¡HOMENAJE A LA COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN! 



CORREA ACAPARÓ TODOS LOS PODERES 



Diego C. Delgado Jara
1. Nunca antes en el Ecuador, en toda su historia, hubo tanto dinero: más de 400.000 (cuatrocientos mil) millones de dólares manejados por el oficialismo desde el año 2007. Y jamás alguien acaparó todos los poderes como el presidente Rafael Correa. Se apoderó de todas las entidades y las subordinó para que no exista control de ninguna especie a su gestión. Desapareció la fiscalización y el control político de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Fiscalización y Control Político, de la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Cortes de Justicia, y toda entidad que debiese existir e intervenir para que no exista tanta corrupción e impunidad.

2. El régimen usurpador de todas las funciones del Estado, y desarticulador de las instituciones del país, no se contentó con ello. Por comentarios y opiniones de prensa independiente exigió, con una administración de Justicia subordinada, una indemnización de 80 millones de dólares al periodista Emilio Palacio y a diario El Universo. A dos periodistas de Expreso, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro “El Gran Hermano”, los enjuició reclamando otra colosal cantidad de dinero. Buscó sembrar el miedo y amedrentar a todo espíritu crítico para que el Ecuador no conozca la verdad. Hizo aprobar su fascistoide “Ley Orgánica de Comunicación” para multar a diestra y siniestra a los medios de comunicación no gubernamentales con un organismo que es Juez y parte: la Supercom, órgano de juzgamiento ajeno a la función judicial que también está bajo su control. Pretendió imponer, violando el derecho a la opinión consagrado en el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Art. 66 numeral 6 de la Constitución, un silenciamiento social absoluto en tanto acaparaba todos los medios de difusión posible para imponer versiones alejadas de la realidad con los métodos de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich y el nazismo. No solo obstruía la fiscalización sino que, además, atemorizaba y silenciaba las opiniones discrepantes y los medios independientes. Era un doble cerrojo. Buscaba a toda costa colocar una venda en los ojos de toda la sociedad.

3. Como a pesar de ello existían algunos asambleístas que fiscalizaban, el régimen decidió sacarlos de la Asamblea y, con el manejo de la administración de Justicia, violando la Constitución, mediante órdenes de captura y prisión excluyó de las labores legislativas a Cléver Jiménez y Galo Lara, legisladores de Zamora y Los Ríos. Incluso a un excelente periodista de investigación, asesor de Cléver Jiménez, como Fernando Villavicencio, lo ha perseguido de manera implacable y con saña por sus revelaciones irrebatibles, al extremo de forzarlo a buscar asilo en la República del Perú, y donde varios elementos de juicio sugieren que, de gobierno a gobierno, se habrían hecho gestiones al más alto nivel para que le nieguen refugio.

4. Ante la impunidad absoluta, el descaro escandaloso en el alegre manejo de los bienes fiscales, y la ausencia comprobada de entidades de fiscalización y control político serias y honestas, las organizaciones populares, coordinadas por el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, reunidas en Riobamba, decidieron conformar una Comisión Nacional Anticorrupción con varios de los más valiosos ecuatorianos, para que la ciudadanía disponga de un organismo MORAL y ÉTICO donde presentar las denuncias para que sean investigadas. Así fue como contaron con la valiente participación de personas muy reconocidas por sus valores cívicos como Jorge Rodríguez Torres, de 72 años; Simón Espinosa Cordero, de 88 años; Julio César Trujillo, de 86 años; Isabel Robalino, de 99 años; Fernando Vega Cuesta, de 71 años; María Arboleda, Ramiro Román Márquez, Germán Rodas Chávez, Francisco Muñoz y Byron Celi. Cabe indicar que todas sus valiosas actividades y aportes son absolutamente gratuitos.

