ESTADOS UNIDOS ENTORPECE DIÁLOGOS DE PAZ ENTRE LAS FARFC-EP Y GOBIERNO DE COLOMBIA 



OBAMA INTERVIENE EN DIÁLOGOS DE PAZ 



El emperador de las guerras de agresión, Barack Obama decidió intervenir en los Diálogos de Paz que se realizan en La Habana, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, -FARC-EP y el Gobierno que preside el derechista Juan Manuel Santos. El objetivo de las conversaciones es terminar con el conflicto armado que lleva más de 50 años, decisión adoptada al comprender que jamás se logrará una victoria militar deseada por Washington, el militarismo, las oligarquías colombianas y los Planes Colombia y Patriota.
El diplomático-empresario-financista Berrnard William Aronson ha sido designado por la Casa Blanca para que en nombre del gobierno imperial actúe en el proceso; es decir para que lo entorpezca con condicionamientos a las FARC-EP que más que una paz negociada parecería que desean obtener un sometimiento o rendición que nunca estuvo en los planes de las guerrillas.
Durante la administración de Pastrana, Estados Unidos impuso el Plan Colombia para combatir el narcotráfico, a la guerrilla y coadyuvar en la vigencia de los derechos humanos, pero la verdad de ese plan fue la intervención directa del imperio en el combate contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
Ese Plan se transformó en las más escalofriantes violaciones de los derechos humanos y en una escalada brutal de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas, pero el Plan Colombia, ni de lejos tocó a la estructura y capacidad de lucha de las guerrillas.
Al constatar el fracaso del Plan Colombia, Estados Unidos, por intermedio de la CIA y el Pentágono, aplicó el guerrerista Plan Patriota con el objetivo de derrotar a las FARC-EP y ELN, pero los millones de dólares, armas, helicópteros y aviones de guerra del imperio y del ejército colombiano, no pudieron vencer y peor poner de rodillas a los combatientes revolucionarios.
Ante la imposibilidad de una victoria armada, diferentes gobiernos iniciaron procesos de paz, los que fueron interrumpidos por las oligarquías colombianas, las fuerzas políticas de las derechas, los militares guerreristas y naturalmente por el imperio en defensa de sus intereses geopolíticos y de neodominación.
Para ese fin, desde el año 2000, en especial en la última década, militares, agentes de la Agencia Central de Inteligencia –CIA- , de la DEA, USAID, diplomáticos y decenas de individuos de otras agencias de la Secretaría de Seguridad Nacional –NSS-, del National Democratic Institute y demás organismos de penetración estadounidense han “ayudado” a los gobiernos colombianos en su lucha contra las guerrillas de las FARC y ELN, e igualmente han asesorado a los violentos y criminales grupos paramilitares y miembros del ejército implicados en los famosos ”falsos positivos” que llenaron fosas comunes clandestinas con cadáveres de hombres, mujeres y hasta niños inocentes. Se calcula, conservadoramente, que Estados Unidos en sus actividades en Colombia habría gastado más de diez mil millones de dólares, cifra que no contempla el gasto militar en “ayudas” en armamento de toda naturaleza, helicópteros, aviones de combate, bombas inteligentes como las usadas en Angostura -Ecuador- cuando asesinaron al comandante Raúl Reyes y a 26 de sus acompañantes hombres y mujeres de las FARC.
Era inevitable que Estados Unidos interviniera directamente en los diálogos de paz que se celebran en La Habana, pero los gobiernos dignos de América Latina y el Caribe, si existiesen al estilo de Cuba, hubieran rechazado esa participación porque del imperio guerrerista provinieron y provienen las masacres, las violaciones a los derechos humanos, y todos los crímenes de Estado y de guerra que se han cometido en Colombia para silenciar las voces que, desde siempre, se levantaron para protestar contra la violencia latifundista-terrateniente, bancaria y financiera pertenecientes a las oligarquías, apoyadas por la Casa Blanca.
Bien se sabe que si Estados Unidos interviene en un conflicto en cualquier parte del mundo, lo hace con el pretexto de defender las democracias, las libertades y derechos humanos, más la historia de las agresiones y guerras imperiales, demuestra que cuando llegan los yanquis se acaban derechos y libertades al convertir a un país en un reguero de sangre, muerte y destrucción.
