LA CORRUPCIÓN ES UN MONSTRUO QUE DEVORA LA DIGNIDAD Y LOS RECURSOS DEL PUEBLO 



LOS CORRUPTOS ROBAN AL PUEBLO CON PREMEDITACIÓN Y ALEVOSÍA 



Rodrigo Santillán Peralbo
La corrupción es un grave delito y corruptos y corruptores son los peores delincuentes porque roban con premeditación y alevosía los recursos de todo un pueblo, al mismo tiempo que le ofenden y lastiman su dignidad al convertirlo en víctima, y considerarlo un solemne pendejo -de maldita inocencia- del cual se puede burlar y engañar a perpetuidad.
La vileza más grande del corrupto es convertir a una parte significativa de la sociedad en su cómplice que todo consciente y hasta le defiende públicamente, inclusive a través de las redes sociales. El colmo de la complicidad involuntaria o consciente es justificar el latrocinio cuando la gente repite: “Qué robe no más, con tal que haga obra”. ¿Inocencia, impotencia o estupidez colectiva?
La corrupción se ha convertido en una pandemia que afecta a la población mundial porque los delincuentes están en todas partes, en todos los gobiernos cualesquiera sean sus ideologías, en todos los estamentos de los Estados grandes o pequeños, desarrollados o en desarrollo. Como pandemia, la corrupción infecta y se expande con asombrosa rapidez para destruir cuanto toca: moral-ética, sueños, esperanzas de cambios y transformaciones, el producto del trabajo y de la explotación de los recursos naturales que dejó de ser parte del beneficio para todos, porque sólo uno o varios en perfecta conspiración, roban la substancia y la esencia del compartir con la comunidad que tiene legítimo derecho a edificar el desarrollo con ilusiones de justicia social, equidad, libertades y derechos.
La corrupción es un atraco sistemático, monstruoso que se mete en el bolsillo del pueblo y que viola los derechos humanos por su efecto destructor que “entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen”, como diría el español Javier García Espinar.
Los corruptos ecuatorianos son el policía que recibe sobornos para no imponer una multa, el portero que deja pasar a la persona a un sitio restringido, el empleado que pide dinero para mover un papel de un escritorio a otro, el director de un departamento que cobra para cumplir con su deber, el burócrata que recibe coimas o sobornos para conceder contratos, es decir para que alguna empresa gane una licitación, el ministro que ordena la contratación de una obra o de algo, previo pago efectuado por el favorecido, el fiscal y el juez sobornables, el Vicepresidente que regresa a ver a otro lado cuando sus subordinados realizan negocios o negociados ya sea por ineficiente, cómplice, autor material o coautor del atraco o el Presidente o Jefe de Gobierno de un Estado que confundió su objetivo de servir al pueblo, parda servirse de él y llenar sus bolsillos, faltriqueras o cuentas corrientes en bancos nacionales y preferiblemente extranjeros, y corrupta es la persona que presta su nombre al corrupto, en calidad de testaferro. Para mayor tragedia de un país, la lista de los corruptos y corruptores se extiende por los cuatro puntos cardinales si una sociedad carece de ética, educación o apenas sobrevive en un mar de necesidades insatisfechas, precisamente por obra de los políticos corruptos, de empresarios corruptos, de burócratas corruptos. Qué triste que sea sólo el pueblo el que sufra los efectos de todo tipo de corruptelas, pero más triste es que los pueblos permitan, impávidos, el reino de la corrupción y que por esa actitud sea el que sobre sus espaldas lleve el coste social, económico, político y cultural de esos delitos que deberían ser imperdonables.
Debe haber personas honradas, jueces y fiscales honestos, gobiernos limpios. En el caso ecuatoriano, el Ec. Rafael Correa Delgado que gobernó diez años al país, cuando era Presidente de la República proclamaba que era “una década ganada”. Tenía absoluta razón, porque ha sido una década ganada por la corrupción, pues ha sido Jefe de un Gobierno que resultó ser el más corrupto de la historia por lo que, parafraseando a Manuel González Prada cuando se refería al Perú, podría afirmarse que el Ecuador es un país, enfermo, dónde se pone el dedo salta el pus.
Millones de dólares se han robado los corruptos a algunos de los cuales alababa y homenajeaba el Ec. Correa. Llegó a decir que el cobro a Odebrecht de un millón de dólares por parte de su ex ministro de Electricidad era “un asunto entre particulares” o que las coimas o sobornos no afectaban al pueblo porque era plata de los empresarios. “Una década ganada” resultó ser una década robada.
Tanta corrupción espanta, deprime y entre náuseas los pueblos llegan a estados de quietud o indignación, el primero porque no entienden lo que pasa y el segundo porque aprende a desconfiar de todos y de todo. A veces parece que todo está podrido cuando inclusive ubican al Ecu ador, según los índices Transparencia Internacional, en el tercer lugar de los países más corruptos de América Latina.
