ECONOMÍA: DEFINICIONES MÁS QUE DEMAGOGIA 



¿CÓMO SALIR DE LA CRISIS? 



Por Franklin Falconí
PERIÓDICO OPCIÓN

¿Cómo salir de la crisis? Este es un tema en el que las aguas del discurso político-electoral se dividen, o deberían hacerlo, porque no se entiende que habiendo en el escenario candidaturas de tendencias ideológicas de derecha, izquierda y centro izquierda, las respuestas sobre qué hacer una vez logrado el sillón de Carondelet no se diferencien mayormente. Pues hay que estar claros: la economía no es un problema eminentemente técnico, que implique acciones “descontaminadas” de la ideología, como suelen decir algunos economistas a los que el actual mandatario en algún momento calificó de OCP: Ortodoxos, Conservadores y Prudentes. De hecho, la ideología y la política solo son la expresión de una realidad económica, de la existencia de clases sociales en disputa.
En los últimos días, varios analistas mostraron un oscuro escenario para quien resulte electo como nuevo presidente. Si empezamos por el tamaño general de la economía, por ejemplo, partimos ya de un problema serio: a pesar de que todo el mundo sabe la gravedad de la crisis, no hay sinceridad en las cifras.
El gobierno habla de un decrecimiento de la economía de menos 1,7% en el 2016, y eso nos ubica ya entre las economías que más decrecen en el mundo. Esta cifra, sin embargo, es lejana a estimaciones hechas por organismos que antes han aparecido respaldando las políticas económicas del régimen, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que había proyectado el mes anterior que el decrecimiento de Ecuador sería del menos 2,5%. El FMI, por su parte, habló en el mes de junio de un decrecimiento de menos 4,5%, ahora, actuando nuevamente como aliado político no declarado, rectifica ese cálculo y ubica al decrecimiento en menos 2,3%. Y no solo eso, sino que lo hace al tiempo de entregarle 364 millones de dólares, al gobierno como contribución para la reconstrucción por el terremoto de abril pasado. ¿Y por qué, a pesar de esto, el presidente Correa ataca nuevamente al organismo en su sabatina? Pareciera un acuerdo tácito de dejar hacer en el plano discursivo, mientras en el plano económico el gobierno y el FMI parecen llevarse muy bien.
Asumiendo que la cifra oficial sea verdadera, para recuperarse de esta caída se necesitaría que la economía crezca 1,7% en el tercer trimestre y 2,7% en el cuarto trimestre de este año; es decir, en los dos trimestres juntos el crecimiento debería ser de 4,5%, algo que analistas como Pablo Lucio Paredes ven extremadamente difícil. “Supongamos que luego de haber caído el primero y segundo trimestre, la economía se estabilice en el tercero y cuarto, es decir, que tengamos 0% de crecimiento en los dos últimos trimestres, pero incluso en ese caso el resultado del año sería menos 3,2%”, sostuvo el analista, durante un programa en radio Exa, Quito, el pasado 6 de septiembre.
La grave situación económica del país, que implica un proceso recesivo profundo, y que se manifiesta por ejemplo en la caída de la recaudación tributaria (al mes de agosto son 1.700 millones de dólares menos de recaudación que en el mismo período del 2015, a pesar del incremento del IVA), se prolongaría hasta el 2025, según los expertos.
¿Entreguismo o entreguismo?
Otro de los graves problemas que el próximo gobierno tiene entre manos, y sobre el que los candidatos deberían dar respuesta urgente y clara, es el tema de la deuda pública.
La deuda al mes de julio de este año ascendía a 36.500 millones de dólares. Con relación al PIB, según las cifras del Banco Central (BC), ello representaba el 35%, pero ahora el mismo BC cambió la estimación del PIB para el 2016 y lo bajó a 96.200 millones de dólares; ese cambio hace que la deuda se ubique ahora en el 38% del PIB. Así lo explica el ex ministro de Finanzas de este gobierno, Fausto Ortiz; es decir, un porcentaje muy cercano al techo que establece la Ley.
