DERECHAS PERMITEN QUE EL IMPERIO RECUPERE HEGEMONÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 



EE.UU. CUENTA CON GOBIERNOS INCONDICIONALES 



De la mano de las derechas políticas y económicas de América Latina y el Caribe, el imperio guerrerista estadounidense, comenzó a recuperar su hegemonía política, económica y militar, tras desestabilizar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con la toma de la Asamblea Nacional por las derechas agrupadas en la Mesa de la Unidad Democrática que, con apoyo económico, político y militar de Washington, intenta derrocar al gobierno de Maduro, lo mismo que apoya, financia y ejecutó planes para propiciar el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Antes apoyó política y financieramente para que la derecha .liderada por Mauricio Macri tomara el poder en Argentina.
El imperio cuenta con gobiernos incondicionales en América Latina que, en realidad, son simples gobiernos lacayos; representantes de las más rancias derechas asentadas en las clases dominantes de sus países. Allí están el presidente derechista-neoliberal Enrique Peña Nieto de México, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, representante del empresariado, el comediante conservador Jimmy Morales de Guatemala, el conservador derechista Juan Manuel Santos de Colombia, el empresario conservador Juan Carlos Varela de Panamá, el derechista Pedro Pablo Kuczynski del Perú, la presidenta socialista de Chile, pero que es incondicional del imperio, Michelle Bachelet, el derechista Horacio Cartes de Paraguay, vinculado al empresariado y sectores terratenientes, el golpista de las derechas brasileñas Michel Temer y el ultra conservador-neoliberal Mauricio Macri de Argentina.
La sumisión de esos gobiernos es la mejor forma para que el imperio y su neoliberalismo recuperen su proyecto de dominación total en América Latina y el Caribe. Estados Unidos se propone ampliar y construir nuevas bases militares en esta Zona de Paz, conforme la declaración de la II Cumbre de la Celac y al mismo tiempo, el imperio pretende acabar con 0los procesos de integración como el Alba, Unasur, Celac, Mercosur organismo en el que la “triple alianza” quiere impedir que Venezuela ejerza la Presidencia Pro Témpore.
Para liquidar al ALBA, Estados Unidos y sus socios menores crearon la Alianza del Pacifico constituida por Chile, Colombia, México, Perú a la que comienzan a unirse Costa Rica, Panamá y hasta Uruguay y Ecuador. Pero, para oponerse a esos designios existe una respuesta que es “la insumisión, el mejor camino para cambiar, mejorar y transformar la realidad. Insumisos al poder económico, político y cultural dominante” según propuesta de Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
El imperio nunca duerme y en sus sueños de dominar al mundo entero extiende sus tentáculos por los cinco continentes. En América Latina, con sus lacayos pretende instalar y ampliar sus bases militares para lo que utiliza los pretextos de siempre: “Ayuda humanitaria”, para lo que necesita de misiles, aviones caza-bombarderos, drones, buques de guerra y toda la IV Flota que navega por todos los Océanos circundantes y tropas élite desplegadas en la mayoría de países latinoamericanos y caribeños. Así mismo dice que las bases necesita Estados Unidos para el desarrollo de investigaciones científicas. Deben ser investigaciones tan extraordinarias que requiere todo el aparataje de guerra del imperio. Naturalmente que cuenta con el servilismo inagotable de los gobiernos de las derechas más recalcitrantes del Continente.
Ahora quiere extender sus garras imperiales hasta la Tierra del Fuego (Misiones y la Triple Frontera). Mauricio Macri, el neoliberal fascistoide de Argentina le extiende la mano. Según el periodista Héctor Bernardo así habría afirmado el diputado nacional Daniel Di Stéfano. El legislador presentó un pedido de informe que, aseguró, fue “cajoneado” por la diputada Carrió, que preside la Comisión de Relaciones Internacionales. Las dos provincias son clave para el acceso a los recursos naturales del país.
Misiones y Tierra del Fuego, provincias ubicadas en los extremos norte y sur de Argentina, serían los lugares estratégicos elegidos para la instalación de las bases norteamericanas. La excusa, en un caso, el combate al narcotráfico y al terrorismo; en el otro, un polo de desarrollo científico. Los dos lugares son clave para el acceso a los recursos naturales del país.