García Espinar decía: “La corrupción -esto es, el abuso de autoridad a cambio de una ventaja- así como las infracciones relativas a la corrupción causan un grave daño. La corrupción lleva a un daño económico sustancial, atenta contra la integridad y el funcionamiento eficiente de la administración pública, frustra la confianza pública en los órganos del Estado, deteriora el Estado de derecho y la democracia, tuerce la leal competencia económica e impide el desarrollo económico. La corrupción puede ser un medio utilizado por el crimen organizado para ejercer influencia y penetrar en las estructuras económicas, administrativas y políticas. La corrupción es especialmente peligrosa cuando se lleva a cabo de manera sistemática o transnacional. Es por ello necesario combatir con medidas eficaces la corrupción en las relaciones económicas internacionales”.
Felizmente no todo está perdido en el Ecuador porque los honestos, honrados que conforman el Colectivo del Frente Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas y de Organizaciones Sociales –que agrupa al FUT, a la Conanie, a la Une, a los trabajadores autónomos, entre otros- en su encuentro del 30 de mayo del 2015 realizado en la ciudad de Riobamba se planteó como una de sus luchas el llevar a cabo una cruzada nacional contra la corrupción. Para tal efecto instituyó la Comisión anticorrupción constituida por Julio Cesar Trujillo, Jorge Rodriguez, Isabel Robalino, Ramiro Román, María Arboleda, David Rosero, Bayron Celi, Fernando Vega, Simón Espinosa y Germán Rodas, quienes, en representación de la sociedad, y amparados en la Constitución de la República, asumieron una frontal responsabilidad: Luchar contra la corrupción y así lo han hecho desde la presentación de la primera denuncia: la hidroeléctrica de Manduriacu construida con sobreprecios en medio de graves irregularidades. Naturalmente que los supuestos corruptos nombrados en la denuncia, de manera inmediata iniciaron un juicio penal en contra de los miembros de la Comisión Anticorrupción.
El diario Universo de Guayaquil informaba que el economista Jorge Rodríguez fue escogido como vocero del colectivo; explicó que buscan estructurar cuatro ejes de acción.
El primero es generar un sistema de contraloría social, por ello mantienen reuniones con diversos colegios profesionales a fin de encontrar a los profesionales idóneos que puedan realizar fiscalizaciones de la obra pública, y valorar su eficiencia.
Como segundo eje se intenta estructurar una normativa de transparencia que pueda ser acogida y usada por el sector público a fin de evitar actos de corrupción.
El tercer eje es establecer procesos de investigación sobre la corrupción en el uso de los recursos. La comisión busca discernir las reales dimensiones del gasto, su eficiencia, mal uso y generar informes que puedan ser judicializados de ser el caso.
El último eje es generar un foro de discusión abierto sobre los temas de interés nacional y que afectan al desarrollo del país”.
La Comisión Nacional Anticorrupción ante tantos juicios que soporta con exigencias de millonarias indemnizaciones exigidas por los denunciados y por el descomunal trabajo que se ha propuesto merece el respaldo de todos los sectores de la población nacional que se identifiquen con la honestidad y rechacen la corrupción en todas sus formas. Además, porque “la contención de la corrupción requiere medidas múltiples. En primer lugar, son precisas medidas efectivas de prevención de la corrupción. Además, se necesitan leyes penales eficaces contra la corrupción para poner de manifiesto el carácter reprensible de la corrupción y para intimidar a los potenciales delincuentes”.
Se debe comprender que “combatir la corrupción es difícil porque las infracciones de corrupción son frecuentemente cometidas en secreto, sin víctimas individuales que puedan quejarse. Además, la corrupción sobrepasa a menudos las fronteras nacionales. El éxito en la lucha contra la corrupción exige por ello esfuerzos conjuntos por parte de toda la comunidad nacional e internacional”
Entre las medidas indispensables para combatir la corrupción se requiere con urgencia el dictado de severas leyes penales que contengan la muerte civil del sentenciado por casos de corrupción, esto es que nunca vuelva a ejercer una función pública en ningún nivel o estamento del Estado. Esa ley penal debería castigar a los corruptos con la incautación de todos los bienes muebles e inmuebles, las cuentas bancarias en el país y en el extranjero y perseguir a los testaferros y castigarlos con grandes penas de prisión iguales a las que deben ser condenados los corruptos principales así roben un dólar, decenas, cientos o millones de dólares. Para los corruptos no debe haber compasión o débiles condenas porque no es recomendable que sufran cárcel por unos pocos años y luego vayan a gozar de las fortunas mal habidas.
