PUÑALADA POR LA ESPALDA DEL PUEBLO 



LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO 



Diego C. Delgado Jara

La Asamblea Nacional, su mayoría oficialista en forma más exacta, tiene previsto aprobar el jueves 12 de mayo del 2016, la LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO, la misma que tiene un carácter recaudatorio y controlador, que fue financiada e impuesta por la Unión Europea y fue ampliamente promocionada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Analicemos algunos aspectos de este cuerpo jurídico.

1. La Comunidad Europea financió, elaboró, auspició y entregó a la Asamblea Nacional el Proyecto de LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL SUELO, el mismo que fue entregado el martes 1 de abril del 2014 en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralización, Competencias y Organización Territorial, de la Asamblea Nacional del Ecuador, esto es más de dos años antes del terremoto del 16 de abril del 2016, conforme lo publicó diario Expreso, en su edición del jueves 3 de abril del 2014, pág. 2. No es por lo tanto un cuerpo legal surgido a raíz del sismo reciente. Este proyecto estaba listo hace mucho tiempo y el régimen aprovecha una tragedia nacional para manipular a la opinión pública y aprobarlo.

2. Esta ley recaudatoria de recursos en forma creciente, y empobrecedora de la población, tiene en este momento, según sus propagandistas, el supuesto objetivo exteriorizado de “salvar vidas”, “asegurar la integridad física de los ciudadanos”, regular el uso de tierras “sin riesgos”, cuando cabe recordar que el día que se dejó el proyecto en la Asamblea, por parte de la Unión Europea, se advirtió que buscaban “establecer un control al usufructo que se obtiene del suelo”, y según declaración del asambleísta de Alianza País Octavio Villacreses, uno de sus mayores promotores, el reconocía que “El Banco Interamericano de Desarrollo ha estudiado el fenómeno de la plusvalía en América Latina. Por ejemplo en países como Colombia SE COBRA EL 30 POR CIENTO DE IMPUESTOS SOBRE ESTE RUBRO”, en declaración referente a esta Ley y que también está recogida en diario Expreso, del domingo 7 de septiembre del 2014, página 3.

3. Los opresores oligárquicos de la sociedad son expertos manoseadores de las palabras, e inventores de pretextos falsos y fingidos, para llenar de tributos al pueblo esclavizado; son los reyes de la manipulación permanente. Para subir el precio de las colas y cervezas decían que era “para proteger la salud”. ¿Cuándo se han preocupado de la salud de los pobres? ¡Jamás! Si respetaran a los oprimidos y excluidos no robaran o dilapidaran la plata de la República que serviría para mejorar sus condiciones de vida y crear fuentes de trabajo! ¡Para instalar un sistema policial feroz, y poner en vigencia leyes salvajes para reprimir a los trabajadores, campesinos, estudiantes, indígenas, profesores, dijeron los farsantes que era “para frenar la delincuencia”! Cuando venden los bienes públicos dicen que es para “modernizar el Estado”. Para entregar 466.000 onzas de oro, patrimonio de la República del Ecuador, a la familia y grupo financiero Goldman Sachs, dijeron que era para dar “un uso inteligente del metal”. ¡Opresores y verdugos que no roban y no mienten pecan! ¡Alegan, para embaucar, que la ley es indispensable luego del terremoto!

4. En el Estado de Nueva York, y otros de la Unión Americana, como cuentan los migrantes, el pago del impuesto a la plusvalía, sea por una casita o departamento pequeño, con una ley similar a la que están aprobando, se paga ahora entre 11 mil a 13 mil dólares, cantidad que cada vez la reajustan en forma progresiva, y que prácticamente les vuelve en arrendatarios de sus propias casas o departamentos (a mil dólares el mes en este caso), con el pago de este impuesto. En este sentido la califican como una ley confiscatoria. Este es el verdadero objetivo de esta Ley de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo, que es parte de las políticas del Nuevo Orden Mundial y de los círculos financieros que lo controlan, que buscan que los pueblos deudores sean esquilmados a más no poder. En justicia los pueblos no se endeudan; eso lo hacen los gobiernos a espaldas de la sociedad para hipotecar su futuro y volverlos tributarios permanentes de los círculos financieros más poderosos del planeta, a cuyos intereses se deben.

