CORREA BUSCA EL DESFINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y AFECTARÁ AÚN MÁS LOS DERECHOS LABORALES 



LAS REFORMAS EN UN TEXTO AMBIGUO 



Hernán Rivadeneira Játiva
En el proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, que reforma la Ley de Seguridad Social, el Código del Trabajo, la Ley de la Producción y la LOSEP; de iniciativa del Ejecutivo y que la mayoría gobiernista de la Asamblea Nacional (con algunas disidencias sintomáticas)ha aprobado, consta la eliminación del 60% del valor de las pensiones jubilares cuya cobertura la corresponde al IESS y el restante 40% al Estado, a través de un texto ambiguo que propicia la discrecionalidad para transferir recursos sólo en caso necesario, con lo cual se conducirá a un inminente déficit del Fondo de Pensiones, que puede incrementarse progresivamente y en poco tiempo ocasionar una disminución o suspensión del pago de las mismas, dado que en esta ley inconsulta y anti técnica no se plantea una fórmula aceptable para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Por otra parte, se niega a honrar la cuantiosa deuda que el Estado mantiene con el IESS, entidad autónoma, cuyos recursos son distintos a los del Fisco según la Constitución, pese a que se han suscrito convenios, en los cuales no solo se han señalado las cifras de la deuda sino también su forma de pago.

Con esta nueva actitud de prepotencia y arbitrariedad puede llegarse a una situación insostenible en pocos años más, pues se desfinanciarían los fondos de pensiones y de salud, complicando el sostenimiento de las prestaciones, aumentando el déficit actuarial y perjudicando a los afiliados, auténticos propietarios del sistema de seguridad social y, especialmente, a los jubilados.

Ante este reiterado atentado a la economía popular (antes ya se trasladó el manejo de los fondos previsionales al BIESS; se busca ampliar la disminución de las utilidades de los trabajadores de las empresas privadas y se han congelado las remuneraciones de los servidores públicos), es indispensable que se establezcan las responsabilidades por medio de la intervención de la Contraloría y la Fiscalía, que permanecen aún en un silencio cómplice, como ocurre también con el propio Consejo Directivo del IESS, conformado con representantes de los trabajadores y los empleadores y en donde el Ejecutivo sólo tiene un voto.

Si ya existen estudios actuariales que advierten el déficit del Fondo de Pensiones, por ejemplo, ¿cómo se va a garantizar en el futuro cercano el pago de ellas? ¿Con estas medidas confiscatorias no se estará propiciando un mecanismo que desemboque en una privatización del IESS, como se intentó en la Ley de Seguridad Social de 2001 y en las consultas populares de los años noventa, con el auspicio de gobiernos y grupos políticos de derecha?

Lo curioso del caso es que en este Gobierno sí se ha pagado anteriormente el 40% del Fondo de Pensiones, así sea con bonos del Estado, sin embargo, ahora se pretende suspender dicho pago y desconocer la deuda, la misma que se la cuantifica en 1.700 millones de dólares, sólo por atención médica a jubilados y a afiliados con enfermedades catastróficas, pero también existen las deudas correspondientes a 1,100 millones anuales por concepto de la obligación ineludible del 40% para las pensiones jubilares, así como el monto que corresponde a la adquisición o compra de los bonos del Estado.

Si los recursos previsionales que maneja el IESS y que pertenecen a los afiliados disminuyen no se podrán atender, en el próximo futuro, las prestaciones, pues, como señalan los expertos, deben mantenerse reservas, ahorros, inversiones, precisamente para que no colapse el sistema.

Existen muchas evidencias constitucionales, legales y convencionales sobre la obligación del Estado para cubrir las aportaciones al IESS: El Art. 371 de la actual Constitución señala
que las prestaciones de la seguridad social se financiarán también con contribuciones y aportes del Estado; lo mismo consta en varias normas de la Ley de Seguridad Social; las actas de compromiso de pago de 2008 y 2010, entre el Ministro de Finanzas y el Director del IESS, se refieren al pago de la deuda y del aporte del Estado. Lo grave de la medida gubernamental, entonces, está en el desconocimiento unilateral y abusivo de sus compromisos y de pretender retenerse recursos que no le corresponden ante la crisis fiscal, que se avizora cada vez más complicada.

Los criterios del régimen, en el sentido de que el IESS tiene un superávit y por tal motivo no se pagarán las deudas y compromisos adquiridos, no tienen sustento, en virtud de que la entidad debe contar con fondos suficientes para atender las prestaciones del futuro, tanto más si se busca la universalización de la seguridad social, incluso con la inclusión de las amas de casa, pues es obligación del Estado garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad social, derecho humano fundamental y reconocido a nivel internacional, para que las personas activas de hoy puedan más tarde gozar de pensiones dignas, así como las demás prestaciones, principalmente de la salud.

Por otra parte, si bien pueden existir cuestiones aceptables en el proyecto de Ley aprobado, en cuanto, por ejemplo, a los contratos individuales de trabajo, la prohibición de ciertos despidos, etc.; existen aspectos regresivos: el señalamiento de un techo para las utilidades de los trabajadores, con cuyos excedentes se subsidiará la afiliación de las amas de casa, sin afectar a los empleadores que reciben ahora el 90% de las utilidades de las empresas; el congelamiento de las indemnizaciones laborales; la violación a la “libertad sindical” con la obligatoriedad de que incluso los no afiliados a la organización voten para elegir a los dirigentes; entre otros.

Están propiciando, además, alteraciones adicionales a la legislación laboral, ya afectada peligrosamente durante este régimen, a través de nefastos decretos ejecutivos como el 813 y
el 016, los engendros denominados “mandatos constituyentes”(números 2, 4 y 8), etc.

Dadas las características de estas medidas que perjudican muy sensiblemente a la mayoría de ciudadanos, que son los de menores recursos económicos y principalmente a sectores vulnerables como los trabajadores y los jubilados, no queda otro camino que la movilización popular más amplia.

En este sentido, a propósito de la conmemoración del día universal de los trabajadores, el primero de mayo debe convertirse en una inmensa demostración de repudio a la política anti social y anti popular de este régimen autoritario y concentrador del poder y de exigencia para que se restituyan las fuentes indispensables del financiamiento a la seguridad social y el pago inmediato e incondicional de la deuda acumulada, como nunca antes ha ocurrido en la historia nacional.