Los corruptos deben ser llevados ante la justicia luego de que sea purificada y vayan a la cárcel los fiscales y jueces corruptos. Ninguna sociedad, bajo ninguna circunstancia merece jueces y fiscales corruptos porque muy poco o nada harán para investigar, perseguir y enjuiciar a los corrutos que cometen monstruos delitos derivados de la corrupción como:
Prevaricato que cometen fiscales, jueces o funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, dictan una sentencia o resolución arbitraria para proteger a los corruptos o en cualquier asunto administrativo.
Debe castigarse “la infidelidad en la custodia de documentos. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo.
Violación de secretos. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados.
Cohecho. He aquí la conducta típica más famosa, entendida popularmente como sinónimo de corrupción, consistente en la recepción o solicitud, por parte de autoridad o funcionario público -y en provecho propio o de un tercero, por sí o por persona interpuesta-, de una dádiva, favor o retribución de cualquier clase. También cuando acepta ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar.
Tráfico de influencias. El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.
Malversación. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito sobre el patrimonio público.
Fraudes y exacciones ilegales. La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
Otro tipo simular, dentro del mismo delito, es aquel en que incurre la autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada.
Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones.
Otros delitos “de corrupción”, o vinculados con la misma son:
Alteración de precios en concursos y subastas públicas. Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación.
La concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza.
El cohecho o también conocido como soborno, en el ámbito del derecho, es un delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante la solicitud de una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita1 o legitimación de capitales, es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.
Enriquecimiento ilícito es un concepto legal referente a situaciones en las cuales una persona se enriquece a expensas de otras en situaciones en las cuales la ley considera injustas. El concepto de enriquecimiento injusto se remonta al derecho romano y la máxima de que "nadie puede enriquecerse a expensas de otros"” Estos conceptos y definiciones provienen de las nociones del derecho español.
A su vez, la Constitución de la República del Ecuador prescribe en su artículo 233 que el delito de peculado, conjuntamente con otros tres de los delitos conocidos como de corrupción, como son: el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles y los juicios se realizarán incluso en ausencia de los procesados. Este mandato constitucional refleja el interés que la sociedad ecuatoriana le ha dado a este delito, pues es la corrupción un mal endémico que afecta a la sociedad y particularmente a la Administración Pública.
En el Ecuador, como lo aborda el autor nacional Luis Cueva Carrión, el peculado está ubicado y existe como ser jurídico penal en el Libro Segundo, Título III, que trata de los Delitos Contra la Administración Pública, y dentro del capítulo V, de la violación de los deberes contra funcionarios públicos, por lo que de esta codificación se infiere que el peculado no es un delito contra la propiedad sino contra la administración pública.
Lo esencial en el delito de peculado no radica en la sustracción, distracción, malversación o cambio de vínculo de los bienes públicos, sino ante todo y sobre todo, en faltar a la fidelidad que todo servidor público tiene para con los bienes que están a su cargo y responsabilidad. Quien maneja fondos o bienes públicos tiene el deber ineludible de cuidarlos, protegerlos, darles el uso normal para el que están destinados y administrarlos con esmero, cuidado y responsabilidad; por lo tanto, si actúa en sentido contrario, debe responder administrativa, civil o penalmente”
La noción de coima, en los países latinoamericanos, se emplea como sinónimo de soborno: la dádiva que se otorga con el objetivo de obtener un favor de un funcionario o de una autoridad. Una coima, por lo tanto, es una suma de dinero o algún objeto de valor que se entrega de modo ilegal para acceder a algún tipo de beneficio.
La coima constituye un delito conocido como cohecho. En este tipo de casos hay dos partes que están en falta: la persona que entrega la coima para sobornar y aquella que la acepta para hacer o dejar de hacer algo que le corresponde por su cargo.
CARTA DE GUAYAQUIL DE LA COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Los trabajadores, campesinos, maestros, universitarios, estudiantes, periodistas, profesionales, mujeres, empresarios, movimientos y organizaciones sociales, reunidos el 8 de agosto del 2017 en la ciudad de Guayaquil, para expresar su irrestricto apoyo a la Comisión Nacional Anticorrupción, ponen a consideración de la ciudadanía y las autoridades del país la "Carta de Guayaquil":