Para mayor tragedia de Colombia y América Latina ha sido y es una constante que cada presidente de Colombia “ponga en práctica su versión de los planes que el imperio les diseña desde el Pentágono, o desde los centros de "producción ideológica" como Santa Fe”. Más aún, los gobiernos de Colombia se han subordinado de manera servil a Washington y uno de los cipayos de la peor especie ha sido y es Uribe, un guerrerista despreciable, socio, además, de paramilitares y narcotraficantes de la peor especie, personajillo que hasta cree poder torpedear los procesos de paz porque en su derechoso cerebro cree que puede derrotar a las guerrillas.
El imperio, por medio de un editorial publicado por el New York Times expresaba su pensamiento al decir que “con las FARC considerablemente debilitadas, sus líderes han estado negociando con el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos desde el 2012 para poner fin al conflicto. Ese esfuerzo, complejo y ambicioso, parece estar llegando a una fase decisiva.
Mediante rondas de diálogo en La Habana, las delegaciones están intentando acordar los términos de un eventual desarme para los rebeldes y el tipo de castigo que enfrentarán algunos por las atrocidades cometidas por el grupo de inspiración marxista. También se discute qué sanciones habrá para algunos miembros de fuerzas respaldadas por el gobierno. Si se firmara un acuerdo antes de septiembre, sería presentado al electorado en un referendo. Solo entonces el gobierno colombiano podría empezar a implementar los acuerdos que han alcanzado, incluyendo reformas agrarias que impulsarían el sector agrícola y ampliarían las oportunidades para los campesinos. Las delegaciones también han alcanzado acuerdos tentativos sobre la política antinarcóticos y un papel político para las FARC. Los negociadores anunciaron que empezarán a colaborar en un esfuerzo para desactivar las minas terrestres.
Señalaba que “después de cinco décadas de guerra, la perspectiva de un acuerdo negociado tiene muchos críticos, particularmente entre aquellos cuyos familiares murieron o fueron heridos durante el conflicto. A algunos les preocupa que los líderes guerrilleros que han cometido atrocidades pudieran eludir a la justicia. Otros advierten que aun cuando las FARC fueran nominalmente desintegradas, sus facciones continuarían llevando a cabo secuestros y traficando cocaína.
Sin embargo, un acuerdo es la mejor alternativa para poner fin al combate, que ha menguado a medida que se ha avanzado en la mesa de diálogo, dándoles a colombianos en distritos asolados por la guerra la esperanza de un futuro mejor. El gobierno del Presidente Obama indicó recientemente su firme apoyo al proceso, designando a Bernard Aronson, un ex diplomático con experiencia en la región, como enviado para el proceso de paz. Aronson, de quien no se espera que participe directamente en las conversaciones, viajó recientemente a Bogotá para reunirse con Santos, quien merece reconocimiento por persistir en un proceso de paz que casi le costó la reelección. Aronson también visitó La Habana para reunirse con los negociadores de ambos equipos.
El respaldo de Estados Unidos indudablemente es útil. Dado que el gobierno de Estados Unidos ha imputado cargos criminales contra los líderes máximos de las FARC acusándolos de narcotráfico, debe involucrarse en las discusiones sobre el futuro de la política de interdicción de drogas y puede desempeñar un papel en la era de post-conflicto. Pero llegar a un acuerdo depende principalmente de la disposición de los colombianos a aceptar concesiones difíciles.
Los líderes de las FARC han dicho que desean una amnistía total. Esa posición es insostenible dada la cantidad de masacres, secuestros y otros crímenes que el grupo ha llevado a cabo a lo largo de los años. Es igualmente importante reconocer que las FARC no son los únicos actores al margen de la ley. Las fuerzas de seguridad del gobierno, a veces trabajando con paramilitares de derecha, a menudo actuaron de manera brutal con impunidad, y cómo se manejará eso es un tema central.
