GOBIERNOS SURGIDOS DE GOLPES DE ESTADO PRETENDEN DICTAR CÁTEDRA 



BRASIL Y PARAGUAY NO QUIEREN A VENEZUELA PRESIDIENDO EL MERCOSUR 



Al cabo de 6 meses de presidencia pro-témpore de Uruguay, corresponde que Venezuela ocupe ese lugar. Los gobiernos surgidos de golpes de Estado en Brasil y Paraguay se oponen a ese legítimo derecho. El gobierno de Macri coincide en el veto.
EMILIO MARÍN

El Mercosur surgió en 1991 con cuatro socios fundadores: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela pidió su admisión en 2006 y recién fue admitido en una cumbre en Mendoza en 2012, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y Pepe Mujica. Entró Caracas y salió Asunción, porque en junio de ese año había habido un golpe de estado “institucional” contra Fernando Lugo.
Ese golpe facilitó el ingreso del gobierno bolivariano porque la derecha paraguaya, atrincherada en el Senado, era la que más se oponía, junto con un sector ultra del senado brasileño. Los tres mandatarios del Mercosur suspendieron la participación guaraní, en defensa de la democracia, y le dieron membresía a la Venezuela de Hugo Chávez.
También Bolivia llenó todos los formularios pero aún aguarda que le den entrada. Y una vez que el gobierno paraguayo surgido del golpe convocó a elecciones y las ganó el tradicional Partido Colorado, de origen stronista, con Horacio Cartes, pudo volver al club.
El Estatuto de esa entidad dice que cada uno de los presidentes será titular pro-témpore por seis meses, dejando ese lugar al que siga en orden alfabético. Hasta el 30 de junio estaba en ese cargo Tabaré Vázquez, de Uruguay, y le tocaba el turno a Nicolás Maduro, de Venezuela.
Más aún, en un acto realizado en Montevideo el 24 de junio pasado asumió la presidencia de la rama social del Mercosur el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza. Lo hizo con el compromiso de “fomentar y potenciar el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur, cuyo objetivo es el combate de las desigualdades sociales y garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, en especial de la población más vulnerable”.
Los avances en inclusión social, viviendas, educación y salud -en estos dos últimos tópicos con notable ayuda de Cuba-, fueron el fuerte del socialismo del siglo XXI. De allí que con su titularidad el bloque de cinco países tendrá buenos ejemplos, en lo que a Venezuela y Uruguay se refiere. Por el lado de los gobiernos de Mauricio Macri, Michel Temer y el mencionado Cartés no se puede esperar buenas políticas sociales porque son administraciones neoliberales y ocupadas en realizar brutales ajustes contra los sectores más desprotegidos.
QUE SÍ, QUE NO
No puede extrañar que esos gobiernos ubicados en el extremo derecho del arco político se opusieran a que Caracas ocupara el lugar que le corresponde.
En junio pasado hubo un fuerte operativo para sancionar a Venezuela en la OEA. El motor fue el Departamento de Estado norteamericano, que hace muchos años viene demonizando a ese país con acusaciones de violaciones a las libertades democráticas. El Senado de EE UU votó una ley con sanciones contra Venezuela y Barack Obama la respaldó con una orden ejecutiva donde manifestaba que aquélla representaba un peligro para la seguridad nacional estadounidense. La firmó entonces y la prorrogó este año, como si esa amenaza continuara.
Además de Washington, y obedeciendo a sus designios, operó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien propuso a la 46° Asamblea General aplicar a Venezuela el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y sancionarla, por aquellas presuntas faltas de democracia. Almagro entregó un escrito de 132 páginas donde refritaba las burdas acusaciones de las autoridades de EE UU y de la oposición derechista venezolana, en particular del titular de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup.
Afortunadamente un número amplio de representaciones bloqueó aquel plan y la asamblea fomentó un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición, por medio del titular de la Unasur, Ernesto Samper, y los ex presidentes de España (José Luis Rodríguez Zapatero), Panamá (Martín Torrijos) y Leonel Fernández (República Dominicana).
En esos conciliábulos de la OEA, junto con Almagro el canciller que más fogoneó la campaña fue el paraguayo Eladio Loizaga. Derrotadas esas posiciones de máxima, el representante de Asunción volvió a la carga al interior del Mercosur con los mismos argumentos de que en Caracas no había democracia.
