REFORMAS PARA ELUDIR EL CONTROL Y PROTEGER LA CORRUPCIÓN 



ELIMINAN LA POTESTAD DE LA CONTRALORÍA 



Opción Socialista No. 68

Las reformas a los artículos 211 y 212 de la Constitución, aprobadas por la Asamblea Nacional como “enmiendas”, no sólo disminuyen derechos, sino afectan la estructura del Estado ya que, en este caso, eliminan la potestad que tiene la Contraloría General del Estado de realizar el control de la gestión de las actividades no sólo del gobierno sino de todas las autoridades y personas que manejan recursos públicos. La labor de fiscalización y auditoría para ser eficaz, tiene que ser autónoma, independiente y debe ser integral para que se puedan establecer responsabilidades, no sólo por el mal manejo de los recursos sino por los deficientes o dolosos resultados.

Curiosamente, el gobierno y sus asambleístas incondicionales “argumentan”, para eliminar esta competencia de la Contraloría, que las investigaciones de gestión las hace ya una dependencia directa de la Presidencia, la Secretaría Nacional de Administración Pública, conforme lo manda el ERJAFE, -un reglamento que en cualquier momento según las conveniencias puede ser modificado- y que por lo tanto la Constitución debe guardar coherencia con su normas, para evitar duplicidad y que pierda peso el informe anual que el Ejecutivo presenta a la Asamblea Nacional.

Pero en realidad, este absurdo jurídico persigue evitar que un órgano independiente controle la gestión de las autoridades del gobierno y sus “milagros”; ya que la auditoría externa debe también evaluar las labores de control interno que ahora pretenden ser monopolizadas por el mismo Ejecutivo.

Más concentración de poder; más opciones para la ineficiencia e ineficacia; más maquillaje y encubrimiento para las irregularidades y la corrupción! No sólo los sectores sociales han expresado su disconformidad con todo el paquete de enmiendas, sino que aún las autoridades de la Contraloría han anunciado su disconformidad con esta reforma que restringe sus atribuciones y han planteado la necesidad de la movilización ciudadana, de
la resistencia y de posibles demandas de inconstitucionalidad o internacionales que cuestionen la violación de derechos y la introducción de estos mecanismos para cubrir el mal manejo, ineficiencias y dispendio de recursos públicos.

Con esta decisión gubernamental, resulta más imperioso el control social y popular independiente previsto en la Constitución, que resulta incómodo al régimen autoritario, pues desnuda la farsa del Consejo de Participación Ciudadana, que sin legitimidad en su elección, pretende suplantar a la sociedad civil con funcionarios cercanos o militantes afines al poder que han copado mediante “concursos” toda la representación institucional.

Al gobierno de Correa le molesta, le incomoda, le atemoriza y por lo tanto elimina o anula el control técnico independiente que tiene la Contraloría y pretende enjuiciar y encarcelar a quienes, ejerciendo sus derechos constitucionales, han conformado la Comisión Nacional Anticorrupción a la que respaldamos totalmente para que cumpla con su misión salvadora del país y la democracia!




VICTORIA PÍRRICA
Salvador Aguirre
Entre los siglos IV y III antes de nuestra era, el heleno Pirro, Rey de Epiro, Macedonia y
Sicilia, venció a la República romana; sin embargo, el altísimo costo humano de tal ventura
matizó la victoria con derrotismo.

El pasado 3 de diciembre, en medio de una repulsiva represión y arbitrariedad, a contracorriente con el 86.5% de la población (CEDATOS/ G ALLUP Internacional), el Gobierno de Rafael Correa Delgado y Alianza País aprobó las reformas a la Constitución de Montecristi.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL…

Hasta en el seno de la mayoría legislativa oficialista acaeció la crítica; por ejemplo, para el Asambleísta Oswaldo Larriva Alvarado, la “enmienda” laboral elimina la estabilidad, conlleva la desaparición de la organización sindical y anula acuerdos y compromisos internacionales siendo un grave retroceso histórico y jurídico (Enmienda 9 y 10 a artículos 229 y 326 de la Constitución); la “enmienda” sobre la Contraloría General del Estado impide la fiscalización amarrando a ese ente fiscalizador siendo una proposición interesada e inexacta (Enmienda 6 y 7 a artículos 211 y 212 de la Constitución); la “enmienda” sobre las Fuerzas Armadas implica el uso antipopular de la Fuerza Pública en confrontaciones con sectores populares del país en una especie de estado de excepción permanente y sin límites (Enmienda 5 a artículo 158 de la Constitución); y, la “enmienda” sobre la comunicación abre el espacio a eventuales restricciones tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación siendo una propuesta muy vulnerable (Enmienda 15 a artículo 384 de la Constitución).

