OPOSICIÓN ENTREGÓ AL CONGRESO NUEVO PEDIDO DE DESTITUCIÓN DE DILMA ROUSSEFF 



LULA DA SILVA Y DILMA ROUSSEFF SON EL BLANCO DE LA OPOSICIÓN BRASILEÑA 



Desde Brasilia, las agencias internacionales de prensa destacaron la situación política que pretende desestabilizar al gobierno legítimo de Dilma Rousseff. Informaron que el documento de la oposición, fue recibido por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, quien está incluido en la investigación como uno de los políticos supuestamente beneficiados por las corruptelas en Petrobras.
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La oposición brasileña entregó a la Cámara de Diputados un nuevo pedido para un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, ahora fundamentado en irregularidades fiscales detectadas en 2014 y que se extendieron a 2015.

"Este no es un movimiento solo de oposición", pues "representa a la población brasileña que no soporta más a este Gobierno mentiroso y corrupto", declaró el diputado Carlos Sampaio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al hacer entrega del documento en compañía de parlamentarios de otras formaciones opositoras.

El documento entregado sostiene que Rousseff incurrió en un "delito de responsabilidad", que la Constitución contempla entre los posibles motivos para destituir a un mandatario, al avalar maniobras fiscales dirigidas a maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y que, según órganos de la Contraloría de la República, continúan al día de hoy.

El nuevo pedido de juicio político está firmado, entre otros, por el jurista Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y alejado de la formación desde hace años, quien estuvo presente en el acto.

El documento fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está contra las cuerdas debido a una investigación policial que lo incluye entre el medio centenar de políticos beneficiados por las corruptelas en la estatal Petrobras.

Sin embargo, Cunha es, según establecen las leyes, el responsable de analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado, que la Constitución prevé siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad", como serían los manejos irregulares de las finanzas públicas.

Eso precisamente es lo que alega la oposición, según la cual se ha "comprobado" que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos cuando avaló maniobras fiscales que permitieron maquillar los resultados que el Gobierno presentó el año pasado.

Los balances de las cuentas públicas de 2014 ya fueron reprobados por el Tribunal de Cuentas, organismo de la Contraloría que además ha detectado que esas maniobras se han mantenido incluso durante este año.

Rousseff afirmó desde Finlandia, que su gobierno no está involucrado en ningún esquema de corrupción, en alusión a los desvíos ilegales en la petrolera estatal Petrobras. "Mi gobierno no está involucrado en ningún escándalo de corrupción. No es mi gobierno el que está siendo acusado actualmente", expresó.

Así respondía a declaraciones realizadas por el presidente del Congreso un día antes, quien se refirió al escándalo de Petrobras como el "mayor del mundo".
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LULA DA SILVA Y DILMA ROUSSEFF SON EL BLANCO DE LA OPOSICIÓN BRASILEÑA


El Gobierno brasileño defendió de nuevo que un juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff supondría una "ruptura constitucional", al tiempo que un juez neutralizó los intentos opositores de acelerar ese proceso.

La nueva advertencia del Gobierno surgió en momentos en que tanto la prensa local, como fuentes políticas, insisten en que esta semana pudiera decidirse enjuiciar a Rousseff por unas maniobras fiscales dirigidas a maquillar las cuentas públicas de 2014, cuando fue reelegida para el nuevo mandato que comenzó el pasado primero de enero.

La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.

La decisión sobre un proceso de esa naturaleza debe ser tomada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien hasta ahora ha recibido una veintena de solicitudes en ese sentido y ha rechazado la mitad porque carecían de tales "fundamentos jurídicos".

Sin embargo, el próximo pedido que debe examinar se refiere al maquillaje de los resultados fiscales del Gobierno correspondientes a 2014, que, según la lectura de la oposición, la Constitución contempla como uno de los motivos para una posible destitución.

En el artículo 85 de la Constitución brasileña, entre otros "delitos de responsabilidad" del Presidente, se mencionan los que atenten contra "la probidad en la Administración" y "la ley presupuestaria".

Cunha había establecido que, en caso de rechazar esa solicitud, la palabra final correspondería al pleno de los Diputados, al que la oposición podría apelar contra su decisión.

No obstante, una medida cautelar dictada ayer por el magistrado Teori Zavascki, uno de los 11 miembros del Tribunal Supremo, echó por tierra esa posibilidad al considerar que el trámite establecido por Cunha carece de base legal.

Según Zavascki, la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe únicamente al presidente de la Cámara Baja, con apoyo de su departamento jurídico, pues así lo define una ley de 1950, que es la que aún establece las normas y procedimientos para iniciar un juicio con miras a la destitución de un jefe de Estado.
Cunha, quien está en la mira de la justicia como sospechoso de haberse beneficiado de las corruptelas en Petrobras, declaró que el departamento jurídico de la Cámara de Diputados estudiará la medida cautelar dictada por el juez Zavascki y que, si lo cree "necesario", apelará ese dictamen.

Sin embargo, aclaró que esa cautelar "no interfiere en nada" en la decisión que pueda adoptar en relación a un posible juicio contra Rousseff, pues solo alteraría el procedimiento para llevarlo a cabo si se considerase que la mandataria incurrió en irregularidades.



PROTESTA. Las manifestaciones contra la mandataria brasileña son constantes en todo el país. (OGlobo)




EMBROLLO JURÍDICO

El Supremo aún debe examinar una demanda de abogados vinculados al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) que insisten en que una "falta administrativa" referida al ejercicio fiscal de 2014, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar al actual Gobierno, que asumió el pasado primero de enero.

