¿LA XENOFOBIA ES BOLIVARIANA? 



CARACAS DEBÍA APLICAR LA LEY RIGUROSAMENTE 



Alexis Ponce *
'No tenemos otro mundo al que podernos mudar'. Gabriel García Márquez
Pésima, inhumana, típicamente demagógica, patriotera y nada bolivariana, la medida del presidente Nicolás Maduro de Venezuela y su gobierno, de cerrar las fronteras en una de las zonas limítrofes del continente más empobrecidas, y de expulsar a cientos, ahora miles, de colombianas y colombianos, mujeres y niños entre ellos.
Por los suelos han quedado las cacareadas ‘ciudadanía universal’, ‘el pasaporte sin fronteras de la UNASUR’, ‘la integración latinoamericana’, ‘el sueño de Bolívar’, ‘la Patria Grande, sin hitos fronterizos’, etcétera.
Si querían detener “paracos” (paramilitares) asesinos que fueron hallados aún en la propia Caracas, debían aplicar la ley rigurosamente, detenerlos A ELLOS, e incluso ejecutar medidas en el territorio fronterizo para acabarlos, pero no tenían que actuar como ‘chafarotes’, al estilo Diosdado Cabello y su programa de tv propio en TELESUR: “Con el mazo dando”, ni desquitarse con la población civil refugiada, migrante, desplazada o ‘sin papeles’, en condiciones de “ilegalidad”, término y política que se mira en Trump y los republicanos de Texas contra los ‘mojados’, chicanos y mexicanos, que intentan atravesar la frontera, o en los europeos con los sirios.
Pésimos precedentes regionales acaban de dar estos gobiernos, pues junto a la salida de Manuela Picq del Ecuador, esta medida violenta de los militares venezolanos y Maduro, sólo significa que -llegado el caso, con la justificación que sea, no importa el credo, la ideología, la formación política, las nuevas constituciones y el discurso latinoamericanista- actuarán como actúan sus adversarios políticos en el mundo.
Claro que estas medidas lo hacían también “el Chivo” Rafael Trujillo con los haitianos, Duvalier con los dominicanos, Somoza con los hondureños, los militares hondureños con los civiles salvadoreños, la dictadura de Pinochet con todo el mundo, Hussein con los kurdos, y así, ad-infinitum.
Pero eran ‘ellos’, es decir era otra ética, se supone. No puede justificarse estas medidas contra miles de colombianas y colombianos con el “Pero ellos también lo hicieron”, porque no solo es un argumento pobremente parroquial, sino que envilece a quien lo esgrime. O, peor aún, justificarlo con ‘es nuestro derecho, por nuestra seguridad y nuestra integridad para protegernos del terrorismo y la violencia’.
Recuerden que, exactamente, pero del otro lado, ese era el discurso de George W. Bush para legitimar su ‘Guerra Infinita’. Así que okey, de acuerdo, están en su 'derecho', pero no se llamen bolivarianos ni humanistas, por favor. Y no vuelvan a mentar, por lo menos delante de mí, a Antonio Nariño y Manuela Sáenz.
Tan torpe resulta la medida venezolana, que el principal causante de la ola de desplazados y generador de exiliados, desterrados y refugiados desde territorio colombiano a sus países vecinos (Venezuela, Ecuador y Panamá) a finales de los años noventa y en la primera década del siglo 21, Álvaro Uribe Vélez, hoy demagógicamente afirma en medios mundiales y redes sociales, alabado por lo más ignorante de la virtualidad latinoamericana, venezolana y ecuatoriana, que prestará su hacienda; y hasta se da el lujo de convocar hipócritamente a que otros terratenientes -y ‘paracos’, seguramente- presten las suyas y den trabajito a los expulsados por ‘los chafarotes’ de Maduro. Exactamente como los europeos condoliéndose de los africanos: hipocresía pura.
En los años setenta y ochenta tuvimos olas masivas de éxodos y desastres humanitarios en el Cono Sur y Centroamérica, producto de las tiranías militares de extrema-derecha; luego, en los noventa, padecieron el Perú de Fujimori y la Colombia de Barco, Pastrana y los demás.
Treinta años después, tenemos este envilecido desastre humanitario, producto de una democracia andina: ¡qué vergüenza de medidas, Maduro! Las izquierdas colombianas callan, a excepción de Petro; Piedad Córdoba, con espacio propio en TELESUR hace años, justifica el atropello con el discurso de la legítima defensa ante ‘los paracos’. ¿Y las izquierdas bolivarianas del Ecuador y el continente? Un gran y largo silencio, que pronto será roto, estoy casi seguro, con otro discurso de justificaciones.
Cuando los cientos o miles de refugiados y refugiadas, una o dos décadas después, sean otros y otras, los que hoy callan rasgarán sus vestiduras.
Colombia: no eres solo Uribe ni ‘paracos’. Eres ellas, eres mi corazón.
Dedicado a ellas:
Nelly, Leydy, Diana, María y 'Juana de Arco'.



