2016: LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COMUNICACIÓN Y LA CENSURA EN INTERNET MARCAN EL CLIMA NEGATIVO PARA LA LIBRE EXPRESIÓN EN EL ECUADOR 



EN INFORME ANUAL, FUNDAMEDIOS SOSTIENE QUE LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL PERIODISMO SE ENDURECEN 



Las condiciones críticas para el ejercicio de la libertad de expresión en el Ecuador no han mejorado y el clima negativo se mantuvo en el 2016. Esta conclusión se desprende del análisis de las cifra del monitoreo que realiza Fundamedios sobre las violaciones a la libertad de expresión en el Ecuador.
En este 2016 que está por terminar, se han reportado un total de 480 ataques a la libertad de expresión (contabilizados hasta el 20 de diciembre de este año). Sin embargo, esta cifra podría incrementarse en las próximas horas. Hasta la fecha, el total de agresiones contabilizadas desde el año 2008 suman 2040, siendo, el año más violento el 2015, que cerró con 499.
Los principales ataques de este año se dieron por aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que este año aumentó un 69% frente al anterior. Lo mismo ocurrió con las vulneraciones a derechos digitales, que este año se incrementaron en un 123 %, mientras que en tercer lugar se ubicaron las agresiones por el Uso abusivo del poder estatal, que se han mantenido y que se detallarán más adelante.
No obstante, en lo que puede constituir una escalada importante de cara al inicio oficial de la campaña electoral, en los últimos días han ocurrido hechos muy graves como el proceso de disolución de la organización Corporación Acción Ecológica; o la activación de varios procesos penales que podrían terminar en detenciones en las próximas horas. Entre ellos, el caso de los veedores, Pablo Chambers y Gerardo Portillo, que investigaron los contratos del hermano del presidente Correa, con el Estado y también el caso del periodista Fernando Villavicencio y el exAsambleísta Cléver Jiménez, quienes tienen una orden de prisión que quedó en firme después de que se les revocó el recurso de Hábeas Corpus, por lo que ahora podrían ser capturados. Ambos han sido acusados de haber hecho pública información reservada, en un proceso que se inició en 2013.
Con estos últimos hechos se despide 2016, un año que deja sinsabores y una enorme preocupación por los retrocesos en materia de derechos y libertades.
ATAQUES POR MESES
Desde 2013, año en que entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, se dio un salto importante en el nivel de agresividad y la tendencia se ha mantenido. Los meses más violentos han sido, mayo, con 58 agresiones, marzo, con 57, junio, con 40 y febrero y septiembre con 38 por igual. Justo entre mayo y junio ocurrió la arremetida digital con masivas denuncias a cuentas de Twitter y a portales periodísticos por supuesta violación de copyright, lo que incrementó el número de agresiones en esos meses.
Las agresiones por aplicación de la LOC ocupan el primer lugar
Los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación también se han sentido en este año de manera brutal, por lo que las sanciones a los medios ocupan el primer lugar en la lista de agresiones con 168 casos (de los que ha podido conocer y reportar Fundamedios). Una cifra que traduce la realidad asfixiante que viven los medios de comunicación, arrinconados por temor a más sanciones económicas que comprometería su estabilidad y permanencia.
De esos 168 casos, que se encuentran bajo la categoría de “Procesos por aplicación de normativas contrarias a la libertad de expresión”, los medios más sancionados hasta ahora han sido: La Hora, Canal Uno, Diario Extra y Radio FM Fútbol La Redonda.
Uno de los casos que más ha llamado la atención han sido las 13 sanciones impuestas a radio FM Fútbol La Redonda, por comentarios de sus locutores. En su última audiencia ante la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), los locutores del espacio el “Hablando jugadas” asistieron en calzoncillos como símbolo de protesta. Esto ocurrió el 19 de octubre. Ese día, la defensa del medio cuestionó que esa entidad actúe como “juez y parte” y aseguró que no tienen posibilidad de defensa ya que no han tomado en cuenta sus argumentos y que ni el medio ni sus locutores pueden seguir pagando multas que suman más de USD 40 mil. Tras esto, tanto la abogada como los locutores abandonaron la sala y cinco días más tarde, el medio fue nuevamente multado con el pago de USD 3660 por incumplir lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) al difundir contenidos no aptos para el horario y tipo de audiencia ‘Familiar’.