En el Mercosur, Loizaga contó con el acompañamiento activo del canciller de Brasil, José Serra, quien realizó en mayo una gira presentándose ante sus colegas, tras el golpe que suspendió a Rousseff. Estuvo en Buenos Aires con la canciller Susana Malcorra y el mismo Macri.
Así lograron bloquear hasta hoy la efectiva asunción de Venezuela en la presidencia pro-témpore del Mercosur, que debió haberse efectivizado el 1 de julio.
Como reclamó la canciller bolivariana Delcy Rodríguez, la entrega de aquella titularidad es un acto normal cada 6 meses sin otro prerrequisito que la sucesión por orden alfabético.
¿VESTALES DE LA DEMOCRACIA?
La canciller venezolana protestó que “canciller de facto José Serra se suma a la conjura de la derecha internacional contra Venezuela y vulnera principios básicos que rigen las relaciones internacionales”. De ese modo ponía el dedo en la llaga. ¿Qué autoridad política y moral tiene un gobierno de facto para dictar cátedra de democracia a un país soberano y alterar las relaciones de pares?
Serra es canciller de Temer, vicepresidente que se hizo del poder mediante un putsch parlamentario contra la elegida por el voto de 54 millones de brasileños a fines de 2014.
El 12 de mayo pasado una mayoría artificiosa de senadores, muchos de ellos con graves cargos por delitos de corrupción, votaron la suspensión de la mandataria por “delitos de responsabilidad” que no fueron tales. Una corrupta clase política, y otra no menos corrupta elite empresarial, mediática y judicial, determinó el impeachment de Dilma y un trámite que la tendrá suspendida por 180 días, con el riesgo de que la echen definitivamente.
Ese fue un golpe muy parecido al que sufrió Lugo en Asunción, hace cuatro años, cuando fue reemplazado por su vice, Federico Franco. Ahora en Brasilia el vice organizó la conjura contra Dilma y se adueñó del palacio del Planalto. Su elenco de aliados está repleto de corruptos y a poco de andar ya perdió al artífice del juicio político, Eduardo Cunha, ex titular de Diputados. También debieron renunciar el ministro de Transparencia, Supervisión y Control, Fabiano Silveira; el de Planificación, Presupuesto y Gestión, Romero Jucá, y el de Turismo, Henrique Eduardo Lyra Alves.
Pregunta elemental. ¿Un gobierno surgido de un golpe y con figuras tan corruptas puede arrojar la primera piedra contra el Palacio de Miraflores? Respuesta obvia.
¿Quién defiende los DD HH?
Entre las injustas acusaciones contra Maduro se le enrostra que mantiene detenido al opositor Leopoldo López, en el penal de Rama Verde. Pero se silencian dos cosas. Una, fundamental, que en 2014, López, Corina Machado y otros opositores acérrimos, encabezaron una desestabilización violenta del gobierno que ellos llamaron “La salida”. Esas guarimbas o hechos de violencia callejera provocaron 43 muertos y centenares de heridos.
El segundo elemento que se omite en aquellas críticas es que López está detenido porque así lo determinó la justicia, que pidió su detención y realizó el juicio, con todas las garantías de la defensa.
Si se justicia se trata, ahora se pondrá un ejemplo que puede aportar claridad sobre cuál es más justa y democrática, si la venezolana o la paraguaya.
En junio de 2012 campesinos sin tierra paraguayos ocuparon un latifundio perteneciente al Estado y destinado en principio a fraccionarse para moderar en algo el peso de aquél cáncer: el 2,5 por ciento de los propietarios tiene el 85 por ciento de la tierra.
En vez de acceder a esas demandas, sobrevino una cruel represión policial, ante campesinos que se defendieron. Hubo 11 ocupantes asesinados y 6 policías muertos, algunos por “fuego amigo”. Y los arrestos, por supuesto, cayeron sobre los labriegos, que al cabo de cuatro años presos fueron juzgados por la “justicia independiente”. El 11 de julio pasado los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero, Beníto González condenaron a penas de entre 18 y 35 años de cárcel a Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Arnaldo Quintana, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Juan Carlos Tillería, Felipe Benítez Balmori, Alcides Ramón Ramírez, María Fany Olmedo, María Dolores López y Lucía Agüero. Sin ninguna prueba, los encontraron culpables de las muertes de los 6 policías, pero no se investigó ni castigó a nadie por los 11 sin tierra asesinados.
