LA POLÍTICA MEDIÁTICA DE LA “VICTIMIZACIÓN” 



EL DIARIO PRETENDE COMPROBAR QUE EN EL GOBIERNO DE CORREA NO HAY LIBERTAD DE PRENSA 



Alberto Maldonado S.
Periodista – Ecuador

El Comercio (el principal diario sipiano del Ecuador) trae, en su edición dominguera (julio 16/2011) una página entera dedicada a cuatro periodistas estrella que, según el periódico capitalino, han tenido que salir de sus medios por presiones del ejecutivo (Gobierno) Pienso que, de esa manera, el diario pretende “comprobar” que en Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa, no hay ni se respeta la tan mentada libertad de prensa.

¿Tiene algún signo de verdad esa afirmación? Para la gran prensa ecuatoriana (impresa, radial y televisada) es un hecho que no admite discusión Efectivamente, los cuatro actores (Carlos Vera, Jorge Ortiz, Juan Carlos Calderón y Emilio Palacio) han tenido que abandonar “sus” respectivas empresas (Televistazo-Canal 8 de Quito, Teleamazonas- Canal 4-Quito, diario Expreso-Guayaquil y El Universo de la misma ciudad de Guayaquil, respectivamente) y los cuatro han tenido un lugar común: el haberse alineado como los porta estandárteres de la oposición mediática ante el Gobierno de Rafael Correa. Sin duda, es hasta de sentido común, que el Gobierno haya sentido algún alivio cuando los cuatro dejaron sus púlpitos antigubernamentales, en sus respectivos tiempos. Pero, de ahí, a afirmar que son cuatro casos emblemáticos de una actitud contraria a la libertad de expresión, ciertamente que hay un abismo.

Quizá unos cortos comentarios de los cuatro casos nos lleven a mejores conclusiones, de lo que trato de decir y de asegurar. Me anticipo y reitero: en estos análisis tengo nada personal en contra de los cuatro periodistas; es más, con algunos de ellos guardo una especial consideración personal. Tampoco admito que tenga algo que ver, o deba algún favor, al actual Gobierno de Correa. Dicho lo cual, paso a este ligero ensayo.

Don Carlos Vera es, desde hace años, un mediano empresario (o ejecutivo, no sé) de medios de comunicación propios. No se le puede encasillar en el nivel de un simple periodista al servicio de una empresa (Canal 8-Quito) También, desde hace años, ha demostrado sus particulares puntos de vista ideológico-políticos. Y (desde mis particulares puntos de vista) Carlos Vera está alineado con la derecha política; yo diría, con la ultra derecha ecuatoriana, desde hace rato. Otra cosa es que, en sus propuestas políticas, haya tenido el suficiente respaldo ciudadano. Recordemos que, hace poco, Vera propuso la remoción del propio Presidente Rafael Correa, mediante el recurso constitucional de la revocatoria del mandato. Su propuesta se empantanó; y muchos aseguran que Vera estuvo lejos de reunir el número de firmas de ciudadanos debidamente empadronados, que patrocinaran esta demanda constitucional

Con un cariz más profesional que Vera, Jorge Ortiz ha sido un cuestionador permanente del actual Gobierno. Quizá él cometió el error de considerar que, porque los dueños del Canal 4-Teleamezonas, se habían declarado enemigos irreconciliables del actual Gobierno, tenía luz verde para dar rienda suelta a sus críticas y cuestionamientos. En un momento determinado, Jorge Ortiz resultó “un estorbo” para los propósitos de compra-venta del canal, según lo determina la actual Constitución, ya que prohíbe que los banqueros puedan seguir de propietarios de grandes medios de comunicación. Y todo el mundo sabía que el Banco Pichincha era el socio mayoritario del Canal 4-Quito

Juan Carlos Calderón, en cambio, es un joven periodista profesional que se ha especializado en los capítulos de investigación y periodismo interpretativo. Como tal, descubrió, en el diario Expreso, que el hermano mayor del Presidente (Fabricio Correa) como empresario de construcción de obras públicas, había conseguido contratos por unos 80 millones de dólares. Hasta aquí, todo aceptable en un periodista investigador. Solo que después, mucho después, Calderón, con otro escribiente, de apellido Zurita, publicaron un libro (titulado El Gran Hermano) y en él, asumieron como propias las versiones que han sido reiteradamente rechazadas por el Presidente Rafael Correa; entre ellas, que si conocía que su hermano mayor se valía de su parentesco con el Jefe de Estado para conseguir tales contratos. Hay una demanda por este asunto (propuesta por el Presidente) pero, diario Expreso y Calderón resolvieron dar por terminada su relación laboral, de mutuo acuerdo. Hoy, Juan Carlos Calderón dirige la revista Vanguardia que, hasta hace poco, el colombiano-ecuatoriano, Omar Ospina, fue su director; y como tal, ensayó sus dardos contra Correa.

