CINISMO Y CHANTAJE POLÍTICO DE CORREA A MORENO 



CORREA ACUSÓ A MORENO DE "DESLEALTAD Y MEDIOCRIDAD" 



Opción Socialista
Demostrando, una vez más, su concentrado personalismo, Rafael Correa, antes de partir
a Bélgica con su familia y guardaespaldas, acusó de “deslealtad y mediocridad” al presidente Lenín Moreno por realizar algunos gestos de apertura a los indígenas, abrir un proceso de diálogo con opositores y disponer que se combata al caudillismo eliminado los retratos presidenciales y las sabatinas. A las acusaciones se sumaron las amenazas de desafiliarse de Alianza país y de seguir interfiriendo en las decisiones presidenciales.

Pero además de las referidas incomodidades, Correa cuestionó a su sucesor por realizar pactos y un reparto burocrático con la familia Bucaram por su apoyo en la segunda vuelta electoral, olvidándose que el hizo lo mismo, a cambio de que la Corte Constitucional apruebe el retorno de Abdalá y de que pactó con Lucio Gutiérrez y el PRE para instalar en la Contraloría al socialcristiano Carlos Polít, que permaneció en funciones los diez años de su mandato, encubriendo y patrocinando la corrupción, y para que el Tribunal Supremo Electoral destituya a la mayoría de congresistas para viabilizar la reunión de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Qué mala memoria del sui generis revolucionario que deja como misión a sus incondicionales: custodiar su “revolución” que criminalizó la lucha social y lesionó los derechos fundamentales de los trabajadores.
Sin embargo, la peor herencia correista que soporta el país y a la que Moreno debería realizar su anunciada “cirugía mayor”, es la de la corrupción.

En los diez años Correa estableció un sistema para controlar las minucias en la contratación pública y permitir que en los negocios grandes de la obra pública civil o petrolera se establezca un sistema de comisiones, sobornos y participaciones multimillonarios, del que han salido a luz apenas ciertos casos limitados, como resultado de las delaciones de Odebrecht en Brasil y de las investigaciones del Departamento de Justica norteamericano.

Correa reconoció ya su responsabilidad política en la corrupción y lanzó, ejerciendo la Presidencia, toda una campaña para encubrir a sus operadores, afirmando que los sobornos son “premios”; que las coimas no afectan los fondos públicos; que los funcionarios corruptos ya formaban parte del Estado cuando se inició su gobierno; que no los conocía; que si los sobornos se realizaron cuando los funcionarios ya no ejercían su cargo era un “acuerdo entre privados”; que no se puede creer a los delatores y que se debe probar que el funcionario recibió directamente los sobornos, cuando es evidente que en todos esos casos se utilizaron testaferros. Además el ex Presidente Correa y su asesor Alexis Mera forjaron un sistema jurídico o lo modificaron para garantizarse, ellos y a sus
allegados, la más descarada impunidad, blindaron el delito de peculado a informes de la Contraloría que ellos manipularon y modificaron y acomodaron los tipos penales sobre la administración pública para poder negociar silencios y penas.

La “cirugía mayor” deberá necesariamente establecer las responsabilidades civiles y penales del ex Presidente y de su entorno, anulando el anunciado chantaje político al Presidente Moreno!

MIRADAS
ANTECEDENTES

Hace dos años la Comisión Nacional Anticorrupción alertó al país –cuando efectuó la denuncia respecto del sobreprecio en la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu y en relación de las posibles coimas en lo que hoy se conoce como el “caso Caminosca”- que en el Ecuador se había configurado un sistema por el cual se benefició, con recargos y contratos complementarios, a las empresas constructoras, particularmente a Odebrecht, y que estos comportamientos dolosos fueron posibles debido a la corrupción de diversas
autoridades del régimen.

