LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN ES SANCIONADORA, ALTAMENTE REPRESIVA Y PUNITIVA HASTA EL ABSURDO 



COMUNICACION Y LIBERTAD SON CONSUSTANCIALES AL SER HUMANOSTA 



Rodrigo Santillán Peralbo
La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, al recordar los dos años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, sostuvo que ha causado “pérdida de la libertad de expresión, intolerancia a la opinión, intolerancia al humor, desaparición de la investigación periodística, autocensura de periodistas, trivialización de la información, impunidad de los funcionarios públicos, multas a medios de comunicación social, sanción a periodistas, abuso de la réplica y rectificación, imposición de la verdad oficial, control jurídico en los medios a los trabajos periodísticos, y a pesar de todo, los periodistas seguimos de pie y trabajando sin miedo”, concluía.
La comunicación social es demasiado compleja por su misma naturaleza y de tanta trascendencia como la libertad de expresión del pensmiento por todos los medios. Comunicación Social y libertad de expresión del pensamiento van de la mano porque son consustanciales al ser humano.
La lucha por la libertad de expresión del pensamiento es tan antigua como el hombre organizado en sociedades. De hecho, parte de la libertad del hombre es sacrificada por su derecho a vivir en sociedad, lo que implica que superior a la libertad individual es el bien común; generalmente normado desde las leyes supremas que regulan las actividades del Estado y ordenan las interacciones humanas, al tiempo que regulan las relaciones entre el hombre y el grupo, entre los grupos, la sociedad y el Estado.
De no existir normas, el hombre estaría "en una guerra de todos contra todos" conforme con los argumentos de Thomas Hobbes, contenidos en su obra Leviatán, aparecida en 1651. Entonces, la función del Estado, regido por una Carta Suprema, se propondría asegurar el orden, garantizar la existencia de la sociedad, alcanzar el bienestar común, garantizar la seguridad de las personas y la seguridad de expresar sus opiniones sin censura, sin temor a ser castigado por ellas; pero la libertad no es en modo alguno una concesión del Estado, sino una conquista de los pueblos.
El ejercicio de la libertad sólo debe estar supeditado por el ejercicio y el derecho de libertad de la sociedad. Nadie debería atribuirse el papel de celador de la libertad y peor aún de formas de censura que son en esencia, la negación de la libertad de expresión del pensamiento y de las opiniones en él contenidas. Ya Friedrich Engels, en carta dirigida a Friedrich Graber en 1839, afirmaba: "La censura no me impedirá que escriba libremente; que supriman tanto como deseen lo que he escrito, no me convertiré en el infanticida de mis propios pensamientos. Siempre son desagradables estos tachones del censor; pero son honorables también; el autor que llega a la edad de 30 años o que escribe tres libros sin tildones del censor no vale nada. Son los guerreros cubiertos de cicatrices los que son mejores. En un libro hay que reconocer que viene de una batalla con el censor".
La propuesta es interesante; pero ¿quién puede erigirse en censor del pensamiento de otro? Juvenal, el poeta latino ya lo dijo: "¿Quién podrá guardarnos de nuestros guardianes?". Lo ideal sería que cada periodista o comunicador social sustente sus opiniones en verdades, en las normas de la ética, en su derecho a la libertad con límites que el propio comunicador se imponga, es decir que se autocensure sólo considerando el bien común, los derechos de los demás y los límites de la moral pública.
El comunicador social y el periodista deben considerar que los intereses del Estado no siempre coinciden con los intereses de los administrados y peor aún los intereses del gobierno y sus delegados con los del pueblo.
La comunicación social justificaría su existencia si sus objetivos y metas coinciden con los objetivos, metas e intereses de la colectividad, de los pueblos y de los actores sociales menos favorecidos, con la masa de explotados, marginados, expoliados y oprimidos, con los condenados de la tierra, como diría Franz Fanón.
