LA CELAC PROCLAMÓ A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMO ZONA DE PAZ 



EL IMPERIO QUIERE QUE SEA ZONA DE GUERRAS DE AGRESIÓN 



La II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños- CELAC- proclamó a América Latina y el Caribe como zona de paz, quizá como una lógica continuación del Tratado de Tlatelolco que la declaró zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva, pero Estados Unidos, en su loco proceso de dominación neocolonial quiere que sea una zona de guerras de agresión imperial y para ese objetivo, después de 58 años de inactividad, revivió la IV Flota que merodea por las costas de nuestra América y el Caribe, y ahora quiere crear una nueva unidad denominada “Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de Marines-Sur”, para “controlar a América Latina” y que funcionará en la base militar estadounidense en Comayagua, en el centro de Honduras, conocida como Palmerola, donde se prevé la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la capital hondureña.

Diversas informaciones advierten que esa base tendrá apenas unos 250 hombres, por lo podría denominarse pequeña en comparación con otras unidades, pero la que funcionará en Honduras dispondrá de poderosos recursos de guerra como el catamarán de alta velocidad JHSV Spearhead (Buque de imagen) cuatro helicópteros pesados CH-53E Super Stallion.- Se trata de una unidad especial de respuesta a crisis, al estilo de las creadas para África, con sede en Morón, España.

La moderna unidad especial de respuesta a situaciones de crisis en América Latina y el Caribe tendrá tropas altamente seleccionadas y con experiencia en las guerras de agresión desatadas por Estados Unidos Irak, Afganistán y Pakistán.

Como siempre, las misiones de esta unidad se relacionarán con la colaboración en adiestramiento a las fuerzas armadas de cada país que se preste para ello en cualquier parte de la región, y que pomposamente se designarán como misiones de asistencia humanitaria u operaciones para enfrentar al narcotráfico internacional en la perdida guerrea contra las drogas que mantiene Estados Unidos en diversas partes del mundo. Los pretextos para el intervencionismo son viejos y recurrentes, pero que le sirven a Washington para militarizar América Latina y el Caribe, e incrementar su injerencia en los asuntos internos de nuestros países y controlarlos en “defensa de sus intereses hegemónicos”.

Así, el cinismo del imperio no tiene límites, ni conoce de ética. Sólo sabe desatar guerras imperiales para causar la muerte de millones de seres humanos, dejar en cada intervencionismo un reguero de sangre, destrucción y a pueblos enteros en el desamparo y la desolación.

Esta nueva unidad proyectada para imponer y revivir viejos miedos en Latinoamérica y el Caribe comenzará a operar entre junio y noviembre der este año, y aunque aún no se conoce el origen de las tropas que la formarán, es previsible que procedan principalmente de la Fuerza Expedicionaria de Marines número II (II MEF) con sede en Carolina del Norte.

De hecho, aunque será una unidad basada en tierra se espera que haga uso intensivo de este buque, el primero de la clase JHSV (Joint High Speed Vessel), como transporte anfibio intra-teatro.