El caso más sonado es el del Sr. Emilio Palacio, un ensayista de opinión que, desde las columnas del diario El Universo de Guayaquil, ha mantenido una línea de absoluta oposición al actual Gobierno, línea política que es también del periódico, desde hace años. Por supuesto, tanto El Universo como el señor Palacio tenían pleno derecho a oponerse al actual Gobierno y a su Revolución Ciudadana. A lo que tenían ningún derecho es a utilizar su columna para sostener cualquier acusación. Y la última fue que, a futuro, Rafael Correa tendría que responder criminalmente por haber ordenado que fuerzas militares dispararan contra indefensos pacientes del hospital policial, en el no menos famoso 30 de septiembre del 2010. Esta aseveración le valió a Correa para presentar una demanda penal-civil, contra Palacio y tres de los personeros de ese medio de comunicación (los hermanos Pérez Barriga y el señor Pérez Lapenti, herederos y administradores actuales de El Universo)

Al margen de que el Juez de Delitos Penales (Juan Paredes) acaba de darle la razón al Presidente Correa (los inculpados están sentenciados a 3 años de prisión correccional y a 40 millones de dólares) los cuatro casos no pueden ser mezclados; peor, mucho peor, señalados como emblemáticos de que el Gobierno actual los ha perseguido y ha logrado que salgan de sus puestos de trabajo. Con ellos (según mi criterio) se ha operado la vieja sentencia popular de que el “diablo paga mal a sus devotos”

Me explico: De lo que se sabe, Carlos Vera se separó de Canal 8-Quito por su propia voluntad y para dedicarse de lleno a su labor política de ultra derecha. Estaba en su derecho. Y consideró que para tener entera libertad de acción, debía separarse de la empresa comunicacional.

Quizá, el caso más dramático es el de Jorge Ortiz y Teleamazonas (Canal 4-Quito) Mientras fue su vocero de opinión y de información, fue leal a sus principios y a la línea política del medio. El problema surgió cuando –de acuerdo a la actual Constitución-el dueño del Banco Pichincha (Fidel Egas) debía vender sus acciones del referido Canal. Y para los oferentes (un empresario peruano) Ortiz resultaba una piedra en el zapato de la transacción. Naturalmente, la cuerda se rompió por el lado más flaco; y Jorge Ortiz pasó a la desocupación. No conozco si le pagaron alguna indemnización; pero Ortiz supo, por lo menos, dar una lección de bon homía, tan olvidada en estos tiempos.

Del caso Juan Carlos se conoce poco. De un periodista estrella de diario Expreso, apareció de pronto como Director de la revista Vanguardia. Pero no se ha sabido que el Gobierno haya ejercido alguna presión para su separación de Expreso, ya que pasó a director de un medio que ha sido (¿sigue siendo?) más virulento que el periódico.

De Don Emilio Palacio, en cambio, se van descubriendo actitudes y antecedentes. Hace pocos años se identificaba como un “troskista radical” y censor y crítico del movimiento sindical ecuatoriano. No es un periodista profesional sino un “sociólogo” (si es que es) que encontró en El Universo, un cobijo y un campo de acción propicio a sus reales propósitos. Como suele ocurrir en estos casos (sino, que le consulten al exguerrillero Teodoro Petkof y su feroz oposición a Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana) resultó ser más papista que el papa. Le fue muy bien, en principio, ya que no solamente llegó a ser un “periodista de opinión” de absoluta confianza de El Universo sino a apreciables aumentos salariales: de 4.000 dólares mensuales, últimamente pasó a 10.000 mensuales. Pero, al parecer, esta vez le salió el tiro por la culata. Metió a los herederos de Carlos Pérez Perasso (que fue director de El Universo y un hombre de mentalidad abierta) y se negó a una rectificación de sus afirmaciones. Pretendió pasarse de vivo al renunciar a su cargo de editor de opinión (¿renuncia con piola?) y propuso que el propio Presidente redacte la disculpa que exigía para retirar la acusación (y por lo tanto, dejar en nada el juicio), lo cual fue considerado como un agravio al sentido común.

Tenaz es el término que mejor refleja la actitud poco menos que fundamentalista que han reflejado los medios que se identifican con el sistema imperante y que yo los considero “sipianos” (de la SIP-CIA) No hay día en que estos medios (impresos, radiales y televisivos) no critiquen y “denuncien” al Gobierno de la “Revolución Ciudadana” El Comercio de Quito, siguiendo sus mejores tradiciones (José Peralta los denuncia como uno de los inspiradores y promotores del asesinato y arrastre de los Alfaro (1912) que introdujeron en este país, la revolución liberal) no descansa en ese afán de encontrar “todo mal” Y para este medio comunicacional tienen mucho más valor las voces disonantes antes que las mayorías democráticas. Tienen más voz los voceros o abogados de los defensores de la “democracia y la libertad” que son dos términos que ellos suelen proclamarse dueños absolutos.

Es la aplicación de la política retrógrada que es implementada por los medios masivos de comunicación del sistema contra todo gobierno, por más tibio que sea, pero que plantee reformas que toquen los privilegios de las oligarquías criollas; oligarquías que han estado muy acostumbradas a mandar y a que nadie les mande. Son , en definitiva, una vanguardia del sistema neoliberal imperante, en el mudo entero. Y lo hacen con total desparpajo, sin pararse a pensar siquiera que esa actitud, les ha llevado a perder credibilidad; una credibilidad que antes (hace unas décadas) les permitía mantener a las sociedades sumisas.

Quito, julio 21/2011

Nota adicional: Pudiera pensarse que, durante el actual Gobierno (desde enero del 2007) se ha legislado para tratar de condenar a los medios y sus sirvientes de opinión. La legislación viene desde hace décadas; ha sido poco aplicada, entre otra razones, porque exige un alto grado de egresos (en abogados, peritos y “gastos judiciales”) y gran dosis de paciencia, ya que un juicio, en tres instancias, puede durar años. Pregunto: ¿algunos de los que hoy reclaman airados por la sentencia expedida, reclamaron también cuando, por ejemplo, fue condenado el articulista del diario sipiano El Comercio de Quito, Dr. Rodrigo Fierro, enjuiciado nada menos que por el dueño del país (ya fallecido) ingeniero mecánico León Febres Cordero R.?