DERROTAR AL AUTORITARISMO Y LA CORRUPCIÓN 



MARCHAS Y PARO EN EL AGOSTO GLORIOSO 



OPCIÓN SOCIALISTA 64
La gran movilización y descontento social, expresados en el paro y levantamiento nacional del 13 de agosto, recibieron primero la indiferencia prepotente del gobierno y en especial del Presidente Correa quien, para minimizar el impacto de la lucha popular, se fue de viaje a Surinam, bailó en las concentraciones y en los festivales oficiales de “apoyo” y se dedicó a despotricar en contra de los manifestantes, acusándoles de ser instrumentos de la derecha y el golpismo y a desacreditar a sus dirigentes calificándoles de “adefesios” y “ridículos”. Pero como las expresiones de protesta fueron masivas, luego de preparar el ambiente con una costosa campaña publicitaria, el mandatario autorizó que se desate la represión y la violencia contra numerosos dirigentes indígenas, entre ellos Salvador Quishpe, Carlos Pérez y su esposa, y se detenga en todo el país a cerca de un centenar de participantes en las jornadas de lucha social.
Las organizaciones sociales, luego de la importante jornada de lucha, han decidido permanecer en constante asamblea y vigilancia nacional frente a las acciones diversionistas del régimen, definiendo acciones concretas para que la Corte Constitucional deje de ser un instrumento incondicional de violación de la Carta Política aprobada por el pueblo en referéndum y para que deje sin efecto aquellas normas de la denominada Ley de “Justicia Laboral”, que viola los derechos de los trabajadores y de los asegurados y pensionistas del IESS. De igual mane¬ra se ejecutarán acciones para que la Asamblea Nacional recoja el clamor popular y nacional y archive o niegue las supuestas “enmiendas” constitucionales, que representan una flagrante violación de la Constitución vigente pues para introducir su contenido regresivo en la misma se requiere, en la mayoría de casos, de Asamblea Constituyente o reformas que impliquen, en todo caso, consulta popular.
Las organizaciones sociales y de izquierda fortalecerán su lucha anticorrupción, decidida en la convención de Riobamba, apoyando el funcionamiento independiente de la Comisión Nacional Anticorrupción, con la presentación de denuncias fundamentadas sobre el saqueo y mal uso de los fondos públicos, el surgimiento de nuevos ricos y la consolidación de grupos de poder extranjeros y nacionales, principales beneficiarios de la política económica del régimen. Por ello en una JORNADA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN se organizarán movilizaciones, acciones y debates para exigir que los entes de control y de justicia nacional e internacional no dejen en la impunidad a los responsables directos y a los encubridores, que desde la más alta esfera gubernamental, impiden se impongan las sanciones que corresponden a los funcionarios corruptos.
El espíritu y decisión de lucha demostrados a lo largo y ancho del país en las recientes jornadas de lucha, resultado de la creciente unidad de las organizaciones y el pueblo con una plataforma unitaria, son un impulso importante para derrotar el auto¬ritarismo y la corrupción e instaurar en el Ecuador una democracia radical!

