DILMA ROUSSEFF Y UN GOBIERNO QUE HACE AGUA 



LA MANDATARIA ENFRENTA EL DESENCANTO POPULAR 



Pedro Dutour
La mandataria debe afrontar el desencanto popular, los deseos de impeachment de la oposición, la corrupción y una economía agrietada
Brasil se encuentra en una profunda desdicha y la presidenta Dilma Rousseff vive su propia tragedia política. El gigante sudamericano no levanta cabeza: la corrupción se amplifica, la economía no da señales de mejoramiento, la popularidad de la mandataria está por los suelos y cada vez más piden su destitución. La indignación popular –especialmente generada por el escándalo de Petrobras– es el reflejo de un país que ha dejado de creer luego del espectacular boom económico que vivió en 2010, cuando todo eran aplausos y se lo consideraba como sólida potencia política y financiera.
Rousseff lleva seis meses de su segundo mandato, pero el gobierno tiene una aprobación semejante al fin de su administración luego de una pobre gestión: un 7,7%, de acuerdo a la encuesta realizada esta semana por la firma MDA bajo encargo de la Confederación Nacional del Transporte (CNT). La figura de Rousseff tiene el 15,5% del apoyo. Además, el 70,9% de los consultados consideró que el gobierno actual es "malo o pésimo".
El esquema de corrupción de Petrobras, en el que están implicados directivos de grandes empresas y legisladores y que ha dejado pérdidas por más de US$ 2.000 millones, según la propia firma, sumado a una economía en recesión –analistas prevén una caída del PIB de 1,7% para este año–, han golpeado de lleno en la imagen de la presidenta y de su gobierno. Incluso, desde la oposición se reclama llevarla a un juicio político para discutir la destitución.
Para completar el cuadro crítico, existe un divorcio entre el gobierno y el Parlamento, donde el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), rompió con la administración de Dilma Rousseff por los casos de corrupción. El presidente de la Cámara de Diputados y perteneciente al PMDB, Eduardo Cunha, ordenó incluso la creación de comisiones investigadoras. Una de ellas indagará además en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el mayor de fomento en América Latina, por supuestas irregularidades.
David Fleischer, profesor de política en la Universidad de Brasilia, dijo a El Observador que en Brasil existe una crisis política, entre la presidenta y el congreso y con el PMDB, y añadió que la mandataria "está muy sola" y que es "posible" que "no termine su mandato en 2018". El caso Petrobras no derrumbaría por "sí solo" un gobierno, "pero las investigaciones de (la operación) Lava Jato (que indaga un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones de reales) sí pueden provocarlo", indicó el analista.
A través de la operación Lava Jato se llegó al escándalo de Petrobras en el que exejecutivos, empresarios y político habrían amañado licitaciones millonarias mediante sobornos, que fueron a parar a las billeteras personales y a financiar partidos políticos como el PMBD de Cunha y el PT de Rousseff.
La Lava Jato motivó la apertura de investigaciones sobre 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones. Entre los legisladores investigadores se encuentra el propio Cunha. El titular de la cámara baja niega cualquier vinculación con los casos de corrupción, pero un lobista de varias constructoras involucradas en esta millonaria red de desvíos dijo que Cunha pidió un soborno de US$ 5 millones de un contrato de alquiler de barcos sonda para la petrolera estatal.
Por esto y más, se ha entablado una guerra entre Rousseff y Cunha de grandes dimensiones que se suma al tembladeral en el que vive Brasil y que podría acarrear una crisis institucional. "Ninguna expresión podría resumir con tanta propiedad la guerra entre Rousseff y el presidente de la Cámara (de Diputados), Eduardo Cunha: es un típico, claro, evidente y peligroso abrazo de ahogados. El mar no está para peces, ni para Dilma ni para Cunha, y el resultado no es una crisis entre personas sino una crisis institucional", aseveró en su columna del Estado do Sao Paulo la analista Eliane Cantanhede.
La experta agregó que Rousseff está con el agua al cuello debido a la baja popularidad y el rechazo a su gobierno, a una economía que desbarranca, a la pérdida de 345 mil vacantes en el primer semestre, a la falta de liderazgo político y a "crasos" errores de administración. Respecto a Cunha dijo que, pese a que sabe nadar en aguas profundas y turbias, no logra aventar el peso de las investigaciones del Minisetrio Público, de la Justicia, de la Policía Federal y del lobista, Julio Camargo, que lo tiene contra las cuerdas.
