ASAMBLEA CONSTITUYENTE O CONSULTA POPULAR PARA “DESCORREIZAR” AL ECUADOR 



¿CONSULTA PARA RESCATAR LA DEMOCRACIA? 



Rodrigo Santillán Peralbo
Para algunos sectores políticos, la convocatoria a una asamblea constituyente es ineludible e indispensable si se quiere plantear profundas reformas a la Constitución, para “restablecer la democracia”, rescatar la plena vigencia de los derechos humanos y libertades públicas que han sido retaceados en los últimos diez años, en connivencia con el interés político de Alianza PAIS y su caudillo Rafael Correa Delgado.

Después de la “década ganada” para los correistas, perdida o robada para opositores o “para rescatar la democracia” según opiniones de las derechas y sectores dominantes se requiere de una nueva Asamblea Constituyente que sea capaz de liquidar el hiperpresidencialismo procreador del autoritarismo que permite el uso y abuso del poder, en desmedro de la independencia de las demás funciones del Estado.

Ante las amenazas de muerte cruzada esgrimidas por el Ex presidente Correa y algunos de sus equivocados asambleístas que no leyeron el art.148 de la Constitución de Montecristi, interesados también en provocar el resurgimiento de pugnas de poder o estados de ingobernabilidad que pueden provenir de resoluciones de la Asamblea Nacional con mayoría de AP; si el Presidente decidiese, podría aplicar el art. 444 de la Constitución que dispone que “la asamblea constituyente sólo podrá ser convocada por la Presidenta o Presidente de la República a través de consulta popular…” sin necesidad de recurrir a dictamen de la Corte Constitucional.

La asamblea constituyente que no debe extenderse más allá de los 90 días en sus labores y podría cesar en sus funciones a la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fiscalía General, Contralor, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, asambleístas y a los personeros de todos los organismos nombrados en cuestionados concursos, a más de reformar o derogar leyes conflictivas como la de Comunicación Social por ejemplo.

Podría derogar la totalidad de las enmiendas constitucionales y prohibir de manera terminante la reelección indefinida de Presidente y Vicepresidente de la República, de asambleístas, alcaldes y prefectos, concejales, consejeros, juntas parroquiales y, en general de las entidades y organismos de elección popular. Sin reelección se podría poner fin a caudillismos y cacicazgos obsoletos y dañinos.

El ex presidente de la República controlaba todos los organismos y funciones del Estado. La Corte Constitucional no es la excepción, por tanto, en el ejercicio del control de constitucionalidad falló a favor de los intereses del bloque en el poder y aprobó la reelección indefinida a más de otras 15 “enmiendas” a la famosa Constitución de Montecristi, convertida en texto inútil cuando interfiere con los intereses y objetivos del Gobierno.

Los fallos, resoluciones y dictámenes de la Corte Constitucional son inapelables. La consulta popular tendría que recorrer un largo y escabroso camino porque es la misma Corte la que ordena que primero se recolecten firmas, para luego dictaminar la validez de la pregunta que puede ser anulada políticamente.

En los últimos diez años se ha producido una avalancha de “enmiendas” constitucionales parta satisfacer los apetitos del gobernante y sus adláteres, aprobadas simplemente, por la aplastante mayoría de asambleístas de AP y no como debía ser lo lógico, adecuado y “democrático” que esas “enmiendas” sean sancionadas por el pueblo a través de un plebiscito o referéndum.

Se debe recordar que, a nombre de la revolución ciudadana, se concretaron involuciones en la práctica de derechos humanos, libertades fundamentales, y en la pérdida de autonomía e independencia de las funciones esenciales que caracterizan a un Estado de Derecho y debería ser la Asamblea Constituyente la que devuelva al pueblo todo lo que le fue arrebatado por una falsa revolución que tanto se proclamaba y que sólo existió en la mente febril del correismo.

El historiador, dirigente socialista y Ex rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Enrique Ayala Mora, en Opción Socialista expresaba: En los últimos años se ha hablado mucho de la Constitución, de los derechos y garantías que consagra. Pero se ha implantado desde el poder un sistema político autoritario, excluyente y arbitrario que destruye la organización social. Y para ello ha usado, una y otra vez, disposiciones de la Constitución que limitan la participación y el funcionamiento democrático de las instituciones.