La misión principal de esta nueva familia de buques es el transporte de tropas y medios entre puertos dentro de un teatro de operaciones a alta velocidad, beneficiándose de su diseño derivado de los catamaranes civiles. (J.N.G.), según informaba Resumen Latinoamericano.
Sin embargo de los proyectos yanquis de militarizar América Latina, la UNASUR quiere discutir la permanencia de bases militares de los Estados Unidos en Latinoamérica. El secretario general del organismo regional, Ernesto Samper, planteó la conveniencia de que la cumbre de presidentes americanos de Panamá se convierta en un foro para debatir ese tema acuciante para la región. Las bases militares de Estados Unidos son un peligro para el mantenimiento de la paz en América Latina y el Caribe que la Celac proclamó como zona de paz.
Ese peligro se convierte en agresión militar y en descarado intervencionismo imperial, tal como como lo publica Tiempo Argentino, cuando señala que en la madrugada del 28 de junio de 2009, el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya fue secuestrado a punta de pistola por un grupo de soldados y subido a un avión con rumbo a Costa Rica. Pese a que el viaje era corto, antes de llegar al país vecino la aeronave hizo una parada para cargar combustible. No fue en cualquier lugar. Zelaya y sus captores descendieron en la base militar de Palmerola, perteneciente a Estados Unidos pero ubicada en suelo hondureño.
“Aterrizamos en la base. Hubo movimientos afuera, yo no sé con quién hablaron. Como unos 15 o 20 minutos estuvimos ahí", contó el ex mandatario, que fue despojado del poder esa misma noche. Tiempo después, cuando fue liberado, denunció al Departamento de Estado de EE UU por su vinculación con el golpe. "Todas las pruebas lo incriminan", aseguró.
La destitución de Zelaya es uno de los capítulos más tristes de la historia latinoamericana reciente y otra muestra más del persistente poderío estadounidense en la región. Porque, aunque son pequeñas y se camuflan bajo el disfraz de la acción humanitaria, las bases militares que la Casa Blanca mantiene en el continente sirven para realizar tareas de espionaje, acceder rápidamente a valiosos recursos naturales y, por supuesto, impulsar procesos desestabilizadores. Se trata, en definitiva, de un arma vital para que EE UU mantenga su hegemonía en un territorio que, en los últimos años, se mostró reacio a las relaciones carnales y a la imposición directa de políticas foráneas.
Pero, la UNASUR quiere discutir la permanencia de bases militares de los Estados Unidos en Latinoamérica. “Una pequeña muestra de esa "rebeldía" latinoamericana se hizo pública el pasado 27 de marzo, cuando el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, expresó su inquietud por la multiplicación de bases en el continente y propuso su eliminación definitiva para replantear las siempre conflictivas relaciones entre EE UU y los países de la región. En ese sentido, dijo que los primeros pasos para empezar a discutir el tema podrían darse en la VII Cumbre de las Américas efectuada en Panamá. Desgraciadamente el tema no fue topado por ningún presidente en funciones.
En su cuestionamiento a las bases de EE UU, Samper también consideró que esos complejos militares "pertenecen a la época de la Guerra Fría" y nada tienen que ver con los tiempos que corren. Sin embargo, para la Casa Blanca son un instrumento de fenomenal utilidad: actualmente cuenta con unas 1000 bases en todo el mundo. El número exacto no está claro: aunque en un documento de 2008 el Pentágono reconoció que hay 865 en 46 países, quienes estudiaron el tema en detalle hablan de más de 1250 distribuidas en 100 naciones y critican que en los registros gubernamentales no se incluyan las bases instaladas en Afganistán e Irak.
En el caso latinoamericano tampoco se puede hablar de una cifra "oficial". Muchas de las operaciones estadounidenses en la región se mantienen bajo siete llaves, lo que vuelve dificultoso el trabajo de los investigadores. Pero sí hay números estimativos. El Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MoPPaSSol) contabilizó 47 bases, aunque no todas son de EE UU: también hay de la OTAN o de países europeos como Francia y el Reino Unido.