A esa deuda hay que sumarle por lo menos 2.500 millones de dólares, que son el saldo al mes de mayo de los Certificados de Tesorería (CETES), que son títulos valores emitidos por el Ministerio de Finanzas para obtener recursos del Banco Central de manera emergente. Solo con eso la deuda ya subiría al 40% del PIB, según Ortiz. El gobierno dice que estos certificados no son deuda porque terminan extinguiéndose en diciembre, pero los últimos tres diciembres han quedado saldos, no se han logrado extinguir. Además, este año el gobierno está corriendo con un déficit fiscal que no consigue financiar, lo que hace suponer que tampoco se cumpliría en su totalidad con estas obligaciones. A eso se pueden agregar otros valores: la preventa petrolera, que según lo explica el ex funcionario, está en los 800 millones de dólares al mes de agosto. Por ahí también hay un crédito viejo con el FMI, del año 2009, que son como 400 millones más; y los atrasos del 2015, que también son deuda aunque no se conozca a cuánto asciende. Para Ortiz, podrían ser 1.500 millones de dólares más. “Deuda y pasivos ya superan hace rato el 40%, y eso hará que el gobierno modifique el techo de endeudamiento a través de la Asamblea. Si no lo hace será atarse y no poder contraer deuda el próximo año”.
Lo más seguro es que en estos meses el actual régimen se dedique a formar nuevos huecos para tapar otros, y dejar que los problemas se acumulen para el próximo gobierno. El nuevo mandatario tendrá que partir con un presupuesto del Estado (que es prorrogado del 2016) con un déficit de 2.000 millones de dólares, y tendrá que reformularlo, modificando el techo del endeudamiento vía Asamblea, en función de reestructurar la deuda consiguiendo nueva deuda, más barata. Es decir, más deuda para pagar deuda, medida en la que seguro coinciden Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. O en su defecto, podría, según lo han planteado las fuerzas sociales del Acuerdo Nacional por el Cambio, declarar una moratoria del pago, para lograr resolver problemas fiscales, al tiempo que se someta a fiscalización la deuda contraída por este régimen y que no está nada clara, para tener la posibilidad de evitar erogar recursos que bien pueden destinarse al desarrollo del país. ¿Qué camino adoptaría el nuevo gobierno? En la respuesta a esta pregunta está la diferencia entre los candidatos. La disyuntiva no debe ser: más sometimiento o más sometimiento, sino una política soberana, que apunte a priorizar los problemas de la gente antes que los intereses de los chulqueros internacionales.
Lo que se impone, entonces, es que los candidatos den respuestas claras a preguntas claves en torno a cómo enfrentarán la crisis en la que recibirían el Ecuador después del correato: ¿tomarían medidas económicas de ajuste, como las de la larga noche neoliberal, por ejemplo la eliminación de subsidios?, ¿volverían sus ojos al Fondo Monetario Internacional y al sometimiento a sus recetas que ello implica?, ¿paralizarían la inversión social, bajo el criterio de que es “gasto” y todo gasto es malo?, ¿continuarían con el entreguismo de la soberanía a las transnacionales mineras y petroleras, o con los procesos de concesión de puertos y venta de activos del Estado?, ¿insistirían en la represión y control social para hacer frente a las protestas que estas medidas produzcan? Las respuestas a estas inquietudes, desde el ángulo de candidatos como Cynthia Veteri o Guillermo Lasso no pueden sino ser afirmativas, porque así lo dicta su condición de clase, no sabrían hacer otra cosa; aunque seguro tratarían de sacar el cuerpo con retórica barata.
Y también serían afirmativas las respuestas de Lenin Moreno y Jorge Glass (si de sincerarse hablamos), porque son medidas que se han aplicado ya en estos años, aunque solapadamente, bajo una verborrea demagógica llamada “revolución ciudadana”.
Quienes respondan que NO a todas las interrogantes anteriores, serán los que representen el auténtico cambio que los ecuatorianos buscan. Porque no tomar ninguna de esas medidas significa que tendrán que hacer otras cosas, que, necesariamente, afecten a los poderosos en beneficio de los sectores populares.