Entonces, frente a las revelaciones se desató la persecución desde el poder en contra de la CNA: para el efecto se usó como alfiles del amedrentamiento al Contralor y al Fiscal, entre otros. Todo ello en medio de la camorra organizada particularmente por el Vicepresidente Glass quien instigó varios juicios contra la Comisión Nacional Anticorrupción.

Luego del proceso electoral –debido a que en la campaña eleccionaria se articularon todos los esfuerzos para que en la misma no se hablara del tema corrupción bajo el argumento que el tratamiento de estos asuntos no favorecían a los candidatos en las urnas- se fue destapando el caso Odebrecht, una especie de icono, de las malas prácticas para aprovecharse de los recursos del pueblo ecuatoriano, al punto que el Presidente Lenin Moreno ofreció combatir “mediante una cirugía mayor” la corruptela.

De a poco, debido a las pruebas existentes en la justicia brasileña donde la investigación de Odebrecht ha tomado fuerza gracias a las delaciones de los corruptores, fueron entregándose nombres de quienes en el Ecuador, aprovechándose de sus altos cargos e influencias, han constituido parte de los tramados de los arreglos y de los negocios deshonestos. Una lista que todavía es incompleta y que esperemos no se halle sujeta a los vaivenes políticos, a los chantajes o al silencio cómplice.

COMIENZA EL SHOW

Como las circunstancias de la corrupción han demostrado que algunas autoridades de primera línea –o allegados muy cercanos a ellas- han formado parte de esta red, de manera rápida y audaz se indilgó desde el aparato estatal toda la culpa al Contralor –responsabilidad que la CNA la advirtió hace dos años lo cual provocó que este funcionario
enjuiciara a la CNA en medio del silencio de quienes hoy lo condenan- porque parecería que es imprescindible a los círculos del poder dotarse de un chivo expiatorio y de una cortina de humo, que no permitan desentrañar la verdad y descubrir a los verdaderos responsables de la descomposición moral del Estado.

En este contexto debe entenderse el pedido del Vicepresidente para que le recibiera en su seno la Comisión de la Asamblea Nacional que supuestamente hace fiscalización, pero que en la práctica, por estar constituida por una mayoría de AP, solo es un escudo para no investigar nada; por ello compareció el Vicepresidente a formular un discurso vacío en medio de un mitin que convirtió a la fiscalización de la Asamblea Nacional en una fanfarria de mal gusto.

NI PARODIA NI SHOW: FISCALIZACIÓN RIGUROSA, SÍ
Germán Rodas Chaves

Posteriormente se produjo el juicio político a un derruido Contralor cuyo silencio fue canjeado con la permisibilidad de dejársele escapar a los Estados Unidos de Norteamérica, donde el mentado sujeto ha vivido los últimos años y en cuyo país obtuvo la nacionalidad correspondiente, todo ello a más de ser afiliado al Partido Republicano y cotizante del mismo.

Estos dos hechos, a su vez, fueron corolario de uno adicional que llamó la curiosidad: la formación de una comisión gubernamental para enfrentar la corruptela, la misma que por su composición con funcionarios gubernamentales –entre otros varios ministros del gobierno y distintos adherentes a AP- no aportará en nada, que no sea dar buenos consejos al Presidente de la República y sugerencias respecto de algunas modificaciones a la ley de contratación pública.

LA TAREA FISCALIZADORA NUEVAMENTE EN MANOS DE LA CNA

Debido a las circunstancias referidas, a causa del compromiso y de la lucha valiente y desinteresada de la Comisión Nacional Anticorrupción -cuya legitimidad ha sido construida de manera activa en las últimas semanas- las responsabilidades de fiscalización han retornado a la mentada comisión ciudadana que, de manera pausada y responsable, ha asumido su rol por encargo de sus mandantes y por responsabilidad frente a los escenarios que vive la Patria.

Por los razonamientos expuestos la CNA emplazó, en primer momento, al Presidente de la República para que dicha autoridad dejara sin funciones al electo Vicepresidente, toda vez que Jorge Glass ha perdido cualquier autoridad moral y porque el país demanda que el segundo mandatario responda por una serie de circunstancias que lo han vuelto protagonista de las corruptelas denunciadas.