La periodista argentina Telma Luzzani realizó una extensa investigación que publicó en 2012 bajo el título Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, donde identificó más de 30 Sitios de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) en por lo menos 17 países latinoamericanos. Se trata de bases pequeñas en las que rigen las leyes estadounidenses. Operan en red y son utilizadas para recolectar datos, proteger oleoductos, vigilar flujos migratorios, realizar monitoreos políticos o apoyar golpes de Estado, ya sean exitosos, como el de Zelaya en Honduras, o fallidos, como los que hubo contra el fallecido Hugo Chávez en Venezuela. Algunas bases, como la ubicada en la Bahía de Guantánamo, funcionan como centros de detención y tortura.
El objetivo de estos complejos es, por un lado, económico. No es casualidad que las fronteras de Venezuela y Brasil estén rodeadas por bases militares estadounidenses: el país gobernado por Maduro es uno de los mayores productores de petróleo a nivel global, mientras que el de Dilma Rousseff descubrió, hace pocos años, un impresionante yacimiento petrolero bajo el Océano Atlántico, el famoso Pre-sal. A eso se suma la riqueza en recursos naturales y minerales del Amazonas.
El interés también es político. El surgimiento de nuevos líderes antiimperialistas que cuestionaron abiertamente el poderío estadounidense, el Consenso de Washington y las políticas neoliberales– comenzó a inquietar cada vez más a Estados Unidos. Ante el surgimiento de organismos de defensa de los intereses regionales, como Unasur y Celac, la Casa Blanca vio cómo en pocos años la región, a la que estaba acostumbrada a dominar sin muchas dificultades, se le escapaba de las manos. Algo que, según coinciden demócratas y republicanos, no se puede permitir.
Hasta 1999, Sudamérica era un territorio libre de tropas estadounidenses permanentes. Pero las cosas empezaron a cambiar tras la obligada retirada del Pentágono de Panamá y después de los atentados del 11-S. Dos hechos que funcionaron como una excelente excusa para la Casa Blanca, entonces con vía libre para aumentar la agresividad de su política exterior. El 11-S sirvió para justificar las invasiones a Irak y Afganistán, mientras que la retirada de Panamá fue el argumento perfecto para la apertura de bases militares en el Caribe, Centroamérica y América del Sur, ya que la Casa Blanca no podía darse el lujo de perder presencia en su "patio trasero". Así fue cómo se instalaron distintos complejos en El Salvador, Aruba, Curacao y la de Manta en Ecuador que fue cerrada al no renovarse el acuerdo, gracias a la presión del pueblo.
La política militarista de Obama no difirió mucho de la de Bill Clinton o de George W. Bush. El 1 de julio de 2008, la IV Flota de EE UU volvió a patrullar las aguas del Atlántico y el Pacífico Sur, después de 58 años de inactividad y motivada, según denunciaron varios especialistas, por la vigilancia de los recursos naturales. Un año después, Colombia permitió la apertura de siete bases militares en su territorio, algo que preocupó a toda la región e incluso generó conflictos entre distintos mandatarios.
El tema volvió a ser noticia, cuando EE UU anunció que creará una fuerza especial para América Latina con sede en Honduras. La nueva unidad funcionará en la base de Palmerola, la misma en la que aterrizó Zelaya aquel fatídico 28 de junio de 2009. Contará con 250 hombres y dispondrá de poderosos recursos de guerra, como un catamarán de alta velocidad y cuatro helicópteros pesados. Otra vez, un incansable avance imperial que enciende la alarma de América Latina, sostenía Telma Luzzani.
Sin embargo, el imperio no advierte o es incapaz de reconocer que América Latina no es más su patio trasero y el Caribe su lago particular. Ahora los pueblos reniegan del tutelaje imperial y se niegan a obedecer el dictat de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y del Pentágono..