La lucha por la libertad de prensa es una necesidad social. Ya en Inglaterra, en 1649, el conservador Partido Leveller al defender su proyecto de Ley presentado al Parlamento afirmó: "Si un gobierno desea actuar con justicia y de acuerdo con los principios constitucionales entonces será necesario que se escuche a todas las voces y opiniones. Pero esto es posible solamente si se concede libertad a la prensa..." Es decir, la sociedad y el Estado, tácitamente han delegado a la prensa el papel de intermediador, para que los pueblos hagan escuchar sus voces y opiniones al Estado y sus gobernantes.
Tan importante es la comunicación social que, en verdad, se necesitaba una ley de comunicación reguladora, con claros parámetros para su uso porque es de todos y para todos y fundamentalmente porque se necesitaban garantizar los derechos de comunicación que son inalienables e irrenunciables ya que los pueblos tienen derecho al ejercicio pleno de la libertad de expresión del pensamiento y el derecho a la información plural, diversa, contrastada, veraz, pero la Ley vigente que ya cumple dos años en el Ecuador, se ha tarnsformado en una norma sancionadora, altamente represiva y punitiva hasta el absurdo, gracias a los superpoderosos burocrátas encargados de aplicarla.

La Ley no regula, ni nada garantiza, sólo ha servido para atacar y agredir a medios y periodistas, y para aumentar el memorial de agravios que prodiga el gobierno de presidente Correa hacia grandes sectores de la población nacional.

La cuestionada Ley, en la práctica, ha servido para coartar el trabajo periodístico, amedrentar a los periodistas a tal punto que, en la actualidad, cualquier individuio se cree con derecho a insultar, amenazar y agredir a los periodistas.

Es evidente el abuso de autoridad y sus ensañamientos contra algunos medios. Son cuestionables las actitudes prepotentes de autoridades que se creen dueñas de contenidos y espacios en calidad de jueces inapelables y eternos, sin pensar que todo poder es efímero. Justicia con dedicatoria es repudiable soberbia inquisitorial.
Tan prepotentes son las autoridades encargadas de aplicar la Ley que en apenas dos años de vigencia, el periodista superintendente de la Superintendencia de Comunicación -Supercom-, Carlos Ochoa, destacó con satisfacción que en este lapso se abrieron 506 procesos contra medios de comunicación; se dictaron 313 resoluciones, se impusieron 185 sanciones pecuniarias y que fueron 198 medios sancionados. ¿Es que una ley es buena por la cantidad de sanciones aplicadas? Si así fuese, se podría afirmar que la mejor la ley es la Tránsito por las cantidad de multas e infractores sancionados.
Si el Superintendente destaca que “ hoy más que nunca existe en este país una verdadera libertad de expresión", los medios de comunicación social privados, los gremios periodísticos como la Unión Nacional de Periodistas, la Federación Nacional de Periodistas – FENAPE- y sus Colegios Provinciales, los periodistas y comunicadores, a más de diversas organizaciones nacionales y extranjeras afirman que en el Ecuador se ha implantado una “Ley Mordaza” altamente represiva y que no existe libertad de expresión del pensamiento, libertad de información y de prensa que han sido reemplazadas por censuras, autocensuras y temores entre empresarios de la comunicación y trabajadores de la prensa.
Por su parte, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), otro organismos estatal creado como con secuencia de la Ley expresaba que ha cumplido con el mandato de la LOC, a partir de seis ejes estratégicos: Igualdad y no discriminación en medios, derechos laborales de los trabajadores de la comunicación, democratización, interculturalidad, inclusión, producción nacional audiovisual y música nacional.
“En ese sentido, se han aprobado 15 reglamentos entre los que destaca el Reglamento que permite la difusión en radios del 50% de la música nacional, mismo que genera condiciones favorables para que los artistas ecuatorianos, especialmente aquellos cuyo talento no se ha difundido en los medios de comunicación social, puedan promover su trabajo, sin necesidad de recurrir a prácticas degradantes como la “payola”, que venía afectando a la industria musical nacional.
El Cordicom también aprobó el Reglamento de Franjas Horarias, que protege a las niñas, niños y adolescentes de la difusión de contenidos violentos y discriminatorios en horarios familiares de lunes a viernes, cuando es más difícil el control parental; así como el Reglamento de Comunicación Intercultural, que establece los parámetros para que los medios difundan, más de una hora diaria, contenidos que promuevan la cultura y tradiciones de los 13 pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y cholos de Ecuador.
