2016: ¡UNIR FUERZAS PARA UN PROYECTO POLITICO TRANSFORMADOR! 



2016: NUEVO AÑO DE RESISTENCIA E INICIATIVA POPULAR 



Alejandra Neto
OPCIÓN SOCIALISTA 69

El gobierno y los grupos políticos y sociales incondicionales al correísmo apuntan en el 2016 a la división del electorado; a la definición de un programa cada vez más cercano al esquema neoliberal contra el que tanto denostaron verbalmente y a la selección de candidatos que le resulten más funcionales a los caprichos del caudillo que con todo alarde amenaza con regresar si cuestionan su gestión o a intentar un nuevo período de gobierno si mejoran los ingresos nacionales.

Nebot, que convivió de manera cómplice con el gobierno, para asegurar su tercera candidatura presidencial, continúa presionando a Lasso y a sectores de izquierda para que todos renuncien a sus candidaturas y se defina un programa que camufle sus convicciones conservadoras y neoliberales.

El Prefecto Carrasco hace el juego a la recomposición nacional de la derecha ara rencauchar a un personaje prepotente, autoritario y audaz en el manejo de los recursos públicos. No se trata de cambiar de prepotente y dejarse sorprender por un individuo que como colaborador de Febres Cordero demostró no tener límites en el ejercicio del poder.

A la izquierda y al centro político, con la activa participación de los sectores sociales movilizados, les queda la opción de construir una alternativa democrática que conserve y amplíe las garantías y derechos; definir una política económica y social productivista para proteger a los sectores medios y populares e impulsar la reestructuración de la institucionalidad del Estado para fortalecer la
democracia, la lucha anticorrupción y la movilización social. Las candidaturas presidencial y a la Asamblea deberán garantizar que la fuerza y lucha social no sea manipulada por caudillos que representan los intereses transnacionales y oligárquicos dominantes.

La lucha social y política en los próximos meses será intensa, debemos prepararnos con realismo y amplio espíritu unitario, sin dogmas ni renunciamientos estratégicos.

TODO SUBE MENOS LOS SALARIOS

Ecuador cerró el año 2015 con una alta inflación y una grave crisis financiera que se ha reflejado en los bolsillos de todos los ecuatorianos, quienes hemos recibido este 2016 con dudas, temores e inseguridades por un futuro incierto y proyectado hacia un encarecimiento de los servicios públicos, con salarios bajos
que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica familiar.
El Consejo Nacional de Salarios (Conades) ha fijado en 366 dólares el nuevo salario básico unificado, aumento de apenas el 3,39% con relación al anterior, llegó a ser uno de los montos más bajos de estos últimos años. Esta alza salarial constituye una imposición y una burla para los trabajadores a quienes nunca se les permitió consensuar, en la búsqueda de un salario digno, con este régimen caracterizado por ser autoritario, y apegado a grupos empresariales fuertes.

El aumento de apenas 12 dólares no llega a cubrir la canasta básica de alimentos que en diciembre pasado se calculó en USD 673,21 y que conforme avance el año sus precios subirán aún más.

La relación entre los altos costos de los alimentos sumados a un salario débil nos pone en una difícil perspectiva a los ecuatorianos, pues entramos a
una progresiva pauperización.

Existe una preocupación creciente entre los trabajadores quienes también se han visto afectados por diferentes ajustes realizados en empresas e instituciones con el fin de paliar la crisis, se viene reducciones de personal y bajas en la producción nacional, tornándose incierto el futuro económico de nuestro país.

El gran despilfarro de estos años acompañado de la reciente crisis económica internacional no previeron este panorama, una vez más la clase obrera, el motor de la dinámica social, es burlada por las políticas oficialistas.

La pantalla de redistribución de la riqueza, que nunca existió, ha caído. El poco incremento del salario básico y la falta de trabajo van en desproporción de los privilegios de unos pocos que riñen por el bien particular sobre el bien común.

El año preelectoral merece un tratamiento especial, fomentar la unidad nacional en beneficio de las clases populares quienes añoran un régimen equilibrado, respetuoso con quienes opinamos, y sobre todo justo con el obrero.