5. ¿Cuál es el empeño de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, fachada regional del mismo Banco Mundial, para presionar la aprobación de esta ley? ¡Que los Estados dispongan de dinero para pagar y devolver los montos de los créditos y el pago de sus intereses, para redoblar la dependencia y el saqueo social! Recordemos que existen varios créditos facilitados por el Banco Europeo de Inversiones, junto con el BID, como por ejemplo son los monumentos del despilfarro más irresponsable como son las dos primeras e innecesarias proformas gubernamentales en la ciudad de Quito. La de Gestión Financiera, en las avenidas Amazonas y Japón, en la antigua Plaza Deportiva, de costo 232,8 millones de dólares y 132.823 m2. de construcción, así como la de Gestión Social, en Quitumbe, frente al Quicentro Sur, de 110,4 millones de dólares, con área de construcción de 74.035 m2. Solo estas dos obras faraónicas innecesarias, monumentos al gasto irresponsable en un país en crisis, suman USD 343,2 millones de dólares. Y están pendientes la Plataforma de la Producción, en la República y Eloy Alfaro, diagonal a La Carolina, y, la Plataforma y bunker de la Política, en la avenida Maldonado, sector del Epiclachima, conforme lo evidenció El Comercio, del domingo 26 de abril del 2015, pág. 25. Otro crédito importante de la Unión Europea, junto al Banco Mundial, se destinó para la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag), según lo indicó diario Expreso, del jueves 21 de mayo del 2015, pág. 17. Se supone que este municipio podría pagar el crédito, con el cobro de los servicios, y sin acudir a esta ley que serviría en definitiva para fondear al gobierno central.

6. La promoción del cobro de la “Plusvalía para el Desarrollo”, y de la persuasión engañosa en el Ecuador, para que acepten esta ley, estuvo a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, junto al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que organizaron varios seminarios; quizá el más importante fue el que empezó el 16 de junio del 2014, en el Swissotel de Quito, con la presencia de altos funcionarios de Washington, y cuya convocatoria consta en El Comercio, del viernes 13 de junio del 2014, pág. 29.

7. Las intenciones recaudatorias de esta ley las exteriorizó el propio ministro de Vivienda bajo el pretexto y amague que había que “regular a los grandes terratenientes”, en tanto el presidente Correa manifestaba sobre la necesidad de “incorporar un importante impuesto a la plusvalía en el proyecto de Ley Orgánica de Uso de Suelo”, que “lo verdaderamente revolucionario es quitar esa plusvalía. Hay cosas que no tienen que ser una mercancía más. La tierra no puede ser mercancía. Plusvalía es más allá del valor.” Que había que “recuperar la plusvalía”. (El Universo, domingo 7 de septiembre del 2014, pág. 2). Todo ello para justificar los nuevos cobros que se los vienen aplicando a nivel mundial.

8. Es evidente que están utilizando la tragedia de Manabí y Esmeraldas con la finalidad de obtener todo el dinero que puedan para cubrir un monstruoso déficit fiscal, uno de los efectos del mayor despilfarro de la historia republicana, que estaría bordeando los diez mil millones de dólares. ¿Por qué no colocan en todas las leyes tributarias que las nuevas recaudaciones solo servirán para la reconstrucción de los pueblos afectados y permiten que en el manejo de esos recursos estén los representantes de los afectados? ¡Pero en la Asamblea dicen que esta ley es “para salvar vidas”! Un cuerpo jurídico similar ya lo aplican en Grecia para esquilmar a la población, para obtener recursos para pagar la deuda externa, y desplumar, sobre todo, a la clase media, con asfixiantes impuestos que los conduzcan a la mayor de las pobrezas, a la desaparición de sus disponibilidades y ahorros. Grecia es nuestro espejo: primero liquidaron en forma planificada todos sus reservas¸ luego endeudaron al país en forma frenética para subordinarla a los círculos financieros, y, por fin, entregaron su patrimonio social y nacional como garantía de una deuda ya impagable. Los acreedores acaban de llevarse la posesión de sus 38 aeropuertos. ¡Un vía crucis similar al nuestro!