El marco de justicia de transición probablemente no va a satisfacer a todas las víctimas, y ciertamente no abarcará todos los abusos cometidos durante una guerra que tuvo unos siete millones de víctimas. Pero los escépticos deberían darse cuenta de que las conversaciones ya están dando frutos. El número de actos de violencia vinculados al conflicto armado descendieron a 1.186 el año pasado, comparado con 2.003 en 2013, según la Fundación para la Paz y la Reconciliación, un grupo no gubernamental que usó datos oficiales e independientes para producir una evaluación del estado del conflicto.
Si el proceso de paz se frenara o colapsa antes de fin de año, el conflicto se intensificaría de nuevo y el gobierno colombiano no tendría más opción que seguir una estrategia de derrotar militarmente a las FARC. Ese objetivo, elusivo durante años, resultaría en una nueva ola de derramamiento de sangre, recriminaciones y sufrimiento. Para los colombianos, eso sería horrible, más aún porque es evitable”.
De lo expuesto se deduce que Estados Unidos no quiere una paz en firme con la que se respeten los derechos de las partes en el conflicto que dura más de medio siglo. Washington y sus aliados, amigos, sirvientes y lacayos de las oligarquías financieras y terratenientes y de las derechas políticas colombianas que integran, en sus ambiciones guerreristas, quisieran que las guerrillas sean derrotadas militarmente para sancionarlas por “crímenes de guerra, terrorismo y narcotráfico”. Ese es el anhelo, pero las guerrillas son fuertes y con larga trayectoria de lucha y si negocian la paz es porque se saben fuertes e inderrotables a pesar de todo el apoyo militar del imperio que va especializándose en perder guerras a lo largo y ancho del mundo.
Tanto el gobierno de Santos como el pueblo colombiano quieren paz. Las guerrillas de las FARC-EP y del ELN quieren paz, pero no una paz cualquiera y menos una rendición. Ansían una paz duradera de la que nazca de un nuevo pacto social en el que se respeten los derechos de todo el pueblo, en especiales de los trabajadores, indígenas y campesinos.
Si la paz llega, por encima de los intereses imperiales, los guerrilleros no renunciarán a ninguno de sus derechos y ni pensar siquiera que renunciarían a su línea ideológica-política como quieren los yanquis y las derechas políticas y económicas de Colombia. Cuando llegue la paz los guerrilleros tienen pleno derecho a participar en la vida política de manera pacífica, con pleno respeto a todos sus derechos y sin ser víctimas de cierta justicia, de criminales paramilitares o de las derechas fascistas que asesinaron a decenas o centenas de miembros de la Unión Patriótica.
Gobierno, pueblo y guerrillas anhelas la paz y el cese de bombardeos, cruentos combates, asesinatos, genocidios, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas y el fin definitivo de los “falsos positivos”.
Pero aún falta recorrer un largo camino no exento de peligros porque, con razón, sostienen que un acuerdo con las FARC no garantiza el fin del conflicto. En ese sentido se pronunció la Comisión Histórica del Conflicto s al señalar los retos del Estado colombiano en la etapa del posconflicto.
Afirma que la eventual firma de los acuerdos de paz en La Habana ha sido asumida por muchos, empezando por el presidente Juan Manuel Santos, como el fin del conflicto armado. En teoría. Sin embargo, sólo la implementación de las reformas que se deriven de dichos acuerdos garantizará que en el futuro no se reproduzcan otras formas de violencia.
Los miembros de la Comisión Histórica del Conflicto, que han elaborado varios ensayos sobre las causas que originaron el conflicto armado colombiano, desde la experiencia del pasado, han expuesto cuáles deben ser esos cambios estructurales que se deben dar en la sociedad colombiana para que efectivamente haya paz en el territorio.
“Si no se cambian las condiciones sociales y políticas en el país, nadie garantizará que tras la firma de los acuerdos con las FARC no surjan nuevas insurgencias”, es la reflexión de Jairo Estrada, coordinador de la Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional.
Por eso, para los integrantes de esta Comisión la paz va mucho más allá que la firma de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC.
Francisco Gutiérrez Sanín, director del Observatorio de Restitución de Tierras, considera que las posibilidades de un posconflicto exitoso se sustentan en la seguridad, en las garantías y protección para los excombatientes y para los líderes regionales.
