ADMINISTRACION DE JUSTICIA 



LA FUNCION JUDICIAL DEBE SER AUTONOMA 



Simón Zavala Guzmán

Todo intento por tener una administración de justicia proba, eficaz e imparcial, es válido y debe ser apoyado. La corrupción judicial, es en el mundo uno de los problemas de mayor gravedad para los pueblos que buscan un destino. Un país con una administración de justicia corrupta es un país que avanza precipitadamente hacia su autodestrucción.

Y Ecuador no es la excepción. Desde hace muchos años hemos visto con perplejidad los diferentes intentos de apoderamiento de Cortes y Juzgados para subordinarlas a las influencias de ciertos poderes fácticos que exigen que se favorezcan sus intereses como pago de las designaciones.

Con frecuencia leemos y escuchamos en los medios de comunicación colectiva que es absolutamente necesario que la función judicial goce de autonomía e independencia y que ningún otro poder del Estado interfiera en sus decisiones. Y por cierto, que esto es absolutamente necesario.

Pero el problema no se deriva del origen de las designaciones ni de la interferencia de los poderes fácticos ni de la subordinación de la administración de justicia al poder político o a otra de las funciones del Estado.

En otros países los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son designados por los congresistas a propuesta del Presidente de la República y, esos magistrados no pagan con sentencias favorables sus nombramientos. Y los congresos no juzgan las atribuciones jurisdiccionales de los máximos jueces, por lo que, no hay posibilidad de que se efectúen chantajes a jueces por parte de diputados y senadores. Quien lo hace, mediante un sistema de auditoria jurídica permanente a las sentencias expedidas por jueces de los diferentes niveles, es un Organismo denominado Consejo de Estado, totalmente independiente de los poderes del Estado.

Esto, porque en diferentes sistemas de administración de justicia los jueces y fiscales corruptos, para favorecer a quienes de cualquier forma los sobornan, engañan a los que leen sus sentencias y dictámenes, transcribiendo largos párrafos de tratadistas y estudiosos del derecho, sacándolos de contexto, y sin citar en qué país y ciudad se publicó el libro o libros, qué edición es, qué editorial efectúo la publicación, la o las páginas de donde se sacan los párrafos. Es decir, no ofrecen la información debida para efectuar la verificación de las citas.

Y así aparecen como eruditos, cuando en realidad no lo son, pero dan a las sentencias y dictámenes la apariencia de ser el resultado de un profundo estudio para deliberadamente favorecer a la parte procesal que les sobornó. De esta manera cumplen su objetivo corrupto. El problema está en la probidad de los jueces, no en la designación.

Ninguna administración de justicia se puede considerar buena si los jueces no son probos. Una administración de justicia puede recibir los recursos económicos para mejorarse en todos los sentidos, pero no servirá si los jueces no son probos.

Podrá ser modernizada, podrá contar con todos los adelantos técnicos, podrá tener un gran soporte con las reformas legales necesarias, podrán aumentarse las judicaturas y el número de jueces, pero no servirá si los jueces no son probos. No servirá de nada el que los jueces sean experimentados, sean sabios, sean puntuales en su trabajo, si no son probos.

Por ello, el mayor reto de una reforma estructural de la administración de justicia en cualquier país, es que los jueces sean probos. De allí que se hace imprescindible el que, previamente a la designación de jueces de cualquier nivel, venga ésta designación de donde venga, se realice una investigación exhaustiva acerca de su vida y la de sus familiares, en cuanto a conducta personal y a bienes y su adquisición.

Para ser juez, se debe tener una vida pública y privada intachable. Y sus bienes y los de sus familiares, deben haber sido conseguidos honestamente. Esto garantizará el hecho de que probablemente esa persona pueda ser un juez probo e imparcial. Si tiene esas características, es muy posible que sea un juez correcto. Y a eso debe apuntar una reestructuración judicial de fondo.

La investigación y su comprobación deben ser anteriores al nombramiento y deben ser concordantes con la declaración juramentada que el funcionario debe presentar tanto al inicio como cada año durante el tiempo de ejercicio de funciones. Entonces, estaremos frente a una nueva y solvente administración de justicia y los ciudadanos estaremos tranquilos porque en forma efectiva sentiremos que el principio constitucional de seguridad jurídica se cumple.