GOBIERNO TIENE LAS FIRMAS DIGITALIZADAS DE TODOS LOS ECUATORIANOS 



HABRÍA ENGAÑO EN RECOLECCIÓN DE FIRMAS 



Diego C. Delgado Jara
Candidato a la Presidencia de la República en el 2009. (M3-173)

1. Resulta evidente que habría un engaño y dudas más que justificadas con el aparente respaldo social al colectivo “Rafael Contigo Siempre” con supuestas 648.711 firmas que dizqué habrían obtenido en 17 días de recolección, y que solo les “restaría recoger 285.874 para llegar a la cifra requerida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar trámite al referendo” encaminado a su reelección, conforme lo publica El Comercio, del martes 19 de julio del 2010, en su página 3.

2. El motivo documentado de la duda estriba en que el Estado y el gobierno nacional disponen en sus manos de las copias de todas las firmas y huellas dactilares de todos los ecuatorianos, pues para ello DIGITALIZARON toda la documentación del Registro Civil del Ecuador mediante el CONTRATO R-LIC-DGRCIC-001-2010, del año 2010, para la “Digitalización de documentos del Archivo Nacional de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación”, que suscribieron con la firma CONTROSA (Controles S. A.), de supuesto domicilio en Uruguay, pero donde su experiencia en el formulario 13 del concurso “incluye la experiencia de la empresa DIGITAL TEAM”, la misma que apareció en el conteo de votos clandestino descubierto el 8 de mayo del 2009, en el antiguo local del Supermercado Santa Isabel, en la Garzota, al norte de Guayaquil, en la calle Agustín Freile Potes, donde habían 221 computadoras con sus digitadores, como paso previo a dar los más que sospechosos resultados de las elecciones del 26 de abril del mismo año.

3. Según una certificación de la documentación ya digitalizada hasta el 12 de julio del año 2012, los documentos estaban ya en 51´847.894, Y EL TOTAL DE CARILLAS DIGITALIZADAS ESTABAN EN 80´008.565. Esta información de más de 80 millones de carillas de los documentos ya digitalizados, firmas incluidas, hasta el 12 de julio del 2012, contratados cuando dirigía la institución el Ing. Paulo Rodríguez, consta en el Oficio Nro. 2012-00692-DIR-G, del 1 de agosto del 2012, suscrito por su sucesor, Jorge Mario Montaño Prado.

4. Cabe destacar que la primera etapa de la modernización del Registro Oficial, y que comprendía la DIGITALIZACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS, FIRMAS INCLUIDAS DE TODOS LOS ECUATORIANOS, tenía un presupuesto inicial de USD 340 millones de dólares, conforme lo informó diario El Comercio, del sábado 14 de mayo del 2011, página 3, primera sección.

5. Diario El Universo, del martes 1 de marzo del 2011, en su página 5, da cuenta de un crédito de USD 78 millones de dólares, suscrito a nombre del gobierno ecuatoriano por el embajador del Ecuador en Estados Unidos, Luis Gallegos “que financiarán el programa Modernización del Sistema Nacional del Registro Civil”.

6. El mismo diario El Universo, del martes 1 de marzo del 2011, en la página 1 de la sección Gran Guayaquil daba cuenta que serían 96 (noventa y seis) millones de documentos los que se DIGITALIZARÍAN, que “un grupo del personal de CONTROSA selecciona y distribuye las TARJETAS ÍNDICE, OTRO ESCANEA LAS ACTAS DE LOS LIBROS, y unos cuantos ingresan al sistema de información de los ciudadanos.”

7. Cabe destacar que el Rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), Dr. Moisés Tacle Galárraga Ph.D, en esa calidad y como Procurador del Consorcio Ecuatoriano de Procesos Digitales y Documentos (CEPRODID), presentó la Acción de Protección Nro.1056 en el Juzgado V de lo Civil de Guayaquil denunciando el despojo del que habían sido víctimas en este concurso de DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO NACIONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN, y reclamando por la inconstitucionalidad, ilegalidad y sesgada Resolución Nro. DIGERSCIC-DGD-2010-323, suscrita por el Ing. Paulo Rodríguez Molina, entonces Director del Registro Civil, porque lesionaba los intereses del legítimo ganador (la ESPOL) y donde en el punto 4.2. de la Acción de Protección la experiencia de CONTROSA es la de DIGITAL TEAM.