Otra de los casos de castigo a expresiones satíricas fue el ocurrido el 22 de marzo, cuando la Supercom sancionó de oficio a Radio Canela con una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos 3 meses, por comentarios “discriminatorios” vertidos por los locutores Marcos Vera “El Padrino” y Henry Flores, en contra de los ciudadanos chinos. Esto porque en el programa “El Show de los Miembros”, transmitido el 10 de noviembre de 2015 los locutores, imitando acento chino y en tono de burla, hicieron una broma de mal gusto.
Un caso que llamó la atención fue la doble sanción que emitió la Supercom el 8 de agosto en contra de Teleamazonas y la periodista Janeth Hinostroza por haber cuestionado una subasta inversa corporativa de medicamentos que realizó el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. Se trató de una amonestación escrita en contra del canal por linchamiento mediático o como reza la resolución “incumplir con el artículo 26 de la LOC”. Por ello, el medio fue obligado a pedir disculpas públicas “en el mismo espacio, programas y secciones tantas veces como fue difundida la información lesiva”. En cuanto a la periodista que conduce un espacio de entrevistas y opinión matutino, la Supercom la sancionó por “incumplir” con la norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 3, literales a y b de la LOC y fue conminada a abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se encuentren reñidos con la citada Ley.
Estos son solo pequeños ejemplos de la aplicación de una Ley que ha sido cuestionada por limitar la libertad de expresión y no adecuarse a los estándares internacionales en la materia, como lo han señalado los mismos relatores de la OEA y la ONU, en un reciente comunicado.
CENSURA EN INTERNET Y CIBER ATAQUES, EN AUMENTO
A diferencia de años anteriores, las agresiones por violaciones a los “Derechos digitales” se han incrementado de manera importante en los últimos años. Es así que en este 2016, estas agresiones ocupan el segundo lugar, con 89 casos. En estos meses ha sido común reportes de censura por parte de usuarios de cuentas en Facebook y Twitter, cuyas cuentas han sido temporalmente suspendidas, así como la salida del aire de portales periodísticos como Focus Ecuador, 4Pelagatos y Plan V, quienes han sufrido la dada de baja desde sus servidores tras denuncias de supuesta violación de copyright por parte de la Secretaría de Comunicación (SECOM), por el uso de fotografías del Presidente y otros funcionarios en actividades públicas. Todo esto sin tomar en cuenta el principio de fair use o uso justo, que ampara el uso de dichas imágenes para fines informativos.
Respecto a los ataques bajo la categoría Censura en internet se contabilizaron 67 casos, que Incluyen el cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales, abuso de normas de derechos de autor con el fin de silenciar; 13 casos de Hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales; 8 Ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales y un caso de Aprobación de normativa, presiones y sanciones a intermediarios para limitar el acceso a internet o a sus servicios.
Uno de los casos más graves ocurrió entre el entre el 6, 9 y 11 de mayo, cuando tres portales digitales y al menos 14 cuentas de usuarios en Twitter fueron denunciadas por la SECOM, por supuesta violación de copyright, o derechos de autor, por el uso “ilegítimo” de imágenes y extractos de las sabatinas presidenciales, conocidas como “Enlace Ciudadano”. Un espacio de rendición de cuentas de Rafael Correa. Entre ellos, el portal 4Pelagatos, FocusEcuador y cuentas en Twitter, cuyos contenidos también fueron censurados por la red social por compartir imágenes o videos del presidente Rafael Correa. Entre ellas, usuarios como: @DigiRightsLAC, @ElRepublicanoEC, @Alfredo240866, @DONKVEDO, @Dictatorecuador, @cruzquemada, ‏@Barcejomar, @Aliciadorada, @barceblaccio sufrieron la censura.