Durante los dos años de ejecución de la LOC, un eje de trabajo constante del Cordicom ha sido la promoción de los derechos a la información y comunicación a los habitantes ecuatorianos. Aproximadamente 45 mil representantes de colectivos, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, instituciones y empresas provenientes de 19 provincias participaron en la construcción de reglamentos y resoluciones, jornadas académicas, asistencias técnicas, conversatorios, conferencias magistrales y en la Campaña ciudadana “Ahora se Escucha mi Voz” sobre el derecho de todas las personas a ser tratados dignamente en los medios de comunicación social.
La Ley en sus dos años ha logrado abrir un debate sobre una comunicación con responsabilidad social y calidad. El Cordicom emitió 16 exhortos y comunicados con el objetivo de mejorar las prácticas comunicacionales en los medios. En la misma línea calificó 33 contenidos como discriminatorios por razones de sexo, orientación sexual, etnia, condición socioeconómica y estado de salud. El Cordicom realizó303 talleres y 140 asesorías a medios de comunicación y sus trabajadores para que estos sean Agentes para la Igualdad. Por primera vez en el país, los medios de comunicación impulsan una lógica de prevención de la discriminación en los contenidos que difunden.
El Consejo impulsó también el Plan de Profesionalización de los trabajadores de la comunicación. Cumpliendo con el mandato de la Ley, donde se estipula que quienes trabajan en tareas periodísticas deben poseer un título habilitante para ejercer esa labor, el Cordicom puso en marcha cinco propuestas de profesionalización: certificación por competencias laborales, carreras tecnológicas, escolaridad inconclusa, capacitación continua y títulos de tercer y cuarto nivel.
Actualmente 3098 trabajadores de la comunicación participan del Plan de Profesionalización y se mantuvieron 493 talleres, reuniones y asistencias técnicas con periodistas, comunicadores y otros actores del sistema en temas de capacitación y socialización de políticas de comunicación. Adicionalmente, por primera vez el Ministerio de Trabajo fijó sueldos mínimos para quienes trabajan en tareas de apoyo en los medios, protegiendo los derechos laborales de los trabajadores del sector. Actualmente el salario mínimo de un comunicador social es 849 USD y de un egresado 709 USD.
Un componente clave de la Ley Orgánica de Comunicación es la democratización de las frecuencias de radio y televisión que busca diversidad y pluralidad en los medios. La normativa determina que el espectro radioeléctrico se debe repartir equitativamente en un 34% para medios comunitarios, 33% públicos y 33% privados. Para lograr sostenibilidad y el desarrollo, principalmente de los medios comunitarios, el Cordicom propone 30 acciones afirmativas relacionadas con la distribución de publicidad en los medios locales y regionales, créditos preferentes, exenciones de impuestos para la importación y el acceso a la capacitación para la gestión: comunicativa, administrativa y técnica”.
Sin embargo de lo destacado por el Cordicom, periodistas y medios tienen una visión diferente y totalmente opuesta a la Ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el mes de junio de 2013 con el nombre de Ley Orgánica de Comunicación, considerando que el artículo 384 de Constitución de la República señala que el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información, la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana”.
La Agencia de Información Andes señalaba que dos años después de su entrada en vigencia, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) es defendida por quienes aseguran que ha otorgado más derechos a la sociedad civil ecuatoriana, y cuestionada por quienes opinan que es una herramienta del Gobierno para perseguir a los medios opositores.
"Se ha mudado la estructura del espectro radioeléctrico y se ha generado una agenda ciudadana, en el sentido de que en este tema de la comunicación, por vez primera la sociedad civil organizada ha podido hacer valer su voz y sus derechos; es una conquista histórica", señaló a Sputnik Nóvosti el director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), el español Francisco Sierra.