EL ENTREGUISMO AVANZA
Por Tatiana Carcelén
Ha pasado una década desde que muchos ecuatorianos votaron por una opción que se pintaba como una alternativa ante los viejos gobiernos vendepatria del Ecuador, pero poco tiempo pasó para que la frase: “ultimo día del despotismo y primero de lo mismo” volviera a pintarse en la historia del país, pues las políticas antipopulares aplicadas desde el régimen lograron desenmascarar sus reales intereses, ocultos bajo un discurso radical.
Una de ellas tiene que ver con el tema de las concesiones (privatizaciones) de sectores productivos y estratégicos del Estado a empresas privadas, nacionales y transnacionales, es decir la venta de bienes estatales. Según diario El Comercio, entre 2015 y 2016 se pusieron en remate aproximadamente 2.000 bienes, que iban desde terrenos, casas, departamentos, oficinas y locales comerciales. En el presente año dicha política de subasta de bienes públicos se agudizó con el terremoto del pasado 16 de abril, ya que por dicha emergencia el presidente Rafael Correa anunció la venta de varios activos para obtener recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Es así que a este proceso entran empresas como la Hidroeléctrica Sopladora, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT (líder en telefonía fija, cuyos activos llegan a 1.836 millones de dólares), Cementera del Ecuador, y el Banco del Pacífico (con activos por 5.052 millones de dólares) además de canales incautados como TC televisión (patrimonio de 50 millones) y Gama Tv (patrimonio de 25 millones) y la búsqueda de socios estratégicos para la Aerolínea TAME, Flota Petrolera Ecuatoriana - FLOPEC (activos de 775 millones de dólares) y Fabricamos Ecuador –FABREC.
En el caso de TAME la situación es compleja, puesto que, según autoridades, ha generado pérdidas por cerca de 58 millones de dólares (cifras publicadas por diario El Telégrafo) lo cual ha ocasionado cierre de varias rutas, sin embargo, esta versión es contrapuesta a los resultados que arroja la investigación del portal Mil Hojas, puesto que, según esta publicación, la empresa genera mensualmente utilidades que no disminuyen de los 5 millones de dólares, por lo cual muchos miembros presumen que aquí se encuentra una fuerte corruptela dentro de la entidad, ya que varios escándalos de uso de recursos y sobreprecios han estallado paulatinamente.
Y ni hablemos en el tema petrolero, donde la historia es casi la misma, puesto que entre los años 2007 y 2008 se suscribieron contratos con empresas, de las que más adelante se mostraría su relación con la empresa Quality y otras empresas pertenecientes a Fabricio Correa, lo cual deshilaría la madeja de la corrupción en varios de estos contratos y procesos fallidos.
La entrega a empresas transnacionales de sectores estratégicos, como el campo petrolero Armadillo con el consorcio Gran Colombia, en el 2009; la entrega del campo Sacha (uno de los más productivos del país) a la empresa Río Napo, controlada por Pdvsa, en el 2009; y la entrega de una de las “joyas de la corona”, como es conocido el campo Auca, a la empresa Schlumberger, entregas mediante contratos que en lugar de favorecer en las utilidades al país generan ganancias para las empresas beneficiarias.
“Anteriormente se utilizaban los contratos de participación, en los cuales el Estado tendría un porcentaje de utilidades más o menos del 20%, mientras el 80% se lo llevaban las compañías; hoy en día los contratos de por prestación de servicios, con lo cual el Estado pierde, y ahora llevamos solamente el 10%”, expresa el Ing. Mariano Santos, experto en temas petroleros, quien también destaca que además de las concesiones a transnacionales, el gobierno debe responder sobre los costos de producción y los contratos entregados a dedo con el pretexto de los llamados “decretos de emergencia”.
“Este gobierno se ha caracterizado por emprender acciones que favorecen al gran capital, eso es evidente: hay retrocesos increíbles y el país ahorita está destrozado, por un lado por el terremoto, pero fundamentalmente por el manejo totalmente equivocado en las políticas económicas. Tenemos un país totalmente endeudado, un país enajenado, ya que ahora se ferian puertos, aeropuertos, campos petroleros, mineros”, explica Santos.
Aspectos que sin duda muestran el verdadero rostro de un gobierno entreguista, comprometido con el extractivismo y las transnacionales, actos que desenmascaran los verdaderos intereses a los que rinden honores los promotores de la famosa “revolución ciudadana”.