A UN AÑO DEL ASESINATO DE BERTA CÁCERES 



AGENTES DE INTELIGENCIA MILITAR DE HONDURAS PLANEARON ASESINATO DE BERTA CÁCERES  



Karen Patricia Rodríguez
Comunidad Hondureña de Madrid
Serlinda Vigara
Ecologistas en Acción
Juan Klett
Fundación Paz y Solidaridad

El 2 de marzo se cumplIó un año del asesinato de Berta Cáceres, líder y activista feminista, en defensa de los recursos naturales y de los derechos de las comunidades indígenas en Honduras. Transcurrido este año, las autoridades hondureñas pretenden justificar su ineficacia para atrapar a quienes ordenaron este vil asesinato. La captura y presentación ante tribunales de cuatro sicarios y tres intermediarios no es suficiente para hacer justicia: aún permanecen en libertad quienes instigaron el crimen y pagaron a sus ejecutores.
Lo ocurrido no constituye un hecho aislado. El asesinato de Berta pone de manifiesto la situación de riesgo grave en que se encuentran las y los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza que luchan contra la explotación de sus territorios en Honduras. Entre 2012 y 2015 el COPINH, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, ha sufrido el asesinato de al menos diez de sus integrantes (Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodríguez, Irene Meza y la propia Berta Cáceres).
El Relator Especial para personas defensoras de la ONU ha denunciado que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la colusion existente entre gobiernos y empresas para cometer ataques y asesinatos. En estas condiciones, no podemos permitir que nuestros gobiernos se laven las manos. Consideramos que España debe auditar y revisar los recursos de cooperación con Honduras y los apoyos a infraestructuras y megaproyectos en dicho país a través del Banco Centroamericano de Integración e infraestructura. Por su parte, la Unión Europea debería paralizar el desarrollo con Honduras del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica por violación de derechos humanos.
Sin embargo, estas agresiones no ocurren sólo en Honduras: en los últimos dos años más de 340 personas han sido asesinadas en todo el mundo por defender la tierra y las personas que viven en ella. De todos los asesinatos por estas causas en 2015, el 66 % fueron cometidos en Latinoamérica y el 40% de las víctimas fueron personas indígenas. En la mayoría de casos, los responsables siguen impunes.
Estos hechos forman parte de una estrategia extendida de grandes empresas, inversores y cuerpos represivos para perseguir y reprimir a quienes denuncian el acaparamiento y destrucción de recursos y el desplazamiento de comunidades enteras. No se trata de bandas incontroladas ni de hechos episódicos, sino de actuaciones sistemáticas de los grandes capitales para amenazar y cercar a los movimientos sociales y campesinos que desafían el paradigma económico capitalista, saqueador de pueblos y ecosistemas.
Detrás de estas muertes hay nombres conocidos. Laura Vásquez o Exaltación Marcos Ucelo se enfrentaron a la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiense Tahoe Resources. Berta Cáceres luchaba contra la empresa hidroeléctrica Agua Zarca, con financiación holandesa (FMO) y finlandesa (FinnFund) entre otras; Macarena Valdés contra la empresa hidroeléctrica RP Golgal. Estos casos muestran los peligros añadidos que sufren las mujeres que se oponen a los proyectos extractivistas. Lesbia Yaneth Urquía, fue asesinada cuatro meses después del crimen de su compañera Berta. El suceso fue catalogado por el COPINH como un “feminicidio político” cuyo objetivo fue “callar las voces de las mujeres que, con coraje y valentía, defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”. Berta se ha convertido en un símbolo que representa la lucha indígena, ecologista y feminista.
Allí, en países “periféricos”, donde los recursos son más numerosos y valiosos y donde inversores y empresas extranjeras campan a sus anchas, sin control –o con el apoyo– gubernamental, el panorama para las y los activistas por el medio ambiente y los derechos humanos es terrorífico. Pero también en nuestro entorno cercano oponerse decididamente al fracking, al recrecimiento de un embalse o a la construcción de viviendas de lujo en un espacio protegido puede costar detenciones, multas, fianzas multimillonarias o directamente tener que abandonar tu pueblo ante las amenazas recibidas. Defender lo común: un río, un bosque, la atmósfera… es algo complicado en este mundo global en el que las prioridades vienen marcadas por intereses económicos de minorías poderosas.
No podemos asumir como una realidad inevitable que mueran asesinadas las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Hemos de desarrollar, en América Latina y en Europa, en todo el orbe, una batalla global en defensa del territorio y sus recursos; y de quienes luchan para que las generaciones futuras puedan vivir dignamente.
Para ello hay que seguir desenmascarando al poder corporativo, dando a conocer no solo los asesinatos de activistas, sino las condiciones de vida a las que condenan a millones de personas. Y, por supuesto, acabar con la impunidad de la que gozan quienes cometen estos crímenes. Los Estados e instituciones supraestatales deben establecer mecanismos que castiguen a las empresas que están detrás de proyectos que se cobran vidas para ser llevados a cabo. Justo lo contrario que pretenden los tratados comerciales que, como el TTIP y el CETA, blindan a estas grandes corporaciones frente a los derechos de la ciudadanía y el medio ambiente. Es imprescindible dar voz y protección a las comunidades que sufren violencia e intimidación como norma por defender la naturaleza.
Como decía Berta Cáceres: no nos queda otro camino más que luchar.
Este jueves 2 de marzo a las 12:00 tendrá lugar una concentración frente a la Embajada de Honduras en Madrid (Paseo de la Castellana, 164) para reclamar justicia para Berta Cáceres y el resto de defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza asesinados, y exigir al Gobierno español y a la Unión Europea la revisión de las relaciones comerciales y económicas con Honduras, en el contexto de violación sistemática de los derechos humanos en dicho país.