5. Como la Comisión Nacional Anticorrupción, con valentía y probidad cívica, ha procedido a denunciar en forma documentada los perjuicios del régimen al país, el gobierno, a través de sus subordinados, les ha iniciado CINCO JUICIOS, de los cuales estos ciudadanos se les ríen en la cara, no solo porque tienen la razón sino porque pretenden que personas honorables paguen cientos de miles de dólares por defender los intereses populares y nacionales. LOS CORRUPTOS ESTÁN ASUSTADOS. ¡Resulta que los miembros de esta Comisión Nacional no se acobardan! Por ello, además de los juicios, ahora han procedido a contratar gente para que insulten y difamen en las redes sociales a estos valientes ciudadanos¡. Pretenden desprestigiarlos en forma vana. No les perdonan por ejemplo que hubiesen comprobado que en el proceso electoral último aparecían 1´617.000 electores fantasmas o votantes adicionales a los que determinaba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y que antes de las elecciones hubiesen entregado dicha denuncia a la Organización de Estados Americanos, OEA. ¡No saben cómo aminorar su autoridad moral e inmenso respaldo social! ¡Están nerviosos, además y sobre todo, ante un organismo incorruptible que empieza a descubrir sus enriquecimientos ilícitos y negociados que aspiraban ocultar para siempre!

6. La ciudadanía debe saber que estos conocidos insultadores y detractores de alquiler pueden cobrar por sus labores calumniosas de desprestigio en contra de ciudadanos honorables, porque existen fondos públicos para estos procedimientos turbios y juegos sucios. Para ello existe en la “Ley de Seguridad Pública y del Estado”, publicada en el suplemento del Registro Oficial 35, del 28 de septiembre del 2009, el artículo 18, que crea los “gastos especiales” (o pagos reservados) que permanecen ocultos por 15 años en cuanto al beneficiario de estas actividades infamantes. Es el nuevo nombre con el que el Estado o un gobierno represor puede pagar a sicarios, calumniadores y elementos que venden su alma a quienes tasan y pagan por su conciencia asignándolos el encargo de difamar, calumniar y mentir a gente digna y ciudadanos de singular valía. Sus procedimientos deshonestos los identifican con nombre y apellido aunque la mayoría de las veces –en su cobardía anónima- utilizan identidades falsas para asumir avergonzados las tareas de destajeros de la difamación. Estos infames laboran por paga de los “gastos especiales”. ¡Apunta sus nombres para que ubiques a estos mercenarios de su propia conciencia!

7. Quienes suponen que van a silenciar al pueblo ecuatoriano representado moral y cívicamente por la Comisión Nacional Anticorrupción se equivocan. Hay mucho que hacer. Los colosales sobreprecios multimillonarios de la refinería de Esmeraldas y de El Aromo, la “mordida” de uno a 4 dólares por cada barril exportado de petróleo (denunciado por Capaya), los casos Caminosca y Odebrecht, los costos reales de las carreteras arregladas y de las hidroeléctricas, el costo inflado de la vía a Tababela por Collas que pasó de 50 a 241 millones por 11,7 kms de vía, el incremento de 97 a 600 millones por colocar el gas bajo tierra con el proyecto Chorrillo Monteverde, entre muchos otros casos, son los motivos de preocupación de los dueños y financiadores de los insultadores de oficio. ¡Ese es el trasfondo verdadero de los agraviadores que deben ser desnudados, así como sus angustiados financiadores!

¡Por ello el pueblo ecuatoriano, en reconocimiento a su coraje, expresó su agradecimiento y apoyo en forma masiva y rotunda, a la Comisión Nacional Anticorrupción, la noche del 16 de mayo del 2017 en la ciudad de Quito!
INGRESOS PETROLEROS DE VARIOS GOBIERNOS
Diego C. Delgado Jara

I. INGRESOS INDIVIDUALIZADOS

Según cifras del Banco Central y de Petroecuador cuando llegó Febres Cordero al poder, en 1984, el precio del barril estaba en 27,46 dólares. Cuando arribó Rodrigo Borja, en 1988, fue de 12,50. En 1992, al posesionarse Durán Ballén era de USD 16,89. En 1996, cuando ascendió Abdalá Bucaram, estaba en 18,04 dólares. En 1997, a la llegada de Alarcón Rivera era de 15,51. En 1998, al arribo de Jamil Mahauad Witt, estaba en 9,15 dólares.