Sergio de Zubiría Samper, profesor del departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, consideró que la clave para el posconflicto será “refundar la política”. Dice que actualmente los partidos atraviesan por una crisis de legitimidad que ha minado la credibilidad en la política. Asegura que en el país ha fracasado la democracia participativa, que el Estado ha implementado políticas que son poco democráticas como los estatutos de seguridad que señalan a los campesinos como enemigos o a los intelectuales como incómodos y peligrosos. Por eso propone un pacto nacional para refundar la política.
Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidades de Eafit, dice que tras la firma de los acuerdos lo que la sociedad colombiana debe combatir es la corrupción. “Hoy la política se ha convertido en la forma más rápida de enriquecerse, ya no es el narcotráfico”. Y si en el país la política sigue siendo para el beneficio personal, no se puede garantizar que otras formas de violencia no se desarrollen. Propuso fortalecer más a los organismos de control e incluso empoderar a la ciudadanía para que también realicen control y vigilancia.
Para María Emma Wills, asesora de la Dirección del Centro de Memoria Histórica, el Estado debe comprometerse a poner fin a las alianzas de las autoridades locales, miembros de la fuerza pública y funcionarios de la justicia, con las organizaciones criminales.
Renán Vega, historiador y profesor de la Universidad Pedagógica, aseveró que la forma como Estados Unidos ha influido es una de los causas del conflicto colombiano. Por eso pide que la presencia de Bernard Anderson, enviado especial del presidente Barack Obama para que el proceso de paz, sirva para que la potencia asuma la responsabilidad porque su injerencia ayudó a prolongar el conflicto. Asegura que mientras se tracen planes de desarrollo que sigan poniendo a disposición los recursos naturales al servicio de economías transnacionales habrá caldo de cultivo para nuevos brotes de violencia.
En consecuencia, los miembros de la Comisión Histórica, al elaborar sus tesis sobre las causas del inicio del conflicto, también plantean sugerencias para evitar que otro tipo de violencia surja después de la firma de los acuerdos con las FARC, según reseñaba la revista Colombiana Semana.
EL ENVIADO DE OBAMA: BERBARD WILLIAM ARONSON
El gobierno de Obama, por intermedio de dos de sus representantes pertenecientes al Departamento de Estado, instó al Congreso estadounidense a mantener su apoyo a las negociaciones y a avanzar hacia una mayor asistencia al país andino, una vez que se logre un acuerdo.
“Las conversaciones están en una fase crítica, quizá la más difícil hasta ahora”, dijo el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Suramérica y Cuba, Alex Lee, durante una audiencia sobre Colombia en un subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense.
“Condenamos el terrorismo de las Farc y estamos de acuerdo con el presidente (colombiano, Juan Manuel) Santos, en que estas acciones solo traen la destrucción”. Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de paz en Colombia, Bernard Aronson, admitió que la escalada “terrorista” que iniciaron las Farc contra las infraestructuras petroleras y energéticas, con ataques que han matado a policías y militares, es “una mala señal, una señal preocupante”. Naturalmente que se expresa de esta manera el enviado Aronson, porque para él, los guerrilleros son delincuentes terroristas y si lamenta que se hayan derramado miles de barriles de petróleo, no es por su amor a la ecología, sino por su desmesurado amor al dinero ya que, una parte de su cuantiosa fortuna, proviene de los intereses petroleros que tiene en Colombia.
“Es un síntoma de que no estamos aún al final del proceso” de negociación, opinó Aronson y en su reunión con el presidente Santos habría expresado lo que piensa el Departamento de Estado respecto del conflicto; es decir, tratar a los rebeldes de las Farc como si fuesen delincuentes que habrían cometido delitos tales como: terrorismo, narcotráfico, secuestro, extorsiones que Estados Unidos no está dispuesto a “olvidar y perdonar”, por lo que deben ser llamados por la justicia para hallarlos culpables, juzgarlos y condenarlos en una “Corte de transición”, tal como sostenía el New York Times. Esta peligrosa concepción no es compartida ni por Santos, ni por sus delegados a los diálogos en La Habana y por las FARC que jamás se someterán a semejantes deseos porque sus convicciones ideológicas, políticas, sociales y culturales no corresponden, de ninguna manera, a los intereses de Washington.