BERTA CÁCERES LA FIGURA EMBLEMÁTICA DE LA LUCHA DE LOS PUEBLOS POR SUS TERRITORIOS
Por defensores -

Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
El de marzo se cumplió un año del vil asesinato de la defensora de los bienes comunes del pueblo lenca, Berta Isabel Cáceres Flores, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su determinación para defender los territorios ancestrales lencas en Honduras, la han convertido en un ícono inspirador de la lucha de los pueblos indígenas del mundo.
Su férrea oposición a los proyectos extractivos desarrollados por empresas transnacionales e inversionistas nacionales, la convirtió en un gran obstáculo para una clase política y empresarial ávida de sacar el mayor provecho posible, de los recursos naturales existentes en la zona occidental del país.
Hidroeléctrica Agua Zarca se conforma, además por una toma de agua derivada del Río Gualcarque, mediante canales de conducción que transportarán el agua hacia las turbinas para la generación de energía
El 2 de marzo de 2016, en el marco del lanzamiento de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”, que impulsan 29 organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y defensoras de derechos humanos, la señora Austraberta Flores madre de la dirigenta indígena lenca Berta Isabel Cáceres Flores, presentó una petición a los parlamentarios Yuri Sabas y Yadira Bendaña, para que el Congreso Nacional discutiera y aprobara la cancelación del permiso de operaciones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), por las implicaciones que tuvieron empleados de dicha compañía en la muerte de la reconocida ambientalista.
A casi un año de este evento, la petición no ha tenido respuesta alguna por parte los parlamentarios y parlamentarias.
En su intervención la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo en aquella oportunidad que los defensores y defensoras de derechos humanos tenemos que declarar una ofensiva a favor de la vida y a favor de las libertades y de los bienes comunes.
“Es necesario entrar con propuestas donde se toman las decisiones, porque nosotras necesitamos que se legisle para el cierre definitivo de DESA, que se declare como proyecto de muerte, eso necesitamos; no necesitamos la suspensión temporal, sino el cierre de dicha empresa; y necesitamos que se llegue al final y que se investigue a los autores intelectuales, y lo demandamos con fuerza y sin miedo”, sostuvo Oliva.