En medio del embrollo jurídico, el Gobierno insistió en que los "problemas políticos" del país deben resolverse mediante un "amplio diálogo" y reiteró que un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff supondría una "ruptura" democrática.

"Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con rupturas constitucionales" como un proceso contra Rousseff, que dependería de "asuntos jurídicos que no existen", dijo hoy a los periodistas el ministro de Información, Edinho Silva.

El ministro reiteró que "no hay fundamentos jurídicos para tomar una decisión como esa" y apuntó que las demandas de la oposición para juzgar a Rousseff son parte de un "embate político sin ninguna base jurídica", por lo cual "no pueden" ser aceptadas.

‘EMBATES POLÍTICOS’

"No podemos paralizar al país por embates políticos", cuando "lo importante es que Brasil supere sus dificultades económicas y vuelva al camino del crecimiento", indicó el ministro, quien aludió así a la difícil situación del país, cuya economía ha entrado en recesión y este año se calcula que se contraerá casi un 3%.

Silva también ratificó la opinión del Gobierno en el sentido de que esas maniobras fiscales no constituyeron lo que la Constitución define como "delito de responsabilidad" y subrayó que fueron durante la gestión anterior de Rousseff.

Contra esa tesis, la oposición ha anunciado que anexará a sus pedidos de juicio político contra Rousseff un informe de un fiscal de un órgano de contraloría que sostiene que esas maniobras fiscales de 2014 se repitieron en los primeros meses de este año, con lo cual serían referidas al nuevo mandato de la Presidenta.

PREOCUPACIÓN EN GOBERNANTES


Los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia) denunciaron en Cochabamba (Bolivia) que hay un intento de golpe de estado contra Dilma Rousseff en Brasil y "una arremetida" contra gobiernos populares de la región.


"Tanto el presidente Evo Morales como mi persona manifestamos nuestra preocupación y vamos a iniciar un conjunto de consultas, porque parece anunciarse en el Brasil una nueva modalidad, un golpe de estado contra la presidenta Dilma Rousseff", dijo Maduro, en conferencia de prensa conjunta con el gobernante boliviano.

El mandatario venezolano aseguró que, en la reunión bilateral con Morales, han visto "la situación en Brasil con mucha preocupación y alarma".

"No nos vamos a quedar callados frente a un intento de golpe de estado en Brasil, ni en ningún lugar de América Latina y el Caribe, ni nos vamos a dejar maniatar ni tapar la boca", dijo Maduro.

Morales había anticipado en agosto pasado sus temores de que se geste un golpe de estado en Brasil y consideró que la región debería actuar en conjunto para defender la institucionalidad en el gigante sudamericano.

Los dos gobernantes izquierdistas, amigos y aliados políticos, hicieron eco de la difícil situación que atraviesa su colega brasileña, sumida en una crisis de gobernabilidad, acusaciones de corrupción contra el partido de Gobierno y una popularidad baja.

Brasil suele parar para seguir los capítulos de sus más populares telenovelas. Pero desde hace más de un año un verdadero culebrón ha detenido a Brasil en la política y en la economía. La presidenta Dilma Rousseff respira políticamente con un balón de oxígeno —logrado esta semana en la Corte Suprema— y todos se preguntan hasta cuándo seguirá conectada mientras las peticiones de «impeachment» continúen llegando al Congreso.

Detrás de ella y bajo la misma sombra peligrosa están el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, su enemigo declarado, y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su padrino político, que resiste a todos los ataques y denuncias en su contra, gracias a lo que especialistas llamaron «efecto teflón». Las denuncias contra Lula, sin embargo, lo golpean cada vez más bajo y esta semana han envuelto en la trama de corrupción a su hijo, Fabio Lula da Silva, y a su nuera. Según una investigación, ambos habrían recibido sobornos. Lula y sus abogados negaron las informaciones, que constarían en documentos, por ahora secretos.

El escándalo Lava Jato (lava coches), que estalló en abril del año pasado, es el peor ya conocido en la historia republicana del país. La fuente de desvíos a partir de la gigantesca estatal Petrobras, sirvió a políticos de todos los partidos, a empleados de la empresa, a banqueros, y a ejecutivos de las principales constructoras locales, que se beneficiaron con negocios en el país, en Iberoamérica y África, donde tenían contratos de cerca de 23.000 millones de dólares con la empresa estatal. Las constructoras eran, a su vez, las mayores donadoras de las campañas políticas.

MANIOBRAS

Más de cien personas, entre políticos, ejecutivos y empresarios, se encuentran presos, entre ellos, el dueño de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, el ex tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, y el ex mano derecha de Lula, José Dirceu.

El presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, insiste en negar su relación con el caso, a pesar de las pruebas y de una investigación en curso por corrupción y blanqueo de dinero. Capaz de ejecutar el juicio político de Rousseff, se mantiene en el cargo negociando su permanencia con ella. Pero su situación se complicó esta semana con la denuncia del ministerio público suizo —enviada a la fiscalía brasileña— que lo implica en cuentas que suman unos 5 millones de dólares provenientes de sobornos de Petrobras.

Esta semana, la Corte Suprema detuvo una maniobra burocrática de Cunha dirigida a derribar a Rousseff sumariamente. Los asesores del Gobierno calculan que con esa decisión consiguen mantenerla respirando hasta noviembre, cuando el receso parlamentar de fin de año puede llevarla hasta 2016. Rousseff tiene entre 7% y un 9% de aprobación en las encuestas, la más baja desde el «impeachment» de Fernando Collor de Mello en 1992.

Cunha, que le declaró guerra abierta a Rousseff, en julio, cuando su nombre apareció en las listas de políticos investigados, ha sido hábil en negociar su permanencia en el cargo.