2016: NUEVO AÑO DE RESISTENCIA E INICIATIVA POPULAR

El 2015 fue un año de movilización y lucha social. El pueblo organizado estuvo permanentemente en las calles para expresar su descontento con las medidas del régimen correísta. Se realizaron marchas multitudinarias en las que amplios sectores de la sociedad ecuatoriana mostraron al gobierno su hastío y resistencia
frente a la grave crisis política y económica a la que el Ecuador se enfrenta.

Destaca, como elemento unificador de esta movilización popular, el Colectivo Unitario de Organizaciones Sociales, Indígenas y Trabajadores promovido por el Frente Unitario de Trabajadores.

Este espacio, que nace de la necesidad de unificar a las organizaciones populares, se convirtió ante la opinión pública en el actor principal de la resistencia contra Rafael Correa. Ni la represión, ni los enjuiciamientos y detenciones arbitrarias, ni los continuos e infructuosos intentos por parte del Gobierno de descalificar a la dirigencia sindical e indígena, han podido amedrentar a este Colectivo, sus bases y dirigencia.

2016 se presenta como un año difícil para el Ecuador. La crisis económica es cada vez más evidente y crecerán los despidos en el sector público y en algunas empresas privadas. Los efectos de la caída del precio del petróleo, el endeudamiento irresponsable, la manifiesta corrupción en la contratación de la gran obra pública y una pésima gestión –a todo nivel- empiezan a pasar factura.

Ante esto, las respuestas del gobierno han sido negar la crisis, argumentando que todo está en la imaginación de unos pocos malintencionados, “los mismos de siempre”, y perseguir judicialmente a los miembros de la Comisión Anticorrupción y a todos los que formulan denuncias.

Este año la movilización y la resistencia continuarán. No sólo por la crisis económica, que afecta al 100% de las familias ecuatorianas. Hay muchos temas sensibles en agenda que requieren acciones eficaces: un nuevo paquete de “enmiendas” constitucionales, que buscan restringir derechos; una Ley de Tierras que no resuelve ni paga la deuda agraria (deuda que sólo ha sido pagada a grandes grupos empresariales); la cada vez más cercana firma del TLC con la Unión Europea, etc. El pueblo se mantendrá pues en pie de lucha.

Esperamos que el Colectivo Unitario reafirme su iniciativa y voluntad de lucha en la próxima Convención Nacional, a celebrarse el 6 de febrero de este año.

Debo admitir que al inicio del gobierno actual, allá por el año 2007 mantenía una
gran ilusión al respecto de que finalmente plasmara un proceso de avance hacia el socialismo y dentro de ello, hacia un proceso claro de redistribución de los factores de la producción agrícola, a saber: tierra, agua y agrobiodiversidad.

Sin embargo, esta expectativa desapareció rápidamente al constatar que el gobierno actual a lo mucho llegaría a un reformismo, que nos sacaría de los dogmas neoliberales para establecernos en el liberalismo clásico absoluto. Retornábamos de Friedman hacia Keynes tras el rotundo fracaso del primero.

Pero, extrañamente, esto no significó el abandono del discurso y el correísmo se especializó en dos cosas muy nocivas: hacer gala de una fuerte tendencia autoritaria para imponer su modelo, y falsificar su esencia al continuar promocionándose como una forma de socialismo. En este contexto de falsificaciones emerge la propuesta de revolución agraria de ALIANZA PAIS, en realidad solo otra falsificación, pues terminó volviéndose, a través de la Ley de Tierras, el mecanismo ideal para engañar, no redistribuir los factores de la producción agrícola y afianzar la agricultura de agroexportación.

En el año 2012 fue introducida a la Asamblea Nacional una propuesta de “Ley de Tierras y Territorios” por el mecanismo de Iniciativa Popular Normativa (artículo 103 de la Constitución y artículos 10 y 11 de la Ley de Participación Ciudadana),
bajo el auspicio de varias organizaciones campesinas coaligadas bajo el embrete de Red Agraria. Esa propuesta de Ley, apoyada por 34.000 firmas, establecía verdaderos mecanismo de redistribución, sin vulnerar la prohibición constitucional de no confiscar tierras.