ABUSOS DEL PODER ESTATAL, LA TERCERA AGRESIÓN MÁS FRECUENTE
Casi empatando la cifra anterior, se ubicaron en tercer lugar las agresiones por “Uso abusivo del poder estatal”, con 86 casos. De ellos, cabe anotar que 63 casos orresponden a Abusos de cadenas y otras herramientas de comunicación del Estado, incluyendo las réplicas impuestas que cada vez se han vuelto más comunes entre las páginas de los diarios, o los noticieros, simulando ser una nota periodística que llega titulada y diagramada a las redacciones, o en forma de cadena. También se registraron 14 casos, de Abuso de organismos de control del Estado (Controles tributarios, cobro por coactivas etc); 5 casos de Concesión y/o cancelación arbitraria de frecuencias de radio y TV o espectro digital; 2 casos de Cierre o suspensiones arbitrarias de medios de comunicación como lo ocurrido recientemente con las radios Oasis y Antena Tres en Santa Elena, cuyos equipos fueron incautados y los medios salieron del aire tras una resolución de la ARCOTEL, ocurrida entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre.
Como ya se mencionó, las cadenas y réplicas, es decir, el contenido oficial impuesto en los medios de comunicación se ha incrementado este año. Uno de los casos reportados y que ejemplifica este abuso ocurrió el 8, 9 y 10 de marzo, cuando tres cadenas ordenadas por la SECOM interrumpieron a día seguido el programa matutino de entrevistas “En Contacto Directo”, transmitido por la estación televisiva Ecuavisa para descalificar a su conductor, Alfredo Pinoargote, quien cuestionó al gobierno por el dinero que ha gastado en la compra de dos aviones presidenciales, cuando existe una deuda con Solca, una organización que atiende a enfermos de cáncer.
Sobre este mismo tema, El 14 y 15 de marzo los diarios El Comercio, El Universo y La Hora fueron obligados a publicar en su portada y páginas interiores una rectificación a sus notas sobre los $130 millones que SOLCA -La Sociedad de Lucha contra el Cáncer- dice, le debe el Estado. La orden de rectificación fue dada por el Ministerio de Salud que, argumenta, no hay tal deuda.
EL DISCURSO ESTIGMATIZANTE DISMINUYÓ ESTE AÑO
Las “Agresiones verbales” se ubicaron en cuarto lugar este año, con 44 casos, entre los que se incluyen 24 amenazas y 20 “Insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas”, normalmente en esta última se reportan las descalificaciones vertidas por el Presidente durante su Enlace Ciudadano de los sábados. Este año esta agresión se ubique en cuarto lugar, cuando en años anteriores normalmente ha ocupado el segundo puesto entre las agresiones más frecuentes: la explicación es en que con la aplicación de la Ley de Comunicación ya no es prioritario desprestigiar el trabajo periodístico, basta con aplicar sanciones.
Sobre lo mencionado, una de las alocuciones más graves que pronunció el Primer Mandatario fue el 30 de enero de 2016, cuando pidió a la ciudadanía “rechazar y reclamar (…) cuando le vean en la calle” al caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, por una caricatura o donde representó los “elefantes blancos”, proyectos emblemáticos del Gobierno que han terminado siendo de escasa utilidad. El Mandatario hizo este pedido durante su Enlace Sabatino No 460, desde la provincia de Santa Elena, en la costa del país, y lo justificó al aseverar que “hay que saber diferenciar eso no es humor, eso es un pasquín, nos están engañando o no nos están engañando, pero no puede ser humor el engaño”.
Otro caso similar ocurrió el 3 de septiembre de 2016, cuando el presidente Rafael Correa acusó a diario El Universo de iniciar una campaña mediática en contra del gobierno y lo tildó de “diario el perverso, el peor diario de la vida nacional”. También sugirió a sus seguidores que “cuando vean a los hermanos Pérez, a Hernán Pérez Loose, a toda esa gallada de El Universo háganle yuca, insúltenlos y díganles no pues tienen que aplaudirnos, hay que ser tolerantes. Vamos a ver qué pasa”.
AGRESIONES FÍSICAS Y PROCESOS PENALES SE MANTIENEN
Con escasa diferencia, el quinto y sexto lugar le corresponden a las “Agresiones físicas” y los “Procesos penales” con 32 y 30 casos respectivamente.
En cuanto a la primera categoría se reportaron 19 “Ataques a la integridad física de periodistas”; 6 casos de “Intimidación/ acoso/persecución”; 5 “impedimentos de cobertura” y un caso de “Destrucción o confiscación de los equipos de los medios fuera de su sede”, así como otro de “Agresiones contra la sede de medios de comunicación”.