En esta nueva etapa, el Secretario General de Unasur, consideró que la VII Cumbre de las Américas pudo ser una oportunidad para replantear las relaciones entre Washington y los Estados latinoamericanos, y señaló que uno de los momentos clave será el encuentro entre el presidente de Cuba, Raúl Castro, y su homólogo estadounidense, Barack Obama.
Samper destacó además que se deben abordar "otros temas, no solo lo que le interesan a Estados Unidos", entre ellos, precisó el secretario de Unasur, el medioambiente, la igualdad de género o los derechos humanos.
Lo más lógico fue que Ernesto Samper propusiera la eliminación de todas las bases militares de Estados Unidos en territorio latinoamericano, al considerarlas como elementos pertenecientes “a la época de la Guerra Fría“.
Samper rechazó las medidas unilaterales de EE.UU. contra Venezuela, y consideró que el evento que se celebrará en Panamá es oportuno para replantear las relaciones del Gobierno norteamericano con la región. “En un mundo globalizado como el actual uno no puede pedir reglas de juego globales para la economía y mantener el unilateralismo para la política. Ningún país tiene derecho a juzgar la conducta del otro ni muchísimo menos a imponerle sanciones o castigos por su propia cuenta”, expresó el ex presidente colombiano.
Por otra parte, el experto geopolítico Joachim Hagopian afirmaba que más de un siglo de intervenciones, golpes de Estado y magnicidios realizados por Estados Unidos en América Latina ha llevado a que casi todos los Gobiernos del sur del continente ya no quieran la presencia de militares norteamericanos. En su artículo para ‘Global Research‘ el exmilitar estadounidense señaló que la estructura de la presencia militar en América Latina y el Caribe -el Comando Meridional- está vacía y, de hecho, queda solo el nombre por casi no tener emplazamientos militares en el hemisferio occidental al sur de EE.UU. “Casi en cada país, el Gobierno ha expulsado a los militares estadounidenses o se ha negado a dejar regresar al lobo imperialista”, escribe el analista.
Acentuó que los esfuerzos de Washington para suprimir a las emergentes naciones latinoamericanas, como en el caso de Venezuela, solo llevan a la consolidación de los líderes de la región. Agregó; “las demasiadas invasiones del pasado han llegado a perseguir al Imperio, rechazado hoy en día”. “De hecho, se puede avistar con más frecuencia una presencia militar rusa en suelo latinoamericano o en las aguas sudamericanas que cualquier despliegue militar estadounidense”, añadió.
Además de Guantánamo y unas pocas pequeñas estaciones militares de monitoreo antidrogas o de emergencias, no existen bases militares activas de EE.UU. en Sudamérica, sostiene. Las razones oficiales del Pentágono -la falta de suficientes amenazas, además de los recortes presupuestarios en el gasto militar- “parecen más bien una argumentación para salvar las apariencias. “Las prometedoras naciones al sur de nuestra frontera han sido abatidas brutalmente durante más de un siglo por EE.UU. y ahora que están ganando el poder desarrollando lazos con Rusia y China, es el trabajo del karma, que está mordiendo al Imperio justo en el trasero”, resumió Hagopian.
Cabe insistir que las 36 bases militares de Estados Unidos instaladas en América Latina y el Caribe son una amenaza para la paz, las democracias, la soberanía e independencia de nuestras patrias. Si además, cuenta con embajadas, con la Agencia de Seguridad Nacional con la CIA, DEA, USAID y el Comando Sur como puntas de lanza para experimentar, usar y abusar de una serie de estrategias y doctrinas para recuperar su dominio total en esta parte del continente americano, se podrá deducir que sus objetivos de dominación pretenden en el futuro inmediato, la explotación de los recursos naturales y de las reservas de agua, oxígeno y biodiversidad que necesitará el imperio para lanzarse a la dominación global.
Obama resultó un espejismo o un fraude gigantesco para millares de seres humanos que en todo el mundo creyeron que iba a ser el hombre que propiciaría cambios profundos en la administración de Estados Unidos, y en sus relaciones con las demás naciones de la tierra. Muchos creían que se avecinaba una era de paz fundamentada en el respeto a los pueblos y naciones y sus derechos inalienables.
Con la pretensión de satisfacer a unos y otros, Obama ha desarrollado su propia visión del sistema internacional que ya no domina como antes, al tiempo que ha diseñado su política exterior junto a una doctrina para el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos bajo la teoría de la “guerra limitada” y light footprint o pista ligera para América Latina y el Caribe que ya fue probada con fracasos y éxitos en Medio Oriente y África, se decía en un documento elaborado por el Tribunal Dignidad, Soberanía, Paz contra la Guerra. Con esa nueva estrategia, el Ministerio de la Guerra de Estados Unidos comúnmente conocido como Pentágono, pretende involucrar directamente a las fuerzas armadas y policiales de cada país o nación-Estado, para que hagan el trabajo sucio en materia de represión de los movimientos sociales y populares con la consiguiente violación de los derechos humanos y libertades públicas, todo en defensa de los intereses económicos o políticos de la Casa Blanca. Se supone que con el uso de esa estrategia, Washington podrá reducir los gastos financieros que serían muy elevados si los intervencionismos guerreristas son directos con el uso de la fuerza militar.
En América Latina, Estados Unidos cuenta en estos momentos con un total de 36 bases oficialmente reconocidas, incluyendo a las colombianas, y a las cuales deben agregarse otras que nunca se mencionan, pero que en la práctica operan, como tres que hay en el Perú. Esas bases son las siguientes: en América Central, se encuentran la base de Comalapa en el Salvador, la de Soto-Cano (o Palmerola) en Honduras, desde donde se planeó el golpe contra el presidente Zelaya, en Costa Rica está la base de Liberia, que dejó de funcionar un tiempo pero que volvió a operar recientemente. En América del Sur operan en Perú tres bases de las que poco se habla; en Paraguay está la base militar Mariscal Estigarribia, localizada en el Chaco, con capacidad para alojar a 20 mil soldados y se encuentra situada en un lugar estratégico, cerca de la triple frontera y al acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande del mundo; en el Caribe, existen bases en Cuba, la de Guantánamo, usada como centro de tortura; en Aruba, la base militar Reina Beatriz y en Curaçao la de Hatos. A este listado deben agregarse las 7 bases reconocidas en Colombia, cifra que es mayor, y las que se instalaran en Panamá (cf. Modak, 2009).
EL TRATADO DE TLATELOLCO DECLARÓ A AMÉROCA LATINA Y EL CARIBE ZONA LIBRE DE ARMAS NUCLEARES Y DE DESTRUCCCIÓN MASIVA
Cinco Presidentes latinoamericanos: Víctor Paz Estenssoro, de Bolivia, Joao Goulart, de Brasil, Jorge Alessandri , de Chile, Carlos Julio Arosemena, de Ecuador, y Adolfo López Mateos, de México, quienes realizaron una Declaración Conjunta a través de la cual anunciaron su disposición de firmar un acuerdo multilateral con los demás países de América Latina, para establecer el compromiso de no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear.