En el 2000, a la posesión de Noboa Bejarano, estaba en 24,92 dólares. A la subida de Lucio Gutiérrez, en el 2003, estaba en 26,26. En abril del 2005, cuando el binomio de Gutiérrez asumió, Alfredo Palacio González, y su ministro de Finanzas era Rafael Correa, el precio estaba en 42,84 dólares. En los primeros dos años y medio de Correa el precio promedio, jamás antes dispuesto, fue de 83,34 dólares. Luego, durante varios años, llegaría a promediar los cien dólares el barril. La producción de crudo superó con Correa el promedio de 530.000 barriles diarios.

II. DURACIÓN DE LOS GOBIERNOS

Existe a este propósito otro aspecto que el régimen omite en sus propagandas encubridoras:

Rafael Correa estará 124 meses de gestión, desde enero del 2007 hasta mayo del 2017. Abdalá Bucaram estuvo seis meses, de agosto de 1996 a febrero de 1997. Lucio Gutiérrez 27 meses. Fabián Alarcón 18 meses. Alfredo Palacio 21 meses, Mahauad Witt 17 meses.

Por ello cuando en la propaganda se dice “hemos aportado más que varios gobiernos” es una frase absolutamente inconsistente pues no solo han dispuesto de 124 meses de ejercicio sino han manejado más de 400.000 millones de dólares como lo analizaremos más adelante. ¡DINERO QUE JAMÁS FUE FISCALIZADO!

¡El Ecuador tenía una deuda pública de 10.000 millones en el año 2009; ahora está en seis veces más pues llega a los 60.000 millones de dólares! Aspecto que también lo veremos.

III. VARIOS AÑOS CON USD 100 EL BARRIL DE PETRÓLEO

Según el Decano de Economía de la Universidad de las Américas, UDLA, Vicente Albornoz (El Comercio, 24-mayo-2015; p. 10): “Entre el 22 de febrero del 2011 y el 13 de agosto del año pasado (2014), en el 86% de los días laborables, el Crudo Oriente ecuatoriano se negoció entre 90 y 110 dólares por barril. En otras palabras, durante tres años y medio el crudo ecuatoriano se quedó allá arriba, flotando entre un nivel espectacular y uno más espectacular todavía, con un promedio muy cercano a los USD 100 (cien dólares) por barril.” ¡Eran cantidades jamás vistas ni supuestas! ¡Gastadas sin fiscalización ni control político de nadie! ¡Todas las instituciones, incluyendo las de control, fueron tomadas por el gobierno con una Asamblea Nacional de origen electoral turbio y dudoso cuando dicen que obtuvieron 100 de 137 asambleístas con un padrón electoral inflado con 1´139.363 votantes fantasmas adicionales a los datos del INEC! ¡FUE UN “GOLPE DE ESTADO”!

IV. CORREA RECIBIÓ Y GASTÓ EL 60,49 % DE TODOS LOS INGRESOS PETROLEROS DESDE 1972

Según el Observatorio de la Política Fiscal, dirigido por el Eco. Jaime Carrera, el régimen de Rafael Correa recibió solo por petróleo, desde el 2007 al 2015, USD 91 mil millones de dólares, cantidad que representa el 60,49% del total de los ingresos petroleros a partir de 1972. (Radio Centro, 20-Diciembre-2015) ¡Seis de cada diez dólares de toda la época petrolera, a partir de 1972, manejó el gobierno de Correa! ¡Sin ninguna fiscalización!

¡El pueblo no debe alejarse de la política porque a sus espaldas y con su indiferencia destruyen la Patria! ¡A menos conocimiento de la sociedad es más fácil ser engañada y saqueada! ¡Recordemos siempre lo que decía Juan Montalvo: “Cuando las personas honestas se retiran de la política lo que hacen es dejar el destino de la República en manos de los bribones.”

PROYECTO FASCISTA AVANZA INEXORABLE
Dr. Diego C. Delgado Jara.

1. El Duce Benito Mussolini, en Italia, disponía de los “squadristi” y “fascios di combatimento”, grupos de civiles armados que utilizaba para confrontar y agredir a los trabajadores, campesinos, profesores o estudiantes que osaban salir a las calles a reclamar contra las políticas represivas de su régimen fascista. El Fürher Adolfo Hitler también disponía de dos grupos armados en el Tercer Reich: la Gestapo o Schutzstaffel (SS, Escuadrón de Protección Militar del Partido Nazi), y las Sturmabteilung (SA, Sección de Tormenta de Acción del Partido Nazi), que se utilizaron contra las marchas populares y, en forma selectiva, contra sus dirigentes, y también contra los propios oficiales de la Wehrmacht o ejército alemán para depurarlo y subordinarlo. Tanto en el fascismo italiano como en el nazismo alemán los referidos grupos solo tenían una autoridad individual máxima, el Jefe de Estado, y estaban al margen, y muchas veces en confrontación con las Fuerzas Armadas y Policía; con ellos atropellaban todo el tiempo a la población indefensa.