AGOSTO GLORIOSO
Víctor Rivadeneira
@victorivaden

El gobierno de Rafael Correa Delgado que se auto denomina como de la “revolución ciudadana” ha adoptado medidas para concentrar el poder político y evitar el control institucional, así como anulando la separación o independencia de funciones, lo cual lleva a un terreno fértil para que prolifere la corrupción, la impunidad, el exceso y abuso del poder, el caudillismo, etc. Muestra de ello es la arremetida contra la sociedad civil organizada y no organizada, así como a los actores políticos no alineados con el régimen. A los primeros, las organizaciones sociales, a las cuales ha dividido para utilizarlas sectorialmente de manera clientelar, es decir, concebir a las políticas públicas como recompensa por acciones militantes; a los segundos, con un estado de propaganda, de manipulación mediática, de desinformación; y, respecto a los actores o sujetos políticos, el gobierno aplica la deslegitimación a todos los que disienten con su proyecto político, pero primordialmente contra los que han combatido por más de dos décadas al neoliberalismo y ahora se oponen al desarrollo basado en la modernización del Estado capitalista.
Por lo dicho, se pretende reformar la Constitución, a través de las mal calificadas como enmiendas por los proponentes y la Corte Constitucional transmisora, para: limitar la consulta popular de iniciativa ciudadana; darle un carácter de normalidad al estado de excepcionalidad; eliminar los sindicatos del sector público; permitir la reelección del actual presidente Rafael Correa de manera indefinida; eliminar competencias de la Contraloría General del Estado; entre otros. También, se expiden leyes sin debate, solo por el capricho del titular del ejecutivo, como la Ley de Aguas que no acogió la propuesta de organizaciones indígenas de crear un consejo pluricultural para el control del agua, así como, termina con el cuidado de los páramos y permite la privatización camuflada de este recurso. Otro ejemplo es la Ley de Galápagos que elimina los límites del Parque Nacional en la ley y otorga al órgano administrativo correspondiente esa competencia, además, disminuyó los ingresos de los residentes.
En el mismo orden de ideas, el correismo impide la democracia directa o participación ciudadana. La consulta popular para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con la explotación del Yasuni fue truncada, como también lo hacen en solicitudes de revocatoria de mandato y no se permite la participación de las organizaciones sociales proponentes de iniciativas populares normativas, por ejemplo la Ley de Tierras. Y se mantiene un control abrumador a los medios de comunicación privados mientras los medios “públicos” tienen otro estándar de control por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Por lo mencionado y varios factores más, los sectores organizados que no han sido cooptados por el régimen, aquellos ciudadanos informados e inconformes con las políticas del gobierno y los sujetos políticos opositores han generado procesos de lucha en todo el Ecuador. Así por ejemplo resultó exitoso el organizado por el Colectivo Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales que levantó medidas de resistencia a tres niveles: i) la marcha indígena y de organizaciones sociales que partió el 2 de agosto desde Tundayme, Zamora Chinchipe, y llegó a Quito el 12 de agosto; ii) el levantamiento indígena que inició el 10 de agosto en todo el país; y, iii) el paro nacional del Pueblo del 13 de agosto. Adicionalmente, en un acto cívico ciudadano realizado el 10 de agosto se conformó la Asamblea de Quito que jugó un papel importante en la jornada de lucha. Igualmente, por iniciativa del Colectivo de organizaciones sociales se instaló una Comisión Anticorrupción, que ya ha iniciado sus labores de manera eficiente.
En contra partida, el Correismo reaccionó moviendo sus fichas para tratar de contrarrestar el proceso de lucha. Una de las principales acciones fue retirar de la Cancillería a Ricardo Patiño para que organice a las “bases” de Alianza País. Éste realizó un plan para contrarrestar el paro nacional. El plan Patiño se basa en proponer un Estado preventivo y represivo con la participación organizada de sectores ciudadanos, en el cual estipula: la utilización de la represión para mantenerse en el poder; el fortalecimiento del clientelismo en sectores donde ha perdido apoyo; utilizar a funcionarios públicos y a los Comités de Defensa de la Revolución para que ocupen la Plaza de la Independencia antes, durante y después de las movilizaciones del 13 de agosto; anota que los militares tienen una lealtad política baja, por lo tanto es necesario penetrar las fuerzas armadas y policiales de militantes de AP; Llamar a los diplomáticos de la cuota política, el caso particular es de Ricardo Ulcuango, Embajador en Bolivia, que regresó para agitar y dividir a la CONAIE; dividir al gremio de médicos por medio de la Ministra de Salud, Carina Vance y crear un consejo de médicos paralelo al gremio Médico.
Desde esa posición, el gobierno inició un proceso de deslegitimación mediática, como ya es costumbre, con el argumento de que existen violentos y están fraguando un golpe blando orquestado por la derecha retrograda con apoyo y financiamiento internacional, pues, es un plan contra todos los gobiernos progresistas de la región, es decir a nivel continental. Esta derecha, nos dicen, manipula a las organizaciones sociales indígenas y sindicales del Ecuador para regresar al pasado. Ante ese argumento podríamos decir que estamos de acuerdo en parte, si analizamos que la derecha es el gobierno pero el financiamiento viene de los propios ciudadanos ecuatorianos.
A pesar de todo este aparataje montado por el gobierno en contra del Colectivo Nacional, la jornada de lucha fue un éxito. La ciudadanía espontáneamente a lo largo de todo el país, sobre todo por donde pasaba la marcha indígena, y específicamente en Quito, dieron su rotundo apoyo, evidenciado en las grandes movilizaciones vividas a lo largo de todo el país especialmente el 13 de agosto. En Quito se estima fue la mayor movilización desde hace 15 años.
Lamentablemente, por una actitud desesperada y planificada del gobierno se produjo una represión nunca antes vista, al menos en estos últimos años. Los maltratos a dirigentes indígenas como Carlos Pérez, su compañera Manuela Picq, al Prefecto de Zamora Salvador Quishpe, son una muestra de la represión utilizada contra los ciudadanos. Hechos que generaron la radicalización de la jornada de lucha y extendió las movilizaciones y el paro nacional del pueblo. Ante esta decisión de la plataforma de lucha el gobierno, aprovechando la actividad del vocal Cotopaxi, decretó el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano. Nos preguntamos ¿qué tiene que ver Saraguro, Macas e incluso Galápagos con el Cotopaxi?
Por primera vez el gobierno ha perdido la iniciativa política, lo que ha generado que solo se dediquen a responder los hechos que generaron las jornadas. Correa fue el principal y casi único vocero contra los hechos generados, ya que los mandos medios del correismo carecen de capacidad de respuesta por su supeditación ciega al líder.