LO QUE SE PUEDE HACER CON LAS FIRMAS DIGITALIZADAS

Es lo más obvio que las FIRMAS DIGITALIZADAS estén en manos del gobierno que contrató la elaboración de ese instrumento político invaluable para muchos objetivos nada inmaculados, no solo en el Registro Civil sino incluso en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué se puede hacer con esa información ESCANEADA y DIGITALIZADA, monopólicamente controlada?

1. Se podría decir y “demostrar” que “Rafael Siempre Contigo” o cualquier “colectivo” del país al que se pretenda ayudar –desde el oficialismo- ha reunido no uno sino dos, tres o cuatro millones de firmas, y “pegar” o “adjuntar” las firmas escaneadas y digitalizadas y que en su número total disponible abarcan a toda la población ecuatoriana. ¿Quién puede enterarse si han tomado su firma para respaldar una propuesta que tiene el 85 por ciento de animadversión social y que equivale al porcentaje que exigía consulta nacional para las reformas constitucionales? ¿Quién, qué organismo, que partido o entidad, verifica la idoneidad y autenticidad de las firmas?

2. Se podrían hacer padrones electorales cualquier día y momento del año, y “llenar” con las firmas digitalizadas de los supuestos votantes escogiendo el color lila, verdeflex, morado, negro, azul, para “adjuntar” las firmas a gusto. ¡Tienen las firmas copiadas y digitalizadas y nadie controla su uso! ¡Todo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral está en manos del gobierno; no existe un solo vocal que no sea subordinado políticamente al mismo! ¡Pueden consagrar los resultados que les venga en gana porque la CNE elabora los padrones a gusto! ¡Y encima de ello está en manos del régimen todas las firmas de los ecuatorianos, incluidos de los difuntos, por ello “aparecen” decenas de miles de firmantes mayores a cien años como denunció con pruebas el Partido Sociedad Patriótica! ¡Asoman de entrada votantes nacidos en 1843 y 1853, conforme lo publica diario Expreso, del martes 16 de febrero del 2016, página 3!

3. ¡Con las firmas digitalizadas podrían llenar 250 mil, 400 mil o un millón de firmas para “legalizar” a cualquier partido o movimiento! ¡Se pueden crear partidos y movimientos a discreción, incluso a petición de parte y aunque no exista militancia real alguna! ¿Quién controla y fiscaliza el uso de las FIRMAS DIGITALIZADAS? ¿Quién, y con qué medios, podría contradecir que un movimiento oficial disponga de tres millones de “adherentes” con TODA LA COLECCIÓN DE FIRMAS DITALIZADAS DEL PAÍS A SU ORDEN Y SIN NINGÚN CONTROL NI FISCALIZACIÓN? ¡La mayoría de ecuatorianos ni siquiera conoce la existencia de la copia, digitalización y potencial manejo discrecional de todas las firmas de todos los millones de ecuatorianos!

4. ¡Interesante sería que los partidos y movimientos que no tengan rabo de paja y puedan ejercer una fiscalización plena al Consejo Nacional Electoral, y la propia Comisión Nacional Anti-corrupción, verifiquen las firmas “recogidas” y comparen con las firmas digitalizadas!