2. Recordemos de paso que, para garantizarse la indefensión absoluta del pueblo alemán, le confiscaron todas las armas en 1933, igual que lo hizo el “fascismo del siglo XXI” en el 2007 en el Ecuador, cuando además destruyeron todas las armerías, sobre todo de la provincia de Bolívar, con el pretexto de “desarmar a la delincuencia”, y luego pusieron en el COIP penas de prisión de varios años por tenencia de armas. ¡El fascismo conoce que sobre el pueblo desarmado es mucho más fácil arremeter y más todavía con grupos de civiles armados cuya única jerarquía es el Fürher! Decía Santayana: “¡Quien olvida el pasado está condenado a repetirlo!”

3. Al concluir el período presidencial de Correa, y de la Asamblea Nacional 2013-2017, en mayo del 2017, se ha decidido aprobar la formación de grupos civiles con facultad de solicitar y usar armas de fuego, bajo órdenes del Ejecutivo, con el “Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público” aunque solo se hable del Servicio Civil de Protección Pública (o de Seguridad Presidencial). Es evidente que al ser un grupo civil armado al margen de las FF AA y de la Policía resultará más fácil utilizarlo y dirigirlo desde el interés político opresivo del partido de Gobierno. Incluso un día podrían utilizar contra miembros de las FF AA y de la propia Policía. ¿Qué impediría que sus miembros, seleccionados y vestidos de civil, se los utilice en contramarchas e infiltraciones dentro de las filas de las organizaciones populares, prácticas tan conocidas y denunciadas del “fascismo del siglo XXI”? ¡Así procedía Mussolini! ¿Quién garantiza que no incorporen personas vinculadas a pandillas, que serían pagadas por el Estado y se los use como fuerzas de choque a tiempo completo y año corrido?

4. ¿No existe el riesgo que se conviertan en instrumento punitivo de uso político y personal? ¿Cómo impedir que no se utilice contra opositores políticos o periodistas independientes, incluso bajo la apariencia de acciones delincuenciales o supuestos “roces accidentales”? Es notorio que estos civiles armados a órdenes del Ejecutivo, y que podrían ser conformados solo con miembros de Alianza País, no responderían ante nadie de sus acciones. En el caso de las FF AA existe el Comando Conjunto y una estructura institucional y de manejo colectivo que permite aclarar cualquier acción o responsabilidad. ¡Alianza País podría utilizar para el control y represión social, más aún si se autorizan acciones sin el uso de uniforme! ¡Y con las cortes de Justicia en sus manos gozarían de impunidad absoluta! ¿Cómo se podrían reconstruir “tareas asignadas” si las órdenes para este efecto solo se dan en forma verbal?

5. ¡Si hubiese deseado castigar físicamente a opositores políticos como Fernando Villavicencio o Cléver Jiménez, o periodistas como Emilio Palacio, Roberto Aguilar, Martín Pallares o Bonil, por ejemplo, antes habría necesitado consultar con autoridades de cuerpos de seguridad constitucionalmente establecidos; pero al tener cuerpos subalternos propios solo requiere ordenar! ¡Disponer cuerpos de seguridad adicionales, a órdenes del Fürher criollo, es parte de una política de represión social fascista para inmovilizar a la sociedad con el miedo! ¡Estos grupos no darán cuenta a nadie de las tareas encomendadas! ¡La sociedad no ejerce ningún control sobre ellas!

6. Estos grupos son riesgosos y peligrosos, cuya existencia además viola en forma escandalosa el Art. 158 y 163 de la Constitución que solo consideran como entidades armadas a FF AA y Policía Nacional. La Constitución de la República, en su Art. 158, determina que la Fuerza Pública solo puede estar representada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No existe ningún otro grupo autorizado para el uso legal de las armas. ¡Igualmente violan los Arts. 163, 424, 82 y 11 de la Constitución!