En diálogo con diario Contexto, el diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Daniel Di Stéfano señaló que “hace muchos años que se habla de la posibilidad de que se instale una base en Misiones. En 2013, la presidenta Cristina Fernández rechazó ese pedido de Estados Unidos. Pero este año, luego de la visita de Barak Obama a la República Argentina, hubo muchos avances, muchas reuniones para la instalación de las bases militares. Inclusive, fue uno de los temas que se trató en la cumbre entre los presidentes Macri y Obama”.
“La idea de instalar una base norteamericana en Misiones lleva como excusa el combate al narcotráfico y el terrorismo. También existe la posibilidad de la instalación de una base en Tierra del Fuego, que viene disfrazada de base científica”, aseguró el diputado.
“La idea de instalar una base norteamericana en Misiones lleva como excusa el combate al narcotráfico y el terrorismo”, Di Stéfano (FPV).
Di Stéfano afirmó: “Es preocupante la pérdida de soberanía que esto significa. Pone en riesgo el control de los recursos naturales. Misiones está ubicada sobre el Acuífero Guaraní, que es la cuarta reserva de agua potable más grande del mundo, y el 80% del territorio de la provincia es limítrofe con Paraguay y Brasil. Además, las personas que vienen a las bases militares gozan de inmunidad diplomática, por lo cual no pueden ser investigadas ni detenidas por ninguna fuerza provincial o federal. Hay varias denuncias de distintos organismos que señalan que estos marines han realizado violaciones a los derechos humanos en distintos lugares, por ejemplo, en Paraguay”.
La diputada de la Alianza Cambiemos Elisa Carrió, a la cual durante muchos años se la escuchó decir la frase en tono de denuncia “vienen por el agua”, parece haber cambiado 180 grados su criterio sobre la defensa de los recursos naturales.
Según afirmó el diputado Di Stéfano: “En la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto no hemos tenido respuesta de parte de la diputada Carrió acerca de este pedido de informe que hemos hecho, y tampoco hemos recibido respuesta de la canciller Susana Malcorra. De hecho, la diputada Carrió cajoneó nuestro pedido y otros similares”.
El diputado también señaló: “El silencio del Gobierno nacional ante nuestro pedido de informe es toda una respuesta. Es necesario que este tema tenga un profundo debate y que los ciudadanos estén informados sobre lo que se piensa hacer. Las negociaciones para instalar la base científica en Ushuaia están muy avanzadas. Hubo reuniones en Argentina y hace un mes y medio el Ministerio de Defensa de nuestro país envió una delegación a Estados Unidos para tener una reunión con sus pares del Pentágono para avanzar en este tema”.
Fuentes del Gobierno nacional confirmaron que están avanzadas las negociaciones con Washington, pero sostienen el discurso de que lo que se pretende es combatir al narcotráfico y generar un polo científico que, según aseguran, generaría “fuentes de trabajo”.
En un artículo publicado en diario Contexto el 17 de mayo de este año, titulado “Desembarcan los marines”, Elsa Bruzzone, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional de Argentina, y miembro del Centro de Militantes para la Democracia Argentina (CEMIDA), aseguró: “Estados Unidos utiliza diversas excusas, entre ellas la de ‘ayuda humanitaria’ y ‘apoyo ante las catástrofes naturales’, para instalar bases militares disfrazadas de bases científicas. Estas bases encubiertas siempre las instalan en zonas donde hay recursos naturales altamente estratégicos: agua, tierra fértil para producción de alimentos, minerales, hidrocarburos, biodiversidad”.
En aquel artículo Bruzzone remarcó que “lo que buscan es cerrar el cerco sobre todos los recursos naturales que tenemos en nuestra América. Las bases militares, cubiertas y encubiertas, que ha instalado en Centroamérica y el Caribe, sumadas a las que tienen en Colombia, Perú, Chile, Paraguay, junto a la base militar de la OTAN en Malvinas, más el destacamento británico en las Islas Georgias, cierran el cerco sobre todos nuestros recursos naturales y reafirman su presencia en la Antártida”.