Aronson aseguró que el alto el fuego unilateral declarado por las FARC, siempre fue “inherentemente inestable”, ya que no había una supervisión externa. Para el diplomático yanqui, los guerrilleros deben ser bombardeados, masacrados, perseguidos, aniquilados y nunca contestar al fuego y enfrentar a las fuerzas armadas y represivas del Estado colombiano. Entonces sería posible la paz sobre sepulcros clandestinos o sobre fosas comunes cavadas en las montañas y selvas colombianas.
Lo que Bernard William Aronson no sabe es que las FARC y ELN poseen una enorme dignidad revolucionaria que impide cualquier manifestación de sometimiento o rendición.
Ese enviado especial de Obama y de su gobierno, para que intervenga en el proceso de paz en Colombia es un analista político, “con elevada especialización en asuntos de América Latina".
Quienes le conocían desde hace muchos años, aseguran que Aronson era “un izquierdista radical en su juventud”, lógicamente un izquierdista al estilo estadounidense, tanto así que unió a la Conferencia de Liderazgo en Derechos Humanos, fundada por su padre. Decía que iba a luchar por los derechos humanos y civiles de los trabajadores y de los sindicatos, y que se iba a dedicar a combatir la pobreza. Al principio era simpatizante y militante de los demócratas.
En 1977 llegó a la Casa Blanca en calidad de Asistente Adjunto y redactor de discursos del presidente Jimmy Carter y del Vicepresidente Walter Mondale. Luego escaló posiciones y se convirtió en Asesor de Sindicatos y enseguida fue nominado Director de Políticas Públicas del Comité Nacional Demócrata.
Pronto se cambió de bando. Desde 1989 hasta 1993, fue Subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina. Bajo la administración de George W. Bush intervino directamente en la elaboración de proyectos para la Ley de Preferencias Arancelarias. ATPA.
Fue delegado del gobierno de Estados Unidos para “negociar” y poner fin a la guerra en Centro América y trabajó con mucho entusiasmo para apoyar a terroristas y vándalos “contras” grupos creados por el Pentágono y la CIA para que combatieran al gobierno Sandinista en Nicaragua.
Aronson trabajó intensamente Alfredo Cristiani, presidente de la República de El Salvador de entre 1989 y 1994. Estudió el bachillerato en la Escuela Americana de El Salvador y se graduó por la Universidad de Georgetown, Washington, en Administración de Empresas. A partir de 1984, año en el que ingresó en la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se integró en el consejo ejecutivo nacional del Partido en calidad de director. Ese grupo fascistoide tuvo la asesoría de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y del Pentágono. Juntos ejecutaron verdaderas masacres y asesinatos como el cometido contra el Obispo Arnulfo Romero.
Aronson se convirtió en amigo de Cristiani a quien asesoró para conseguir que miembros del ejército represor que habrían conformado los escuadrones de la muerte, paramilitares y guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ingresaran al ejército regular para poner la sangrienta guerra interna. Aronson, a los mojos de Bush, se convirtió en experto negociador para defender los intereses imperiales en esta parte del mundo.
Aronson se olvidó de sus veleidades “izquierdosas” y se dedicó a los negocios de toda laya, en especial a los relacionados con la banca de inversión de Goldman Sachs. En 1966 fundó una compañía de capital privado que se llamó Acon Investiments que extendió con oficinas instaladas en Washington, Los Ángeles, Sao Paulo y México y Bogotá, pero también fue miembro de Juntas Directivas de varias empresas, en especial energéticas: Clairbone, Royal Caribean, Global Hyatt y de compañías hidrocarburíferas como Marine Energy Inc, Northern Tier Energy, GPLLC y Choroma Oil Gas.
En Colombia ha estado en Ancon. Invirtió en Almacenes Vivero de la familia Azout que luego se fusionó con Carrulla. Acon financió una transacción con Almacenes Éxito, con lo que obtuvo utilidades del 400 %.
Aronson es el principal accionistas de la petrolera Vetra que posee pozos en Putumayo y en el Meta, de los que obtiene cuantiosos recursos económicos. Desde el 2011 es socio principal del grupo Selva, Agua y Alcantarillado en Colombia y, además, mantiene relaciones económicas con Crediservicios y Credifinanciera. También es socio de Gabriel Silva que fue Ministro de Defensa de Uribe.