7. ¿Quién no conoce que la política de Alianza País y de Correa ha sido una práctica permanente y estudiada de disociación, polarización, provocación, injuria, agresión, en conducta que induce al enfrentamiento deliberado? Es en ese marco planificado de roce y confrontación que se suma la presencia de grupos civiles armados para reforzar sus objetivos de generar conflictos. ¡Se busca en forma incesante –como objetivo inalterable- el enfrentamiento social y parecería que no pararán hasta intentar provocar un conflicto fratricida! ¿Cómo se les puede creer que demorarán diez años en constituir estos grupos que incluso es posible que ya estén formados y su personal ya listo? ¡Diez años es cinco veces el tiempo que demoran en graduar a oficiales! ¡Como siempre actúan engañando y mintiendo! ¡Todo buscan encubrir!

8. Pretenden aprobar legalmente estos grupos, de modo prioritario, en el marco obsesivo de Correa de volver en forma directa e inmediata al poder. ¡Él controla la mayoría legislativa, esto es a los 74 de los 137 asambleístas, quienes fueron candidatos solo con su venia y accedieron a esta entidad con un proceso electoral turbio! ¡Él colocó hasta el binomio de Lenin Moreno y el programa electoral! ¡Él designa buena parte del gabinete de Moreno y hace el plan a cumplirlo de manera obediente y cronológica! ¡Él maneja la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Superintendencias! ¿Qué dice y hace sobre estas prácticas fascistas Lenin Moreno? ¿Está de acuerdo con la formación de grupos paramilitares al margen de FF AA y de la Policía, violando la Constitución, y que, por su composición ideológica y antecedentes, hasta podrían actuar a mediano plazo en su contra?

9. ¡Es notorio que es Correa quien pretende legalizar y manejar estos grupos de civiles armados! ¡Por ello presiona a sus agachados a obedecerlo a la brevedad sin importarle los costos, incluso financieros! ¡El busca disponer de más grupos que podrían servir para acosar y amedrentar a la población, e incluso en forma eventual enfrentarse contra las propias FF AA y la Policía Nacional! ¡Su conducta permanente y direccionada de disociación y desestructuración de la sociedad ecuatoriana solo se explica por el cumplimiento de tareas globalizadoras asignadas y el odio notorio e irreprimible que guarda para nuestra colectividad nacional! ¡Si amara al país –un mínimo- no habría destruido jamás –en forma planificada- la economía y capacidad productiva de la República, provocando tanta desocupación y masiva desesperación social! ¡Nadie debe olvidar los nombres de los gestores de estos grupos paramilitares propios del fascismo!


¿DEBERÍAN IR PRESOS LOS LEGISLADORES?


1. El Art. 120, numeral 9, de la Constitución, obliga e impone como deber imperativo a la Asamblea Nacional y a todos los legisladores “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y de Control Social y de los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.” Pero, como es público y notorio, desapareció toda fiscalización y control político durante el régimen de Rafael Correa. Los asambleístas oficialistas se erigieron en sus custodios mientras pretendían encarcelar a Cléver Jiménez y Galo Lara que levantaban la voz. Nadie, ningún asambleísta –ni siquiera del régimen-, dispone siquiera de una copia de los documentos o contratos de deuda externa, de ventas del petróleo, de créditos con garantía de hidrocarburos, y muchos otros compromisos adoptados a nombre del país. Todo se ha ocultado al pueblo, como si fuesen asuntos en extremo secretos o reservados, con la complicidad de los legisladores oficialistas.

2. Esta notoria omisión fiscalizadora, aunque no lo repararon en su momento, un día podría ser motivo para que sean enjuiciados los asambleístas del oficialismo, porque el Art. 42, numeral 1, literal b, del Código Orgánico Integral Penal, COIP, aprobado por ellos mismo, determina, respecto a eventuales infracciones o responsabilidades penales, que responderán como AUTORES “1.b. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber de hacerlo”. La inmunidad no protege el cometimiento de delitos, y si no ejercitaron la obligatoria fiscalización e impidieron eventuales ilícitos, como lo determinan la Constitución y el COIP, los legisladores serían corresponsables jurídicamente como AUTORES. Estas normas guardan plena concordancia con los Arts. 82, 424, 425 y 233 de la Constitución de la República.