Por último, la especialista señaló: “No hay que olvidar que la Antártida es la mayor reserva de agua dulce congelada en el mundo. Justamente en ese sector es donde nos disputamos soberanía Argentina, Chile y Gran Bretaña. En la Península Antártica se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos de la región y hay minerales altamente estratégicos que son indispensables para la industria militar y la aeroespacial. El objetivo de Estados Unidos es obtener el control de todos nuestros recursos naturales”.
Para obtener un mayor conocimiento sobre las nuevas bases militares de Estados Unidos, cabe destacar que una delegación del Ministerio de Defensa viajó a Estados Unidos, para desarrollar varios puntos de un proyecto de “cooperación militar” acordado con anterioridad entre el presidente argentino, Mauricio Macri y su par estadounidense, Barack Obama.
Entre esos puntos destaca la instalación de una base militar de Estados Unidos en Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) y otra en Ushuaia (Tierra del Fuego): esta última es la más polémica porque sus límites provinciales se extienden hasta la Antártida, la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo.
En una política totalmente opuesta, a la de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner que impidió en 2012 la instalación de una base del Comando Sur de los Estados Unidos en la provincia del Chaco, en el norte del país.
El derechista Gobierno de Macri justifica la instalación de la base militar norteamericana en Ushuaia alegando que en el lugar se realizarán “tareas científicas”. “Ushuaia se convierte en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida”, según un anuncio gubernamental.
Elsa Bruzzone, especialista en temas de geopolítica para el Centro de Militantes para la Democracia Argentina (CEMIDA), asegura que Washington siempre ha usado distintas excusas para instalar sus bases militares en diferentes partes del mundo.
Estados Unidos busca cerrar “el cerco sobre todos los recursos naturales que tenemos en nuestra América”, en alusión a las bases instaladas en Centroamérica y el Caribe, así como las de Colombia, Perú, Chile, Paraguay, junto a la base militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en las islas Malvinas.
El diario estadounidense The New York Times propuso en su momento que, dada la nueva coyuntura política que se vive en Latinoamérica, es el momento propicio para que el Gobierno de Estados Unidos promueva y defienda la democracia y recupere su hegemonía.
Ni lerdo ni perezoso, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, le abre las puertas a Estados Unidos para que instale en su territorio bases militares. Para ello, envió a una delegación del Ministerio de Defensa a Washington con el objetivo de desarrollar este punto de "cooperación militar" que acordó con el jefe de la Casa Blanca, Barack Obama, en Buenos Aires a finales de mayo.
Las bases militares serán instaladas en Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) y en la ciudad Ushuaia, capital de la provincia Tierra del Fuego, este punto es el más polémico porque sus límites provinciales se extienden hasta la Antártida, la mayor reserva de agua dulce congelada en el mundo. Este punto también es importante para EE.UU. porque Tierra del Fuego posee grandes extensiones marítimas sobre el Atlántico.
El Gobierno de Macri justificó la instalación alegando que en el lugar se realizarán "tareas científicas".
“Queremos que la ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística para apoyar las tareas científicas en la Antártida”, reseñó el portal argentino Contexto. Hay que recordar que en la Península Antártica se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos de la región y hay minerales altamente estratégicos indispensables para la industria militar y la aeroespacial. El objetivo de EE.UU. es obtener el control de todos nuestros recursos naturales”.
La especialista Elsa Bruzzone comparte el criterio de CISPAL que lo ha expuesto en varios documentos cuando afirma que la base militar que será instalada en Triple Frontera, demuestra la intención estadounidense de tener el control completo del Acuífero Guaraní, la tercera reserva mundial más grande de agua dulce.
EN CONTEXTO
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viajó a Argentina a finales de marzo de este año para firmar varios acuerdos de cooperación. Entre ellos la apertura comercial irrestricta, la asistencia en la Triple Frontera, la coordinación de misiones militares en África, dar asilo a refugiados sirios, la creación de Centros de Fusión de Inteligencia, cooperación de fuerzas de seguridad en el Comando Sur y en el ámbito nuclear, y la lucha contra el narcotráfico y terrorismo.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que para el momento de la firma de acuerdos, que estas acciones son un Caballo de Troya para hacer injerencismo en Argentina como ocurrió en Colombia. "Estados Unidos, nunca fue aliado de la Argentina, solo hubo buenas relaciones cuando entregábamos nuestra soberanía y recursos, esa es la esencia del TPP, el nuevo ALCA", apuntó.