En cambio, para Miguel Ángel Moreta, asambleísta del conservador Creando Oportunidades, la LOC ha sido utilizada "como herramienta de persecución y hostigamiento a quienes han manifestado cuestionamientos o críticas al Gobierno". "Se le ha quitado el derecho de libertad de expresión y comunicación al pueblo ecuatoriano", agregó el legislador.
Por su parte, Sierra, Doctor en Ciencias de la Comunicación, dijo que pese a los logros, todavía quedan varios "retos" por delante, como agilizar el acceso a las frecuencias de radio por parte de los medios comunitarios, o la producción de contenidos culturales locales.
"El desarrollo y acceso a las frecuencias de los medios comunitarios está siendo excesivamente lento", aseguró Sierra, quien cuestionó la "visión tecnocrática" que lleva a que los procedimientos de asignación de frecuencias para los medios comunitarios sean los mismos que para los medios comerciales.
"Se les solicita un plan de negocios, o estudios de mercado, cuando la razón de ser de un medio comunitario es la rentabilidad social", cuestionó.
El director de Ciespal, organismo fundado por la Unesco en 1959, que tiene su sede en Quito, dijo que es una "demanda justa" la de exigir al Estado "mayor celeridad" en este aspecto de la ley, al que calificó de "asunto pendiente".
Sobre los contenidos culturales, Sierra recordó que la LOC establece el "1x1": a cada emisión de música extranjera le corresponde una de música o contenidos autóctonos. "Es una de las exigencias que tiene pendiente un desarrollo para poder avanzar de manera significativa en una ecología cultural mucho más rica y desde luego más arraigada en lo que son las identidades culturales locales", opinó.
La Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, más que regular y modernizar el ejercicio der la comunicación social, ha servido para sembrar miedos y hondas inquietudes en medios y periodistas que cada vez sienten más atrapados en la vorágine de los apetitos políticos del gobierno y sus servidores.
Existe la sensación de que se ha perdido la libertad de expresión del pensamiento y de opinión y que paulatinamente se ha impuesto la censura y autocensura hasta llegar un opresor silencio que permite la prevalencia de la opinión del gobierno, la omnipresencia del Presidente, el imperio de la arbitrariedad y el paraíso del corrupto impune e inmune.
El periodista dominicano Alberto E. Borda Objio al referirse a la censura y autocensura expresaba que son temas que desde que desde siempre ha preocupado a quienes se desenvuelven en el entorno de los medios de comunicación y a los periodistas y comunicadores, así como también a los que por estos canales de la información manifiestan sus opiniones.
Añadía que desde tiempos inmemoriales, quizás desde el origen mismo de la difusión de noticias y exposición de ideas a través de los medios, la censura periodística ha existido como cortapisa para la propaganda desmesurada y desbocada de los interesados en influir con su pluma a la generalidad de lectores de diarios.
También, el interés manifiesto de los editores periodísticos en usar sus medios como canal de distribución de conceptos políticos, intelectuales y sociales. Además, y por razones obvias de los costos en las operaciones y funcionamiento de los periódicos, la publicidad comercial ha sido y es parte inherente de la conformación de cualquier medio de comunicación.
Pero, a lo que nos queremos referir de estas dos taras enunciadas, es a la actitud beligerante y muchas veces agresiva por la forma en que se hace y los instrumentos usados. La agresión y chantaje a quienes exponen ideas y conceptos en los diversos canales periodísticos por las autoridades que en un momento dado sienten la presión ejercida sobre sus actividades y a la censura y auto censura que se propicia con acciones indelicadas y poco serias de parte de los que dirigen el Estado y que buscan controlar de manera indecente, las informaciones y opiniones que se expresan y difunden en los medios de comunicación.
Esto no es nada nuevo tal como dijimos antes. Pero ahora, con la agravante, de la violación a leyes establecidas para la protección de los exponentes de ideas, noticias y conceptos variados. Ya que existe suficiente legislación y bastante definida, acerca de los derechos y deberes de quienes usan los canales periodísticos para la difusión o promoción de creencias y valoraciones al respecto de las actuaciones de los demás.
