ENRIQUE AYALA MORA DECLINA PRECANDIDATURA PARA FORTALECER EL ACUERDO NACIONAL POR EL CAMBIO 



LA EDUCACIÓN NO PUEDE SER USADA COMO PARTE DE UNA POLÍTICA POPULISTA 



OPCIÓN SOCIALISTA No. 77

Ecuador pide unidad. Todos los sectores plantean que las fuerzas sociales y políticas formen grandes alianzas para enfrentar la profunda crisis que afecta al país y para derrotar al caudillismo correísta que se hunde en el desgobierno y la corrupción.

Por ello, cuando en mayo pasado un amplio grupo de intelectuales y personalidades de todo el país me propuso una candidatura presidencial, expresé que aceptaría una precandidatura en el marco del Acuerdo Nacional por el Cambio, una gran alianza política impulsada por las organizaciones sociales y las fuerzas progresistas, que ofrece una alternativa renovada con una propuesta programática y fórmulas electorales comunes para 2017.

He promovido el desarrollo del Acuerdo Nacional con entusiasmo. Junto a Lourdes Tibán y Lenin Hurtado, notables compañeros a quienes admiro y aprecio, visité las provincias del país, presentando nuestras propuestas y promoviendo la unidad. En medio del proceso se sumaron al apoyo a mi nombre, centrales sindicales, otras organizaciones sociales, movimientos nacionales y locales, jóvenes, maestros, estudiantes y ciudadanos independientes.

Ahora, cuando el país demanda definiciones, en homenaje a la unidad, con ánimo de facilitar la designación de un solo candidato presidencial, declino la precandidatura e invito a que apoyemos el nombre del general Paco Moncayo Gallegos, un ciudadano con larga carrera de servicio a la patria.

Agradezco el generoso apoyo de las personas y organizaciones que promovieron y respaldaron mi nombre y con esta oportunidad renuevo mi compromiso con el país, la democracia, la justicia social, la unidad del pueblo y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Estoy seguro de que en los próximos días habremos consolidado una fórmula electoral que nos conduzca a la victoria y la superación de la crisis nacional.

Texto reproducido íntegramente del boletín de prensa remitido por el Dr. Enrique Ayala Mora.

Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Gritaban fuertemente al menos 60 mujeres
reunidas a propósito de la convocatoria, por parte de la Plataforma Justicia para Vanessa, a una primera asamblea abierta para organizar una gran marcha el 25 de noviembre en rechazo al feminicidio (término utilizado para señalar la alta responsabilidad que también tiene el Estado en las muertes de miles de mujeres en el país a causa de violencia machista), como se han realizado en varios países de la región bajo la consigna de ¡Ni una menos! Si bien faltan algunos meses para la fecha propuesta para esta manifestación, tiene mucho sentido la gran convocatoria que esta iniciativa
tuvo, y según sus promotoras y quien es estuvimos presentes va a seguir teniendo, puesto que en el Ecuador de hoy, de una supuesta “revolución ciudadana”, las cifras de femicidios son alarmantes, las muertes por abortos inseguros y clandestinos siguen creciendo, la brecha salarial de género no ha disminuido y más bien se han violado derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, donde las más afectadas son las mujeres, se aprobó una ley de tierras donde se sirve al agronegocio y una serie de políticas que precarizan aún más la vida de las mujeres, generando una suma de violencias que en el caso más extremo, pero no menos común, provocan la muerte. Ante esta realidad social lamentable, donde además de las políticas públicas y leyes anti derechos que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional (eliminación de la ley 103 contra la violencia de las mujeres, aprobación COIP donde no se despenaliza el aborto por violación, obligando a más de 2000 niñas a parir, leyes dirigidas a la persecución de las organizaciones sociales, etc.), tenemos el reforzamiento desde las más altas esferas del poder de una cultura heteronormativa, donde el racismo y el sexismo, son unos de sus pilares fundamentales, las mujeres estamos organizadas, demostrando que estamos vivas y que podemos construir propuestas de diversa índole para subvertir el sistema heteropatriarcal capitalista que se impone como modelo de Nación y precautelar así no solo nuestras vidas sino la de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y de la naturaleza. En efecto, además de la intención de organizar esta marcha que congrega a muchas organizaciones del movimiento de mujeres y feministas del ecuador y a la sociedad civil, grupos de mujeres de izquierdas se reunirán este mes de septiembre para discutir una agenda política desde las mujeres para presentar a los candidatos del Acuerdo Nacional Por el Cambio; otras agrupaciones harán lo propio para entregar una serie de demandas y de propuestas en general a todos los candidatos de 2017, mientras que otros colectivos, organizaciones feministas y activistas sociales realizarán una serie de acciones por el 28 de septiembre que es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.