Entre otros organismos de DD HH que protestaron contra ese fallo estuvo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, quien ayer emitió un comunicado desde Ginebra donde afirmó expresó: “resulta en extremo perturbadora la condena a los 11 campesinos por los hechos de Curuguaty, tras un juicio denunciado por no respetar las garantías judiciales”.
Ese gobierno paraguayo, que viola los DD HH de sus masas de campesinos, es el que se pone en implacable fiscal de Venezuela, a la que hoy sólo defiende Uruguay para que asuma en el Mercosur. Macri, ya se sabe, también está en contra aunque ahora no lo diga.


LA DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO! OJALÁ SE GENERE UN AMPLIO DEBATE EN LA SEPLA
La revista BRECHA: entrevistó al célebre escritor argentino Julio Gandina a fin de conocer su pensamiento sobre sobre los procesos desarrollados por los llamados gobiernos progresistas de nuestra Patria Grande. Sin duda, en la siguiente entrevista se encontrarán las claves para una interpretación correcta de estos históricos momentos.
En esta década larga de gobiernos progresistas en la región, ¿se implementaron realmente políticas alternativas al capitalismo o se tendió hacia formas de “buen capitalismo”, o “capitalismo con rostro humano?
Hay que diferenciar los procesos de Venezuela, Bolivia y Ecuador de otros, especialmente Argentina, Brasil y Uruguay. En los primeros hubo formulaciones de rumbo anti capitalistas, aun cuando se pueda discutir su efectividad. Además, generaron cambios institucionales muy importantes vía modificaciones constitucionales, se destaca en Venezuela el tema de la participación democrática y el poder comunal, en Bolivia y Ecuador el carácter plurinacional definido en sus constituciones, igual que definir a la naturaleza como sujeto de derecho.
La formulación por el socialismo del siglo XXI en Venezuela y por el socialismo comunitario en Bolivia, marcaron el restablecimiento del objetivo socialista, aun cuando las políticas realmente aplicadas no concurrieran en ese sentido.
En Argentina, Brasil o Uruguay nunca se propusieron confrontar al capitalismo, es más, se proponían lograr un "capitalismo normal o serio". Los tres países avanzaron en la primarización de sus exportaciones y en dependencia de la producción y exportación de commodities profundizando los lazos de dependencia económica, financiera y tecnológica. Nunca estuvo en discusión la inserción capitalista.
¿Qué reivindicarían y qué no de las políticas aplicadas?
Es destacable la constitución de sujetos políticos para el caso venezolano y boliviano, especialmente el poder popular en venezuela y el protagonismo del movimiento indígena originario campesino en Bolivia y en una primera etapa en Ecuador.
Lo más importante fueron los intentos de integración alternativa y especialmente la creación de la Celac, favoreciendo la re-inserción de Cuba en el proceso de unidad nuestra americana. Con ello se generalizaron propuestas, no concretadas de una nueva arquitectura financiera, donde destaca el Banco del Sur, pero también la propuesta de articulación energética con Petrocaribe como concreción y Petroamerica como asignatura pendiente.
En argentina sobresale la política de derechos humanos contra los crímenes de lesa humanidad de la dictadura genocida de 1976-1983.
Es criticable la no modificación del modelo productivo y de desarrollo que consolidó la dominación de las transnacionales y la inserción subordinada de la economía local en la mundial.
Las políticas de ingresos favorecieron y consolidaron la dominación monopolista y estimuló el consumismo, por lo que al no modificarse el patrón productivo se sostuvo y potenció el patrón de consumo.
Los Estados no favorecieron la constitución de sujetos activos en la lucha por el cambio profundo, especialmente en materia económica. En general obstruyeron y frenaron el proceso de organización popular y subsumieron el fenómeno del proyecto político popular a los objetivos de la gobernabilidad del orden capitalista, restando poder al movimiento popular y favoreciendo el proceso de restauración de propuestas a la derecha del arco político.
¿Piensan que hubo algún tipo de “revolución cultural” en los países de la región gobernados por fuerzas progresistas en esta década o bien hubo una adaptación de las fuerzas progresistas a los valores culturales predominantes precedentemente?