Ante el deterioro ético operado desde el poder, vinculado con el debilitamiento de la institucionalidad democrática, ciudadanas y ciudadanos del Ecuador, hemos reflexionado sobre la ineludible obligación de asumir el reto de combatir la corrupción y la impunidad y lo asumimos.

Tenemos claro que la corrupción, en sus diversas formas de delincuencia – peculado, extorsión, soborno, concusión, fraude, nepotismo, tráfico de influencias, lavado de dinero, cohecho y otras- se ha estructurado bajo coautorías o encubrimientos de gobernantes y sus entornos, no se limita a casos aislados, sino que ha operado como sistema.

El endeudamiento irresponsable y el saqueo de los recursos y activos nacionales se vinculan con la corrupción, llevando a la quiebra a la economía, a más endeudamiento y a la sistemática violación de los derechos humanos y represión – usando a la fiscalía y a la función judicial- contra los que han discrepado y la han denunciado.

Erradicar la corrupción e impedir la impunidad – para lo que se requiere justicia y sanción oportuna- no será fácil, es imperativo, y no vamos a renunciar para lograrlo.

Para el efecto, demandamos:

Independencia de las funciones del Estado y de los órganos de control, en su integración y en el ejercicio de sus funciones.

Transparencia en todos los procesos de contratación – endeudamiento, obras públicas, servicios, delegación y otros-, así como de la inversión pública, desde lo pre-contractual hasta su ejecución y cierre, con el derecho ciudadano al ejercicio de la contraloría social con acceso a toda información que se requiera.

Auditorías que incluya veedurías, cuyo trabajo, conclusiones y recomendaciones deben ser de conocimiento público.

Y se deberá:

Garantizar y apoyar el control y la capacidad de denuncia por parte de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

Apoyar al periodismo investigativo y defender la libertad de expresión.

Establecer mecanismos eficaces de prevención y control de la corrupción, y solicitar apoyo y asesoría de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Fortalecer la educación ciudadana de manera que asumamos la obligación de participar en la vida colectiva y exigir a nuestros representantes honestidad y transparencia.

En la coyuntura, hay dos temas de atención inmediata:
El desafuero de Jorge Glas, contra quien hay acusaciones no desvirtuadas, su procesamiento y separación del cargo de Vicepresidente de la República. No puede ser sucesor en espera de la Presidencia, quien acumula las sospechas que sobre él existen.

Exigimos asimismo, a la Fiscalía General del Estado y otras instancias del sistema judicial una intervención eficaz para sancionar a quien corresponda, sin tener en cuenta las vinculaciones de los imputados con el poder.

La auditoría de la deuda pública, en lo cualitativo y cuantitativo. No se trata sólo del monto, sino también del para qué de la deuda y las condiciones en que se contrató y su encubrimiento y no registro.