Telma Luzzani, Licenciada en Letras, Universidad de Buenos Aires, Docente en la misma universidad, y Periodista especializada en asuntos internacionales sostiene: “Nuestra región es decisiva para el imperio. Contiene reservas de recursos naturales renovables y no renovables, es un área vital de seguridad militar y también una plataforma fundamental para la proyección de poder. Sin embargo, al ser una zona de paz y sin armamento nuclear, nada justifica la presencia del ejército más poderoso de la Tierra; por eso es necesario exigir el cierre definitivo de todas las bases militares estadounidenses en nuestros países”.
Al imperio le sobran estrategias de dominación, por eso el “Premio Nobel de la Paz”, Barack Obama propuso, una vez más, el diálogo y abrir una nueva etapa de acercamiento entre nuestros países durante la VII Cumbre de las Américas llevada a cabo en Panamá, en abril de 2015. Como él mismo recordó, esto ya lo había planteado en la V Cumbre (Trinidad y Tobago, abril de 2009) donde, con palabras casi calcadas, aseguró: “No vine aquí a discutir el pasado sino a pensar en el futuro. Estados Unidos quiere buscar con el resto de América una alianza entre iguales”. Lamentablemente, esas bellas palabras duraron poco. En la madrugada del 28 de junio de aquel año, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue sacado de la cama por un comando militar y llevado a Costa Rica, pero antes el avión había hecho escala en la base José Soto Cano, en Palmerola (Honduras), donde se encuentra estacionada la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (Joint Task Force Bravo o JTF-B) del Comando Sur, compuesta por unidades militares rotativas del ejército, la aeronáutica, las fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense. Resulta imposible pensar que el Pentágono no estaba al tanto del golpe de Estado.
Días después –en julio de 2009–, el presidente colombiano Álvaro Uribe admitió que las versiones periodísticas que hablaban de un acuerdo con Estados Unidos para instalar siete bases militares en Colombia eran ciertas. Esto se sumaba a la noticia confirmada por el Pentágono en 2008 sobre la reactivación de la IV Flota del Comando Sur para patrullar los océanos Atlántico y Pacífico Sur.
No debe sorprender. Para cualquiera que estudie los documentos que trazan los lineamientos estratégicos de Estados Unidos (y la gran mayoría están para ser consultados libremente en los sitios de los departamentos de Estado, de Defensa, etc.) está claro que América latina es una zona decisiva para el imperio, tal vez, la de mayor importancia mundial, porque no sólo es –como otras en el mundo– el reservorio de recursos naturales renovables y no renovables (agua, petróleo, minerales estratégicos, biodiversidad, alimentos, etc.) sino que además es un área vital de seguridad militar (la frontera sur, su punto más vulnerable) y también una plataforma fundamental para la proyección de poder.
Si bien el proceso de militarización de Estados Unidos tiene su gran impulso en los inicios de la Guerra Fría, una vez desaparecida la Unión Soviética, en 1991, la carrera no se detuvo. Por el contrario, en 2014 el presupuesto militar norteamericano fue equivalente al 48 por ciento del total mundial. Según las cifras del Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, el presupuesto militar norteamericano de 2014 fue de 640.000 millones de dólares, mientras que el de las ocho potencias que le siguen en poderío (en orden: China, Rusia, Arabia Saudita, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón e India) todas juntas, gastaron 607.000 millones de dólares.
Tanto en la primera etapa post soviética –la del “Proyecto para un Nuevo Siglo Norteamericano”, que proponía para el siglo XXI, desde una perspectiva wilsoniana conservadora, el uso del poder militar para la expansión global y la imposición de los valores estadounidenses en todo el planeta–, como en la actualidad, cuando el gigante norteamericano se siente amenazado por potencias emergentes, siempre la opción prioritaria fue la militar. El Informe Cuadrienal de Defensa 2014 así lo certifica. Dice: “La efectividad de otras herramientas, como la diplomacia y la asistencia económica, para la influencia global de EE.UU. está absolutamente entrelazada y depende totalmente de la percepción que el mundo tenga de la fuerza, la presencia y el poder de nuestras fuerzas armadas”.