Así, la CNA ha puesto nuevamente el dedo en la llaga de la corrupción en las esferas del poder, esta vez cuando han aparecido indicios concretos de responsabilidad del Vicepresidente y de otros funcionarios de Estado en el llamado caso Caminosca, cuyo entramado ha sido denunciado por la Comisión Nacional Anticorrupción ante la Fiscalía,
con el apoyo de sectores sociales fundamentales del Ecuador, el día jueves 6 de julio de este año.

CAMINOSCA Y LA NUEVA CARA DE LOS SOBORNOS

La denuncia formulada por la CNA se originó con base en la información obtenida de un laudo arbitral en el Centro Internacional para la resolución de conflictos con sede en Florida (EEUU), en el cual se detectó que la empresa Caminosca había ocultado a los compradores de sus acciones –una empresa Australiana denominada Cardno– que algunas de sus cuentas fueron utilizadas en coimas para obtener contratos en el Ecuador, como ocurrió en los proyectos Toachi-Pilatón, Sopladora, Minas-San Francisco, Petro-Amazonas.

Los dolosos egresos de Caminosca estuvieron disimulados en supuestos subcontratos a favor de dos empresas fantasmas, “Asesorías Australes” y “Crown Mergers and Acquisitions”, dineros y transferencias que por un monto de 3.331.442 USD fueron depositados a cuentas bancarias en las Bahamas y en Brasil y cuyos beneficiarios, conforme se desprende de los contextos del propio laudo, habrían sido varios funcionarios, entre ellos Jorge Glass y Esteban Albornoz.

El nuevo asunto vinculado a las coimas y sobornos ha conmocionado a la opinión ciudadana y nos demuestra que los tentáculos de la corrupción forman parte de un entramado esquema que ha consentido que desde hace muchos años atrás la obra pública no se constituya en una respuesta a los intereses de desarrollo de las diversas regiones del Ecuador o de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, sino en una formula perversa de enriquecimiento que debe ser evidenciada ante el país para sancionar a los culpables e impedir que se continúe la vorágine del saqueo a la Patria.


FACTORES QUE EXPLICAN LA BONANZA ECONÓMICA
Wilma Salgado Tamayo

El correísmo se encontró, en el 2007, con una bonanza económica propiciada por factores externos o internacional, mientras USA y Europa se sumían en la crisis, el sudeste asiático y China se transformaron en la región de más rápido crecimiento del mundo, con su demanda de materias primas, minerales y alimentos, que incrementó los precios de las materias primas que exportamos entre los años 2002-2012 y en el caso del petróleo hasta el primer semestre del 2014. Adicionalmente, en el período 2007-2017 se mantuvieron altas las remesas de los migrantes. En el orden interno, Correa utilizó los remanentes de los fondos petroleros que se habían acumulado en los gobiernos anteriores para el pago de la deuda pública. Adicionalmente, la renegociación de los contratos petroleros aumentó la participación del Estado en la renta petrolera, durante la fase de ascenso de los precios. La auditoria de la deuda externa y la crisis subprime determinaron una caída del 35% en el valor de los papeles de la deuda lo que fue aprovechado para recomprarlos. Finalmente, mejoró la capacidad de recaudación fiscal. Esta enorme disponibilidad de financiamiento no se orientó hacia el quiebre de las viejas estructuras heredadas del neoliberalismo y el capitalismo sino hacia un “desmesurado” gasto público que, en valores nominales, pasó de 9.928 millones de dólares en el 2006, a 44.346 millones en el 2014.

¿CUÁL FUE EL DESTINO DE GASTO PÚBLICO?