3. El Art. 128 de la Constitución concede a los asambleístas “fuero de Corte Nacional durante el ejercicio de sus funciones” y les brinda inmunidad civil y penal “por las opiniones que emitan” y por “las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.” Opinar, decidir o actuar dentro de las actividades descritas es una cosa, pero no “impedir o procurar impedir” que se realice un acto que puede ser delito, al tenor de lo indicado en el referido Art. 42 del COIP, y normas concordantes, es algo muy diferente. Se incumple un mandato constitucional y son o serían corresponsables de todos los ilícitos que no fiscalizaron o no impidieron consumar, teniendo la obligación de hacerlo.

4. El poder no es eterno; es finito. Los señores legisladores, al igual que el Contralor, Fiscal y otras autoridades, tienen obligaciones con el país y no solo con el partido o movimiento al que representan o representaron en forma transitoria. La propia Constitución en su Art. 233 establece que “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.” Deberían meditar sobre sus responsabilidades actuales y futuras.

5. Para curarse en salud los mismos legisladores del período 2013-2017 desaparecieron delitos como la COLUSIÓN (asociación ilícita para perjudicar a un tercero), el PREVARICATO (incumplir con la ley, que eliminaron de los servidores públicos y lo dejaron solo para jueces y abogados), entre otros delitos. Encima de ello recortaron las atribuciones de la Contraloría, con una irregular reforma constitucional el 3 de diciembre del 2015. Precisamente para blindarse y proteger al gobierno se llevó a cabo la más que turbia elección de los 100 de los 137 asambleístas (a favor de Alianza País) el 17 de febrero del 2013 con un padrón electoral que tenía 1´139.363 votantes adicionales o electores fantasmas en exceso respecto a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. ¡Ese proceso electoral, como otros del último período, fue escandalosamente turbio e irregular!

6. Las irregularidades y denuncias fundamentadas sobre muchos hechos jamás fueron investigadas por los asambleístas, como es el caso del costo de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, que subió de 187 millones a 2.363 millones de dólares (Expreso, 1-XII-2016); el gasto de 1.507 millones de dólares del aplanamiento del terreno donde se supone que debía construirse la Refinería del Pacífico, en El Aromo, Manabí (Expreso, 5-XII-2016); el destino de uno a cuatro dólares por cada uno de los cientos de millones de barriles exportados de petróleo desde el Ecuador, denunciados por Carlos Pareja Yanuzzelli, Capaya; el verdadero destino del dinero del petróleo a más de cien dólares el barril durante años; los casos CAMINOSCA y ODEBRECHT; los costos reales de las carreteras arregladas y centrales hidroeléctricas construidas con créditos extranjeros; el valor multiplicado de la vía a Tababela por Collas, de 50 a más de 200 millones; el incremento de 97 a 600 millones para colocar el gas bajo tierra con el proyecto Chorrillo Monteverde; la construcción de aeropuertos innecesarios como el de Jumandy, Santa Rosa y otros; las plataformas burocráticas, todas con deudas internacionaes; el verdadero costo de las escuelas del Milenio, entre muchos otros casos, así como las condiciones de los créditos internacionales y todos los contratos realizados por el régimen debieron ser investigados por la Asamblea Nacional y los asambleístas. ¡Y JAMÁS LO FUE! No haberlo hecho los deja en calidad de AUTORES al tenor del Art. 42, numeral 1, literal b, del Código Orgánico Integral Penal, COIP, por ellos mismo aprobado.

7. Para rescatar al país, hacerle que funcione con instituciones autónomas como debe ser una República democrática, recuperar el patrimonio social y nacional subastado y transferido, restituir los derechos y libertades, necesitamos impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, para lo que se necesita establecer nexos con las organizaciones populares del Ecuador pues se requiere recoger las firmas del “doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral” conforme lo determina el Art. 444 de la Constitución de la República. Esta es una tarea colectiva muy grande y en la que debe procederse con mucha responsabilidad. En ese empeño andamos. Si se pretende obstruir la voluntad del pueblo debemos estar claros que se buscan tapar a toda costa las tremendas irregularidades que se han cometido en la última década. Nunca olvidemos lo que decía Martin Luther King: “La libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor; debe ser demandada y arrancada por los oprimidos.” Y lo que enseñaba el Mahatma Gandhi: “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad como hombre, ninguna tiranía puede dominarle.”