En esta propuesta la instalación de bases militares en todo el planeta fue y es decisiva. Los documentos oficiales del Pentágono distinguen dos tipos. Las bases de operaciones tradicionales (aquellas donde hay personal permanente y una fuerte infraestructura como la base de Ramstein en Alemania) y los sitios de operaciones avanzadas, con un número muy limitado de tropas que, si fuera necesario, puede llegar a expandirse.
Estas bases, conocidas en la jerga militar como “lily pads” o por sus siglas en inglés FOL (Forward Operating Location), están ubicadas en todo el mundo, en lugares considerados estratégicos o peligrosos para la seguridad de Estados Unidos y que pueden convertirse en puntos de partida para situaciones de crisis o guerras.
En América del Sur y Central, los FOL jugaron un papel fundamental al despuntar el siglo XXI tras el desalojo del Comando Sur de la estratégica base militar en Panamá, en 1999 (acuerdo Torrijos-Carter), y en el marco de la readecuación de la política exterior y de defensa que Washington había decidido adoptar para el nuevo escenario internacional post Guerra Fría, contenida en la “Estrategia Nacional para la Nueva Era” (1997).
El Pentágono hace esta distinción entre dos tipos de bases militares porque en el caso de las primeras se trata de acuerdos formales entre dos gobiernos. Las funciones primordiales de estas instalaciones son el control de zonas estratégicas del mundo; vigilar y garantizar la libre circulación de mercaderías (u obstaculizar la circulación del enemigo); el reabastecimiento y la proyección de poder. Las bases de segundo tipo, los FOL, según explica el analista Michael T. Klare, nacen de pactos no siempre transparentes (muchas veces a espaldas de los Congresos e incluso de los Poderes Ejecutivos ya que son arreglos entre las fuerzas armadas y el Departamento de Defensa de Estados Unidos), y por lo tanto “buscan no dar la impresión de que EE.UU. está buscando una ocupación permanente, del tipo colonialista, en el país en el que quiere ubicar una de esas instalaciones”.
En las declaraciones a la prensa, tanto el Pentágono como los gobiernos de los países anfitriones suelen negar que los FOL sean bases militares amparándose en el hecho de que tienen escaso personal (en muchos casos son mercenarios o “contratistas”) y que están alojadas en un perímetro acotado, en puertos o aeropuertos, que el país anfitrión “alquila” o cede temporalmente a Estados Unidos.
La antropóloga Catherine Lutz, de la Universidad de Brown, en su excelente libro Bases, imperio y respuesta global, cita las palabras de Robert Kaplan, asesor del Pentágono durante la gestión de Robert Gates (2006-2011) quien deja bien claro el tema. Dice Kaplan: “En general, el rol administrativo de un FOL lo cumple un contratista privado, casi siempre un oficial norteamericano retirado que alquila estas instalaciones al país anfitrión y luego les cobra una tarifa a los pilotos de la fuerza aérea norteamericana que pasan por esa base. Oficialmente es un hombre de negocios que trabaja para sí mismo, algo que a los países anfitriones les gusta porque pueden decir (a sus ciudadanos) que no están realmente trabajando con militares norteamericanos. Es una relación indirecta con las fuerzas armadas norteamericanas que evita tensiones”.
La realidad es que son bases militares de nuevo diseño que funcionan como plataformas portátiles, adonde el Pentágono tiene posibilidad de acceso permanente pero las autoridades del país anfitrión tienen prohibido entrar. Un ejemplo conocido fue la base de Manta en Ecuador. Hasta que el presidente Rafael Correa la cerró en 2009, el Comando Sur operaba allí con total libertad pero nunca nadie pudo saber qué hacían los aviones estadounidenses cuando despegaban de allí, qué instalaciones poseían en los hangares, qué monitoreaban sus radares o qué material almacenaban.