De los ataques físicos más graves, cabe destacar el caso de Jean Cano, colaborador de la revista Criterios, quien a tarde del 17 de marzo fue agredido con palos por una turba de manifestantes, mientras cubría una marcha en el centro de Quito, organizada por varios grupos sindicalistas, indígenas y ciudadanos, en rechazo a las políticas del gobierno. Cano fue atacado porque los manifestantes lo confundieron con un “infiltrado gobiernista” cuando lo vieron tomando fotografías con su celular, las cuales pensaba publicar en su cuenta de Twitter.
También, el caso de la radio comunitaria La Voz de Arutam, que ha sufrido tres atentados en el contexto de protestas sociales. Los más recientes ocurrieron el 17 de diciembre, y 23 de noviembre de este año, cuando la emisora salió del aire después de que desconocidos cortaron los cables principales que le dan señal a la radio. Todo ello, en medio del conflicto entre nativos Shuar y militares, en su intento por detener las protestas generadas a raíz de la existencia de campos de explotación minera en la zona.
En cuanto a los procesos penales, se han reportado 15 sentencias; 7 denuncias; 4 privaciones de la libertad; 3 sentencias de cortes superiores y un caso de prácticas pre procesales.
De los casos más recordados este 2016 se encuentran los procesos penales por comentarios vertidos en redes sociales, como el de la Concejala de Loja Jeanine Cruz, quien el 4 de enero fue condenada a 30 días de prisión, tras una demanda que planteó el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, por supuestas expresiones de descrédito y deshonra al haber publicado un video y un mensaje en su cuenta personal de Twitter. El Juez declaró a la edil “autora y responsable” de cometer una contravención de cuarta clase tipificada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece una pena de 15 a 30 días en prisión para la persona que “por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”. Ella cumplió su condena.
Otro caso similar ocurrió el 5 de septiembre, cuando el concejal y vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo fue condenado a quince días de prisión, USD 90 dólares de multa y la obligación de disculparse con el presidente Rafael Correa por hallarlo culpable de “proferir expresiones de descrédito o deshonra” contra el Primer Mandatario durante una entrevista el pasado 10 de junio, en radio Sonorama. Él todavía no ha cumplido su condena, la cual ya fue ratificada por una corte superior.
El caso del periodista Fernando Villavicencio, responsable del portal Focus Ecuador y el del exAsambleísta Cléver Jiménez también es uno de los más graves reportados en este año. Ambos afrontan una orden de prisión por un caso que inició en diciembre de 2013, cuando se ordenó el allanamiento de la vivienda de Villavicencio y las oficinas del legislador de oposición por Pachakutik. Ambos han sido acusados de divulgar información reservada de funcionarios de la Presidencia de la República. Lo más reciente que ocurrió que que el 19 de diciembre se revocó un recurso de Hábeas Corpus concedido en favor de ambos, con lo que la orden de prisión preventiva emitida por el juez Jorge Blum, quedó en firme. A esto se suma que Villavicencio fue declarado insolvente, tras el no pago de el no pago de más de USD 140.000 de indemnización por injurias al Presidente y la petición de disculpas públicas a que fueron condenados Villavicencio, Cléver Jiménez y Carlos Figueroa, en un proceso anterior.
CIFRAS POR AGRESIONES 2016
Finalmente, se reportaron 11 casos de “Censura”; 8 casos por “Procesos administrativos”; 5 por “Aplicación de un marco jurídico contrario a estándares internacionales”; 3 casos de “Uso abusivo del poder no estatal”; 3 por “Procesos constitucionales”; y uno por “Procesos civiles” e “Impunidad”, respectivamente. También vale mencionar sobre 20 casos de violaciones a la “libertad de asociación” registrados en este año.
Entre las agresiones por la aplicación de un marco jurídico contrario a estándares internacionales, cabe resaltar que Fundamedios ha alertado respecto a las restricciones en la libertad de expresión de proyectos de Ley como la “Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad de los Datos Personales” que podría restringir o bloquear contenido en internet y prohibir el acceso a datos personales de funcionarios públicos, imposibilitando la fiscalización ciudadana si llega a ser aprobada por el legislativo. Este proyecto que contiene 28 artículos y cuatro disposiciones, ha sido cuestionado por organizaciones y juristas ya que se considera que limitaría gravemente la libertad de información y expresión en internet.