EL CIERRE DE LA FRONTERA ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA NO VIOLA DERECHOS HUMANOS, LOS PROTEGE
Textos enviados por Wilder Sánchez

Fernando Casado

Rebelión

En estos días la gran prensa anuncia a bombo y platillo la supuesta crisis humanitaria provocada por Venezuela en la frontera con Colombia por el cierre y deportación de ciudadanos de este país. Los sensacionalistas titulares se repiten de manera incansable “Cierre de frontera con Venezuela toma visos de crisis humanitaria” (El Tiempo de Colombia); “Juan Manuel Santos viaja a frontera con Venezuela por crisis humanitaria” (El Universo de Ecuador); “Crisis humanitaria seis días después de cierre de frontera colombo-venezolana” (La Vanguardia de España)…
Este es el tratamiento que los medios están dando al estado de excepción dictado en algunos municipios venezolanos fronterizos con Colombia para acabar con el paramilitarismo, la delincuencia y el contrabando de productos venezolanos de primera necesidad, es decir, la información publicada únicamente se centra en la deportación de alrededor de un millar de personas de nacionalidad colombiana en situación de irregularidad.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el estado de excepción en Venezuela escrupulosamente respeta los derechos humanos conforme al artículo 339 de la Constitución el cual establece expresamente que “se cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
En segundo lugar, la gran prensa oculta de manera descarada los efectos positivos que ya son palpables gracias al cierre de la frontera, como la gran incautación de alimentos preparados para ser trasladados a Colombia, la disminución de colas de personas para la adquisición de alimentos y combustible, que empiezan a aparecer y regularizarse en el estado Táchira, pero también en otros estados del interior del país como Mérida, Zulia o Apure. Igualmente cabe destacar la detención de gran cantidad de paramilitares colombianos involucrados en actividades ilícitas.
El estado de emergencia tiene como objetivo salvaguardar los derechos humanos de las personas que se encuentran en Venezuela, sin distingos de nacionalidad, como siempre lo ha hecho la revolución bolivariana. El combate al paramilitarismo es la salvaguarda del derecho a la vida e integridad física; acabar con las mafias del contrabando pretende proteger el derecho a la alimentación, pero también a la salud, pues las medicinas también son llevadas a Colombia. Las medidas no son una agresión, al contrario se orientan a preservar la paz y la dignidad de los venezolanos.
Organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), históricamente han alabado las medidas de protección de los colombianos desplazados por la guerra al territorio venezolano, lo cual no exime que en las deportaciones no puede haber personas con el estatuto de refugiado que no estén involucrados en actividades ilícitas. Sin embargo, no reconocer que la soberanía venezolana es agujereada por una delincuencia en gran medida proveniente y aprovechada por Colombia es un desatino.
Se entiende que el presidente Santos debe jugar su papel, pues el Estado al que representa tiene la segunda mayor cantidad de refugiados internos en el mundo, por encima de seis millones y solo por detrás de Siria. Pero de ahí a pasar por víctima y que los medios de comunicación le hagan el juego hay que ser canalla, aunque ya estamos acostumbrados a este modus operandi. Ninguno de ellos se acuerda de los millones de colombianos que han encontrado un puerto seguro en Venezuela, y del reconocimiento de todos sus derechos gracias a la Misión Identidad en primer lugar, para inmediatamente tener acceso al resto de los programas sociales venezolanos que les eran negados en su país de origen.
Por todo ello el uso del término “crisis humanitaria” es a todas luces exagerado en relación a los hechos acaecidos en la frontera colombo-venezolana, tomando en cuenta que aquella solo se produce cuando “(…) existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia”1, lo que no se corresponde con la situación que se vive actualmente en Venezuela.
De hecho mientras escribimos este artículo aparecen titulares que sí pueden ser catalogados como verdaderas crisis humanitarias y se evita descaradamente usar el término. Leemos en el diario de mayor difusión en español, El País, los siguientes titulares: “Austria cifra en 71 refugiados los muertos en el camión frigorífico”; y, “Libia recupera 90 cuerpos del naufragio de una barcaza de migrantes”. Ambas notas fueron ubicadas en una sección especial que a El País le ha dado por denominar “Drama de la Migración”. Se exime de responsabilidad en esos hechos a los países occidentales, pese a que son los conflictos bélicos que promueven y la injusticia de un sistema capitalista globalizado que imponen los responsables de estas crisis humanitarias.
La gran prensa llama crisis humanitaria a lo que no es para azuzar un conflicto entre Colombia y Venezuela, y oculta otras, a costa del sufrimiento y muerte de millones de personas. Un capítulo más en la historia de un mundo, que como dijo Galeano, se encuentra patas arriba.
1 Cañadas, María, “Alerta 2007: informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz”, Barcelona, Icaria, 2007, pp. 89.
Rebelión