Como se ve este experto en negocios es también un experto en temas latinoamericanos; entonces es fácil deducir cuáles serán sus intereses, si la paz negociada con las FARC o continuar con el negocio de la guerra; es decir; sus intereses particulares coinciden en mucho con los intereses imperiales o son lo mismo, razón por la cual llegó a expresar:
“Hay muchas señales de progreso en las conversaciones de paz, y también hay una escalada de violencia que pone en duda el compromiso de las Farc “. Siempre tratará de obtener el mejor provecho de los procesos de paz desde el pasado mes de febrero en que Aronson se convirtió en el enviado especial de Estados Unidos para el proceso de paz, un puesto hasta entonces inexistente que el presidente estadounidense, Barack Obama, creó a petición de Santos.
En conclusión es indispensable vigilar a ese enviado especial y prestar mucha atención a lo que hace o a lo que dice. Bien puede terminar boicoteando los procesos de paz, sólo para defender sus negocios, como ya lo demostró al exigir represalias muy fuertes para “castigar” a los rebeldes que habían osado derramar sus miles de barriles de petróleo de 19 cisternas de Vetra Energy, de propiedad del enviado especial del imperio.
Aronson cree que las FARC son vendibles en el bazar de las ideologías, doctrinas filosofías. Entre sus múltiples disparates, llegó a expresar: “Estoy disponible para el presidente Santos y sus asesores para compartir ideas que puedan ser relevantes, y participo en sesiones únicamente con las Farc y en otras únicamente con el Gobierno, porque el Gobierno cree que sería útil educar a las FARC en la política de Estados Unidos y su posible apoyo a un acuerdo de paz”. Perlas auténticas de Aronson como si la política de Estados Unidos fuese una joya y no lo que en verdad es: política de rapiña, atraco de recursos naturales y humanos, guerras de agresión y con ellas crímenes de guerra, genocidios, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y siembra de muerte y destrucción con total violación de derechos humanos, democracia y libertades. . ¿Esa política de Estados Unidos, quiere Aronson enseñar a las Farc o tal vez la nefasta política de asesinar a negros, hispanos o “declarar la guerra al narcotráfico” para obtener millones de dólares del negocio?
Aronson garantizó, además, que en las negociaciones en La Habana “no está sobre la mesa” la posibilidad de que Estados Unidos libere temporal o permanentemente al líder de las Farc “Simón Trinidad”.
¿Con qué derecho, Estados Unidos extradita a ciudadanos de otros países para encerrarlos en las cárceles imperiales, según sean sus necesidades estratégicas y geopolíticas con total irrespeto a países libres, soberanos e independientes?
Recuérdese que “Simón Trinidad”, preso en Estados Unidos acusado de ser el supuesto autor del el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses, fue nombrado en 2012 por las Farc como representante plenipotenciario en las negociaciones de paz, por lo que desde entonces la guerrilla ha solicitado que Washington lo libere con el fin de incorporarlo a la mesa de diálogo, pero para Aronson y el imperio, sólo sus intereses son sagrados y deben ser respetados obedientemente por todos los lacayos del planeta.
Los diálogos de paz entre el gobierno Santos y las FARC deben continuar hasta lograr un acuerdo final porque la paz es un imperativo, pero no a cualquier precio y menos el sometimiento o rendición que son los fervientes anhelos de Estados Unidos expresados por Aronson y por el mediático imperial.
Para alcanzar la paz deben cumplirse los puntos contemplados en la Agenda de Negociaciones:
“1. Política de desarrollo agrario integral
Las FARC han enfocado su propuesta agraria en la creación de lo que estas llaman Territorios Campesinos, que serían territorios de propiedad de la colectividad y manejados por los personajes que la comunidad eligiese para tal fin. Estarían conformados por las actuales Zonas de Reserva Campesina que estarían conformados por 8 millones de hectáreas y por lo que las FARC denominan Zonas de producción campesina de alimentos con 6 millones de hectáreas.