¿IZQUIERDA POST-NEOLIBERAL EN LA REGIÓN?
Germán Rodas Chaves


Hace 25 años se desplomó el muro de Berlín. El neoliberalismo –modelo del capitalismo- parecía entonces ceder el paso a un proyecto político y económico distinto.
La realidad descrita vino aparejada de la presión social de cambio y a propósito del “surgimiento” de una izquierda –la llamaron nueva izquierda- que se volvió, en muchos países, en alternativa política no solo como efecto de sus propuestas, sino también gracias a la influencia histórica, en el seno del pueblo, de los partidos políticos vinculados al pensamiento socialista a lo largo del siglo XX.

En seguidilla se produjeron triunfos electorales en varios países latinoamericanos. Fueron los tiempos que advirtieron a todos la posibilidad que el post-neoliberalismo había llegado y que se comenzaba a construir un nuevo arquetipo social y económico debido a que algunos de los “nuevos partidos de izquierda” lograron éxitos electorales en la región.

De estos sucesos han pasado muchos años. ¿Ha gobernado en la región la izquierda post-neoliberal? No es adecuado construir afirmaciones cerradas y sin posibilidad de comprender los matices de quienes han llegado al poder en estos últimos lustros; lo que sí es factible descifrar, en una primera aproximación, es que tales regímenes no han podido formular cambios estructurales en su gestión; a penas se han puesto en marcha tibias reformas en el marco de un proyecto desarrollista que puede llevarnos a la suspicacia de que aquello ha ocurrido como resultado de la persistencia hegemónica del capitalismo.
Entonces, ¿la nueva izquierda fue utilizada perversamente por los intereses del capitalismo? Los altos niveles de corrupción señalados en contra de algunos de los regímenes llamados de cambio ¿no hace sino confirmarnos que el capitalismo ha dado continuidad, también, a su modelo de aprovechamiento de los recursos de la región?
Las interrogantes se abren paso, en medio de una realidad Latinoamericana de estos días que nos deja perplejos. Adicionalmente, comprometidos con los sueños irredentos de nuestros pueblos.

EL DESPERTAR DE LA UNIVERSIDAD Y LA JUVENTUD
Dr. Víctor Granda Aguilar


Los estudiantes y autoridades universitarias paulatinamente han comenzado a reaccionar frente a la violación de la autonomía y las políticas antidemocráticas del régimen, autorizadas por la Ley Orgánica de Educación Superior y la inconstitucional Secretaría-Ministerio (SENESCYT), cuyas reformas tuvieron asidero frente a la crisis y mal uso de las conquistas universitarias en beneficio de intereses partidistas.
Las entidades de educación superior sufren un enorme perjuicio ya que existe gran dispendio de fondos del presupuesto del Estado para derrochar en las universidades creadas por el gobierno, pues enormes recursos son destinados a sueldos sin trabajar (16.300 USD mensuales), viáticos al país en el que supuestamente laboran los docentes y contrataciones para “cazar talentos” o para “reconstruir” campus recientemente edificados. Esos fondos podrían ser utilizados para repotenciar los laboratorios y financiar los proyectos de investigación de las universidades clase A como las Politécnicas o de las nacionales, injustamente calificadas clase B, como las Universidades Central o la de Cuenca.
Hasta ahora no se han aprobado los estatutos universitarios que deben seguir un formato preestablecido; existe un control desmedido y burocrático: de las carreras por parte de los funcionarios de la SENESCYT, del ejercicio presupuestario, de las actividades docentes y administrativas y un control humillante hasta en el uso de los locales universitarios, bajo el chantaje de lo no acreditación. Las pruebas de ingreso no sólo condicionan la vocación de los estudiantes sino que a éstos se les asigna cupos en lugares distintos a su residencia y si no las aprueban quedan obligados a ingresar a universidades particulares de enorme costo, con lo que la gratuidad de la educación es una tomadura de pelo.
Ya es tiempo que las autoridades universitarias, los estudiantes y los empleados y trabajadores reaccionen, se movilicen y hagan escuchar su voz defendiendo la autonomía universitaria, una educación científica y democrática y las causas nacionales y populares, como ha sido su tradición histórica en nuestro país.