Es así que el 14 de febrero de 1967 firmaron y ratificaron 14 países el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina, conocido como Tratado de Tlatelolco; este preparó el camino para la negociación del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y estableció los elementos básicos de los lineamientos de las Naciones Unidas para el establecimiento de zonas libres de armas nucleares de 1999. El principal reto para América Latina es el fortalecimiento del régimen para lograr una mayor participación política de la ZLAN frente al renovado interés de la comunidad internacional para avanzar hacia el desarme.

Sin duda el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, (OPANAL), encargado de hacer cumplir con el sistema de control y verificación para la no proliferación, debe jugar un papel central en la consolidación del régimen internacional de Zonas Libres de Armas Nucleares.

La Misión Diplomática del Ecuador ante la ONIU, sostuvo en comunicado especial y que fue leído en la Asamblea los siguiente: “Ecuador por mandato constitucional, es una zona de paz, que condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva, principio radicado en el buen vivir, que garantiza a la población un ambiente sano y el respeto a los derechos de la naturaleza.

Por ello, somos firmes convencidos de que los Estados con armas nucleares deben retirar sus reservas y declaraciones interpretativas a los Protocolos del Tratado de Tlatelolco.

Los Estados no poseedores de armas nucleares han cumplido con su obligación bajo el Tratado de No Proliferación, pero los poseedores de estas armas poco o nada han hecho para despojarse de ellas.

Se debe apoyar la necesidad urgente de negociar un tratado multilateral que prohíba el desarrollo, posesión, uso y amenaza de las armas nucleares. Mientras este instrumento no se adopte, las potencias nucleares deben dar, mediante un instrumento internacional obligatorio, garantías de que no utilizarán nunca esas armas contra los Estados que no las posean.

La comunidad internacional no puede volver a decepcionar a los pueblos del mundo, con tragedias como la de Hiroshima y Nagasaki, por lo que es urgente que los Estados renuncien de manera universal y obligatoria al uso de armas nucleares.

Debemos abandonar para siempre esa extraña paradoja, en que determinados países, supuestamente para preservar la paz, aumentan sus reservas de armamentos de destrucción masiva. La paz no puede construirse a través del miedo. Como decía el Papa Juan Pablo II, Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad.

A partir de septiembre de 2014, el Ecuador a través de las Misiones Diplomáticas en las sedes de Nueva York y Viena, por un período de un año, asumió la función de coordinador de los Miembros del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) Esto nos compromete aún más a promover una mayor interacción entre los Estados Parte del Tratado de Tlatelolco, a contribuir al fortalecimiento institucional del Organismo y a potenciar los resultados que realiza a nivel internacional.

Es importante la colaboración y cooperación entre la CELAC y el OPANAL, como órgano especializado de la región, para articular posiciones comunes y trabajos conjuntos en materia de desarme nuclear ; así como es importante destacar el valor y su
contribución a la paz y a la seguridad internacionales del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y sus Protocolos (Tratado de Tlatelolco), el cual estableció la primera zona más densamente poblada en el planeta como libre de armas nucleares”, sostenía el Ecuador ante las Naciones Unidas.