Una lección de los últimos años es que la ciudadanía no debe desvincularse de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso, convocamos a todos los ecuatorianos a juntarnos e integrar una sociedad civil activa y organizada.

La gravedad de la situación evidencia la urgente necesidad de rescatar la institucionalidad democrática como tarea inaplazable,

PROPONEMOS UNA INMEDIATA CONSULTA POPULAR QUE PERMITA UNA NUEVA ESTRUCTURA DEL PODER Y FIJE LAS LINEAS MAESTRAS DE SU EJERCICIO.

LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD EN EL ECUADOR DEBEN TERMINARSE YA.

Guayaquil, 8 de agosto del 2017
CNA ANUNCIÓ JUICIO A CORREA ANTE CORTE DE LA HAYA

Opción Socialista informó que entre los días 8 y 9 de agosto, en la ciudad de Guayaquil, se efectuó un encuentro de masas denominado “Juntos contra la Corrupción”. El evento en referencia fue una iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción, a la que se adhirieron diferentes sectores sociales, gremiales, populares, institucionales y personalidades de diversa procedencia política, quienes el 9 de agosto, en un acto de masas –realizado en el Centro Baquerizo Moreno en cuyo lugar se suscribió la Carta de Guayaquil, como instrumento de unidad contra la corruptela y de impulso a la tarea moralizadora de la Patria- coincidieron en la necesidad de respaldar las tareas de la CNA y de demandar la salida inmediata de su cargo al actual Vicepresidente de la República Jorge Glas.

Previamente, el día 8, la CNA conformo –luego de una amplia consulta a los mandantes de la CNA– la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayaquil, la misma que quedó integrada con las siguientes personas: Marta Roldós, Camilo Morán, Silvia Buendía, Jorge Ortega, Ricardo Ramírez, César Cárdenas, Zobeida Aragundi, Alberto Molina y Virna Cedeño, quienes asumieron el compromiso de perseguir la corruptela en el ánimo de enderezar la conciencia de la Patria y sancionar a quienes han festinado los recursos del pueblo.

En este contexto fue el momento para que la CNA anunciara sus tareas inmediatas –conforme
el mandato entregado en esta oportunidad por el FUT– y diera a conocer, además, su determinación de llevar a juicio al ex presidente Rafael Correa ante la Corte Internacional de la Haya, porque sus actos de afrenta a los derechos humanos, de persecución y agravio a los dirigentes sociales y populares –que costó más de una vida– así como de acecho a los diversos sectores de la prensa, ameritan una disposición de esta naturaleza, tanto más cuando, en medio de la corrupción, Correa es el principal responsable político –a más de ser corresponsable civil, administrativo y penal- de la descomposición ocurrida en esta última década en el Ecuador.

De otra parte, el encuentro “Juntos contra la Corrupción” expresó su indignación al conocer que el ex Contralor –de la misma manera que debe acontecer en otras instancias del poder que utiliza a la Función Judicial para sus intereses– mediante una llamada telefónica al juez Maldonado, pudo incidir para que la denuncia de la CNA sobre los sobreprecios de los terrenos de la Refinería del Pacífico fuera declarada maliciosa y temeraria, en la perspectiva
de intentar poner en la cárcel a los miembros de la CNA e impedir su gestión al servicio de los ecuatorianos, acto al cual se prestó, adicionalmente, la jueza Matamoros.

En suma, un encuentro de los honestos de la Patria con la certeza de que sus acciones pueden
contribuir –como reiteradamente lo dijeron personalidades de la talla de León Rodos y Francisco Huerta- para sanear la República, cotizada en medio de los sobreprecios, las coimas, el despilfarro y la ejecución de una obra pública que no piensa en el bien común, sino que se ha convertido en el sistema mediante el cual se extraen los recursos económicos a favor de un sector que de esa manera se ha enriquecido.

Precisamente por todo lo señalado, la CNA se pronunció en la necesidad de iniciar auditorias serias respecto de la deuda contraída con la República China y de los contratos ejecutados con empresas de ese país que han invadido al Ecuador en medio de toda agilidad constructora y de no pocas sospechas.

Una brillante jornada en Guayaquil que refrescó la dignidad de los ecuatorianos