El número de servidores públicos pasó de 398.077 en el año 2006 a 496.264 en el año 2014. Los sueldos y salarios de esos servidores subieron de 3.161.9 millones de dólares en el 2006, a 9.903.7 millones de dólares en el 2015. Este descomunal incremento del número de empleados no incidió en la formación de una burocracia de mérito porque la mayoría de los funcionarios tienen bajos salarios y contratos temporales, de uno a dos años, lo que configura una especie de precarización laboral.

El monto acumulado de la inversión pública, entre el 2007-2015, ascendió a 80.611.8 millones de dólares que se invirtieron en carreteras, hidroeléctricas, escuelas, hospitales, edificios para la administración pública, reparación de la Refinería de Esmeraldas, movilización de tierras para la Refinería del Pacífico, etc. Esta inversión pública, contratada sin cumplir las estipulaciones de la Ley de Contratación Pública, ha dado lugar a graves denuncias de corrupción.

INGRESOS NO PETROLEROS SUPERIORES A LOS INGRESOS PETROLEROS

Los ingresos no petroleros sumaron 157.146.1 millones de dólares (62% del total), mientras que los ingresos petroleros sumaron 78.889.6 millones de dólares, que equivalen al 31 % del total.

El gobierno de Correa no corrigió el carácter regresivo de la tributación. Del total de los ingresos tributarios que ascendieron a 94.440.9 millones de dólares, apenas el 30%, (28.013.9 millones) correspondieron al Impuesto a la Renta. El 70% restante, (66.427 millones de dólares), constituyeron impuestos indirectos que afectan sobre todo a la clase media y a los sectores populares.

Los 110 grupos económicos más ricos del país, que están entre los mayores beneficiarios de las políticas, tienen una carga tributaria de apenas el 2.9 %. Por otra parte, según el SRI, los 125 grupos económicos más poderosos del Ecuador tienen participación accionaria domiciliada en paraísos fiscales, lo que los vuelve inmunes a cualquier intento
estatal de redistribución de la riqueza.

NO SE IMPULSÓ LA PRODUCCIÓN
Y EL EMPLEO

Todo esto ocurre porque la producción y el empleo, durante el periodo 2007 – 2015, siguieron abandonadas a las fuerzas del mercado, como en la fase neoliberal, y a la errática política de industrialización que, solo a los ocho años, se acordó de plantear el cambio de la matriz productiva. La ausencia de una estrategia de producción y empleo fue más grave en el sector agropecuario, como lo demuestran varios estudios no se aplicaron políticas de seguridad y soberanía alimentaria, a pesar de que la rama de la actividad económica que genera más empleo es la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, en la que destaca la enorme contribución a la producción de alimentos de las propiedades de menos de 5 hectáreas y de las mujeres campesinas que son el puntal de la
economía familiar. La ausencia de políticas y estrategias de producción y empleo, que significan la continuidad de las políticas neoliberales, explican por qué el 50% de la PEA se encuentra en condición laboral precaria: abiertamente desempleada, en situación de subempleo o cuenta con un empleo no adecuado o no remunerado.

DEUDA PÚBLICA PARA FINANCIAR EL DÉFICIT

El descomunal crecimiento del gasto público dio lugar a un creciente déficit fiscal que fue financiado con deuda pública interna y externa. El monto al que ascendió la deuda pública total (externa más interna) fue de 32.771.2 millones de dólares a diciembre del 2015 y de 38.136.6 millones de dólares a fines de diciembre del 2016. Este último monto representa el 39.9% del PIB, cifra muy cercana al 40% que es el límite de endeudamiento establecido por el COPYFP, vigente desde el 2010.

LA GRAVE SITUACIÓN FINANCIERA DEL IESS

El IESS es el principal acreedor de la Deuda Interna. Los aportes de los afiliados a la seguridad social han contribuido al financiamiento de los deficits fiscales, pese a lo cual el Estado no ha cumplido con sus obligaciones con el IESS. En abril del 2015 la Asamblea aprobó la “Ley de justicia laboral” que eliminó la obligación del estado 1.200 millones de dólares anuales. En ese mismo año el Consejo Directivo del IESS transfirió una parte de los recursos del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud.