PROCLAMA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMO ZONA DE PAZ

Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), reunidos en La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de enero de 2014 en la II Cumbre, en nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones,

Ratificando el compromiso de sus países con los Propósitos y Principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y conscientes de que la prosperidad y estabilidad de la región contribuyen a la paz y seguridad internacionales,

Conscientes de que la paz es un bien supremo y anhelo legítimo de todos los pueblos y que su preservación es un elemento sustancial de la integración de América Latina y el Caribe y un principio y valor común de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),

Reafirmando que la integración fortalece la visión de un orden internacional justo, afirmado en el derecho y en una cultura de paz que excluye el uso de la fuerza y los medios no-legítimos de defensa, entre ellos las armas de destrucción masiva y, en particular, las armas nucleares,

Destacando la relevancia del Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe que estableció la primera zona libre de armas nucleares, en un área densamente poblada, siendo este una contribución a la paz y la seguridad regional e internacional,

Reiterando la urgente necesidad del Desarme Nuclear General y Completo, así como el compromiso con la Agenda Estratégica del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL), adoptada por los 33 Estados miembros del Organismo, en la Conferencia General de Buenos Aires en agosto de 2013.

Recordando los principios de paz, democracia, desarrollo y libertad que inspiran las actuaciones de los países miembros del SICA,

Recordando la decisión de las Jefas y Jefes de Estado de UNASUR de fortalecer a Suramérica como Zona de Paz y Cooperación,

Recordando el establecimiento, en 1986, de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur,

Recordando también nuestro compromiso, acordado en la Declaración de la Cumbre de la Unidad de la América Latina y el Caribe, el 23 de febrero de 2010, de promover la implementación de mecanismos propios de solución pacífica de controversias,

Reiterando nuestro compromiso de que en América Latina y el Caribe se consolide una Zona de Paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia con el Derecho Internacional,

Conscientes también del catastrófico impacto global humanitario y a largo plazo del uso de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, y de las discusiones en curso sobre este tema,

Declaramos:

1. América Latina y el Caribe como Zona de Paz basada en el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, incluyendo los instrumentos internacionales de los que los Estados miembros son parte, y los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas;

2. Nuestro compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de nuestra región;

3. El compromiso de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos;

4. El compromiso de los pueblos de América Latina y el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo; de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos;

5. El compromiso de los Estados de la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones;

6. La promoción en la región de una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de la Declaración sobre Cultura de Paz de las Naciones Unidas.

7. El compromiso de los Estados de la región de guiarse por la presente Declaración en su comportamiento internacional;

8. El compromiso de los Estados de la región de continuar promoviendo el desarme nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme general y completo, para propiciar el fortalecimiento de la confianza entre las naciones.

Instamos a todos los Estados miembros de la Comunidad Internacional a respetar plenamente esta Declaración en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC.

El presidente de la Celac que cesó en sus funciones, el presidente de Cuba Raúl Castro, leyó la proclama que ratifica el compromiso de los países miembros con los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.

Destacó la declaración que “la integración fortalece la visión de un orden internacional justo, afirmado en el derecho y en una cultura de paz que excluye el uso de la fuerza y los medios no legítimos de defensa, entre ellos las armas de destrucción masiva y, en particular, las armas nucleares”.

El texto puntualiza la relevancia del Tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, que estableció la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada, siendo este una contribución a la paz y la seguridad regional e internacional.

Reitera la urgente necesidad del desarme nuclear general y completo, así como el compromiso con la agenda estratégica del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, adoptada por los miembros de la Celac.

Recuerda la decisión de las jefas y jefes de Estado de Unasur de fortalecer a Suramérica como zona de paz y cooperación. Agregan el compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza de la región, así como con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado.

Reiteran la necesidad de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, y agrega el “compromiso de los estados de la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones”.

Consecuentemente, Estados Unidos nada tiene que hacer, con sus bases militares, en América Latina y el Caribe proclamada zona de paz, libre de armas nucleares y de destrucción masiva. Este es un ejemplo de clara defensa de la supervivencia de la humanidad que deberían seguir todos los continentes y naciones de la tierra hasta obligar a las potencias nucleares a deshacerse de sus fatídicos arsenales que han acumulado tanto poder como para destruir a la tierra en más de siete veces. La paz es un imperativo que no admite demoras.

TRIBUNAL DIGNIDAD, SOBERNAÍA, PAZ CONTRA LA GUERRA
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