A PROPÓSITO DE LOS COMENTARIOS DE LUIS VICENTE LEÓN Y LA REACCIÓN DE LA NARCO-BURGUESÍA CONTRABANDISTA COLOMBIANA REPRESENTADA POR EL CAPO ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Basem Tajeldine

Voces Contra El Imperio


A escasas horas del cierre de la frontera con Colombia decretado por el Presidente Nicolás Maduro, todos los venezolanos, y especialmente el pueblo tachirense ha podido apreciar los beneficios que han traído la medida para el país y su vida. Como por arte de magia, desaparecieron las interminables colas frente a las estaciones de servicio (gasolineras) del Estado Táchira, y de forma repentina, en menos de 72 horas aparecieron varios productos de la cesta básica en muchos anaqueles de esa entidad [1].
El desabastecimiento provocado por el contrabando de extracción hacia Colombia de los productos de primera necesidad regulados por el Estado revolucionario (hechos en Venezuela o importados por el mismo), había llegado a niveles tales que los venezolanos solo podían obtenerlos comprando directamente a los “bachaqueros” (revendedores), o debían atravesar las fronteras hacia el vecino país para adquirir los productos a precios especulativos exorbitantes en moneda colombiana o preferiblemente en moneda venezolana, la que a su vez era utilizada por las mismas mafias contrabandistas para seguir ejecutando sus acciones delictivas contra el país.
El saqueo de Venezuela es dantesco. Por fin la guerra económica organizada desde la frontera por las mafias del paramilitarismo y el narcotráfico colombiano, vinculadas al mayor genocida conocido por la historia reciente del vecino país, Álvaro Uribe Vélez, ha comenzado a ser enfrentada de forma efectiva por el gobierno revolucionario.
Tampoco faltaron las expresiones de alegría y esperanzas de las mayorías del pueblo tachirense perjudicado por las mafias del contrabando y el paramilitarismo colombiano. El gobierno obrerista del Presidente Nicolás Maduro ejecutó las medidas restrictivas de paso en salvaguarda de la integridad territorial y de los intereses de las mayorías del pueblo venezolano. El pueblo venezolano enfrenta con estoicismo las consecuencias de una guerra bien diseñada por el imperialismo estadounidense, pero orquestada por la narco-burguesía colombiana, y en especial por el jefe del paramilitarismo ex presidente de ese país, Uribe Vélez, que tienen como propósitos lavar sus dineros mal habidos y asestar un duro golpe a la economía venezolana, destruyendo el poder adquisitivo del salario venezolano en la medida que inducen la escasez de los productos regulados, mientras que el Dólar (terrorista) Today hace su trabajo.
Por otra parte, la reacción oportunista de la apátrida oposición venezolana tampoco faltó. Como era de esperar, la mayoría de sus voceros salieron a solidarizarse con las mafias del contrabando y del paramilitarismo colombiano, criticando el cierre de la frontera tachirense y señalando al Presidente Maduro de "anti colombiano", cuando hasta hace poco ellos mismos decían que era oriundo de ese país.