La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas estén enfrentando procesos judiciales
La campaña “Defensoras de la Tierra” demanda la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de desarrollar una consulta previa, libre e informada a las comunidades donde se desarrollan proyectos extractivos y de generación de energía renovable.
El acaparamiento de grandes extensiones de tierras destinadas para dichos proyectos, está afectando los medios de vida de las mujeres, porque los territorios, son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas; y está comprobado que éstos proyectos, no generan desarrollo social, por el contrario, están provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres de las comunidades garífunas.
La instalación de mega-proyectos de explotación y extracción en territorios de pueblos originarios y otros que tienen siglos de poseer las tierras en Honduras, afectan la economía de miles de familias, afectan la diversidad cultural y el medio ambiente y la paz social en las comunidades.
La lucha por la tierra y los territorios ha desembocado en que 3 mil 800 campesinos y mil 200 mujeres campesinas, estén enfrentando procesos judiciales. En Honduras también se criminaliza a las mujeres por defender la tierra y sus territorios.
Actualmente hay 537 licencias concedidas a empresas extranjeras, nacionales y transnacionales para la explotación minera y 252 para la generación de energía a través de represas hidroeléctricas. Muchos de estos proyectos se encuentran en territorios de pueblos originarios como los lencas, así como en territorios de comunidades campesinas y garífunas.
En una serie de entrevistas concedidas en 2013 por parte de Berta Isabel Cáceres Flores al periódico digital www.defensoresenlinea.com y al programa radial “Voces contra el Olvido” del Comité de Familires de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la ambientalista afirmó que la persecución no solamente era contra ella y la dirigencia del COPINH, sino contra todo el pueblo lenca en resistencia contra los proyectos hidroeléctricos.
“Queremos denunciar la situación grave y preocupante de Río Blanco, cuando la empresa DESA y la policía han puesto un grupo de empleados de la empresa DESA a la altura de la comunidad de Agua Caliente, en una supuesta toma que más bien es, como una acción digo yo; de un estado de sitio, hecho con prácticas paramilitares y con colaboración de la policía, donde por un lado se le restringe la libertad de movilización a las comunidades lencas y por otro lado se ha detenido a delegaciones internacionales que van con todo el tema de la observación de derechos humanos”, comentaba la dirigenta del COPINH.
Detenidos por asesinato de Berta Cáceres
En otra entrevista, brindada ese mismo año, Berta Isabel aseguraba que su lucha había generado una actitud agresiva por parte de los que ella llamó: “los grupos de poder”, donde el Gobierno y las distintas secretarías de estado y el poder legislativo, están confabulados y son parte, el Congreso Nacional al dar esa concesión y por supuesto el Ejecutivo; al ordenar la agresión de los derechos del pueblo lenca”.
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca se ubica a unos 9 kilómetros al sureste de la comunidad de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
El 30 de septiembre de 2016, el expediente de Berta Isabel Cáceres Flores fue robado en un caso insólito para el poder judicial hondureño. En un hecho sin precedentes y vergonzoso para el Poder Judicial, un grupo de desconocidos interceptó el vehículo en que se conducía la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, María Luisa Ramos, quien portaba en el baúl de su automotor el expediente de la ambientalista.
Los individuos le robaron el vehículo a la togada en las inmediaciones de la colonia Humuya, donde fue interceptada.
La magistrada Ramos habría dicho a los medios de comunicación, que cuatro hombres le atravesaron el vehículo en el que se conducía y que posteriormente le apuntaron con armas de fuego para despojarla de su automóvil. Ahora los tribunales solo cuentan con las copias del expediente robado y las investigaciones han sido declaradas en secretividad.