JUICIO POLÍTICO
Rousseff intenta enfrentar la situación "generando una agenda positiva, pero es muy difícil", afirmó Fleischer de la Universidad de Brasilia. Además, y más allá de que la "situación internacional empeoró mucho", la presidenta "hizo muchas cosas mal entre 2011 y 2014". El analista cree que es probable que las grandes manifestaciones vuelvan a las calles de las principales ciudades del país. "Es posible en la medida que la situación de pueblo brasileño empeore, es decir, la inflación, el desempleo, los empleos perdidos, los salarios a la baja, etc".
Ante este panorama, la mandataria prefiere mantenerse firme. "Yo no voy a caer", afirmó Rousseff durante una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo a principios de julio, en relación a rumores de renuncia o de una destitución parlamentaria. Esta semana, Cunha anunció la reapertura de 11 pedidos de impeachment contra la presidenta.
"No hay bases para que yo caiga. Y que lo intenten. Si hay algo de lo que no tengo miedo es de eso. Ese es el punto de vista de una oposición un tanto golpista. Para sacar a un presidente de la república tienen que explicar por qué", añadió Rousseff durante aquella entrevista con el diario paulista.
La presidenta fue reelegida en octubre en segunda vuelta con muy escasa ventaja sobre el opositor Aécio Neves, cuyo Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) también ha planteado la posibilidad de que Rousseff salga del poder antes de terminar su mandato de cuatro años pero sin especificar cómo.
La encuesta de la firma MDA reportó que el 69,2% de los consultados responsabiliza a Rousseff por el "Petrolao" (aunque no esté siendo investigada por la Justicia, pero sí involucra a estrechos asesores) y que el 62,8% dijo encontrarse a favor de una destitución de la mandataria. "63% aprueba el impeachment de Dilma Rousseff. Ya hay base jurídica, hay apoyo popular (...) No vamos a pagar la cuenta del PT", escribió en Facebook el Movimiento Brasil Libre, una agrupación que se reivindica como una "derecha liberal clásica" y que llama a manifestar el 16 de agosto. Esta y otras organizaciones fueron las que organizaron las multitudinarias marchas de marzo, abril y agosto contra el gobierno.
Por si le faltaba alguna contrariedad a Rousseff, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el mentor político de la presidenta, la fiscalía brasileña le abrió un expediente por supuesto tráfico de influencias para beneficiar a la constructora Odebrecht –la mayor firma de construcción e ingeniería de América Latina–, involucrada en el escándalo de Petrobras.
Lula habría realizado movimientos para que esta empresa ganara contratos en países de la región y de África entre 2011 y 2014. Varios de esos millonarios contratos eran financiados por el BNDES y Lula habría interferido para facilitar el acceso a los créditos. Por el momento, el exmandatario no será llamado a declarar.
Sin crecimiento
El contexto que completa a un Brasil en terapia intensiva lo brindan los datos de la economía. El gigante sudamericano lleva más de cuatro años de crecimiento económico bajo o nulo y las proyecciones oficiales y privadas indican que en 2015 se contraerá entre 1,5% y 1,7%. Brasil encadena una larga racha de malos indicadores económicos.
Según datos oficiales, la tasa de desempleo de Brasil subió por sexto mes seguido en junio –se expandió a un 6,9%– a su nivel más alto en cinco años confirmando los pronósticos de una profunda recesión este año. También esta semana, Brasil redujo drásticamente sus metas de ahorro fiscal para 2015 y 2016, debido a un descenso en los ingresos impositivos, y anunció nuevos recortes de gastos para mostrar su compromiso con la austeridad. Recortó la meta de superávit presupuestario desde el 1,1% del PIB al 0,15% del PIB.
La confianza del consumidor de Brasil continuó deteriorándose en julio con una baja de 2,3% frente al mes anterior, de acuerdo al índice de la Fundación Getulio Vargas, en el menor nivel desde que se creó la serie histórica.
El gobierno, en tanto, trata de brindar optimismo pese a todo. El jueves, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, dijo que la economía brasileña "dejó de empeorar" tras asegurar que la reducción de la meta fiscal da "seguridad" y "disminuye la incertidumbre". De cualquier modo, el mercado reaccionó de mal humor –con un fuerte retroceso en la bolsa de San Pablo–, mismo mal humor que sienta la población, la oposición y que Dilma Rousseff, en su soledad, deberá abrirse paso para terminar con decoro su segundo mandato.
LA CORRUPCIÓN A BRASIL LE COSTÓ YA US$ 20 MIL MILLONES
EL ESCÁNDALO PETROBRAS.