El inefable Luis Vicente León fue un poco más astuto que el resto de sus iguales, cuando auguró que la medida del cierre fronterizo no será exitosa en cuanto "se mantengan los incentivos para el bachaqueo".
En un Twit, Vicente León escribió lo siguiente: “puedes cerrar la frontera y pasarán por el rio”. En otro dijo “no importa lo que hagas para atacar consecuencias. Si no atacas las causas la economía se rebela…y a ella no puedes apresarla".
Naturalmente, Vicente León se refiere a los precios de los productos subsidiados y regulados por el Estado venezolano -que es un sacrificio que hace el Estado para beneficio de los más humildes- como la causa principal que ha provocado el fenómeno del contrabando. De esta forma, el derechista venezolano pretende congraciarse con los contrabandistas y el paramilitarismo colombiano quienes para él -y para muchos que piensan igual-, son "pequeños emprendedores" que han sabido aprovecharse de los subsidios para su beneficio propio y político.
Pero la derecha dice tener la "sabiduría" y el remedio "perfecto" para eliminar el contrabando y hacer que aparezcan de forma más expedita todos los productos en los anaqueles de Venezuela. Pero ya conocemos la receta, que es la misma receta neoliberal conocida en el mundo que ha revelado ser muy "eficiente" y generado "buenos resultados" solo para los monopolios, y no precisamente para los pueblos.
Ellos dicen que el Estado no debe de intervenir en la economía exigiendo precios justos o subsidiado algunos productos de la cesta básica, puesto que ese trabajo le corresponde al "Dios mercado" quien con su mano invisible arreglaría el desastre creado por el Estado, y que sean sólo lo que más tengan quienes posean el derecho a consumir lo que desean, así como en la selva: "que venza el más fuerte, el que mejor pueda adaptarse al sistema"; que la moneda venezolana (Bolívar) debe ser devaluada aún más y el precio de la gasolina sea comparable a los internacionales; pero también el Estado venezolano debería olvidarse del pueblo y tapar el hueco del "gasto social" eliminando la gratuidad de servicios sociales como la salud, educación, etc. Aseguran que si cumplimos con su recetario los contrabandistas no tendrán estímulos para seguir operando en el país.
Sólo una mentalidad colonial, enajenada de la realidad y corrompida por el sistema capitalista podría hacerse eco de semejante locura neoliberal que tanto dolor y sangre a costado a los pueblos del mundo hoy víctimas de esos mismos dictámenes.
Lo cierto es que lejos de las sandeces de Vicente León, FEDECAMARAS y compañía contra las medidas de cierre fronterizo y las exitosas Operaciones para la Liberación del Pueblo venezolano (OLP) del paramilitarismo colombiano y el hampa en general, hoy son muchos quienes reclaman que las mismas políticas sean extendidas hasta las fronteras del Estado Zulia. Y es tanta la efectividad de las políticas del gobierno Bolivariano, que se deja entrever en el desesperado espectáculo del capo Uribe y la narco-burguesía colombiana en la ciudad de Cucuta y en los medios de ese país que pretendieron tachar al Presidente Nicolás Maduro de ser un "anti colombiano". ¡Semejante estupidez!