YACHAY: UTOPÍA Y CORRUPCIÓN
ENTREVISTA A ARTURO VILLAVICENCIO

¿Cuál es su opinión respecto a las denuncias de Fernando Albericio sobre las irregularidades económicas en Yachay?
Las denuncias del ex rector ponen una vez más en evidencia el despilfarro y manejo irresponsable de los recursos del Estado, que es la tónica del actual Gobierno. Consultorías innecesarias, remuneraciones exorbitantes e inversiones de muy dudosa utilidad, todo esto en un contexto de opacidad y falta de transparencia, son las características de un gasto público cuyas necesidades de financiamiento están poniendo en riesgo la estabilidad y viabilidad misma del modelo económico.
La labor de la Comisión Gestora está siendo altamente cuestionada, ¿qué tan factible resulta dirigir Yachay desde el exterior?
Las dificultades para dirigir la construcción de una universidad y, más aún, para administrarla a control remoto, las estamos viviendo con las denuncias realizadas. Debemos exigir que se hagan públicos los contratos de servicios de los miembros de la Comisión Gestora: ¿Cuál es su compromiso de dedicación, las responsabilidades asignadas, los productos esperados? Estoy seguro de la existencia de un conflicto de intereses entre sus compromisos con el Instituto Tecnológico de California, su institución de origen, y los compromisos adquiridos con la Universidad Yachay. Por un principio de ética, los miembros deberían renunciar y los burócratas nacionales que dirigen el proyecto buscar mecanismos más efectivos y menos onerosos para la gestión de la universidad.
¿Qué futuro les espera a las demás universidades ecuatorianas con estas asignaciones presupuestarias?
Las perspectivas económicas de las universidades públicas no son muy alentadoras en un futuro inmediato. El FOPEDEUPO, que es el fondo para el presupuesto de la educación superior, va tener que repartirse en número mayor de participantes y los fondos para investigacion que administra la Senescyt se destinaran prioritariamente a Yachay y el resto de universidades “emblemáticas”. Si a este escenario se añade un panorama de bajo y hasta crecimiento económico negativo en este y el próximo año, entonces las universidades se van a ver en serios aprietos. Todo esto, indiscutiblemente afectara la calidad de la educación.
¿Sigue siendo viable este proyecto?
Para hablar de viabilidad de un proyecto primero hay que definir al proyecto, fijarse objetivos claros, delimitar su campo de acción y fijar concretamente los mecanismos y estrategias que permitan alcanzar los objetivos. Hasta ahora, el proyecto Yachay carece de todos estos elementos. Si Yachay pretende convertirse en el “motor de cambio de un nuevo modelo de acumulación económica”, en el “eje de articulación de una nueva matriz productiva”, entonces hay que preguntarse ¿de cuál matriz productiva? ¿De aquella sustentada en industrias básicas, como la metalurgia, astilleros y minería o en aquella sustentada en las tecnologías de punta como la biotecnología, la nanotecnología? En cada caso, las estrategias, objetivos, y hasta el perfil de los científicos necesarios es completamente diferente. Un proyecto ambiguo, cuyo único objetivo parece ser crear expectativas, ilusiones de cambio no puede ser viable.
¿Cuál sería el nuevo rumbo que debe seguir Yachay?
Esta es precisamente la pregunta que debe guiar un gran debate nacional con participación abierta del Gobierno, universidades, sector empresarial. El proyecto “más importante de la historia del país”, como lo calificó el Presidente de la República, proyecto que compromete enormes recursos públicos, en este y en los próximos gobiernos, no puede estar confinado a la discrecionalidad de determinados burócratas, con rudimentarios conocimientos sobre el tema. Resulta urgente e imprescindible abrir ese dialogo.