El gobierno correísta ha violado la Constitución. Es cierto. Pero también es cierto que sus acciones se han basado en la Constitución, que en varios aspectos estructurales niegan la participación popular, deforman la acción legislativa y pretenden estatizar a la sociedad civil.

Por ello, aunque sea difícil aceptarlo de entrada, el país no tiene más remedio que hacer un “borra y va de nuevo”, no para desmantelar los avances logrados por la Constitución vigente, sino para aprender de las experiencias y para realizar, en una Asamblea Constituyente, un cambio constitucional, no con dedicatoria al déspota de turno, sino para construir en el futuro un país de justicia social y democracia radical.

LA CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI

La Constitución aprobada en Montecristi contiene importantes avances. robusteció el papel del Estado, sobre todo en la economía y amplió el ámbito de lo público, rescatando la planificación. Esto era necesario frente al predominio neoliberal que había desmantelado instituciones estatales de importancia. La Constitución extendió las garantías y derechos ciudadanos ya consagrados en 1998 creando instituciones de protección. Mantuvo las diversidades y los derechos colectivos indígenas y afroecuatorianos.

Pero la Constitución terminó siendo un texto enorme, farragoso y contradictorio; con artículos declarativos, definiciones inapropiadas, errores y ambigüedades, añade Ayala y agrega que lo más negativo de la Constitución es que establece un presidencialismo exacerbado. Concentra todo el poder real en el ejecutivo, que es el verdadero legislador, el real nominador de las funciones de “participación ciudadana” y electoral y supervisor de la función judicial.

La concentración del poder, en nombre de la “gobernabilidad”, fue tesis de la derecha autoritaria. Lo paradójico es que lo que ella no pudo, lo hicieron los correístas a nombre de la “revolución”.

La aplicación de la Constitución en estos diez años ha sido un desastre peor del previsto.

Más allá de las declaraciones contenidas en su parte dogmática, en su parte orgánica se limitaron o anularon derechos fundamentales. El nuevo poder de “participación ciudadana” no representa a nadie y ha hecho nominaciones que son, en la práctica, un mecanismo para eliminar la representación política y designar para las más altas funciones a personas adeptas al gobierno. También se han eliminado los procedimientos del debate legislativo, con el “voto en bloque”.

Y lo que es más grave, aplicando principios constitucionales, se ha negado la autonomía de la organización popular y se ha arremetido contra ella. El “presidencialismo” de la Constitución es un claro retroceso que a estas alturas ya nadie puede justificar.

Pero, de acuerdo con la propia Constitución, cambios fundamentales solo pueden hacerse por una Asamblea Constituyente, establecida en su Art. 444.

SI LA CONSTITUCIÓN NO FUNCIONA…

El correísmo ha violado los derechos y garantías establecidos en la Constitución.

El desprestigio del sistema político, manejado por los partidos de estado, que se alternaron en el poder y manipularon el sistema electoral, provocó una reacción y la búsqueda de una alternativa frente a la “partidocracia”. Los constituyentes de Montecristi creyeron que con la designación de los organismos por concurso se tendría autoridades independientes. No se juzga aquí la intención de los constituyentes.

Con un jefe de Estado que manda en todo y resuelve todo, que usa al Congreso como su traspatio y a los jueces como ejecutores de sus retaliaciones, el control desaparece, no hay fiscalización.

Y donde no se puede frenar el mal uso de los fondos públicos, la corrupción invade todo.

UN GRAN ACUERDO NACIONAL

Reformar la Constitución por la Asamblea Nacional es inviable. Con esto, solo queda un camino: una Asamblea Constituyente que pueda realizar una reforma a fondo de la Constitución. Al hacerlo, desde luego, asumimos que un texto constitucional futuro deberá mantener todas las conquistas jurídicas que ha logrado el pueblo ecuatoriano, que debe estar dispuesto a defenderlas en caso de que estuvieran en peligro.

Se debe forjar la unidad de la izquierda a fin de fortalecerla junto al sindicalismo y movimientos sociales que no desean la reelección indefinida. Es indispensable convocar a una Asamblea Constituyente que evite mayores conflictos en el futuro.