Lo reveló la presidente Dilma Rousseff. Es porque se detuvo totalmente la obra pública. La segunda constructora de Brasil anunció que dará pruebas de los negociados. De ese modo podrá volver a licitar.
Preocupada. La presidenta Rousseff, desafiada por el escándalo del “petrolao” dio por primera vez detalles de las pérdidas involucradas. /AFP
Eleonora Gosman
Corresponsal de Clarín en San Pablo
Presionado por su futuro económico, el grupo Camargo Correa, uno de los 20 mayores holdings brasileños, pactó un “perdón” del consejo de defensa económica de Brasil (CADE), que lo habilita a presentarse en licitaciones del Estado. La condición para ese “acuerdo de indulgencia” fue delatar, con pruebas concretas, el esquema de cartelización montado entre varios grupos empresariales para la construcción de la central nuclear Angra 3.
Este modelo de delación fue y es amparado, en los hechos, por el gobierno de Dilma Rousseff. La razón es simple: la presidenta de Brasil reveló que la acción policial y judicial sobre la corrupción en Petrobras costó ya 1% del producto bruto del país, equivalente a unos US$20.000 millones. Esa evaluación presidencial, que fue explicitada ante 12 ministros, representa lo que se perdió entre obras suspendidas en la petrolera y empresas que actuaban en ese ámbito y que debieron paralizar los trabajos. Según Rousseff, la “inestabilidad política” contribuyó a empeorar la crisis empresarial alrededor de la estatal.
Lo cierto es que el gobierno ya había defendido ante la Cámara de Diputados la necesidad de adoptar esos pactos. Le tocó al abogado general de la Unión (AGU) Luis Adams quien defendió esa clase de arreglos ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo en la petrolera estatal.
En ese contexto, Camargo Correa optó por confesar su participación en licitaciones que fueron “ganadas” a cambio de pagar coimas. Es el caso de las obras de Angra 3, la tercera usina nuclear, donde las constructoras brasileñas consiguieron, en conjunto, contratos de más de 1.000 millones de dólares. Las otras involucradas son Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, EBE, la subsidiaria Techint y UTC. La compañía “delatora” también dio los nombres de 22 ejecutivos de esas firmas que participaron directamente en el pago de las coimas a cambio de ventajas para el consorcio Angramon en el que estaban asociadas.
En el relato de la Camargo, Odebrecht y UTC tenían un papel dominante en el cartel de Angra 3. Sus representantes negociaban directamente con Eletronuclear, la estatal que opera las dos atómicas en funcionamiento: Angra 1 y 2. El contacto, reveló la constructora, era el director de la empresa, el vicealmirante Othon Pinheiro da Silva, preso desde hace una semana, y parte de los recursos tenían como destino alimentar las arcas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Esta agrupación forma parte de la coalición oficialista que sustenta el gobierno de Rousseff. Pero está también integrada por el “neo opositor” Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y por el también filo opositor Renan Calheiros, titular del Senado. Ambos están mencionados entre los políticos que recibieron “beneficios” de los ex directores de Petrobras que formaban parte de la banda de coimeros.
De acuerdo con el testimonio del ex presidente de Camarago Correa, Dalton Avancini, había un “compromiso” de aportar 1% del valor de los contratos al PMDB.
Hasta ahora, se supo de las escandalosas coimas pagadas a ex gerentes de Petrobras a partir de realizar 16 operaciones policiales, que derivaron en 160 investigaciones, 96 órdenes de prisión, 28 denuncias y 30 condenas. Todas estas iniciativas fueron realizadas por fiscales de Curitiba bajo el comando del juez federal Sergio Moro. Sin embargo, ese equipo dejó puntas al descubierto en las que prefirieron no ahondar. Es el caso de obras realizadas en Minas Gerais, bajo el gobierno de Aécio Neves, el candidato derrotado por Dilma en las presidenciales del año pasado. Archivos encontrados en las oficinas del ex presidente de Camargo Correa sugieren los mismos delitos de cartelización observados en la petrolera estatal y en Angra 3. Neves es un senador que lidera la oposición a Rousseff.
Con todo, Camargo Correa solo se limitó a denunciar, como empresa, el esquema ilegal montado para el caso de Angra. Según el comunicado de esta constructora, “las informaciones y documentos presentados a las autoridades (de la CADE) son fruto de investigaciones internas, conducidas por la compañía, con la ayuda de especialistas externos y forenses independientes”. En esa circular, garantizó su “compromiso de colaborar con las investigaciones, como también de mantener los esfuerzos de mejorar los mecanismos internos de compliance”.