Así diversas, desde varios frentes que a veces confluyen otras veces se separan, caminamos juntas, colocando siempre nuestras voces incómodas desde el feminismo, en contra de todas las violencias vengan de donde vengan, levantando todas las luchas sociales, dialogando con diversas organizaciones populares y políticas de izquierda y el
centro para que hagan también de nuestra lucha la suya, y a la derecha conservadora tanto como la del gobierno como la “tradicional” enviando el mensaje claro de que estamos en pie de guerra.

María Paula Granda
@paulitagran



LA EDUCACIÓN NO PUEDE SER USADA
COMO PARTE DE UNA POLÍTICA POPULISTA

Entrevista a Rosana Palacios ,
presidenta de la Unión Nacional de Educadores

Como parte de la campaña de descrédito y persecución contra las organizaciones sociales, el gobierno ha iniciado un proceso de disolución contra la UNE ¿Cuál es la intención detrás de esta medida?

El gobierno está en una campaña contra sindicatos, universidades, ha reactivado juicios contra líderes sociales, estos actos buscan hacer el mayor daño posible a la organización social, sindical y popular, pese a que el gobierno tiene los días contados. El objetivo de Rafael Correa es pretender callarnos, aplicar una política de miedo, amenazas. La misma intención tiene, por ejemplo, el enfrentamiento con el Consejo de Disciplina de los militares.

En este marco es importante la capacidad de análisis que tenemos en la organización social, hay que ver el momento, leer el contexto. Las FFAA también han sabido leer el mensaje del gobierno y no caen en la provocación, para evitar que Correa se victimice.

¿Bajo qué causal se inició el proceso de disolución?

Si en el Ecuador no estuvieran cooptadas todas las funciones del Estado, no habría ninguna base para la disolución de la Unión Nacional de Educadores, ningún sustento jurídico. El acto administrativo por el que se inicia la disolución deja a la organización en la indefensión, se nos acusa de todo y nada. Cuando se nos acusa que hemos violado la Constitución, la Ley y el Reglamento, no se especifica que articulado se ha violado. No hay motivación, ni fundamentación. Es un acto dictatorial, que no respeta ninguna norma jurídica.

¿Qué acciones ha tomado la UNE para enfrentar este proceso?

Hemos tomado dos caminos: el uno es la defensa jurídica, con un grupo de abogados como Ciro Guzmán, el Colegio de Abogados de Pichincha, abogados de Fundamedios, ellos están a cargo de nuestra defensa. Hemos solicitado la nulidad del proceso, sin embargo el trámite en sede administrativa es absurdo, porque la misma autoridad que emite el Acuerdo es ante quien debemos apelar.

El otro camino ha sido pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la intervención urgente de la Organización Internacional del Trabajo, también hemos enviado cartas al Comité de e Expertos de la ONU en Derechos Civiles y Políticos, pedimos también la solidaridad dentro del mundo sindical, recibiendo una respuesta magnífica dentro de estos espacios.

El Director General de la OIT ya ha hecho llegar al Presidente de la República una carta recordándole –en términos muy diplomáticos- que el proceso que se sigue contra la UNE viola los tratados y convenios ratificados por el Ecuador, y ha solicitado al gobierno informe sobre temas como la apropiación de las sedes de la UNE en Quito y Guayaquil. También ha existido comunicaciones de parte de la Confederación Sindical de las Américas y de la Internacional del Servicio Público (ISP), entidades que enviaron una misión internacional. Se solicitó una mesa de diálogo, sin resultado alguno. El gobierno ha llegado al extremo de desconocer el carácter de organización sindical de la UNE.

El odio que tiene el gobierno a la UNE ¿es por sus críticas al modelo educativo?

La persecución es por nuestra insistencia en que el gobierno responda por los resultados de su gestión, especialmente en referencia a la implementación del Plan Decenal. Este Plan no se convirtió en política pública, la inversión en educación la han mostrado como una dádiva del gobierno. La educación no puede ser usada como parte de una política populista. Hemos reclamado la evaluación del Plan Decenal al haberse cumplido ya los
diez años. No existe una respuesta sobre la aplicación de las ocho políticas establecidas en el Plan, que fue puesto en consideración del pueblo por medio de la Consulta Popular del año 2006. Uno de los puntos era el de la inversión, hoy tenemos apenas el 3,9% del PIB invertido en educación, tenía que estar ya en el 6%, con ello se
podía universalizar la educación inicial (3 a 5 años de edad). El Plan también establecía la capacitación permanente del personal docente. El gobierno habla de 40 mil profesores capacitados, pero somos 160 mil a nivel nacional, pese a haberse despedido a 45 mil que estaban por contrato ocasional. Otro punto tenía que ver con la jubilación con estímulos en efectivo, que tampoco se ha cumplido. No se ha cumplido la Constitución ni el Plan Decenal, y al gobierno le molesta cuando una organización sindical desenmascara las violaciones a los derechos laborales. El tema de la infraestructura educativa es otro punto por el que hemos peleado, las unidades educativas del milenio atienden apenas al 10-15% de estudiantes del país, sin embargo existen 6 mil escuelas y colegios cerrados o fusionados.