Más o menos en la misma línea, el Asambleísta Fernando Bustamante Ponce, la única abstención en la votación, razonó que hay algunas “enmiendas” con las que no podría estar tranquilo que son contrarias a valores y principios, entre ellas, a más de las reformas a las Fuerzas Armadas y la comunicación, la reducción de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados a favor del Estado central (Enmienda 11 y 12 a artículos 261 y 264 de la Constitución) y la reelección presidencial indefinida que genera muchos efectos nocivos en la democracia como el caudillismo (Enmienda 2 a artículo 114 de la Constitución).

A más de los argumentos de asambleístas oficialistas disidentes, la segunda reforma a la Constitución de 2008 consiste en: • la limitación del derecho a la consulta popular por iniciativa de la ciudadanía así como de los gobiernos autónomos descentralizados (Enmienda 1 y 4 a artículos 104 y 144 de la Constitución); • la reducción de la edad mínima para la candidatura a la Presidencia de la República de 35 a 30 años (Enmienda 3 a artículo 142 de la Constitución);

• la alteración de la estructura de la Defensoría Pública (Enmienda 8 a artículo 214 de la
Constitución);

• la garantía del pago de las pensiones jubilares a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional pese a la existía previa de este derecho en Ley de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas de 1992 y Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional de 1995 (Enmienda 13 a artículo 370 de la Constitución);

• la sustitución de la palabras “fondos provisionales” por “fondos previsionales” (Enmienda
14 a artículo 372 de la Constitución); y,

• la eliminación del plazo de ocho años para la creación de las regiones autónomas (Enmienda 16 a disposición transitoria primera de la Constitución).

• la eliminación en los artículos 211 y 212 de la Constitución, de la atribución de la Contraloría General del Estado de realizar auditorías de gestión y la evaluación del cumplimiento de los objetivos institucionales.

• La transformación del derecho a la información en servicio público. En fin, aún sin dictamen previo de la Corte Constitucional, el Gobierno de Rafael Correa Delgado y Alianza País incorporó nuevas reformas a manera de disposiciones transitorias: una sobre
el plazo de 180 días para que la Asamblea Nacional reforme la Ley Orgánica del Servicio Pública y otra sobre la vigencia de la reelección indefinida a partir del 24 de mayo de 2017.

LA RETIRADA…

Cuando el 25 de junio de 2014, el Bloque Legislativo de Alianza País presentó la propuesta
de reforma constitucional, todos sabíamos que el tema de fondo, sin obviar el resto de peligrosas reformas era la reelección presidencial indefinida.

A más de la errada arquitectura institucional de la Constitución de Montecristi que favoreció el autoritarismo, la primera reforma constitucional coadyuvó a la concentración del poder tras la metida de mano en la justicia; y, la segunda reforma constitucional eliminaría cualquier barrera temporal del proyecto caudillista; no obstante, a última hora, el mismo Rafael Correa Delgado imposibilitó su propia reelección para las elecciones de 2017.

El correismo tiene ya una fecha límite de vigencia. Las numerosas y constantes movilizaciones de las organizaciones sociales en torno del Frente Unitario de los Trabajadores y el movimiento indígena así como la ciudadanía no organizada evidenciaron la flaqueza del Gobierno de Rafael Correa Delgado y Alianza País.

El próximo año será mucho más convulso. No sólo por la continuidad de la movilización social por temas como el autoritarismo, la corrupción, la libertad de los presos políticos, el desmantelamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etc. Sino, también, por la grave crisis económica causada por la negligente administración de la bonanza económica.

LA TERCERA REFORMA CONSTITUCIONAL…

Como vemos, Rafael Correa Delgado y el correismo están en retirada, incluso, el caudillo confesó su “retiro por un tiempo y en Europa”; pero, como sentencia Enrique Ayala Mora, en medio de su retirada puede hacer mucho daño más.

El pasado 5 de diciembre, con mucho audacia, Rafael Correa Delgado anunció un nuevo paquete de “enmiendas” constitucionales. Empero, si bien es desconocido su contenido, podría incluir algunos temas como:

• una nueva “modificación” del sistema de justicia;
• la supresión del derecho a la resistencia ante los abusos gubernamentales;
• la anulación de la declaración de Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas;
• la apropiación de los saberes ancestrales;
• la reducción de las organizaciones políticas que son la expresión de la pluralidad política;
• la elección de las prefecturas por sólo las zonas rurales; y,
• la nacionalidad ecuatoriana para los extranjeros descendientes de ecuatorianos.
Como se podrá advertir, el nuevo paquete de reformas constitucionales en su mayoría reduce derechos y por lo tanto los ciudadanos deberemos exigir que esos cambios sean aprobados en Asamblea Constituyente, o cuando menos mediante consulta popular. Si bien el objetivo de la propuesta puede obedecer a una maniobra de distracción política, su contenido deberá ser enfrentado con la movilización y la lucha popular.