EL IMPACTO ELECTORAL DEL ESCÁNDALO POR CORRUPCIÓN

Por Rodrigo Mallea
Luego de la orden de arresto del gobernador de Distrito Federal, José Arruda (ex DEM), emitida por el Superior Tribunal de Justicia, mucho se ha especulado sobre su posible impacto electoral, ya que se trata de la caída de un aliado del opositor PSDB.
Sin embargo, esta decisión -inédita en la política brasileña- promete tener un bajo impacto político en las elecciones. La primera razón, de orden estructural, consiste en que en Brasil la corrupción aún hoy es un mal que alcanza al oficialismo y oposición por igual. Otra explicación, de tinte más coyuntural, señala que el oficialismo no utilizará políticamente el caso de Arruda para sacar ventaja electoral por el gran déficit que presentaba el gobierno de Lula en esta materia, y la poca relevancia que tiene el DEM para el PSDB.
Según la última medición de percepción de corrupción que realizó Transparencia Internacional, el gobierno brasileño, que ocupa el 75º lugar, se encuentra en una situación considerablemente mejor respecto la Argentina (106º), Bolivia (120º), Paraguay (154º) y Venezuela (162º).
No obstante, Brasil aún está lejos de los gobiernos altamente institucionalizados como Chile y Uruguay, que ocupan el puesto 25º en materia de corrupción. Ejemplo de ello puede encontrarse en uno de los escándalos más célebres del año pasado, vinculado con un caso de financiamiento ilegal que involucró a la constructora Camargo Correa y alcanzó a siete partidos brasileños, sin distinción del signo político.
El gobierno de Lula tampoco puede hacer alarde de avances en esta materia. Ya a fines del 2005 su gestión perdió la bandera de la anticorrupción luego del escándalo en el que el gobierno montó un esquema de sobornos a legisladores para la aprobación de iniciativas del Ejecutivo. A esto se le suma la enérgica defensa de Lula sobre el cuestionado presidente del Senado y ex mandatario brasileño, José Sarney, que a mediados del año pasado fue señalado por siete acusaciones de corrupción, que quedaron en la nada gracias a las gestiones del presidente.
El apoyo de Lula a Sarney obedece a su pragmática política de sumar aliados, lo que también explica su acercamiento a Fernando Collor de Mello, otro ex mandatario brasileño que no terminó su mandato por las graves acusaciones de corrupción.
El Mundo
BRASIL, PRIMERO LA ECONOMÍA
Con una presidencia acosada y paralizada, la búsqueda del consenso en el Congreso cobra una importancia crucial
La detención de Jose Dirceu ha agravado la situación de Dilma Rousseff / reuters
La crisis política y económica brasileña se agrava por semanas. La nueva detención de José Dirceu, hombre fuerte del primer Gobierno de Lula —en arresto domiciliario por su participación en el caso Mensalao (el soborno de diputados por el PT a cambio de sus votos), e implicado ahora en el escándalo de corrupción de Petrobras—, fue seguida de una encuesta que sitúa a la presidenta, Dilma Rousseff, como la líder más impopular de la historia de la democracia —un 71% desaprueba su gestión— y de una derrota parlamentaria del Ejecutivo a la que contribuyeron con sus votos los propios diputados del partido en el poder: se aprobó una subida salarial para los altos funcionarios que va en dirección opuesta a la política de austeridad que trata de aplicar Rousseff.
JAQUE A DILMA
Los tres hechos confirman el descrédito del PT y el aislamiento de la presidenta en un momento crucial para que Brasil corrija el rumbo y vuelva al crecimiento. Pero también apunta a dos factores que podrían resultar decisivos para salir del actual marasmo. Primero, hay que destacar que en las listas de la Operación Lava Jato hay nombres de todo el arco parlamentario, y es que la relación demasiado confortable entre empresarios y políticos a la hora de adjudicar contratos ha sido un secreto a voces en el sector público desde los tiempos del Imperio. El hecho de que la Justicia esté siendo capaz de meter la tijera en ese entramado, no solo deteniendo a los presuntos corrompidos sino también a los presuntos corruptores, da una buena señal del funcionamiento de una institución en la que el pueblo brasileño nunca ha confiado.
En segundo lugar, con una presidencia acosada y paralizada, la búsqueda del consenso político en el Congreso cobra una importancia crucial. La prioridad del Parlamento debería ser tomar las medidas necesarias para que la recesión no se prolongue más.