Tuvo razón el Presidente Maduro cuando dijo que nadie es más anti colombiano que la propia burguesía colombiana y el mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Fue precisamente durante el gobierno de ese criminal que se cometieron innumerables violaciones a los Derechos Humanos y los dolorosos sucesos que sacudieron al pueblo colombiano recordados como los "falsos positivos". Los desaparecidos colombianos y los encontrados en fosas comunes durante el gobierno de Uribe se cuentan por miles, al tiempo que la cifra de crímenes (violación de menores y desaparición forzada) cometidos por las tropas estadounidenses en ese país es también alarmante. De esto último casi nadie prefiere hablar en Colombia. El gobierno de ese país busca callar cualquier denuncia en torno a las constantes violaciones a los Derechos Humanos del pueblo hermano producto de la inmunidad que disfrutan las tropas yanquis dispuestas en las más de 7 bases estadounidenses en ese territorio.
Desde siempre la burguesía colombiana ha sentido desprecio por su propio pueblo hasta el punto de permitir que fuerzas extranjeras lo hagan por ella, pero también ha sabido aprovechar la política de "puertas abiertas" de Venezuela para descargar en nuestro país la crisis social generada por las políticas neoliberales y el terror paramilitar que sirven de custodios de los monopolios transnacionales. Millones de campesinos, ciudadanos empobrecidos colombianos y líderes políticos de base de la izquierda colombiana se han visto forzados a buscar refugio en nuestro país huyendo del hambre y de la persecución de esas mismas fuerzas pretorianas paramilitares amparadas por el Estado criminal colombiano.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) acaba de reconocer que Colombia presenta la segunda mayor crisis de desplazados del mundo, donde 6 millones de personas desarraigadas a causa de la violencia.
Según datos de ACNUR, sólo Siria supera a Colombia en la cantidad de población obligada a abandonar sus hogares en busca de seguridad.
Las cinco décadas del conflicto colombiano han limitado el acceso de millones de personas a la seguridad, los servicios públicos básicos y al goce efectivo de sus derechos, entre otros a una vivienda digna, salud, educación y reparación como víctimas, incluyendo la restitución de tierras, apuntó la oficina de ACNUR en Colombia [2].
Sin lugar a dudas, el gobierno Bolivariano ha entrado en una nueva fase de contraofensiva revolucionaria para hacer frente a las mafias de las burguesías locales parásitas, contrabandistas y paramilitares que sirven de peones a la estrategia del imperialismo estadounidense que busca destruir el ejemplo de la Revolución Bolivariana y los procesos de integración regional.
Hoy Venezuela demanda la solidaridad y el apoyo con la movilización de todas las fuerzas políticas revolucionarias del país y de la izquierda mundial, ante la nueva embestida que preparan las hienas pro-imperialistas de la región que ya saborean la amargura que les produce su nuevo fracaso.
Fuentes:
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
REBELION