PATRAÑA HISTÓRICA
PRECEDENTE DE CONDECORACIÓN

Frente a la condecoración o reconocimiento agradecido del presidente de la República por los servicios prestados a Alianza País por el organismo electoral –como piensa con fundamento mucha gente-, es indispensable hacer algunas reflexiones documentadas a la ciudadanía, empezando que en el Registro Electoral para las elecciones del 2017 habían 1´617.486 votantes fantasmas o electores adicionales conforme lo pasamos a demostrar:

1. El 4 de octubre del 2016 el CNE difundió de manera oficial el número de votantes que estarían en el Registro Electoral para las elecciones del 19 de febrero del 2017, y se señaló que serían 12´735.792 personas. Pero esta cantidad de potenciales votantes estaba inflado en 1´617.486 personas mayores de 16 años en capacidad de votar al tenor de las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, pues según este organismo el número verdadero habilitado de votantes era de solo 11´118.306 personas. ¿Por qué y para qué se incrementó en forma escandalosa ese 1´617.486 de votantes fantasmas o electores adicionales que equivalían al 14,55 % del total de mayores de 16 años en un proceso donde el 100% de los miembros del organismo electoral eran solo de Alianza País? Un candidato presidencial, o candidatos a asambleístas, a los que se le sume este 14,55% injustificado podría pasar –como simple ejemplo- de 26% al 40,55%, o del 36% al 50,55 %. Así de sencillo. La votación injustificada o fantasma, cabe resaltar, podría servir también para elegir a los asambleístas en forma absolutamente turbia.

2. ¿Es importante el número de sufragantes? ¡Por supuesto! Para que Ecuador disponga de 12´735.792 personas mayores de 16 años, la cantidad indicada por el CNE, se necesitaría una población total de 19´420.238 habitantes, esto es tres millones más que la actual población real. Los mayores de 16 años, según el último censo, equivalen al 65,58 por ciento del total de habitantes. La importancia, precisión y certeza de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, es de tal nivel que el dinero de los municipios y consejos provinciales se reparten de acuerdo a sus cifras, incluso la Secretaría Nacional de Planificación, los ministerios de Educación, Salud, Vivienda, el IESS, el Banco Central, entre otros organismos, se sustentan en sus cantidades. ¿Por qué en materia electoral sus datos son deliberadamente soslayados?

3. ¡Esta diferencia incrementada e injustificada de 1´617.486 votantes fantasmas no han podido ser refutados por el CNE! ¡Nadie ha podido demostrar que el INEC miente o dispone de cifras falsas! ¡Los votantes adicionales o fantasmas aparecen en todas las provincias del país! Los electores injustificados, para solo dar el caso de algunas provincias, tienen las siguientes cantidades agregadas: 283.715 en Guayas; 250.783 en Pichincha; 181.714 en Manabí; 103.188 en Azuay; 85.621 en Chimborazo; 83.937 en Santo Domingo; 63.749 en Imbabura; 73.045 en Los Ríos; 63.779 en Cañar; 63.243 en El Oro; 62.402 en Loja; 60.929 en Cotopaxi, y así sucesivamente. ¡Estos datos oficiales del INEC evidencian que los padrones electorales estaban inflados en forma premeditada, lo que abre la puerta a cualquier manipulación e incluso fraude!

4. ¡Con estos votantes fantasmas o votos injustificados se puede hacer ganar a un candidato presidencial y llevarse sin problema 70 u 80 asambleístas aplicando la primera mayoría en las listas y eliminando minorías con el método de D´Hont! ¡Los resultados electorales para presidente y para asambleístas de este modo resultan manipulables; no representan la fiel voluntad del pueblo y no gozan de ninguna confianza! ¡En estricta Justicia debió declararse nulo todo el proceso electoral donde las irregularidades han sido incontables y donde la maniobra en el sistema informático ha sido denunciada muchas veces sin jamás hacer caso a los reclamos públicos y fundamentados! ¿Merecía esta falta de transparencia una condecoración? ¡Si sirvió para que “gane” Alianza País y no exista fiscalización ni control político sobre el manejo de 400.000 (cuatrocientos mil) millones de dólares por el oficialismo en la última década! ¿POR ELLO LA CONDECORACIÓN?