Los cambios más notorios son en Venezuela y Bolivia. En el primero, generalizando una subjetividad popular en la mayoría de la población de menores ingresos. Es algo estructural existente en la sociedad venezolana. La práctica política de millones de personas es algo duradero más allá del destino político de Venezuela y el partido en el gobierno. Venezuela ya no volverá a ser como era antes del gobierno de Chávez. Bolivia y el protagonismo del sujeto indígena originario campesino en el gobierno y en la consideración social es un dato cultural de enorme importancia.
En general, la ausencia de un cambio cultural es lo que posibilita la restauración conservadora, por lo menos como propósito, aun cuando será muy difícil volver al clima social y cultural de los 90´. En todo caso, el cambio cultural deviene de la lucha de los pueblos, más que de las acciones de los gobiernos, por lo menos, para la mayoría de los países de la región.
¿Qué políticas transformadoras propondrían ustedes?
De dos tipos:
Democráticas: de distribución del ingreso y la riqueza, incluyendo reformas agrarias y urbanas tendientes a resolver la demanda de techo, tierra y trabajo. Ello supone una profunda reforma impositiva, de tipo progresiva, contra la riqueza y la concentración económica. Una reforma financiera y cambiaria con nacionalización de la banca y estricto control de cambios. Nacionalización de los puertos y el comercio exterior.
Transicionales: modificación del modelo productivo desde la concepción de soberanía articulada (integración regional) en materia alimentaria, energética y financiera. Supone cambiar la inserción internacional subordinada desarrollando una propuesta productiva integrada de los países de la región bajo la concepción de soberanía alimentaria, energética y financiera. Estimular la autogestión y la economía popular junto a la economía estatal para un mayor desarrollo de la conciencia económica del pueblo de caras a transformar el orden actual en transición hacia una perspectiva socialista. El planteo apunta a constituir sujeto político y económico de los cambios, que construya el programa de transición hacia el socialismo.
¿Tiene futuro el llamado socialismo del siglo XXI?
Las condiciones de cambio político gestadas desde la resistencia popular en los 80´ y 90´ del siglo pasado habilitaron la reapertura del debate por el socialismo, que había sido afectada con la desarticulación de la URSS y el fin de la bipolaridad. El formato que adquirió esa discusión fue la fórmula del “Socialismo del siglo xxi” anunciado por Chávez hacia fines del 2004 y más recientemente la expresión boliviana por un “socialismo comunitario” a principios del 2010, afirmado también en la renovación del modelo económico cubano del 2011 para confirmar el proyecto socialista.
Claro que en simultáneo operó la iniciativa política de las clases dominantes para revertir la situación en la región, donde el cambio de gobierno en Argentina (diciembre 2015) es el punto de partida para recrear una agenda por la liberalización. La ofensiva contra Venezuela, como el golpe en Brasil, con el antecedente en Honduras y Paraguay es demostrativa de esa voluntad de retrotraer la situación a la ofensiva capitalista del último cuarto del siglo pasado.
Apuntamos a identificar las especificidades de una lucha de clases que enfrenta proyectos contradictorios y voluntades asociadas a la lucha de los pueblos, por lo que la derrota en el imaginario popular hacia 1989/91 muta con nuevas prácticas y proyectos en experiencia emancipadora, base sustancial para seguir pensando en la lucha por el socialismo en nuestro tiempo.
¿Los gobiernos progresistas modificaron en algo las estructuras del sistema?
Es discutible el adjetivo “progresistas”, más aun si se consideran las especificidades diferenciadas de los procesos contenidos en la calificación, ya que una cosa es el proceso venezolano, boliviano o incluso ecuatoriano, donde se formularon objetivos por el socialismo o la revolución, más allá de su derrotero o materialización; y muy distintos fueron los propósitos enunciados por gobiernos como los argentinos, brasileños o uruguayos, centrados en hacer viable el capitalismo en sus países. Estos, aun integrados en ensayos de articulación y discursos críticos a los proyectos liberalizadores discutidos en años previos, nunca se propusieron traspasar las relaciones sociales capitalistas.
No es menor formular un objetivo por el socialismo o la revolución, e incluso intentar algunas modificaciones institucionales, especialmente normas constitucionales que establecen criterios participativos y comunitarios sobre la democracia, los derechos de la naturaleza, el carácter plurinacional de los Estados, y objetivos por el vivir bien o el buen vivir, en un intento por manifestar formas alternativas al modelo productivo y de desarrollo.