Por otro lado, volvía a los campesinos partícipes la renta de la tierra acumulada por las grandes empresas agroproductivas del país, sin deshacer la lógica de sus negocios. Al mismo tiempo que consolidaba a la agricultura familiar y por lo tanto a la Soberanía Alimentaria. Todo esto con el solo hecho de hacerlos propietarios, por compra normada, de parte de los paquetes accionarios de Una ley, como es el caso de la desarrollada por la Red Agraria, introducida por el mecanismo de Iniciativa Popular Normativa, tiene condiciones especiales para su tratamiento: debe ser necesariamente el eje de la discusión, solo puede ser tratada en el límite de 6 meses o pasa a ser Ley de la Republica automáticamente, no puede ser vetada totalmente por el Ejecutivo sino solo parcialmente, y durante su discusión los proponentes del cuerpo legal deben ser incluidos dentro de las discusiones.

Ninguna de estas condiciones fue cumplida por la Asamblea Nacional durante su tratamiento: se excluyó de la discusión a los proponentes y luego se inventó que esto estaba dado pues se les había socializado los textos en diversas ocasiones sin entender (o entendiendo perfectamente), que hay una diferencia sustancial entre ir a hacerle conocer a alguien lo ya decidido y hacerle participar, a ese alguien, en todas las discusiones antes de decidir algo.

Jamás se respetó el plazo de 6 meses para el tratamiento (han pasado más de tres años) y se justificó este hecho diciendo que la Ley ya había empezado su tratamiento. Se trató a la propuesta de ley, en contra de las disposiciones legales,
como un insumo más dentro de varios introducidos a la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Por último, habrá que ver si el ejecutivo la veta o no totalmente para saber si la agresión legal cometida es completa.

El fruto de todo este engaño y de toda esta ilegalidad es una ley que:

1. Deserta por completo de la posibilidad de redistribución al definir al latifundio; de manera extraordinariamente sui generis, como cualquier extensión de tierra que no está siendo aprovechada productivamente o que no cumple con
unas funciones sociales o ambientales ambiguamente establecidas. Imaginan ustedes, estimados lectores, el gran invento del Sr. Miguel Carvajal, desde ahora solo se les puede entregar tierra a los campesinos del país si algún terrateniente
ha abandonado su propiedad agrícola o la ha destrozado ambientalmente.

2. Crea un Fondo Nacional de Tierra que se define como una Empresa Publica que puede ser gestionada como tal o que puede constituir fideicomisos para que sean manejados por entes bancarios privados. Por otro lado, no aclara la forma en la cual el Fondo adquirirá la tierra en el caso de que sea declarada de utilidad pública, si el precio de pago será un precio comercial y de mercado o si el precio estará ligado al catastro. Esto determinará si el Fondo se vuelve un elemento más para la subida del costo de la tierra, si opta por mecanismos de mercado, o si será un fondo que realmente redistribuya la poca tierra que estará en sus manos.

3. Arraiga toda posibilidad de control de procesos de redistribución, de inversión, de arreglo de disputas a una Autoridad Agraria, en la que ningún campesino u organización campesina tiene nada que decir ni establecer. Una autoridad que solo se estructura dentro del Estado y que no le otorga el derecho a la participación a nadie por fuera de ella, haciendo gala de una verticalidad digna de la alguna empresa staliniana.

¿En dónde quedan los anhelos de decenas de campesinos pobres del país por tener un espacio de reproducción de su vida y de sus familias? Esta ley solo conduce a la acumulación de la tierra y a la consiguiente extinción de la agricultura familiar. Es por esto, seguramente, el mayor engaño que ha estructurado la Revolución Ciudadana desde que llegó al poder.

Finalmente, se debe aclarar algo adicional: en un inicio todas las organizaciones campesinas apoyaron al gobierno actual, poco a poco se fueron desengañando de este, pero hubo algunos grupos que, tozudamente, permanecieron con la esperanza de un viraje de actitudes al final. Esas organizaciones fueron precisamente las de la Red Agraria (FENOCIN, FENACLE, CNC-EA, FEI), las que finalmente tuvieron que ver como su propuesta ciudadana de Ley de Tierras fuera vulnerada de todas las formas posibles. Por esta razón, es lícito deducir que
el correísmo le ha sumado a su stalinismo y a sus falsificaciones, algunas traiciones también.