9. Esta ley es absolutamente inconstitucional, porque viola el Art. 264, numeral 2, de la Constitución, que determina: “Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, sin perjuicios de otras que determine la ley: 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.” Cabe recordar, además, que, en el Ecuador, el cobro de la plusvalía ya existe y lo hacen los municipios en base al Art. 556 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Con este tipo de leyes lo que en verdad ahora buscan es establecer nuevos mecanismos para a futuro redoblar las recaudaciones, y lo hacen con el pretexto de planificación territorial y garantizar asentamientos en zonas libres de riesgos, posibilidades que bien pueden entregarse a los mismos Gobiernos Autónomos Descentralizados, GADs.

10. Tan evidente resulta que no buscan cuidar a la población, porque bastaría dar atribuciones específicas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) en base a sus propias leyes, respetando su autonomía, y en el marco de lo que prescribe la Constitución. Para redoblar la dominación creciente, ahora a este nivel, están creando un Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, y sobre todo la Superintendencia de Ordenamiento Territorial con capacidad sancionadora a todos los gobiernos autónomos, para efecto de subordinarlos y someterlos. Estos organismos desaparecerán la autonomía de los municipios (que muchos, a espaldas de sus representados, en forma increíble, se han callado y domesticado), porque se crean, en forma planificada, para redoblar la vigilancia, el control y capacidad de sancionar a los gobiernos autónomos descentralizados. ¡Anhelan poner toda la sociedad, sus instituciones y la población, bajo la suela de sus zapatos!

11. La Globo Colonización y las políticas del Club Bilderberg, avanzan de manera incesante; en Ecuador disfrazada de “revolución ciudadana”. Estos son los nuevos mecanismos para el control total y permanente sobre una sociedad atropellada y sus instituciones democráticas destruidas. Hasta la última vivienda y el más remoto centímetro cuadrado del país quedarán registrados y a merced del gobierno del fürher o duce criollo, y sus políticas expoliadoras. ¡En un país tras otro, se van aplicando las mismas leyes punitivas de la dictadura social darwinista planetaria en marcha, con idénticos objetivos, aunque los supuestos motivos sean diferentes! ¡Están sometiendo a todos los pueblos del mundo en forma progresiva, un país tras otro, en un escenario autoritario fascista –disfrazado de “democracia”- con regímenes y parlamentos impuestos con o sin fraude para el sometimiento y depredación de las naciones!

¡Que nadie diga que no fue advertido! ¡Si no resistimos como comunidad nacional, junto a todas las nacionalidades, procurarán consumar la destrucción de nuestra soberanía y posibilidades de desarrollo autónomo y bienestar social, y procurarán avasallarnos en forma irremediable!

Por otro lado, se anuncia la venta de la hidroeléctrica Sopladora, la tercera en potencia del país y que forma parte del sistema Paute, para obtener liquidez y enfrentar los daños del terremoto del 16 de abril del 2016. Parecería una decisión motivada por las circunstancias. Pero aquello no es cierto. La venta o entrega del sector eléctrico, como gran parte del patrimonio social y nacional, fue decidida con mucha antelación. Utilizan una tragedia conmovedora como pretexto privatizador para cubrir su déficit fiscal anterior, conforme lo demuestro.

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el 3S del RO 418 del 16 de enero del 2015, quince meses antes del terremoto del 16 de abril del 2016, en su Art. 24, tercer inciso, permite en forma expresa la entrega o autoriza que “las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, y servicio de alumbrado público general” puedan ser asumidas por “empresas estatales de los Estados de la comunidad internacional”. Es decir que todas las hidroeléctricas, sin excepción, incluyendo la Coca Codo Sinclair, pueden ir a manos de cualquier empresa “de la comunidad internacional”, esto es de los 193 países de las Naciones Unidas, o de las 213 que forman parte de la FIFA! ¡Así lo pidió el presidente y así lo acató la Asamblea sumisa!