CIERRE DE FRONTERA: LA MARCA DE CHÁVEZ

Néstor Francia

Rebelión

Sin duda que el cierre de la frontera en Táchira y el decreto del estado de excepción tienen la marca inconfundible de Chávez. En primer lugar, es el tipo de sorpresa política que solía presentar el Comandante Eterno y que le permitía asumir permanentemente la iniciativa, marcar la agenda, poner a todos a hablar de lo mismo. Luego está la actitud firme del Gobierno ante la manipulación y la mentira, la respuesta clara, sin temores a los parloteos de los neoliberales, desde los abiertos e inconfundibles, como Uribe, hasta los embozados, los “hermanos” difíciles, los parientes oportunistas y de ocasión, como Juan Manuel Santos.
En cuanto a la derecha, pronto ha encontrado una zona de comodidad, un tema al cual aferrarse para tratar de revertir el respaldo previsible que tiene en el pueblo el cierre de la frontera y retomar la iniciativa, que ha venido manteniendo desde hace algún tiempo con los asuntos del desabastecimiento y la inflación. Desde la OLP para acá las cosas han cambiado un poco. Las dificultades económicas siguen presidiendo las preocupaciones cotidianas del pueblo, pero la ofensiva revolucionaria que se inició con la OLP ha desplazado de manera importante el foco de atención. Ha ayudado un poco, sin duda, la conspiración de Granger y la Exxon en el Esequibo, así como lo había hecho la orden ejecutiva de Obama. Pero la derecha ha lanzado a las aguas lo que considera una tabla de salvación ante la metida de pata inicial de oponerse al cierra de la frontera: los “derechos humanos” de los deportados del Táchira.
Hay en Venezuela más de 5 millones de colombianos y los deportados eran hasta ayer, como reconoce el propio Santos, apenas 1.097. Pero la imagen que se intenta establecer en Venezuela y en el mundo es que se trata de deportaciones masivas, hechas además con saña inhumana y violación de todos los derechos de los deportados, una especie de razia fascista contra todos los colombianos.
No es para sorprendernos que Ernesto Samper caiga en la trampa. El es colombiano y por lo tanto muy sensible a los vaivenes de la opinión pública de ese país, embaucada con los engaños de la canalla mediática. En el comunicado que ha emitido, al secretario general de Unasur se le ven las costuras cuando se pronuncia por “La inmediata suspensión de la deportación de los colombianos y la creación de un mecanismo institucional para la defensa de los derechos de los deportados, conformado por las Defensorías del Pueblo de ambos países”.
Disculpándose incómodamente ante sus coterráneos, Samper quiere explicarse: “Hago público estos elementos de análisis para que la opinión pública colombiana, sepa que UNASUR, aunque esta activa en el tema, no puede mediar, como lo dispone su Tratado Constitutivo, si no hay la petición de los dos países involucrados”. Y señala además: “Expreso mi total solidaridad, como lo dije ayer, con los compatriotas que han vivido estos momentos de dificultad para que sus derechos sean reconocidos”.
Lo importante es que esta declaración de Samper revela que la campaña mediática manipuladora está surtiendo efecto, de allí la relevancia de todo lo que hagamos para enfrentarla, como por ejemplo la marcha de respaldo a las medidas que realiza el viernes 28 de agosto el movimiento revolucionario.
El analista Marco Teruggi cita a Nicolás Maduro, quien ha dicho, sobre la inmigración colombiana hacia Venezuela, que se trata de “El éxodo más grande que se da en el campo migratorio en el mundo”. Añade Teruggi que “Eso significa campesinos, pobres, familias enteras, perseguidos, huyendo de falsos positivos, masacres, extorsiones, desocupados, obligados a cruzar una frontera. Y esa cifra sólo contempla a quienes fueron legalmente registrados”, y sigue: “¿Qué hay de ‘aquel lado’ que nadie cuenta? El cierre de frontera arrojó algunas imágenes: miles buscando cruzar para Táchira, desabastecimiento en Cúcuta, falta de gasolina, 17% de desocupación, abandono, y una economía inflada con alimentos venezolanos y casas de cambio criminales amparadas por el Banco Central de Colombia”.