En octubre de 2016, doña Austra Berta Flores, madre de Berta Isabel, en una carta pública distribuida a nivel mundial y dirigida a F.M.O (Banco De Desarrollo Holandés) BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) FIND FUUND (Fondo de Inversión Finlandés) VOITH HYDRO (Empresa Alemana Suministradora) y otros organismos que han financiado a la empresa de Desarrollos Energéticos SA (DESA), les manifiesta que han estado financiando en Honduras proyectos de muerte.
“Ustedes han financiado un proyecto de muerte “El proyecto Agua Zarca” impuesto por DESA a costa de desalojo, sangre, dolor y luto de mi familia y del pueblo Lenca, por lo tanto, deben responder por su apoyo financiero y logístico a esas empresas llamadas de muerte y corrupción”, subrayó la madre de la ambientalista asesinada.
Austra Berta Flores
En otro apartado de la carta, doña AustraBerta afirma que el proyecto ha estado siendo apoyado por las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a través del Primer Batallón de Ingenieros.
“Por si eso fuera poco, el presidente de esa empresa de muerte en la actualidad es un oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Señor Roberto David Castillo, quien siempre profirió amenazas, intentos de soborno y hasta acoso sexual contra mi hija, y que constan en una de las 40 denuncias que Berta Isabel interpuso ante el Ministerio Público”, sostuvo doña AustraBerta Flores.
Por su parte y durante el Encuentro Internacional de los Pueblos “Berta Cáceres vive”, desarrollado en abril de 2016 en esta capital, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, cariñosamente conocido como “Padre Melo” expuso el perfil y la lucha de Berta Cáceres como elemento inspirador de los pueblos.
En aquella oportunidad, el padre Melo consultado en torno a los aspectos que conllevan a señalar a Berta Cáceres como una figura emblemática para los pueblos, señaló que esto se encierra en lo que él llamó el trinomio Bertiano, que consiste en un pensamiento anticapitalista, antipatriarcal y antirracista.
“Este fue un pensamiento que apasionó a Berta Cáceres y en segundo lugar fue su método, porque Berta Cáceres estuvo inserta en la realidad del pueblo lenca, en el COPINH. Así que Berta tuvo metodológicamente, por esa manera de sacar al COPINH y su trabajo para articularse con diversos sectores nacionales, con sectores mesoamericanos, con sectores continentales y planetarios, es decir es un método que partiendo de lo local; se vuelve planetario. Ese método de Berta unido con su pensamiento trinómico la llevó a que se convirtiera sin duda alguna, en la mujer con el liderazgo de mayor reconocimiento y con trascendencia mundial”, explicó el padre Melo.
Ese reconocimiento mundial manifestado hacia Berta Cáceres la condujo en 2012 a recibir el premio Shalom otorgado en Alemania, en 2014 fue finalista del premio Front Line Defenders de Irlanda y en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman, el premio denominado el “Nobel Verde” que se concede anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente
La noche del 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres se encontraba en su vivienda, ubicada en La Esperanza, Intibucá, preparándose para presentar alternativas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En la misma vivienda se encontraba el ambientalista mexicano Gustavo Castro, invitado especial del COPINH para disertar sobre el tema.
Los asesinos forzaron las puertas de su vivienda en La Esperanza para cometer el crimen, posteriormente Castro escuchó cuando Berta preguntó: ¿Quién está ahí?, y un sicario le disparó y la mató e hirió a Gustavo Castro.
Guardan prisión por el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos, el ex jefe de seguridad de DESA, teniente Douglas Geovanny Bustillo, el mayor del ejército Mariano Díaz Chávez,el capitán en situación de retiro Edison Atilo Duarte, así como su hermano Emerson Eusebio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Rápalo Orellana, el ex gerente de temas sociales y medio ambientales de la empresa DESA, Sergio Rodríguez, y el ex militar Henry Javier Hernández Rodríguez, que supuestamente trabajaba en una barbería en México . Con ellos ya son 8 los procesados judicialmente en este caso.
“Mi hija tenía razón cuando denunció e intentó revertir esta situación, por eso el 2 de marzo con su muerte física, Honduras volvió a verse a través de un espejo durante esa noche interminable, el país dejó su constante anonimato y se desnudó ante nosotros y ante el mundo entero, apuntó la ex alcaldesa de La Esperanza, Intibucá y madre de la ambientalista, AustraBerta Flores.