CONSULTA POPULAR

La convocatoria a Asamblea Constituyente sólo es factible si en la misma consulta se incluye una pregunta que podría formularse para que el pueblo decida si quiere o no una constituyente. Por ahora, el gobierno del presidente Lenin Moreno, apoyado por distintos movimientos sociales y partidos políticos de izquierdas y derechas, incluido un sector de Alianza Pais, ha decido convocar a una consulta popular para “restablecer la institucionalidad o restaurar la democracia” desmantelada durante diez años de correismo autoritario.
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana para que el pueblo se pronuncie sobre determinados aspectos de interés nacional, regional o provincial o de interés del bloque en el poder para superar obstáculos políticos, sociales o económicos. Algunos politólogos afirman que la consulta al pueblo es un modo de ejercer la democracia directa.
Sin duda, la consulta popular será eminentemente de carácter político porque al presidente Moreno le interesa legitimar su actuación como gobernante y, fundamentalmente, para dirimir la disputa que mantiene con el ex presidente Correa, para lo cual es de suma importancia aparecer ante el pueblo como un reformador político que supere el autoritarismo caudillista que tuvo y tiene el firme deseo de perennizarse en el poder para beneficio propio y de su grupo.

Cierto que se debe superar la “década ganada” que soportó el Ecuador, pero no es menos cierto que la consulta popular podría definir si se convoca o no a una Asamblea Constituyente que debería estructurarse sin la reelección de asambleístas, definir los escaños sin el método D`Hont y determinar el tiempo de duración de esa Constituyente. Si se aplica el art.444 de la actual Constitución, el Presidente de la República tiene potestad para definir la forma de elección de constituyentes ya que determina: “La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral”