Ahora bien, estas realidades incontestables comienzan a ser difuminadas por la canalla mediática, que aplica una vez más los manidos pero aun efectivos manuales de la Guerra de Cuarta Generación. Es el mismo dramón prefabricado que han montado en los Balcanes y en el Medio Oriente, el mismo que aplicaron en Venezuela en los días de abril 2002. Véase esta joya de Reuters: “Centenares de colombianos cruzaron la inhóspita frontera apurados por las férreas medidas de control que tomó el Gobierno venezolano en respuesta a los ataques sufridos por cuatro ciudadanos en la zona limítrofe… El sol y la difícil geografía no importaron. Cualquier desafío fue enfrentado y superado por quienes se vieron obligados a abandonar sus viviendas en San Antonio del Táchira, Venezuela. Por delante tenían un río y la necesidad de recibir ayuda para no quedarse sin nada”. Cualquier incauto imagina a los cristianos atravesando el Mar Rojo o a Julio César cruzando el Rubicón. Pero en realidad las tomas cerradas del sector del río que constituye el paso, no dejan ver que se trata de una pequeña trocha acuática, de un vado de solo unos cuantos metros que separa los territorios de Colombia y Venezuela y que pasando por ahí los contrabandistas cometen sus fechorías a diario.
Juan Manuel Santos, que sigue contribuyendo a las falacias, ahora ha convocado a su embajador en Venezuela, sucumbiendo pusilánimemente a las presiones del uribismo. Esto es coherente con su declaración manipuladora dirigida a los deportados: “Entendemos su dolor, lo vi, lo palpé, me lo contaron. Su indignación, totalmente explicable, es la misma que la mía. Su sentimiento de impotencia y humillación nos duele a todos los colombianos”.
El gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas, sugirió que en esa región fronteriza podría aplicarse también el estado de excepción. Inmediatamente se puso en juego el guión, esta vez por medio del diario fascista de Maracaibo La Verdad, que publica un “reportaje” que insiste en el folletón de moda: “Arias Cárdenas realizó una petición al Gobierno nacional para declarar estado de excepción. La misma no pasó desapercibida en la ciudad. La comunidad colombiana que reside en Maracaibo teme que comiencen a deportar. ‘Mi hija me llamó asustada. Tiene siete años. Me dijo que la Guardia está en el barrio, llevándose a los colombianos porque no tienen papeles’. Sandra Milena es una de las miles de indocumentadas que viven en Maracaibo. Su nombre verdadero -y el de todos los que aparecen en esta historia- está resguardado en una libreta, pues tienen temor a recibir represalias. También porque tiene miedo de ser despojada de ‘sus cosas’, que compró ‘con esfuerzo y sacrificio’, y deportada a su país de origen, donde no tiene nada, porque desde hace una década vive como una venezolana más”. El lector tendría que acceder a la historieta completa que publica La Verdad para que viva el indignante asombro que nos invadió a nosotros al leer esa infame sarta de invectivas que lanza este medio terrorista zuliano.
A la ofensiva mediática se suman, por supuesto, los representantes políticos de la derecha. La MUD informó en un comunicado que la Asociación de Legisladores del Táchira (Asolegista), que integran opositores del estado, denunciará en los próximos días ante la Corte Penal Internacional “el cierre indefinido de frontera, la declaratoria de estado de excepción y las deportaciones masivas de colombianos”. El texto de la entente derechista recoge unas declaraciones del diputado opositor Walter Márquez en las que revela que Asolegista ya ha comenzado el proceso de documentación “de graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas militares y policiales en la frontera”, unas pruebas para las que solicitarán la colaboración de… ¡las autoridades colombianas! Son traidores, canallas, criminales políticos que promueven la xenofobia, el odio y la violencia entre hermanos.
Todos los factores de la burguesía se están entregando de lleno a la campaña de desinformación. El contrabando, el bachaqueo, el narcotráfico, el paramilitarismo, todo pasa a un segundo plano. Los términos sustitutos son “deportados, maltrato, derechos humanos”, ejemplo de ello es ese detestable burgués con sotana que se llama Roberto Lückert: “El Gobierno venezolano atropella los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que están siendo deportados”. Lückert, arzobispo de Coro, bufa que es “una barbaridad lo que están haciendo… Les rompen las casas, les roban, los sacan como unos animales a la frontera. Tenemos que reclamar, eso no puede continuar”.
Ese es el método: se construye una realidad virtual con la herramienta mediática, se generaliza, se expande y, si nos descuidamos, se impone. Que nuestra indignación se convierta en acción para derrotar a los voceros agentes o alcahuetes del paramilitarismo.
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REBELION