CORREA LE DEJA A LENIN MORENO UN COCTEL EXPLOSIVO DE PROBLEMAS

La economía ecuatoriana tiene, como herencia del correismo, una combinación explosiva de problemas, que se retroalimentan entre ellos: La economía se encuentra en recesión, lo que aumenta el desempleo y el subempleo. El Estado tiene un déficit fiscal, no cuenta con reservas líquidas y sus fuentes de financiamiento se están agotando.

En esas condiciones el Estado no cuenta con los recursos necesarios para aplicar una política contracíclica, que le permita salir de la recesión, aumentando el gasto público. A nivel internacional el dólar se ha venido revalorizando lo que encarece nuestras exportaciones y abarata las importaciones, perdiendo competitividad nuestros productos en los mercados.

NO AL AJUSTE NEOLIBERAL

Las Cámaras de la Producción y la derecha política presionan para que se impongan las propuestas de ajuste recesivo, de corte neoliberal, que pone énfasis en la búsqueda del equilibrio fiscal, a través de medidas como: la eliminación de subsidios, la elevación de los precios de bienes y servicios, la privatización de los activos del Estado, la reducción del gasto social y de la inversión pública, todas medidas de carácter procíclico, que profundizan la recesión, aumentando el desempleo y el subempleo, encarecen los precios de los bienes y servicios, deterioran los servicios públicos de salud, educación, vivienda golpeando a la clase trabajadora, pero también a la clase media y a los pequeños y medianos empresarios, como ya ocurrió en las crisis anteriores de 1982 y 1999.

CORREA MIENTE, CALUMNIA E INTENTA OCULTAR ESTAFA

Correa miente, calumnia e intenta ocultar la monumental estafa y el fracaso del Yachay,
ante a las reveladoras declaraciones del secretario de la Senescyt a El Comercio. Trata de justificar sueldos de $16.000 a gente que no da clase y pasa el 70% del tiempo en el exterior.

Dice que los académicos “modernos” deben viajar y no dar clases porque tienen tareas administrativas e investigación. ¿Sabía que Einstein daba clases mientras investigaba y dirigía proyectos?

Repite que “me pagaba” $ 12.000 como rector de la Andina. Hace más de un año lo emplacé a que me enjuicie y me meta preso si eso es verdad. No lo hace porque es mentira. Pero estoy esperando.

No voy a fugar del país como sus compinches. Yachay no es un proyecto de “largo Plazo” es un pretexto para el “largo lleve”. ¿Quién responde por sobreprecios de construcciones y edificios mal hechos que tienen que derrocarse? A propósito, el último edificio construido por la Universidad Andina costó $ 960 por metro (constatado por la Contraloría y no se ha inundado. La “Plataforma Financiera”, hecha por sus socios chinos,
costó más de $ 4.000 por metro. Sobre cuatro veces más. ¡Responda “economista”!

Correa dice: “Modestia aparte, si algo sé es de Universidad”. ¡Vaya cinismo! Recibió un país y una educación superior en crisis y los entregó mucho peor, luego de gastarse más plata que la que ha habido en toda la historia. Si Correa entendiera algo de universidad, sabría que la Andina fue la primera (y la única) del país internacionalmente acreditada, pese a su intento de destruirla. Señor Correa: Como rector ganaba un sueldo, tenía carga administrativa, daba clases y hacía investigación.

Tengo más libros publicados en los dos últimos años que usted en toda su vida. Tengo más publicaciones académicas internacionales e “indexadas” que la caterva de sus Ramírez juntos.