Respecto a las agresiones por Uso abusivo del poder estatal vale mencionar el caso del periodista José Carlos Casañas y la coordinadora de noticias Monserrat Naranjo, quienes fueron despedidos el 13 de diciembre de 2016, del canal privado RTS, por haber realizado la cobertura y posterior publicación de la nota periodística que reveló la agresión que sufrió Gloria Ordóñez por parte del director del diario estatal El Telégrafo, Orlando Pérez.
En cuanto a la libertad de asociación, hay 20 casos de violación a este derecho que se han contabilizado a lo largo de este año, en un monitoreo paralelo que realiza la Organización. Los más graves, ocurrieron con la disolución del gremio de educadores más grande y antiguo del país. La Unión Nacional de Educadores UNE fue disuelta el 18 de agosto de 2016, cuando el Ministerio de Educación notificó al gremio con su extinción jurídica definitiva, tras rechazar el pedido del sindicato de maestros de declarar la nulidad y el archivo del proceso iniciado el pasado 21 de julio de este año. Con esta acción se puso fin a una entidad con personería jurídica desde el 19 de abril de 1950.
El segundo caso más grave en materia de libertad de asociación fue el inicio del proceso de disolución de la organización Corporación Acción Ecológica el 20 de diciembre de este año.
LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS, LOS MEDIOS Y PERIODISTAS
Como se ha venido registrando en años anteriores, los medios de comunicación vuelven a ocupar el primer lugar entre las víctimas de las agresiones a la libertad de expresión con 282 casos. La mayoría por sanciones en la aplicación de la LOC. De todos estos medios, sólo tres casos pertenecen a medios estatales.
En segundo lugar se ubican los periodistas y trabajadores de los medios, con 66 casos de agresiones. De esta cifra, sólo dos casos pertenecen a trabajadores de medios estatales. Luego de este grupo, el mayor número de víctimas está entre el grupo de ciudadanos, con 54 casos y ciberactivistas, con 51. Un número que se ha incrementado considerablemente respecto a años anteriores.
También se reportaron 11 casos de agresiones en contra de personajes públicos y 10, en contra de organizaciones de la sociedad civil.
EL ESTADO Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, LOS QUE MÁS AGREDEN
313 Es la cifra que se contabilizó del total de agresiones perpetradas por el Estado, sea por medida administrativa, legislativa o judicial. Lo que da cuenta de una política de hostigamiento en contra del ejercicio a la libertad de expresión, la prensa y los trabajadores de los medios.
Es por ello que tampoco resulta extraño que en segundo lugar, por tipo de agresor, se ubiquen los funcionarios públicos con 95 casos, siendo el Presidente de la República, el principal agresor, con 22 de ellos, en su mayoría, por las descalificaciones que pronuncia desde sus enlaces sabatinos. Un número igual de agresiones lo registran los cuerpos de seguridad estatal, quienes han actuado en la represión en medio de protestas civiles, lo que explica este alto número. Tampoco quedan desapercibidas las 20 agresiones perpetradas por jueces, que se derivan de las sentencias dictadas.
De manera externa al aparato estatal, llama la atención los 26 casos de agresiones perpetradas por empresas que han actuado limitando la libertad de expresión en Internet, aunque siempre por pedido o iniciativa estatal: Twitter, Facebook y otras empresas internacionales han actuado de esta forma.
Finalmente, cabe mencionar las 18 agresiones perpetradas por desconocidos, mayoritariamente por casos de amenazas, tanto en el ámbito digital, como en la vida real.
PICHINCHA Y GUAYAS CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE AGRESIONES
Si bien, la mayoría de agresiones contra la libertad de expresión se concentran alrededor de Quito, 68% de todos los casos reportados (328). Se ve un incremento de casos en provincias como Loja (Frontera sur); Azuay (Austro sur) y Tungurahua (Sierra central), con 24 y 14 casos. Guayas mantiene un segundo lugar a escala nacional con el 7% de los ataques, 37 casos.