No hace falta ser brujo para suponer que podrían ser las de China, Catar o Corea del Sur. ¿Servirán por ejemplo como eventuales garantías de préstamos de la China o de Catar, o como reposición de deudas impagas? ¡El artículo siguiente, el 25 de esta misma ley, permite entregarlas o DELEGAR a “empresas de capital privado”! Según el Art. 43 de la Ley de Modernización del Estado, (RO 349, del 31 de diciembre de 1993), delegar es sinónimo de vender, como consta en su Art. 43, literal ch, de esta ley! ¡En este caso, además, según lo indica el penúltimo inciso de este Art. 25, se exceptúan “los procesos públicos de selección”! ¡Es decir se entregará a dedo!

El Art. 20 de la Ley de Tierras y Territorios Ancestrales (S del RO 711, del 14 de marzo del 2016), en su Art. 20, permite la entrega de tierras rurales de costa, sierra, oriente y Galápagos, a empresas extranjeras. ¡Quien dude puede verificarlo!

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (3S del RO 439 del 18 de febrero del 2015), en su Art. 15, literal b, permite que las empresas públicas estatales de cualquier parte del mundo puedan recibir mediante delegación (venta según el Art. 43, literal ch, de la Ley de Modernización) prebendas semejantes. Dice esta norma clonada: “Para el caso de empresas públicas de propiedad Estatal de los países que forman parte de la comunidad internacional, la DELEGACIÓN para el uso o explotación del espectro radioléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones PODRÁ HACERSE EN FORMA DIRECTA.”

Solo con la entrega de la telefonía celular el país cede a las empresas mexicana y española tres mil millones de dólares anuales; en quince años (2008-2023) representan 45.000 millones de dólares. Esto es 5,57 veces los 8.072 millones de dólares del atraco bancario de 1998 y 1999, en cálculo de la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, creada con el D. Ejecutivo 263, del 9 de abril del 2007, y conformada por el Eco. Eduardo Valencia Vásquez, Dr. Ramiro Larrea Santos y Mons. Víctor Corral Mantilla; el cálculo del atraco bancario consta en su informe de resultados, de julio del 2007, pág. 77.

La venta de TAME, está autorizada en el D. Ejecutivo 1304 expedido por el presidente Correa el 19 de septiembre del 2012 y publicado en el RO 805 del lunes 8 de octubre del 2012. Ese objetivo explica lo dicho por el Gral. (R) Oswaldo Domínguez: “Lo que han hecho es quebrar a Tame con enormes deudas, manejo político, con carga burocrática.” ¡Necesitan un mal manejo para justificar su venta! La venta de la Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC, consta en el D. Ejecutivo 1312, publicado en el RO 807, del 10 de octubre del 2012. Para esto utilizan la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¡Quien dude revise los Registros Oficiales!

Ya vendieron las fábricas de cemento. ¡Igual el Ingenio AZTRA prestando la CFN 120 millones USD a los compradores extranjeros! Concesionan Puerto Bolívar, Manta y Posorja por 50 años. Todas las minas más importantes de oro, plata y cobre están en manos de corporaciones extranjeras. El petróleo está pignorado por varios años y concesionan por décadas los campos más rentables. La deuda externa va a su quintuplicación. Y mucho más. El espacio falta. Este es un régimen privatizador ultra neoliberal. Para que el pueblo no se entere reprimen el derecho a la información. ¡Transfieren el patrimonio público y hablan de soberanía nacional!

¡Qué formidable sería que cuando menos ahora –cuando ya están publicadas las leyes- los asambleístas verifiquen lo aprobado aplastando los botones, sin leer, para lastimar los intereses de la nación y de nuestro pueblo indefenso e inerme! El Art. 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite aprobar una ley, con cien o tres mil artículos, sin leerla, con una sola moción, y ese es el método que les han impuesto. La mayoría de borradores de leyes elaboran abogados extranjeros y varias son similares a las de México, Colombia y otros países.