Los FOL de nuestra región forman parte a su vez de una red global gigantesca interconectada, en simultáneo, entre sí y con su núcleo central, ubicado en el centro de experimentación de vigilancia y guerra espacial (Space Warfare Center) en la Base de la Fuerza Aérea Schriever (Colorado Springs, EE.UU.) donde se almacena la formidable masa de datos que se envía permanentemente desde ellas. Regionalmente, la información de inteligencia que se recoge en los FOL de América del Sur también se procesa en el Centro Sur de Operaciones Conjuntas de Vigilancia y Reconocimiento (JSSROC) del Comando Sur. Como prueba del enorme valor geoestratégico que tiene nuestra región para Washington y de la creciente importancia de nuestros recursos naturales, vale la pena leer las advertencias que hacía al Pentágono, en 1998, un alto oficial de la Fuerza Aérea: “Si dejamos de prestar atención militar a nuestro vital interés, en el futuro vamos a lamentar la ausencia de bases de avanzada (FOL) en el teatro de operaciones del Comando Sur. Los comandos regionales deben ser proactivos desde ahora en el establecimiento de nuevas bases. Es urgente la selección y el desarrollo de cuatro o cinco bases centrales con al menos una infraestructura mínima que sea el primer paso para asegurarse un acceso de avanzada”.
Como quedó comprobado tras la revelaciones del estadounidense Edward Snowden, el ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en inglés) que dio a conocer parte de los documentos secretos del espionaje norteamericano, la mayoría de los datos recolectados en los FOL y enviados para su procesamiento al centro experimental Schriever incluía escuchas telefónicas, correos electrónicos e información sobre las reuniones de funcionarios de gobiernos, integrantes de partidos políticos y otros organismos sudamericanos.
Las operaciones de espionaje son numerosísimas. Vale la pena reproducir dos ejemplos publicados en el diario británico The Guardian en 2013. El Plan Colombia, según las revelaciones de Snowden, esconde una de las mayores operaciones encubiertas de inteligencia desarrolladas por Estados Unidos. La tecnología de espionaje está instalada en aviones estadounidenses que vuelan en el espacio aéreo colombiano, localizando y decodificando planes rebeldes. Estos aviones despegan de bases de EE.UU. en territorio colombiano pero están en capacidad de captar información también más allá de las fronteras colombianas. En el marco del Plan Colombia, está confirmado que la NSA y la CIA fueron claves para el asesinato del número dos de las FARC, Raúl Reyes, en marzo de 2008, en territorio ecuatoriano, y de otros líderes guerrilleros.
El segundo ejemplo es Venezuela. Los FOL de Aruba y Curazao, a 50 kilómetros de la costa venezolana, aportan información y operan sobre ese país que se encuentra –según un memorándum oficial recopilado por Snowden– entre los seis “objetivos prioritarios a largo plazo” de la NSA. Los otros países son China, Rusia, Corea del Norte, Irán e Irak. Entre los objetivos figuran: evitar que Venezuela alcance un liderazgo regional; impedir que persiga políticas que impacten negativamente en los intereses globales de EE.UU.; controlar la política energética; monitorear la amplitud y profundidad de las relaciones con Cuba, Rusia, China e Irán e, incluso, rastrear “los mensajes privados de funcionarios en busca de chismes que pudieran proporcionar una pequeña ventaja política”.
Queda claro entonces que aunque el discurso oficial niegue la existencia de bases o admita cierta presencia militar supuestamente con el fin de combatir el tráfico de droga, el crimen organizado y los desastres naturales, lo cierto es que los FOL estuvieron y siguen estando directamente involucrados en la recolección de datos de inteligencia humana (HUMINT), de señales (SIGINT, ELINT, para datos electrónicos), de imágenes (IMINT) o de medición (MASINT). En síntesis, los objetivos de los FOL son múltiples y entre otros son:
1) Control del negocio de la droga (producción y transporte).
2) Combate al terrorismo.
3) Espionaje, tareas de inteligencia y almacenamiento de información.
4) Control sobre los cambios políticos y económicos de la región.
5) Control de las migraciones.
6) Acceso a los recursos naturales (entre ellos la zona amazónica, esta región es la que se encuentra más cercada de bases norteamericanas) y fuentes energéticas.
7) Protección de las empresas privadas de petróleo norteamericanas o británicas.
8) Plataforma para eventuales intervenciones (asesinato de Raúl Reyes) y/o operaciones militares (hacia África, por ejemplo, a través de la base de Palanquero, en Colombia).
9) Programas vinculados con la preparación de tropas en condiciones especiales.
En opinión de Nil Nikándrov, según publicación de Contrainjerencia, Estados Unidos ha intensificado los esfuerzos para desestabilizar a los países latinoamericanos que hayan conducido una política independiente exterior, lo que la Casa Blanca considera un desafío.