VENEZUELA INCAUTA 70 TONELADAS DE ALIMENTOS EN FRONTERA CON COLOMBIA

Enviado por Emilio Marín

Unos 100 fiscales desplegados en la zona limítrofe de la Región Andina inspeccionaron más de 250 locales para evitar el contrabando.
Autoridades venezolanas incautaron 70 toneladas de alimentos que estaban destinados al contrabando en el estado Táchira, (suroeste), ubicado en la frontera de Venezuela con Colombia, donde el abastecimiento de productos aumentó, tras el despliegue de 100 fiscales de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), como parte del operativo de seguridad decretado por el presidente Nicolás Maduro para combatir las actividades ilícitas en la zona limítrofe.

Así lo informó el Director General de Administración y Finanzas, Raúl Carreño, desde el puente fronterizo Simón Bolívar, quien explicó que desde el inicio de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en los seis municipios fronterizos tachirenses, se han realizado más de 250 inspecciones, que han permitido disminuir las colas en los comercios y en las estaciones de suministro de gasolina, así como acabar con el acaparamiento y la especulación.

Precisó que los alimentos incautados fueron redistribuidos en el sector y anunció que profundizarán en los próximos días las inspecciones de los grandes centros de distribución para garantizar que los productos lleguen a los venezolanos a precios justos.

CONTINÚA LA LUCHA CONTRA LAS MAFIAS Y EL PARAMILITARISMO

Por otra parte, en relación a la seguridad en el estado Táchira, el jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi) de los Andes, el Mayor General Efraín Velasco Lugo, resaltó que el operativo pretende reflejar al mundo y a toda Suramérica la realidad en la zona fronteriza, donde se han detectado diversos delitos, entre ellos el paramilitarismo exportado del vecino país, Colombia.

Aseguró que estos grupos beligerantes están tratando de imponer una agenda de terror en la frontera común. Detalló que el sector conocido como La Invasión estaba controlado totalmente por paramilitares, que extorsionaban a las familias y controlaban el contrabando de todo tipo de productos.

Desde el inicio de este años 2015, unos 18 paramilitares han sido capturados en el sector La Invasión del estado Táchira en diferentes operativos de seguridad, según el jefe de la Redi Andes.

Velasco Lugo también afirmó que las deportaciones de los ciudadanos colombianos se da al constatar que no poseen ningún tipo de documentación y que muchos de ellos estaban participando en el contrabando de extracción. Resaltó que es preciso un trabajo binacional que permita atacar estos delitos y agregó que la falta de seguridad por parte de Colombia en la frontera ha sido una constante.

EN CONTEXTO

Entró en vigor la segunda zona especial fronteriza decretada por el presidente venezolano Nicolás Maduro en otros cuatro municipios del estado Táchira, zona limítrofe con Colombia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró constitucional el decreto presidencial que establece el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro Marúa Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira (suroeste), ubicado en la frontera con Colombia.

La medida fue asumida el pasado 21 de agosto, tras determinarse la responsabilidad de grupos paramilitares en un ataque contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El presidente Maduro aseguró que en su país existen “células del paramilitarismo colombiano” que se dedicaban al ataque, la extorsión y el amedrentamiento de los ciudadanos, por ello decretó la suspensión de algunas garantías constitucionales y el cierre de la frontera con Colombia, apegado a la normativa de la Carta Magna.

Se activó una operación con funcionarios de las fuerzas de seguridad venezolana que logró desarticular numerosas viviendas utilizadas por mafias. También fueron detenidos más de 10 paramilitares, se incautaron materiales ilícitos y municiones de guerra. Asimismo, más de mil personas indocumentadas fueron enviadas al Consulado General de Colombia, con el debido respeto a su integridad familiar y trato enmarcado en los derechos humanos.

Por: teleSUR / sb-JA