5. El descubrimiento de todo este embrollo lo hizo el Frente de Defensa Nacional, entidad presidida por Pablo Jerves Cueva y que dejó toda la documentación notariada en la Comisión Nacional Anticorrupción, en Quito, en octubre del 2016; Comisión Nacional Anticorrupción que luego de comprobar la veracidad de todos los datos presentados tanto del INEC como del CNE entregó toda la documentación en la OEA. El asunto resultaba además ILEGAL porque el Art. 25 de la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia, entre las funciones del CNE, en su numeral 15, ordena: “Organizar y elaborar el registro electoral en el país y en el exterior, en coordinación con las entidades públicas pertinentes.” ¡Nótese el uso del plural! Pero el CNE nunca tomó en cuenta al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el más importante organismo del Ecuador en este campo. ¡EL CNE VIOLÓ LA LEY Y MINTIÓ A LA REPÚBLICA AL INFLAR EL NÚMERO DE VOTANTES EN 1´617.486 ELECTORES!

6. El CNE jamás pudo refutar los datos del Frente de Defensa Nacional porque habría tenido que demostrar que las cifras del INEC –en las que se basaban sus análisis- eran falsas, lo que no es cierto. ¡Si las cifras del INEC fuesen falsas el reparto de los recursos entre los municipios estarían trucados! ¡El CNE con todo el andamiaje de medios y publicidad del régimen se bastaba en afirmar que el Frente de Defensa Nacional “confundía peras con manzanas”, PERO JAMÁS DEMOSTRÓ LA FALSEDAD DE LOS DATOS PORQUE ERAN CIERTOS E IRREFUTABLES!

7. ¡El equipo de técnicos, arquitectos e ingenieros del Frente de Defensa Nacional, coordinado por la Arq. Mónica Pesántes, indagó además los anteriores procesos electorales y los datos del INEC y los del CNE, EN CADA ELECCIÓN, Y HALLÓ QUE SIEMPRE FUERON INFLADOS LOS REGISTROS Y PADRONES, Y POR LO TANTO MANOSEADOS LOS RESULTADOS! ¡En el proceso electoral del 17 de febrero del 2013 incrementaron en 1´139.363 votantes adicionales a la cantidad establecida por el INEC! ¡En la consulta para llevarse la Administración de Justicia, del 7 de mayo del 2011, se incrementaron 1´072.744 votantes adicionales o electores fantasmas! ¡En las elecciones del 26 de abril del 2009 el incremento fue de 898.552 votantes fantasmas, aparte de la participación del centro clandestino o secreto de “conteo de votos”, al margen de la ley, a cargo de la empresa Digital Team y sus 221 computadoras y digitadores que se los ubicó en el antiguo local del Supermercado Santa Isabel, en La Garzota, al norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freile Potes, y que se los halló en plena faena 12 días después de las elecciones, el viernes 8 de mayo del 2009! ¡ASÍ “GANABAN” TODAS LAS ELECCIONES: 1. CON PADRONES INFLADOS. 2. CON EL CNE CON EL 100% DE DELEGADOS DEL OFICIALISMO. 3. CON EL SISTEMA COMPUTARIZADO NO VERIFICADO EN SU IDONEIDAD. 4. CON CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA “IMPONER” LOS RESULTADOS. 5. CON EL RIESGO DE CASTIGO PARA LOS MEDIOS QUE DIFUNDAN INQUIETUDES VÁLIDAS AL RESPECTO!

8. ¡Por ello jamás el CNE entregó los Registros Electorales como hasta antes de llegar Alianza País al poder sucedía! ¡Tuvo miedo que aparezcan y se precisen los nombres agregados en el padrón! ¡Tampoco permitió, entre otros aspectos, que se revise el sistema informático para el proceso eleccionario! ¡Sólo pudieron participar los partidos políticos consentidos! ¡Se irrespetó la voluntad del pueblo que no cuenta para nada!