El analista sostiene que “La liquidación de los enemigos de EE.UU. permitiría a Washington socavar el proceso de consolidación de países y pueblos latinoamericanos y asestar golpes contra organizaciones como el ALBA, la Unasur y la Celac, así como reducir la cooperación en el marco de Petrocaribe y el Consejo Suramericano de Defensa”.
“A Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua igualmente [EE.UU.] las acusan de promover el autoritarismo, desmontar la democracia, oprimir a la oposición y a los medios independientes, de hacer la vista gorda al narcotráfico y la corrupción”, recuerda Nikándrov en el portal de la Fundación de la Cultura Estratégica. De manera un poco diferente se hace lo mismo con los dirigentes de Argentina, Brasil y algunos países caribeños, sostiene el autor.
“El uso de acusaciones, pruebas falsificadas y desertores no tiene fin en el afán por desacreditar a los políticos indeseables desde el punto de vista de EE.UU.”, destaca Nikándrov. El mayor objetivo de estas actividades, coordinadas por el Departamento de Estado, la CIA, la NSA y la Agencia de Inteligencia de Defensa, es remplazar a dichos dirigentes por otros “democráticamente orientados e inclinados a un diálogo” con Washington. En el Gobierno de Obama hay partidarios de escenarios radicales para la región, incluido el “escenario libio”.
Los intentos de eliminación física de políticos extranjeros considerados indeseables practicados por los servicios secretos estadounidense en numerosas ocasiones en el pasado continuarán sin duda alguna, asegura Nikándrov. Los montajes de derrocamiento de los políticos que ponen trabas a la hegemonía estadounidense en América Latina tienen en cuenta la situación operativa en dichos países.
Según él, los lacayos de EE.UU., de “los cuales hay suficientes en América Latina”, procurarán también socavar las actividades de los BRICS e implicar a los países de la región en la guerra de sanciones contra Rusia.
Silvina M. Romano en ALAI AMLATINA, decía que el discurso de libertad, democracia, acercamiento diplomático y relaciones amistosas con América Latina, tan característico de la administración Obama en su afán por reforzar el “poder blando” de su política exterior, encuentra sus límites reales en la necesidad de “orden” y “estabilidad” (consignas muy usuales durante la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina). En la actualidad, las FFAA estadounidenses en el Hemisferio están presentes no solo en las más de 70 bases militares, sino que se materializa en diversos acuerdos de seguridad multi y bi laterales: Plan Colombia, Iniciativa Regional Andina, Iniciativa Mérida, Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica, entre otros. Estos pactos incluyen programas de entrenamiento, cursos de capacitación, venta de armas y equipos, involucrando desde las empresas proveedoras de estos materiales y las agencias de seguridad estadounidenses como la DEA y el FBI, hasta los gobiernos, empresas y policías de países latinoamericanos[1].
La razón de esta presencia es la “seguridad de Estados Unidos”, que implica por definición la seguridad y la “estabilidad” en territorios que podrían resultar en una amenaza para Estados Unidos. En los manuales de entrenamiento de finales de los ‘60, se leía claramente el vínculo entre ambas: “La falta de estabilidad política y de orden socio-económico en un país latinoamericano pone en jaque la seguridad nacional norteamericana. Por consiguiente, EEUU debe adoptar en materia de entrenamiento y programas de ayuda militar, tácticas destinadas a evitar los riesgos de tal inestabilidad, mediante el desarrollo económico y la imposición del orden”[2].
Es así que la búsqueda de la “estabilidad” es parte del discurso que viene penetrando fuertemente en la región desde inicios de la Guerra Fría y que opera como legitimador de las intervenciones por encima de la soberanía nacional de los Estados. Actualmente, en la página web del Comando Sur, se puede leer que uno de los objetivos de las operaciones como UNITAS “Southern Seas 2015”, es “la continuación del compromiso con la región, orientado a estrechar el trabajo conjunto y promover la estabilidad hemisférica”. Claro que este trabajo conjunto se realiza con países y gobiernos que se encuentran alineados a las pautas político-económicas y de seguridad que no alteran los preceptos de Washington, como Perú, Chile, Colombia y Panamá. Los ejercicios de entrenamiento llegan hasta Brasil: UNITAS adiestra a las FFAA de ese país para combatir en el campo de la guerra electrónica, en materia de guerra aérea y submarina, en operaciones de interdicción, a la vez que llevan a cabo diversos ejercicios conjuntos[3].