Mientras, los procesos que buscaron desarrollar “capitalismos serios o normales”, aun cuando intentaron políticas activas de distribución del ingreso o masivas políticas sociales compensatorias, ratificaron el esencial modelo de acumulación de inserción subordinada en la lógica mundial capitalista bajo dominación de las transnacionales.
En rigor, ni en uno ni en otro de los procesos se pudo avanzar en transformaciones estructurales, que incluyen la nueva cultura de sujetos conscientes para el cambio revolucionario y por el socialismo, por lo que no sorprende el debilitamiento del cambio político y la posibilidad de un recambio reaccionario como anticipa argentina.
¿Qué alternativa visualiza en el futuro?
La lucha continua, puede ser una obviedad, sin embargo vale reiterar la importancia de la dinámica de la lucha de clases, en donde se contraponen iniciativas políticas confrontadas, la de las clases dominantes y la de los subalternos.
El mérito más destacado de la ofensiva neoliberal capitalista fue afectar el imaginario popular anticapitalista y por el socialismo. Fue una estrategia instrumentada con terrorismo de Estado para superar la crisis de los 70´ y que se completó hacia los 90´ con el derrumbe del socialismo en el este de Europa. Por eso es destacado el proceso de cambio en nuestra América en este siglo XXI, porque es experiencia popular acumulada en réplica a la ofensiva del poder.
Lo acumulado en estos años por el movimiento popular en la región latinoamericana y caribeña es experiencia de una práctica social que demanda síntesis teórica para avanzar en una perspectiva de cambios profundos por la revolución.
No es cuestión de optimismo o pesimismo, sino de constituir una crítica del capitalismo de nuestra época, lo que incluye el balance del acumulado histórico de las luchas de nuestros pueblos y pensar en las mejores estrategias para pensar y actuar la construcción de la sociedad anticapitalista, antiimperialista, contra el patriarcado y todo tipo de racismo y discriminación, que concentran los objetivos de la perspectiva socialista en este siglo XXI.
SOBRE LA DECLARACIÓN: Responde a la convocatoria que era un análisis de balance a 10 años de la edición de un libro sobre los “Gobiernos progresistas”, una categoría discutible, sí, pero bastante extendida de un proceso que debemos seguir analizando y discutiendo.
En aquella ocasión del 2005, un grupo de dirigentes e intelectuales críticos produjeron una primera evaluación de las expectativas generadas en la región latinoamericana y caribeña motivada en cambios políticos que habían generado el acceso al gobierno de proyectos políticos caracterizados, pese a enormes matices, como “progresistas”. Se tomaba en cuenta la modificación del clima político respecto de las décadas del 80 y 90 del siglo pasado, las que habían consolidado ajustes y reestructuraciones regresivas del orden capitalista en los países de nuestra América, excepto Cuba.
Esos ajustes y reestructuraciones tuvieron en la última década del siglo XXI, el sello del Consenso de Washington a favor de las privatizaciones, el fomento de la iniciativa privada, la restricción al gasto público social y las condiciones para una amplia apertura económica y el libre movimiento del capital, las mercancías y los servicios. La fortísima resistencia popular generaron las condiciones de posibilidad para el acceso al gobierno de proyectos con una retórica crítica a las políticas hegemónicas de corte neoliberal de los años previos.
El siglo XXI amaneció con la expectativa del cambio político y la posibilidad de abrir caminos para un proyecto emancipador. Transcurrida más de una década desde la evaluación del 2005, se convocó a los protagonistas de aquel debate y se invitó a otros intelectuales y dirigentes sindicales y populares para analizar la experiencia de una década de gobiernos “progresistas”. la intencionalidad era también considerar los desafíos del presente y del futuro cercano y mediato. Los participantes provinieron de Argentina, Brasil, Centroamérica, Venezuela y Uruguay.
El debate se concentró en dos jornadas para discutir sobre un conjunto de interrogantes: ¿cuáles son los principales cambios producidos por los gobiernos “progresistas”? ¿cuáles los principales impactos y las tendencias de esos cambios sobre la economía, la sociedad y el estado? ¿cuáles fueron las principales restricciones y debilidades de esas experiencias para para aplicar políticas alternativas al capitalismo? ¿cuáles serían los cambios necesarios para un nuevo orden social inclusivo, democrático y para soberanía nacional y la integración alternativa?

Entrevista de Luis Lafferriere <luis.lafferriere@gmail.com>