al ser clasificado su caso por el Gobierno como de seguridad nacional”, lo que “socavó el necesario balance entre la fiscalía y la defensa y afectó negativamente su capacidad para presentar evidencia contraria”.
• Que el hecho de haberlos “mantenido en confinamiento solitario durante 17 meses” determinó que “la comunicación con sus abogados, el acceso a la evidencia y, por consiguiente, las posibilidades de contar con una defensa adecuada se vieron debilitadas”.
. Que "estos tres elementos combinados son de tal gravedad que le confieren a la privación de libertad de estos cinco hombres un carácter arbitrario".
Esta declaración confirma los argumentos esenciales de la defensa contenidos en la apelación presentada ante la Corte de XI Circuito de Atlanta en mayo del 2003.
Tanto en los Estados Unidos, como en toda Europa, Asia y América del Sur hay grupos de ciudadanos interesados que están creando redes de apoyo como parte de los esfuerzos para revocar la injusta decisión del caso y devolver a los Cinco a su país y sus familias.