5. Hace algunos días, el abogado William Murillo, ex subsecretario del Migrante de este gobierno, denunciaba que su madre aparecía como votante, con certificado de sufragio, en el Ecuador, cuando ella no había salido de los Estados Unidos hace muchos años, como cientos de miles de compatriotas. La “prueba” para desmentirlo que mostraron los aludidos era la copia de una página del padrón donde su firma no aparecía. Esa página y cualquiera de decenas de miles de un padrón electoral, e incluso un padrón íntegro, la pueden armar a gusto, cualquier momento, sacando o incorporando firmas, porque para eso también sirve el disponer de la COLECCIÓN COMPLETA DE LAS FIRMAS DIGITALIZADAS DE TODOS LOS MILLONES DE ECUATORIANOS. La denuncia de los migrantes, que suponen la posible “participación” de cuando menos 300 mil migrantes en elecciones seccionales constan en diario Expreso, del jueves 30 de junio del 2016, página 3 y en El Comercio, del jueves 30 de junio del 2016, página 4.

¡Que nadie diga que no fueron advertidos!


RETALIACIÓN ECANDALOSA POR NO SANCIONAR A UN INOCENTE!
Diego C. Delgado Jara

El acusado es el Capitán de Corbeta Edwin Luis Ortega Sevilla. El motivo del juzgamiento es haber respondido por correo electrónico a una carta del remitente, el Presidente de la República. ¿Es delito responder un correo electrónico a su remitente personal además de haberlo hecho en forma respetuosa? ¿En qué código o cuerpo jurídico está ese supuesto delito? ¡Los creyentes hablan y hasta tutean en sus rezos con el Dios todopoderoso de sus creencias, y lo reclaman en forma frecuente por su situación! ¡Y ese Dios todopoderoso no castiga ni comete venganza por dirigirse a Él! ¡Pero parece que existe una autoridad que se cree mucho más que un Dios! ¡A Dios se le puede hablar en la oración; pero hay sanción iracunda para quien se dirija y responda una comunicación a esa autoridad que se cree un super-dios! ¡Esta es una conducta inhumana y hasta blasfema!

Como el Consejo de Disciplina de la Armada –en forma justa y legal- no ha sancionado a un inocente, porque responder una comunicación personal no es ningún delito, ahora el Presidente ha presentado una Acción de Protección para que una jueza prevarique y anule lo actuado y deje sin efecto la declaración de la inocencia del referido oficial, para que –además- ordene se forme un nuevo Consejo de Disciplina PARA QUE VUELVA A JUZGAR la conducta del mencionado oficial de la Marina ¡buscando otro Consejo de Disciplina hasta que se sancione a un inocente!

¡El país conoce la subordinación absoluta de la Función Judicial y no hace falta ser adivino, ni brujo, ni poseer dones premonitorios, ni ser pariente de Mandrake El Mago, para suponer lo que sucederá! No obstante lo previsible, analicemos las razones jurídicas de este proceder escandaloso, inconstitucional, violatorio de los Derechos Humanos, y absolutamente injusto.

PRIMERA RAZÓN JURÍDICA:

El artículo 11, numeral 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con la participación del Ecuador como país signatario, señala en forma textual: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.”

SEGUNDA RAZÓN JURÍDICA:

El artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, en el artículo llamado PRINCIPIO DE LEGALIDAD, establece: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que al momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho aplicable.”

TERCERA RAZÓN JURÍDICA:

El artículo 76, numeral 3, de la Constitución de la República, prescribe en forma obligatoria: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.” Nótese que las sanciones deben estar contempladas en la Constitución o la ley, en ningún caso en otros cuerpos jurídicos de menor jerarquía como sucedería con un Reglamento inconstitucional.

CUARTA RAZÓN JURÍDICA:

El artículo 11, numeral 4, de la Constitución ordena que “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.” El “Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Disciplina Militar” es una regulación ubicada en SEXTO LUGAR DE LA JERARQUÍA JURÍDICA al tenor de lo indicado en el Art. 425 de la Constitución, como lo pasamos a evidenciar.