AGENTES DE INTELIGENCIA MILITAR DE HONDURAS PLANEARON ASESINATO DE BERTA CÁCERES Escrito por La Jornada - EL CLARÍN DE CHILE

El asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres, perpetrado el 3 de marzo de 2016, fue planeado por especialistas de inteligencia militar del gobierno de Honduras vinculados a fuerzas especiales entrenadas por Estados Unidos, revelaron documentos de una corte del país centroamericano, informó este martes el diario británico The Guardian.
Cáceres fue asesinada en su propia casa pese a estar bajo protección debido a amenazas de muerte que recibió por oponerse a la construcción de una presa hidroeléctrica de la empresa Desarrollos Energéticos SA, con conocidos nexos con el ejército. El asesinato de la activista, quien recibió el premio Goldman en 2015 por su labor ambientalista, fue condenado por la comunidad internacional.
Hasta ahora ocho hombres han sido arrestados por su relación con el crimen, incluidos dos militares retirados y el oficial activo Mario Díaz, quien fue dado de baja del ejército y niega estar involucrado en el asesinato.
Documentos de la corte, así como el historial militar de Díaz, que obtuvo The Guardian, revelan que el militar condecorado por las fuerzas especiales fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015 y ascendido a teniente coronel tras el asesinato de Cáceres
Giovanny Bustillo, otro de los sospechosos, fue compañero cercano de Díaz en el ejército y ambos recibieron entrenamiento militar de Estados Unidos y mantuvieron contacto después de que Bustillo se retiró en 2008.
Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue francotirador de las fuerzas especiales que trabajó bajo comando de Díaz, y los fiscales creen que también fue informante del departamento de inteligencia del ejército en 2013.
Existen pruebas de que Bustillo y Hernández visitaron repetidamente La Esperanza, localidad en que radicaba Cáceres.
Una fuente legal cercana a la investigación declaró a The Guardian: el asesinato de Berta Cáceres tiene todas las características de una operación bien planeada diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contratar a civiles para perpetrar asesinatos.
Agregó: es inconcebible que alguien de su alto perfil, cuya campaña la convirtió en un problema para el Estado, pueda haber sido asesinada sin al menos una autorización implícita del alto mando militar.
El ministerio hondureño de Defensa ignoró repetidamente llamados de The Guardian para dar su postura sobre el tema