No se ha especificado si se les facilitaran los trámites a los ex-integrantes de las FARC para constituir estos territorios o si accederán a territorios campesinos ya constituidos.
Según las FARC, una vez se firmen los acuerdos: "Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación…los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos…de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado"
Todo esto requerirá a su vez una reforma que permita que estos territorios campesinos se puedan constituir en lo que antes eran zonas de reserva forestal, de baldíos y de latifundios improductivos.
2. Participación Política
Las FARC, han pactado unas zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono donde el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de X Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de X Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por X períodos electorales."
A su vez se ha señalado un aumento del presupuesto de los partidos políticos y una especial atención a los partidos que surjan de los diálogos de paz como el partido de las FARC, tanto para su acceso en medios como para la difusión de sus programas.
Las FARC-EP, junto al Gobierno Nacional participarán en las medidas de protección de los candidatos políticos tanto los opositores al proceso de paz como de sus sostenedores, se ha señalado que se implementará el voto electrónico y se expedirán cédulas por todo el país, para aumentar el caudal electoral.
Las FARC y sus líderes no tendrían ningún impedimento para participar en política y no tendrían que pagar ninguna pena carcelería.
3. Fin del Conflicto
La dejación de las armas por parte de las FARC (hecho que, aseguran, debiera estar acompañado de una reestructuración de las fuerzas militares) para su reintegro o ingreso a la vida civil por efectos del marco legal para la paz, proyecto que define la suspensión de proceso judiciales a subversivos. No obstante, la discusión de este punto podría verse dificultada por causa del Estatuto de Roma (suscrito por Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica. (Punto en discusión)
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
El cultivo, la producción y tráfico de drogas ilícitas, ha influido en el conflicto armado y la financiación de guerrillas y paramilitares desde hace tres décadas.
Las FARC, plantearon priorizar la erradicación manual como principal método de erradicación de drogas en concertación con los cultivadores y productores de drogas ilícitas, se acordó que los cultivos de las plantas que correspondan a usos ancestrales no se pueden erradicar.
Las FARC junto al gobierno nacional, han sostenido que se considere al drogadicto como a un enfermo.
5. Determinar quiénes son víctimas del conflicto armado
Uno de los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado (según reiterados comunicados de las FARC, ellos también son víctimas y el Estado ha sido un victimario).
Las FARC-EP, han señalado que el reconocimiento de las víctimas será por colectivos y "habrá un reconocimiento de la calidad de víctimas colectivas al Movimiento Gaitanista, a la Unión Nacional de Oposición, al Frente Democrático, al Partido Comunista Colombiano, a la Unión Patriótica, al Movimiento A Luchar y al Frente Popular, entre otras organizaciones políticas. La Unión Patriótica, por haber sido objeto de un genocidio político, será objeto de un reconocimiento especial." A su vez se considerarán víctimas campesinas, indígenas y sindicales.
“Las FARC-EP no nos reconocemos como “agente victimizante”, sino como perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión, es un principio irrenunciable…”
Las FARC propusieron la conformación de una comisión de la verdad, que se encargue de lo anterior. Esta Comisión también prevista en la Ley del Marco Jurídico de la Paz.
6. Mecanismos de refrendación de los acuerdos
Las FARC han insistido que el método de refrendación de los acuerdos es una Asamblea Nacional Constituyente que tenga 141 integrantes, tanto elegidos como surgidos de cuotas de participación asignadas, "la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras (...) en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final".
Con o sin Estados Unidos, la paz llegará. Sólo el gobierno der Santos, pero sin prepotencias y menos por mandato de las oligarquías y el imperio, sólo con el trabajo de su negociadores beberá firmar la paz, cuyo acuerdo debe ser sometido a referendo. Sólo las FARC-EP por intermedio de sus negociadores firmará la paz cuando se respeten sus derechos políticos, sociales, culturales y económicos. Jamás una rendición o sometimiento prometen sus miembros. Sólo entonces llegará el fin del conflicto para aseverar: ¡“Ha estallado la paz”!

TRIBUNAL DIGNIDAD, SOBERANÍA, PAZ CONTRA LA GUERRA
COMITÉ INDEPEDENCIA, SOBERANÍA PARA AMÉRICA LATINA
-CISPAL-
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