En términos generales, el Comando Sur tiene por misión brindar a las naciones amigas cursos de entrenamiento, mecanismos para “compartir la información”, equipos y asistencia tecnológica, así como asistencia en infraestructura (nótese que esto reditúa especialmente a las empresas estadounidenses dedicadas al rubro de seguridad). Además, asesora especialmente en cuestiones de inteligencia y en operativos para combatir el narcotráfico y el terrorismo, siempre “respetando los Derechos Humanos”[4]. Llama la atención lo poco que se ha difundido todo esto en la opinión pública; es como si esta presencia de unas FFAA cooptadas fuese un componente “natural” de la soberanía de los países de la región aún en un contexto de reconstrucción de la memoria con respecto a la contrainsurgencia, las desapariciones forzadas, los operativos paramilitares, etc., entre la década de 1950 y finales de 1980. Precisamente, durante la Guerra Fría, se aseveraba en relación al entrenamiento de tropas latinoamericanas en academias estadounidenses, que se trataba de un entrenamiento técnico y para nada “político-ideológico”. Esa afirmación fue desmentida con los acontecimientos de Chile y posteriormente de Argentina, donde las FFAA ocuparon la esfera política formal.
Hoy por hoy, alarma ver la siguiente noticia: “Suboficiales de Colombia reciben lecciones de liderazgo en Estados Unidos (…) recibirán instrucción en liderazgo compartido, resolución de conflictos, liderazgo y comportamiento organizacional y entrenamiento emocional durante diez días en las instalaciones del fuerte militar de Sam Houston en San Antonio Texas, por personal del Ejército Sur de EEUU”[5].
Algunas cifras que ilustran el grado de dependencia de las FFAA latinoamericanas. La venta de armas estadounidenses a América Latina y el Caribe en el 2014 alcanzó 1,605,861,326 dólares y en el 2012 fue de 2,408,527,664 dólares. Los militares latinoamericanos que recibieron entrenamiento en el 2013 fueron 12,157, mientras que en el 2014 fueron 14,600[6].
La “estandarización de las FFAA” según las necesidades de EEUU es una constante desde inicios de la Guerra Fría que prosigue en la actualidad. El enemigo interno y externo a combatir va cambiando de nombre, pero siempre está ahí para justificar el impulso/imposición de una Seguridad Hemisférica que garantice una mínima estabilidad para los negocios (legales, ilegales, locales, transnacionales). Por eso desde el imperio nunca escucharemos el concepto de “fin de ciclo” sino de “renovación de estrategias”.
Notas:
[1] Borón, A. (2012) América Latina en la geopolítica del imperialismo. Bs As: Luxemburg, pp. 161-188.
[2] Tapia Valdés, J. (1980) El terrorismo de Estado. La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur. México: Nueva Imagen p. 58
[3] http://www.southcom.mil/newsroom/Pages/US-Marines-train-with-partner-nat...
[4] http://www.southcom.mil/ourmissions/Pages/Supporting-Our-Partners--Build...
[5] http://www.infodefensa.com/latam/2015/11/03/noticia-estados-unidos-capac...).
[6] http://www.securityassistance.org/latin-america-and-caribbean

El imperio desestabiliza a los gobiernos de América Latina a los que considera desafectos o “enemigos” de la Casa Blanca e implementa golpes de Estados llamados blandos. Ya no necesita tanques de guerra, coroneles o generales, ahora manipula parlamentos o poderes legislativos o judiciales de derecha y lacayos para derrocar gobiernos legítimamente constituidos. El método blando comenzó contra Zelaya en Honduras, continuó contra Lugo en Paraguay y ahora ha triunfado el golpe de Estado en Brasil que ha liquidado al gobierno de Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores. Luego viene Venezuela y las derechas llegan poder para acabar con las políticas sociales y los derechos de los pueblos. Otra vez, Estados Unidos tiene la palabra.

COMITÉ INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA PARA AMÉRICA LATINA
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