AMNISTÍA INTERNACIONAL: ACCIONES ALREDEDOR DEL ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE BERTA
Por defensores -

El 2 de marzo se cumplió un año del asesinato de la dirigenta indígena y defensora delos derechos humanos, Berta Cáceres, lidereza Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), por lo que se está convocando a realizar acciones a nivel mundial para homenajearla y para seguir exigiendo justicia ya que el caso sigue impune.
Por favor pasen a dejar su mensaje de solidaridad antes del 24 de febrero y promocionen el link para que otros puedan solidarizarse!!!!Para facilitar la recolección de estos mensajes, nos hemos aliado con la plataforma VoxPop. Al dar click en este link: http://bit.ly/2ljw5Vn les aparecerá un vídeo corto con la descripción de la acción y la posibilidad (si hacen click sobre el logo de la cámara) de dejar un mensaje videograbado.

LA SEMILLA DE BERTA - AVANCE GUARDIANA DE LOS RÍOS
https://youtu.be/IH4xjcZoo38
Pedro Landa, ambientalista e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric-SJ asegura que personalmente ha sido testigo del poder e influencia de la diputada Gladys Aurora López en la zona.
Landa recuerda una visita que realizó el equipo de Inspecciones Oculares del Ministerio Público, instancia que llegaba a documentar el caso sobre las denuncias en contra de la hidroeléctrica, en cuestión de minutos llegaron patrullas policiales de los 6 municipios cercanos, “una muestra del poder que estos empresarios tienen en la zona”.
Durante la última década, tanto la Corporación Financiera Internacional (CFI) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han respaldado constantemente la ampliación de los proyectos de energías renovables de Honduras, a pesar de las denuncias de abusos que rodean a este sector. Los abusos relacionados con las presas de La Aurora y Los Encinos demuestran porqué las IFI no deberían respaldar estos sectores en el clima actual de corrupción e injusticia, deja como recomendación el informe de Global.
Datos del Centro Hondureño de Promoción al Desarrollo 0Comunitario CEHPRODEC, dan cuenta de 111 proyectos hidroeléctricos fueron otorgados durante el golpe de Estado del año 2009.
Caso2: El asesinato de Berta Cáceres y la hidroeléctrica Agua Zarca
La lideresa indígena Lenca y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh, asesinada el 02 de marzo de 2016, llevaba años denunciado la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) en las aguas del río Gualcarque.
Global Witness revela que el proyecto de Agua Zarca es un buen ejemplo de cómo la corrupción y los abusos de derechos humanos se están produciéndose en Honduras. Tras el asesinato de Berta Cáceres, la financiación de la presa se suspendió y el FMO y Finnfun anunciaron que estaban «intentando abandonar el proyecto». A pesar del carácter público de la oposición de Cáceres a la presa y las resultantes amenazas contra ella y el COPINH, Cáceres comentó a Global Witness en noviembre de 2015 que el FMO nunca había intentado ponerse en contacto con ella o con sus compañeros
https://youtu.be/Lwwe4MOGfmo
Global Witness exige una investigación, en concreto, de lo siguiente: Las relaciones de DESA con el asesinato de Berta Cáceres, dado que dos de los hombres detenidos actualmente por su asesinato trabajaban para esta empresa.
Las relaciones del ejército de Honduras con el asesinato de Berta Cáceres, dado que tres de los detenidos por su asesinato están relacionados con el ejército hondureño; dado que el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, solía trabajar para la inteligencia militar; y que se ha denunciado que el nombre de Berta Cáceres aparecía en una lista del ejército.
Caso3: Operación minera en Nueva Esperanza
La minera La Victoria propiedad del empresario Lennir Pérez, yerno del fallecido terrateniente y empresario Miguel Faccuse, amenazó y hostigó a las comunidades del sector Florida, quienes se oponían a la extracción de óxido de hierro.
La investigación de Global Witness, documentó intentos de sobornos que Lennir Pérez hizo a comunidades, organizaciones y funcionarios de la zona. Debido a las amenazas, hostigamiento y criminalización la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH otorgó medidas cautelares a varios líderes de la zona.
El abogado Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ recuerda esos año de presencia de la minera como episodios difíciles vividos en la zona, donde las comunidades fueron ultrajadas por el empresario.
“Se generó un ambiente de terror, era como un toque de queda provocado por el mismo empresario Lennir Pérez, quien tenía un batallón de policías y militares, además de uno privado. El informe de Global Witness es vivencial y contundente, refleja claramente lo que las comunidades vivieron esos días”, dijo Fernández.
Caso4: Masacres de las comunidades tolupanas
Las comunidades indígenas tolupanas radican entre los departamento de Yoro y Francisco Morazán. En Yoro, las organizaciones nacionales han denunciado el exterminio que se hace de dicha población. El ambientalista Juan Mejía, durante muchos años ha documentado las violaciones que se hace en contra de las comunidades tolupanas. En los últimos años se contabiliza el asesinato de más de 100 indígenas. Una de las masacres se registró el 2013 en contra de los dirigentes Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto y María Enriqueta, crímenes que siguen en completa impunidad.
El informe de la organización británica revela que la zona es controlada por el exgeneral del ejército Filánder Uclés y sus guardaespaldas, quienes mantienen el terror en las comunidades con la intención de apoderarse del bosque y las fuentes de agua existentes en la región.
Concretamente en la comunidad de San Francisco de Locomapa, los asesinos anda libres, muchos hasta protegidos por la misma policía dice Mejía, quien reta al Estado a desmentir toda la información que contiene el informe de Global Witness.
Caso5: Pueblo garífuna y proyectos turísticos
El último caso documentado en el informe está vinculado al despojo que enfrentan las comunidades garífunas en Honduras. La concreción del proyecto turístico Bahía de Tela, concretamente el Induras Beach Resort, demuestra el incumplimiento que el Estado y el sector empresarial hacen de las sentencias dadas por el sistema interamericano de derechos humanos.
Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC, asegura que el informe de Global Witness ratifica las dos sentencias que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH en el caso de las comunidades garífunas, mismas que condenan al Estado por no existir una normativa que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Dentro del 5 caso, Global Witness recoge la realidad de Barra Vieja, en Tela, Atlántida, una comunidad llevada ante los tribunales de justicia acusado por el mismo Estado a través de la Empresa Nacional Portuaria del delito de usurpación de tierras.
Para el abogado José Carlos Velásquez, apoderado legal de la Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH, el informe está apegado a la verdad, porque es de conocimiento público el despojo de tierras que grandes proyectos turísticos hacen con las comunidades garífunas en la bahía de Tela.
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El país más peligroso para defensores
Los casos que expone el informe de Global Witness únicamente son algunas de las realidades que las comunidades enfrentan. El documento deja claro que Honduras es el país más peligroso del mundo para los defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente con más de 120 asesinatos desde el año 2010.
Los conflictos por la minería, hidroeléctricas y la agroindustria son las principales causas de estas muertes y la mayoría de las víctimas pertenece a grupos indígenas y de comunidades rurales. “La organización ha descubierto nuevas evidencias de los acuerdos de puerta trasera, sobornos y violación de la ley que se utiliza para imponer estos proyectos y silenciar a las comunidades”, dijo Ben Leather, jefe de campaña de Global Witness.
El informe finaliza dejando una serie de recomendaciones al Estado de Honduras, entre sus principales resalta el deber el Estado en dar protección a los defensores y defensoras de la tierra y los bienes naturales, adoptando un nuevo sistema de protección con recursos necesarios, que incluya el cumplimiento con las medidas cautelares.
Otra recomendación está destinada a los inversores extranjeros y a las instituciones financieras internacionales, a las cuales les piden detener cualquier inversión prevista en las industrias que provoquen violencia, que garantice el cumplimiento de los derechos de las comunidades, incluida la consulta previa, libre e informada.