He dado clases en más universidades europeas de las que usted ha recibido doctorados honorarios palanqueados por política. Y sobre todo, he demostrado que se administrar una universidad, con algo que usted, sus adláteres y guardaespaldas no conocen: solvencia y honradez.
Enrique Ayala Mora


CORREA MIENTE Y CALUMNIA PARA DEFENDER SU YACHAY
José Molina Reyes

Ernst Laclau reivindica el populismo como estilo de hacer política. Para este autor, el populismo es una respuesta válida frente a la crisis de la democracia liberal y de la representación política. Laclau ve en proyectos como el Chavismo en Venezuela y Podemos en España dos claros ejemplos de por qué el apropiarse de un discurso populista es una gran estrategia para captar el poder y desafiar a las élites políticas tradicionales.

Lo que Laclau ignora, quizás intencionalmente, es que en nuestra región todos los proyectos de corte populista han terminado irremediablemente en regímenes autoritarios y corruptos. No se trata de una cuestión de estilo meramente, la demagogia, el mesianismo, la bufonada, son síntomas de la pobre cultura democrática que tenemos en nuestros países.

Abdalá Bucaram, quien estuvo 21 años fuera del país, y quien pretendió erigirse en el “gran ausente” de la escena política nacional (emulando a otro caudillo populista, Velasco Ibarra), fue el máximo exponente de los vicios y taras del populismo tropical. Amante de la tarima, con su estilo grotesco explotó las emociones de los sectores más pobres de la sociedad para, al mismo tiempo, sumir al Ecuador en la inestabilidad política. La corrupción en su gobierno llegó a niveles escandalosos, como nunca antes se vio en nuestro país.

El regreso de Bucaram coincide con la salida del país de otro líder populista, Rafael Correa, quien ahora toma el relevo como el nuevo “gran ausente”. Es probable que Bucaram no esté sepultado políticamente: la campaña presidencial de su hijo en las últimas elecciones hace pensar que buena parte de la base social que lo llevó al poder aún lo apoya.

Si queremos que personajes como Correa y Bucaram nunca regresen al poder, es urgente que construyamos un proyecto político que empodere a las clases populares, que convierta a ciudadanas y ciudadanos en actores y no en protagonistas. La cura contra el populismo es una democracia radical en la que la sociedad se represente a sí misma, no el Estado ni el caudillo de turno.

NECESITAMOS FORTALECER LA CULTURA
Julio César Villacreses Guillem

Una institución facilitadora para la formación y promoción de los valores culturales y articuladora de todos los procesos de la interculturalidad; vinculándose con la sociedad, de manera especial en sectores populares que no tienen acceso a las manifestaciones artísticas.

Para lograrlo, es necesario desarrollar un Plan Estratégico Cultural Nacional, que respete ese acumulado histórico, sin vanguardismo, ni centralismo.

Profundizando su pluralismo ideológico, pero al mismo tiempo debe tener firmeza para
desterrar toda expresión de caudillismo en la institución, que ha impedido la democratización de la cultura, abriendo los espacios a las y los jóvenes, que demandan oportunidades para la formación y promoción de su diversa producción a lo largo de todo el territorio ecuatoriano.

Lograr reformar la actual Ley de Cultura es una de las tareas urgentes que debemos impulsar todos los demócratas ecuatorianos; incluso lo ha planteado el actual Presidente
Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, señalando que esta Institución no puede estar sujeta a las regulaciones del Ministerio de Cultura y denunciando que esa ley limita su autonomía. De no hacerse esas reformas, se consolida una propuesta totalitaria, con la imposición de una cultura oficial controlada por el poder de turno y se impide que avance el diálogo impulsado por el presidente Moreno con el mundo intelectual que, en su gran mayoría, fue contestatario frente al gobierno de Rafael Correa.

Así mismo, se cuestiona la forma como se realizó la selección de los integrantes del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que se hizo bajo la responsabilidad -exclusiva- del Ministerio de Cultura; sin embargo, esos ciudadanos también votaron para la elección de los núcleos provinciales, sin que la Casa de la Cultura haya intervenido: este solo hecho violenta su autonomía administrativa, como lo alertó en su debido momento el actual Ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres.