QUINTA RAZÓN JURÍDICA:

La solicitud del Presidente de la República pretende que se viole el Art. 425 de la Constitución que prescribe:

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: (1) La Constitución; (2) los tratados y convenios internacionales; (3) las leyes orgánicas; (4) las leyes ordinarias; (5) las normas regionales y las ordenanzas distritales; (6) los decretos y reglamentos; (7) las ordenanzas; (8) los acuerdos y resoluciones; y (9) los demás actos y decisiones de los poderes públicos.” (Los números han sido colocados para pormenorizar y demostrar de mejor modo, en forma didáctica y graficada, la escala obligatoria de valor jurídico descendente de cada uno de ellos, según el propio texto constitucional.).

El segundo inciso de este mismo artículo 425 determina un procedimiento OBLIGATORIO para su aplicación cuando ordena lo siguiente: “En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.” ¡No puede JAMÁS un Reglamento primar sobre la Constitución o las Declaraciones de Derechos Humanos como exige en forma injusta, injurídica, y hasta obsesiva el Presidente de la República!

SEXTA RAZÓN JURÍDICA:

El artículo 424 de la Constitución de la República establece que “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” El carecer la eficacia jurídica significa que es nulo.

SÉPTIMA RAZÓN JURÍDICA:

El artículo 8, numeral 4, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra: “El inculpado absuelto por una sentencia firme NO PODRÁ SER SOMETIDO A NUEVO JUICIO POR LOS MISMOS HECHOS.” Lo que pide el Presidente es que se VIOLE también esta norma de los Derechos Humanos.

OCTAVA RAZÓN JURÍDICA:

El artículo 76, numeral 7, literal i, de la Constitución de la República, ordena: “NADIE PODRÁ SER JUZGADO MÁS DE UNA VEZ POR LA MISMA CAUSA Y MATERIA.”

El artículo 10, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, POR UN TRIBUNAL INDEPENDIENTE E IMPARCIAL para la determinación de derechos y obligaciónes …” Posibilidad inexistente porque toda la administración de justicia está controlada por el Poder Ejecutivo luego de una turbia consulta electoral del 7 de mayo del 2011, en cuyo padrón electoral asomaron 1´229.330 electores fantasmas, que superaban en número real de habilitados y conforme lo denunció diario Expreso, edición del jueves 15 de septiembre del 2011, página 2.

NOVENA RAZÓN JURÍDICA

El artículo 76, numeral 7, literal g, establece el derecho a “Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie podrá ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.” Desgraciadamente hoy en el Ecuador no existen juzgadores independientes.

Conformar a petición del Presidente un NUEVO Consejo de Disciplina ¿no es crear una “comisión especial creada para el efecto”? ¿Alguien podría garantizar que quizá no está listo un nuevo “Chucky Seven” o drive externo con una decisión judicial elaborada y previsible en forma similar a la denunciada sentencia de diario El Universo?

DÉCIMA RAZÓN JURÍDICA:

En los tiempos de Nerón y de Calígula, en el derecho romano, hace más de dos mil años, no se podía ordenar que se nombre un tribunal una y otra vez hasta que asome una sentencia condenatoria. ¡Pero todo puede acontecer en los días de una supuesta e inexistente “revolución ciudadana”! ¿Hemos olvidado que, con un huracán de odio, se pretendió encarcelar DOCE AÑOS a la maestra Mery Zamora, acusada de terrorismo, a pesar de no haber quebrado una tiza o un lápiz, ni haber rayado un pizarrón?

DATO QUE DEBE RECORDAR LA SEÑORA JUEZA:

La señora Jueza a cargo de esta exigencia inconstitucional e ilegal y violatoria de varios instrumentos de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, antes de tomar una decisión, debería tener presente lo que establece el Art. 268 del Código Orgánico Integral Penal recordando a la vez que ningún gobierno es eterno:

“Art. 268.- PREVARICATO DE LAS JUEZAS O LOS JUECES O ÁRBITROS.- Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, EN PERJUICIO DE UNA DE LAS PARTES; PROCEDAN CONTRA LEY EXPRESA, HACIENDO LO QUE PROHIBE O DEJANDO DE HACER LO QUE MANDA, en la sustanciación de las causas (…) SERÁN SANCIONADAS CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE TRES A CINCO AÑOS.”