El presidente Moreno se inclina por la consulta que le puede dar menos dolores de cabeza que una constituyente, por tal razón propone cuatro ejes que le faciliten emprender en una reforma política con la premisa: “El mayor respeto a la democracia, el mejor tributo a la voluntad popular es la posibilidad de acudir tantas y cuantas veces sean necesarias a que el pueblo se pronuncie sobre su futuro y sobre sus instituciones”.
Entonces anunció que es preciso mejorar el sistema político para tener más democracia; profundizar la participación ciudadana; lograr absoluta transparencia en la elección de autoridades de control, y fortalecer el equilibro en las funciones del Estado.
Estos 4 ejes, de algún a manera coinciden con las propuestas de varias organizaciones sociales y políticas, entre ellas, Cauce Democrático, Comisión Nacional Anticorrupción, Mesa de Convergencia, Corporación Participación Ciudadana.
Excepto los radicales y fanáticos correistas, las derechas e izquierdas, los trabajadores organizados en el FUT y los movimientos sociales de hombres y mujeres, indígenas, de intelectuales y organizaciones profesionales y gremiales como la Unión Nacional de Periodistas, algunos Colegios de Periodistas y la FENAPE no correista, coinciden en la necesidad de apoyar la Consulta Popular, para que, entre otros asuntos de interés nacional, se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), se cambie el modelo para la designación de autoridades de control como la Fiscalía, Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, Contencioso Electoral y Corte Constitucional.. También se pretende eliminar la figura de reelección indefinida, que fue incluida en la Constitución con las enmiendas del 2015 y en general todas las enmiendas constitucionales forjadas por el correismo, con la intencionalidad de mejorar el sistema democrático a partir de la independencia entre las Funciones del Estado.
Las enmiendas de diciembre del 2015 fueron aprobadas por el grupo de asambleístas de Alianza Pais que eran mayoría absoluta en ese período. Un sector de la actual Asamblea Nacional que pertenece a AP sostiene que no apoyaran la Consulta si se disminuyen derechos y entre ellos el derecho a la reelección indefinida. Que sofisma más monstruoso, como si cien asambleístas de AP fueran más que todo un pueblo definiendo si quiere o no reelección indefinida.
PROPUESTAS DE LA COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Entre distintos colectivos, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) anunció que enviará estas cuatro preguntas a Carondelet :
1.- ¿Usted está de acuerdo que los casos de corrupción del pasado, de ahora y los que puedan venir, además de recuperar lo robado, se repare integralmente los daños causados a los ciudadanos, a la naturaleza y al Estado; y, se sancione a los responsables con la muerte civil permanente y la extinción del dominio de los bienes producto de la corrupción?
2.- ¿Usted está de acuerdo que las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional, publicadas en el Registro Oficial No. 653 y vigentes desde el 3 de diciembre del 2015, queden sin efecto y se mantenga el texto constitucional original?
3.- ¿Usted está de acuerdo que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesen en sus funciones y queden sin efecto todas las designaciones realizadas por este Consejo y posesionadas por la Asamblea Nacional?
4.- ¿Usted está de acuerdo que una comisión ciudadana de representación plural y de alta probidad moral, designada por el Presidente de la República, prepare el régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones cuyos miembros cesan en funciones con esta Consulta Popular?
El Diario La Hora de Quito, en referencia a la Consulta Popular planteada sostiene:
1 ENMIENDAS
Al parecer, todos quienes apoyan la propuesta de consulta popular, desean una pregunta con la cual se pueda prohibir la reelección indefinida. Incluso, hay personas y organizaciones, por ejemplo, la misma CNA, que plantean la eliminación de todas esas enmiendas. En ese sentido, se advierten dos posibles preguntas:
¿Está usted de acuerdo con modificar la Constitución de la República para prohibir la reelección indefinida y que las autoridades de elección popular puedan reelegirse una sola ocasión como originalmente constaba en el texto constitucional previo a las enmiendas del 3 de diciembre de 2015?
¿Está usted de acuerdo con que las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional, publicadas en el Registro Oficial No. 653 y vigentes desde el 3 de diciembre del 2015, queden sin efecto y se mantenga el texto constitucional original?
2 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) podría decidirse en una consulta popular. La definición de la pregunta depende del análisis jurídico porque hay quienes sostienen que sólo por medio de Asamblea Constituyente se podría eliminar el CPCCS, en cuyo caso se plantea al menos cesar a sus autoridades.
¿Está usted de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del ordenamiento jurídico ecuatoriano y que se busque un nuevo mecanismo para la elección de autoridades de control?
¿Está usted de acuerdo con que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesen en sus funciones y queden sin efecto todas las designaciones realizadas por el mismo?
3 CORRUPCIÓN
Ante los escandalosos casos de corrupción que se han suscitado, como han sido los de Odebrecht y Petroecuador, hay quienes exigen que una pregunta de la consulta popular pueda coadyuvar a la lucha contra la corrupción. En ese sentido, se plantea la muerte civil, que impediría que esas personas, judicialmente declaradas culpables de actos de corrupción, no puedan volver al servicio público, y la extinción del dominio de sus bienes, que es un intento por recuperar los bienes que se obtuvieron en perjuicio del Estado.
¿Está usted de acuerdo con que, con el fin de recuperar lo robado en casos de corrupción, se sancione a los responsables con la muerte civil permanente y la extinción del dominio de los bienes producto de la corrupción?
4 VARIOS
Existe una gran cantidad de temas que se podrían plantear en una consulta e impulsar desde los sectores más vinculados a los mismos. Son algunos de los temas que han resultado polémicos durante la última década y que inquietan a distintos grupos de la sociedad civil.
¿Está usted de acuerdo con que se detenga toda actividad de explotación petrolera en el territorio del Parque Nacional Yasuní?
¿Está usted de acuerdo con la derogación de la Ley Orgánica de Comunicación?
¿Está usted de acuerdo con eliminar del texto constitucional el concepto con el que se entiende que la comunicación es un servicio público en lugar de derecho humano?
Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores -FUT- junto a decenas de movimientos sociales, organizaciones populares y estudiantiles que participaron en la multitudinaria marcha del pasado 20 de septiembre, presentaron en el Palacio de Carondelet, ante los delegados del Presidente de la República, las siguientes preguntas:
¿Usted está de acuerdo que, en los casos de corrupción del pasado, de ahora y los que puedan venir, además de recuperar lo robado, se repare integralmente los daños causados a los ciudadanos, a la naturaleza y al Estado; y, se sancione a los responsables con la muerte civil permanente y la extinción del dominio de los bienes producto de la corrupción?
¿Usted está de acuerdo qué las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional, publicadas en el Registro Oficial No. 653 y vigentes desde el 3 de diciembre del 2015, queden sin efecto y se mantenga el texto constitucional original?
¿Usted está de acuerdo qué las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesen en sus funciones y queden sin efecto todas las designaciones realizadas por este Consejo y posesionadas por la Asamblea Nacional?
¿Usted está de acuerdo qué una comisión ciudadana de representación plural y de alta probidad moral, designada por el Presidente de la República, prepare el régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones cuyos miembros cesan en funciones con esta consulta popular?
La esencia de las preguntas coincide entre varias organizaciones y sectores políticos. El Presidente de la República, Lenin Moreno presentará las preguntas para la consulta el próximo 2 de octubre.