Podemos afirmar que el gobierno de la revolución ciudadana está en deuda con la cultura, como evidencia tenemos que en diez años de gobierno, once ciudadanos han dirigido esa cartera de Estado, quienes han pasado sin trascendencia. La mayoría de ellos tenía como objetivo liquidar o minimizar el rol de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Ahora tampoco sabemos qué pasará con el Presidente Lenin Moreno; considerando que en su campaña no desarrolló ninguna propuesta cultural y como vicepresidente solo conocimos su proyecto llamado “Circo Social”, donde no se incluyó a Manabí. Sin embargo las izquierdas tampoco han levantado, desde sus plataformas de lucha, una propuesta cultural democrática, entendiéndose que es un derecho del pueblo su ejercicio.
Ahora el reto a nivel nacional es lograr una renovación de la membresía y del programa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, considerando que es la pionera del quehacer cultural, poseedora de un acumulado histórico de más de 70 años, llamada a convertirse en

¡LIBERTAD DE EXPRESIÓN!
El diálogo es un elemento constitutivo en el proceso de la comunicación. Es un término
que trae esperanza, pero a la vez desconfianza como producto del ofrecimiento del nuevo
gobierno. Además de este elemento, la libertad de expresión es considerada otro nudo crítico que como oferta de campaña será tratada a través de un movimiento legislativo.

El 25 de abril del presente año, el reconocido periodista Martín Pallares, publicó en el medio digital 4Pelagatos un artículo de opinión titulado “Si a Correa lo sorprenden robando, podría decir que estaba cuidando”, lo que dio lugar a una querella presentada por el entonces presidente, Rafael Correa Delgado, en contra del periodista; hecho que puso en vilo una vez más a la opinión pública ecuatoriana. Pero más allá del contenido que provocó la insinuación jurídica del ex mandatario surgen algunas interrogantes, como por ejemplo el impacto que los medios digitales nativos que circulan en la red puedan tener en el espacio periodístico, y por ende, la regulación que puede darse a éstos.

Algo más de dos meses le tomó a la justicia fallar en contra de la pretensión de Correa, probando que no sufrió descrédito ni deshonra, coincidiendo también con el fenecimiento de la primera vida política del líder. Así, la agenda del ejecutivo y la legislatura tienen nuevas casillas por marcarse.

Primero, el diálogo ofrecido debe sanar las fracturas con el mundo periodístico. Se hace necesario calmar las riñas y tensiones entre todos quienes ejercen esta labor, pues no todos son opositores y no todos pertenecen a los temidos grupos de poder. Es hora de empezar a escribir una nueva página con respeto, compromiso, responsabilidad y sin emitir juicios de valor contra el sector de la comunicación.

Segundo, la dinámica normativa plantea que esos consensos deben ser llevados a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación. Se trata de entender que no es un campo de batalla, o una cuestión de ganar o perder, sino de tener leyes que eviten la censura previa, el linchamiento mediático y las sanciones pecuniarias; así como también deberá existir la responsabilidad en quien informa u opina. Entonces, la gran tarea está en agrupar los distintos puntos de vista de los medios de comunicación, los periodistas y las entidades gubernamentales.

Tercero, es importante que todos los funcionarios públicos, tanto los que recién se integran como aquellos que formaron parte del anterior gobierno, comprendan la doble dimensión de sus cargos, pues cuando un escritor opina no lo hace en referencia al ámbito personal sino que critica las labores y actividades que dentro de sus funciones realiza ya que lleva en sus manos el patrimonio estatal, monetario o moral que le ha sido designado, mismo que lo deja expuesto a la opinión pública.

Por último, todos los actores de la comunicación debemos entender que finalizó un período, y que en este nuevo ciclo no están planteadas todas las preguntas y peor aún sabemos las respuestas.

Lo único que estamos seguros es que la libertad de expresión implica responsabilidad de quien critica pero sobre todo coherencia de quien responde. Además de ser esencial para la ejecución de otros derechos humanos que conllevaría a un avance político, económico, social y cultural que nuestro país tanto necesita