La censura por ejemplo, acto deleznable ejercido de forma imponente y muchas veces amenazante hasta contra la integridad física de periodistas y dueños de medios. Se suscita esta, casi siempre en sistemas de gobiernos de corte totalitarios y violadores de los derechos heterogéneos del ser humano. Erradicando por completo las posibilidades de disensión de las ideas que propugnan los que conducen los destinos de una Nación.
Por causa de esta, hemos asistido como testigos de las más horripilantes y abyectas acciones contra periodistas, por el desempeño diáfano y difusión de criterios libertarios en relación a situaciones perversas y corruptas de partes de gobernantes y gobiernos. Hechos que han culminado con la desaparición física de grandes valores de la comunicación. Y también, agresiones a empresas periodísticas con el objetivo de frenar la información adversa a dichos regímenes nefastos.
En relación a la auto censura, es el acto miserable de quienes manejan medios o programas y columnas a través de estos, y que por temor a no chocar con intereses de los que gobiernan o de los que sustentan las publicaciones o medios electrónicos, se inhiben o prohíben a sus asociados o empleados la publicación o expresión de situaciones que afecten a quienes los benefician con prebendas del orden publicitario o propagandista político gobiernista.
Es cierto que ese es un derecho irrebatible que tiene un dueño de medio de comunicación, de publicar, promocionar, limitar, editar y hasta eliminar de sus canales de difusión, cualquier noticia u opinión que no le convenga al desarrollo de su negocio. Pues dentro de una sociedad libre, existen los dos conceptos, “derechos y deberes” y deben ser respetados de la misma forma para que pueda funcionar adecuadamente la libre empresa y puedan existir de forma rentable las instituciones periodísticas.
Lo que si hay que dejar claro y establecido de manera diáfana, es que los medios y quienes a través de ellos se manifiestan, no son totalmente independientes. Y que por las razones antes expuestas, que pesan de forma exorbitante en la coexistencia de los canales de difusión periodística y quienes con sus aportes los sustentan, siempre gravitara la intención del poder económico y gubernamental sobre cualquier tipo de información, opiniones y propaganda informativa.
Entonces, después de aclarar estas complejas situaciones existentes, vemos por qué las más de las veces, los que dirigen periódicos y medios electrónicos de información y comunicación, son tachados y acusados de pertenecer o seguir una línea política de determinado sector y también de favorecer con editoriales e incisiva publicidad a diferentes segmentos de la sociedad. Y es que, las censuras que han existido y las autos censuras que se imponen en la libre expresión del pensamiento, son parte inherente del sistema. ¡No nos llamemos a engaño!
Se ha sostenido que la paz y la libertad son los bienes más preciados de los pueblos, pero no existe paz cuando los derechos y libertades sólo son enunciados constitucionales; cuando derechos y libertades son violados constantemente por un Estado arbitrario y prepotente, contumaz violador de la misma Constitución y frontalmente inoperante frente a las profundas desigualdades e injusticias sociales propugnadas por el sistema imperante, asumido sin cuestionamientos por los gobernantes de turno, afirmaba Borda Objio
Censura y autocensura pretenden ser cárceles del pensamiento y son sistemas de esclavitud intelectual y de opresión conciencial que ofenden la dignidad humana y pisotean derechos esenciales e inclaudicable.
Los pueblos y los periodistas que deben servir a sus intereses tienen la obligación ética de luchar por la conquista plena de la justicia social y la igualdad para todos y todas que son requisitos indispensables para el ejercicio de la libertad, la práctica de los derechos humanos y las garantías ciudadanas que la Constitución reconoce.
Sólo el pueblo, a través de la adquisición de conocimientos y entre ellos del conocimiento de sus derechos, será capaz de exigir el respeto a sus derechos y la forma de hacer llegar al pueblo esos conocimientos básicos, y la manera de practicarlos; es difundiéndolos por medio de canales y sistemas de comunicación social que no admitan censuras ni autocensuras; es decir que sean capaces de impedir la existencia del pensamiento único, la validez incontrastable de la opinión oficial, la vigencia del miedo que admite y permite el control supremo de los cancerberos del régimen y lacayos del sistema.